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Modo: Corpus Pro

DERECHOS PARCELARIOS. LA FALTA DE NOTIFICACIÓN AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DEL ACTO POR EL CUAL AQUÉLLOS SE ENAJENAN, NO PRODUCE SU NULIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2002-SS. · Registro digital (IUS): 17233
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Septiembre de 2002, , Pág. 637.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 59/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el objeto de determinar si, en el caso, se verifica la divergencia de criterios, es menester puntualizar lo siguiente:

La divergencia de criterios denunciada se suscitó entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo número 88/2001, fallado el veintinueve de marzo de dos mil uno, en contra del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, al resolver el amparo directo número 213/2001.

De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, relativa al juicio de amparo directo número 88/2001, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. ... En principio, es oportuno precisar que la presente sentencia sólo se ocupará de aquellos aspectos sobre los cuales se pronunció con jurisdicción plena el tribunal responsable, en acatamiento a la diversa ejecutoria (que se sintetizó en apartados procedentes), misma que recayó al juicio de amparo directo 47/2000, que promovieron Efraín Salvador Rivera y Dionisio Salvador Cuéllar, en la que se otorgó el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia que se reclama, y en su lugar dicte una nueva en la que reitere lo relativo a la fijación de la litis, sostenga que era innecesario que se notificara a la cónyuge e hijos del cedente lo relativo a la enajenación de la parcela para que hicieran valer su derecho del tanto y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice si el convenio cuyo cumplimiento demandan los hoy terceros perjudicados, respecto del que la parte quejosa reconvino la nulidad, es válido en términos del artículo 80 de la Ley Agraria (deberá examinar si se acreditan los elementos identificados en esta ejecutoria con los incisos B -si se requiere que la cesión de derechos se celebre ante dos testigos- y C -que tal cesión se notifique al Registro Agrario Nacional-. Así como los requisitos de forma, consistentes en que el Registro Agrario Nacional haga la inscripción correspondiente y expida los nuevos certificados parcelarios, y que el comisariado ejidal realice la inscripción relativa en el libro respectivo) pondere, desde luego, el material probatorio allegado a juicio, y resuelva lo que en derecho proceda, con plenitud de jurisdicción. Ahora bien, este tribunal estima infundado el concepto de violación que aducen los peticionarios, marcado en esta ejecutoria con el número uno, de que la sentencia que reclaman viola en su perjuicio los artículos 14 y 27, fracción XIX, de la Ley Fundamental, toda vez que sin ser previamente oídos y vencidos se les condena a respetar la posesión de la parcela quinientos setenta y cuatro, ubicada en Chilapa de Vicente Guerrero, Zautla, Puebla, no obstante que se encuentran en posesión de ella desde hace treinta años 'por disposición del ejidatario original y producto del convenio, que aunque tenga vicios de forma (y no de fondo) fue con la propuesta de reconocer una posesión anterior a los trabajos de Procede y la delimitación de las tierras a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria', con lo que se pretende desconocer sus derechos posesorios. Lo anterior, en virtud de que de las constancias que informan el presente juicio de amparo, se aprecia que contrario a tal manifestación, los ahora quejosos Mauro y Amalia, ambos de apellidos Salvador Rivera, y Estela Vallejo Zacarías, comparecieron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Siete a promover juicio de cumplimiento de convenio conciliatorio de cesión de derechos, de diez de enero de mil novecientos noventa y seis, que celebraron con Efraín Salvador Rivera, acción que ejercieron contra éste y Dionisio Salvador Cuéllar, en relación con la parcela quinientos setenta y cuatro del poblado de Chilapa de Vicente Guerrero, Zautla, Puebla, así como el respeto de su posesión, en el que la parte demandada (Efraín Salvador Rivera y Dionisio Salvador Cuéllar) reconvino la nulidad de la cesión de derechos en cita y el respeto a la posesión física y material de la parcela de mérito; asimismo, se advierte que en dicho procedimiento ambas partes ofrecieron y desahogaron las pruebas que estimaron pertinentes para su defensa y, previos los trámites de ley, se dictó la sentencia respectiva en la que se declaró que los actores principales acreditaron los hechos constitutivos de su acción, por lo que se condenó a los demandados en el juicio principal al respeto de la posesión que tienen los actores de la parcela quinientos setenta y cuatro en mención. De igual modo, se observa que, inconforme con esa determinación, la parte demandada del juicio principal promovió juicio de amparo directo, el que se radicó en este Tribunal Colegiado bajo el número 47/2000, donde con fecha quince de noviembre de dos mil se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dictara una nueva en la que 'reitere lo relativo a la fijación de la litis, sostenga que era innecