IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO CUARTO, DE LA LEY RELATIVA, QUE ESTABLECE EL MECANISMO PARA EL CÁLCULO DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO, TRATÁNDOSE DE LA ENAJENACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR FABRICANTES, PRODUCTORES, ENVASADORES E IMPORTADORES, NO INFRINGE LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL DAR A LOS IMPORTADORES DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, UN TRATO FISCAL DIVERSO DEL OTORGADO A LOS IMPORTADORES DE OTRO TIPO DE BEBIDAS (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DISTINTAS TASAS EN LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONSIDERANDO SU GRADUACIÓN, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA, ES DE NATURALEZA PROHIBITIVA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 19, FRACCIONES II Y XV, DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS CONTRIBUYENTES NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 2o., FRACCIÓN I, DE LA LEY RELATIVA, AL PREVER PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO DIFERENTES TASAS EN LA ENAJENACIÓN O IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS CONSIDERANDO SU GRADUACIÓN, NO ES UNA NORMA PRIVATIVA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998). IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS. EL ARTÍCULO 14, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, AL DETERMINAR LA BASE GRAVABLE, TRATÁNDOSE DE IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, NO INFRINGE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1998).
AMPARO EN REVISIÓN 1960/99. SEAGRAM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Con la salvedad apuntada, se procede al estudio de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.
La parte quejosa argumenta en los conceptos de violación transgresión a las garantías tributarias de proporcionalidad y equidad del impuesto especial sobre producción y servicios, la cual hace derivar, en síntesis, de lo siguiente:
a) En virtud de que en las reformas y adiciones al artículo 2o. del ordenamiento legal que se combate, sólo se modificaron las tasas de tres categorías de productos, lo que implica el desconocimiento por parte del legislador de la igualdad existente entre los sujetos pasivos del impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, imponiendo tasas distintas para su cálculo dependiendo de la graduación alcohólica que contenga el producto que se enajene, lo que a su vez origina que no se tome en consideración la capacidad real del contribuyente, sino el referido elemento de graduación alcohólica; que la reforma es incongruente al establecer una tasa máxima del 60% para bebidas cuyo contenido alcohólico sea mayor a 20° GL, pasando por alto que respecto de las diversas de distinta graduación se estableció una tasa progresiva; y que sólo se modificaron las tasas relativas a tres tipos de productos, tornando el precepto en una ley privativa.
b) En virtud de que el artículo 11, en relación con el 14, ambos de la ley reclamada crean un esquema fiscal para determinar la base gravable en el que se le priva de la posibilidad de pactar libremente el precio de las bebidas alcohólicas que enajenan, obligándola a emitir una lista de precios de venta al detallista sobre cuya base se aplica la fórmula para calcular el impuesto, precios que la colocan en plano de desventaja, tanto en el aspecto de comercialización como en el impacto en su entero tributario, a diferencia de los que se dedican a la enajenación de bienes en general, respecto de las cuales el monto del valor gravable será consecuencia del precio pactado; aunado a que el precio de venta del detallista definido por el artículo 3o., fracción XVIII, de la ley, es ajeno a la capacidad contributiva de los importadores y, por tanto, violatorio del principio de proporcionalidad, y que ello provoca que se desconozcan los canales de distribución del producto porque el precio variará según el lugar en que se ponga a la venta.
c) En razón de que los artículos 5o., 6o. y 15 de la ley reclamada excluyen a los importadores de bebidas alcohólicas de la posibilidad de realizar pagos provisionales y efectuar las deducciones conducentes del tributo, cuando esa posibilidad sí está contemplada legalmente para los demás contribuyentes (no sólo importadores de bienes en general, sino también frente a los importadores de bebidas que siendo también alcohólicas tienen la característica de fermentadas), lo que:
- distorsiona la naturaleza del tributo, y
- obliga a dichos contribuyentes al pago total del impuesto en el momento en que se realiza la importación o se adquieran los marbetes o precintos, según sea el caso, pasando por alto que la contribución se materializa hasta el momento en que se efectúa la enajenación, porque la importación forma parte de un proceso de comercialización.
d) Porque el artículo 19, fracciones II y XV, de la ley impugnada establece obligaciones a cargo de los importadores de bebidas alcohólicas que no prevén para el resto de los contribuyentes, a saber, registrar la lista de precios de venta del detallista y anotar en el comprobante respectivo los números de folio de los marbetes o precintos adheridos a los envases de los bienes que se enajenen, así como el precio de venta del detallista, lo que provoca una incertidumbre jurídica para los importadores de bebidas alcohólicas, porque de modificarse los precios del detallista con posterioridad a la importación, el importador se constituye en responsable solidario en el pago de las diferencias que resulten, siendo que el objeto del impuesto es el que el consumidor final cubra la carga fiscal.
Previamente al análisis de los referidos conceptos de violación, es conveniente precisar que el impuesto especial sobre producción y servicios fue establecido en el año de mil novecientos ochenta y uno, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta de diciembre de mil novecientos ochenta, con el objeto de sustituir a toda una gama de impuestos especiales que gravaban de forma independiente diversos productos y servicios, simplificando el sistema tributario.
En la exposición de motivos relativa se señaló que el sujeto del impuesto es el productor de los bienes, en atención a que este impuesto grava únicamente la primera enajenación o, en su caso, la importación, así como la prestación de servicios, esto es, el gravamen se genera sólo en la primera etapa de comercialización de los bienes, o bien en la importación de éstos.
Igualmente se puntualizó que por lo que hace a la enajenación de bienes, se recogieron esencialmente los conceptos que en torno a tal actividad se contienen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, reiterándose que el objeto del impuesto se circunscribe, exclusivamente, a la primera etapa de comercialización de bienes y servicios.
Lo anterior permite establecer, por una parte, que el impuesto especial sobre producción y servicios, al igual que el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto, en el que la carga impositiva se traslada y, por otro lado, que por cuanto hace a la enajenación e importación de bienes es un impuesto real, ya que recae fundamentalmente sobre los bienes objeto de dichas operaciones, de ahí que para abordar el análisis de la constitucionalidad de los preceptos impugnados, por lo que hace al principio de equidad tributaria, es necesario atender a las características propias del tributo.
Ahora bien, en el concepto de violación sintetizado en primer término, la quejosa aduce medularmente que el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios es violatorio del principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque establece una tasa diversa para el cálculo del impuesto, dependiendo de la graduación alcohólica del producto.
Es infundado el concepto de violación de mérito.
En efecto, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Son obligaciones de los mexicanos:
"...
"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."
En relación con esta disposición, el Tribunal Pleno tiene establecido, en la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, tesis 275, página doscientos cincuenta y seis, lo siguiente:
"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita, la equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos iguales, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos, deducciones permitidas, etcétera. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes que son iguales deben ser tratados igual por las normas jurídicas que establecen el impuesto.
Recientemente, el Tribunal Pleno, continuando con su tarea de intérprete del mencionado principio constitucional tributario, acorde con la compleja legislación fiscal, ha emitido las siguientes jurisprudencias:
"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, tesis P./J. 41/97, página 43).
"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, junio de 1997, tesis P./J. 42/97, página 36).
"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P. CXII/95, página 208).
Sí, el principio de equidad en la imposición establece que las personas, en tanto estén sujetas a un impuesto y se encuentren en iguales condiciones relevantes para efectos tributarios, han de recibir el mismo trato en lo que se refiere al impuesto respectivo. Igualmente, de esta definición deriva su contrapartida, o sea, el principio de la desigualdad en el trato tributario de las personas que se hallen en condiciones tributarias desiguales. Esto es lógico, ya que toda contribución debe definir su hecho imponible tomando como fundamento, según ya se dijo, un determinado tipo de realidades económicas (renta, patrimonio, consumo, etc.) que se gravan en cuanto son índices claros de que existe capacidad o aptitud de contribuir por parte de quien se encuentra en esa realidad o situación específica.
Efectivamente, la igualdad no sólo reclama que el ordenamiento jurídico, en su emisión y aplicación, respete las preexistentes situaciones de desigualdad entre los ciudadanos, sino que exige, asimismo, que el ordenamiento jurídico actúe de tal forma que puedan reconducirse las situaciones de discriminación a situaciones de igualdad. A este respecto, la existencia de diferentes cuotas en el sistema tributario se presenta como un instrumento de fundamental importancia, porque lo que la diferencia de cuotas ha de pretender no es que las respectivas situaciones económicas de unos contribuyentes queden inalteradas respecto de la de otros tras la incidencia de los tributos sino, de un lado, un menor impuesto a cargo de los contribuyentes con menor capacidad económica, con la siguiente reducción de la contribución de éstos al sostenimiento del gasto público; y, de otro lado, un mayor a cargo de los contribuyentes con un mayor nivel de capacidad económica, con su consiguiente mayor aportación al gasto público.
En adición a lo anteriormente expuesto, no debe perderse de vista que la aplicación de los criterios anteriormente invocados y comentados debe circunscribirse dentro de un ámbito de justicia fiscal que evite las arbitrariedades de la autoridad fiscal por un lado, o del gobernado por el otro, toda vez que, como ha quedado expuesto, se está en presencia de un precepto constitucional que contiene al mismo tiempo distintas garantías individuales, pero también la obligación individual pública de los gobernados de contribuir para los gastos públicos de los distintos niveles de gobierno.
Lo expresado permite salvaguardar, en primer lugar, la justicia tributaria, buscando el equilibrio señalado, lo que involucra necesariamente hacerse cargo de una serie de fenómenos económicos y sociales que como hechos notorios puede invocar el tribunal con la finalidad de que el pronunciamiento que se haga en cada caso resulte lo más congruente con la realidad y la realización de la justicia fiscal.
De esta forma, la aplicación de los criterios establecidos en materia tributaria no puede ser un acto automático, sino que debe circunscribirse a determinadas medidas que eviten la arbitrariedad de la autoridad y del gobernado.
Asumidas las anteriores consideraciones, se procede al análisis del artículo 2o., fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, vigente a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y nueve, cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:
"I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:
"A) (Se deroga).
"B) Bebidas alcohólicas fermentadas 25%
"C) (Se deroga).
"D) Cerveza y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6° GL 25%
"E) Bebidas alcohólicas:
"1. Con una graduación de hasta 13.5° GL 25%
"2. Con una graduación de más de 13.5° y hasta 20° GL 30%
"F) Bebidas alcohólicas con una graduación de más de 20° GL, así como sus concentrados, alcohol y alcohol desnaturalizado 60%
"G) (Se deroga)."
Del texto del citado numeral se advierte que si bien es cierto, como lo afirma la sociedad quejosa, que en él se establecen diversas tasas para el cálculo del impuesto especial sobre producción y servicios con base en la graduación alcohólica que contenga el producto, también es verdad que tal circunstancia no se traduce en una violación al principio de equidad tributaria, toda vez que el establecimiento de las diferentes tasas para el cálculo del impuesto, atendiendo a la graduación alcohólica de las bebidas que se enajenen o importen, obedece al cumplimiento de la obligación del legislador de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades decausantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales, todo ello con el fin de respetar el principio de equidad tributaria que exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, guarden una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez significa que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa.
Lo anterior se justifica, en tanto que la graduación alcohólica de las bebidas enajenadas o importadas constituye uno de los múltiples factores que determinan el precio total del producto, razón por la cual se hace necesario tomarlo en consideración para determinar la base del impuesto; de ahí que al gravar la enajenación o importación de bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes, bebidas alcohólicas con una graduación de hasta 20° GL o de bebidas alcohólicas con una graduación alcohólica mayor a esta última, así como sus concentrados, alcohol y alcohol desnaturalizado, tiene que hacerse de manera tal que la tasa se aplique sobre un valor que refleje las condiciones reales en que se enajenan los citados bienes (una tasa menor para las bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas con una graduación de hasta 20° GL y una tasa mayor para las bebidas con graduación alcohólica superior a esta última).
Por otra parte, no debe perderse de vista el diferente efecto que las bebidas tienen en la salud de los seres humanos, la proclividad que tienen las bebidas alcohólicas de alta graduación para inducir a la enfermedad del alcoholismo y las consecuencias indeseables que, por regla general, tienen sobre la sociedad, de modo que queda plenamente justificada una mayor gravación a todos los contribuyentes que se ubican dentro de esta categoría, pues es evidente que no producen el mismo efecto las bebidas alcohólicas de bajo contenido alcohólico, que aquellas cuyo índice de contenido es mayor.
En tal orden de ideas, la diferencia en el trato que se otorga a la enajenación de las bebidas alcohólicas tomando en cuenta su graduación, se justifica plenamente en que las tasas rigen sobre productos de distintas categorías, independientemente de que también refleja la consecución de una finalidad social, como es la protección de la salud pública, lo cual constituye una expresión de la obligación que el Poder Revisor de la Constitución establece al legislador ordinario en el artículo 117, último párrafo, al disponer que éste emitirá las leyes necesarias para combatir el alcoholismo, lo que tiene lugar cuando se impone un tratamiento fiscal más gravoso a los productos que tienen mayor proporción etílica, pues de esta manera se desalienta su consumo, que constituye una de las finalidades extrafiscales, aparte del recaudatorio, que persigue el impuesto impugnado.
Son ilustrativas al caso, en lo conducente, las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Tribunal Pleno, cuyos rubros, textos y datos de identificación, son los siguientes:
"ACTIVO DE LAS EMPRESAS. LA LEY QUE CREA EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE NO ES INCONSTITUCIONAL POR PERSEGUIR, SECUNDARIAMENTE, FINES EXTRAFISCALES. El propósito fundamental de los impuestos es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados, y Municipios en los términos establecidos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pero no resulta violatorio de esta norma la circunstancia de que al establecerlos, el legislador tome en consideración, además, de manera accesoria o secundaria, algunas de las consecuencias que sobre la colectividad pueden tener las contribuciones, a efecto de que sirvan de apoyo a la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar o regular, mientras no se violen los principios constitucionales rectores de los tributos. Así, no es inconstitucional que al fin recaudatorio perseguido primordialmente por el legislador cuando estableció el gravamen de que se trata, se agregue otro complementario que consiste, según se infiere de la exposición de motivos de la ley, en el interés de crear un mecanismo que, por un lado, impulse el desarrollo de las actividades empresariales al inducir el incremento de la eficiencia de la unidades de producción y, por el otro, desaliente la subsistencia de entidades deficitarias e improductivas." (Octava Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VII, junio de 1991. Tesis: P./J. 20/91. Página: 18).
"BEBIDAS ALCOHÓLICAS. LA LEY QUE REGLAMENTA SU VENTA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO EN EL ESTADO DE TABASCO A PARTIR DEL 11 DE FEBRERO DE 1996, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO. La mencionada ley regula la comercialización de bebidas alcohólicas en dicha entidad federativa, pero en ninguno de sus preceptos impide el ejercicio del libre comercio, ni tampoco establece que tal actividad sea ilícita, sino que contempla la regulación respectiva para que no se vea afectada la sociedad con su ejercicio; para ello impone ciertos requisitos, obligaciones y prohibiciones a quienes explotan ese giro mercantil, como la consistente en que la venta de cerveza en envase cerrado sólo puede hacerse a temperatura ambiente, medida que no afecta la garantía de libertad de comercio consagrada en el artículo 5o. constitucional, ya que las disposiciones de esta naturaleza tienden a proteger la salud y el bienestar de la colectividad, sin limitar los derechos públicos subjetivos de los comerciantes, los que pueden libremente ejercer su actividad cumpliendo con las prevenciones fijadas, para hacer de éste un acto lícito que no afecte el interés público. Además, la imposición de modalidades a la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas se sustenta y justifica en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual las Legislaturas de los Estados se encuentran obligadas, al igual que el Congreso de la Unión, a dictar leyes encaminadas a combatir el alcoholismo, lo que deben hacer de acuerdo con las condiciones sociales, culturales e idiosincrasia de la población de su entidad, siendo esta función de orden público e interés social." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VI, septiembre de 1997. Tesis: P./J. 64/97. Página: 62).
Así, si el tributo de que se trata se determina atendiendo a la graduación de las bebidas alcohólicas cuya enajenación o importación da lugar a su entero, ello permite que el mismo sea equitativo, pues de esta manera se trata igual a los iguales al aplicar a todos los que enajenen o importen bebidas alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y bebidas alcohólicas de hasta 20° GL, tasas del 25% y 30%, y desigual a los desiguales, al aplicarles a todos los contribuyentes que enajenan o importan bebidas alcohólicas con graduación mayor de 20° GL, así como sus concentrados, alcohol y alcohol desnaturalizado, una tasa del 60%, imponiéndose una carga tributaria mayor a los que se dedican a la enajenación o importación de bebidas alcohólicas de mayor graduación; ello con el fin extrafiscal, se reitera, de desalentar su consumo y combatir el alcoholismo.
Por otra parte, es menester precisar que el hecho de que sólo hayan sido materia de reforma en cuanto a las tasas de tres categorías de productos no implica transgresión a la garantía de equidad tributaria ni tampoco que se esté ante una ley privativa, porque como se ha visto, respecto del tipo de bebidas de que se trata, el legislador consideró necesario gravarlas en mayor proporción para evitar el aumento en su comercialización, por traducirse ésta en un problema de salud pública, sin que por otro lado pueda estimarse dicha disposición como una ley especial, en razón de que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que las leyes privativas prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Federal, son aquellas que pierden su vigencia después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano y que se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos, por lo que basta con que las disposiciones de un ordenamiento legal tengan vigencia indeterminada, que se apliquen a todas las personas que se coloquen dentro de las hipótesis normativas que regula y que no esté dirigido a una persona o grupo de ellas individualmente determinado para que la ley satisfaga los atributos de generalidad, abstracción y permanencia y, por ende, respete el citado precepto constitucional.
En congruencia con lo anterior, debe concluirse que el precepto impugnado no transgrede el artículo 13 de la Constitución Federal, porque rige para todos los productores, envasadores o importadores que enajenen bebidas alcohólicas, sin contraerse a una sola persona o grupo individualmente determinado de éstos, y su vigencia es indeterminada, por lo que es evidente que la norma reviste los atributos de generalidad, abstracción y permanencia, respetándose, en consecuencia, el precepto constitucional de mérito.
Cabe destacar por otra parte, que el hecho de que el legislador haya previsto una tasa fija del 60%, tratándose de bebidas etílicas con graduación de 20° GL, o mayor, no es inconstitucional, porque los sujetos que se encuentran en la misma hipótesis de causación tributan en proporción directa a su propia capacidad, en relación con el objeto del tributo, sin que sea óbice que respecto de bebidas de menor contenido alcohólico se hayan establecido diversas tasas, porque ello no incide en perjuicio del resto de los contribuyentes ni, por tanto, puede traducirse, como lo pretende la agraviada, en una violación a los principios de proporcionalidad y equidad, pues cada uno de los sujetos pasivos deberá tributar en proporción a las operaciones objeto de la contribución.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17191-f8827b25/impuesto-especial-sobre-produccion-y-servicios-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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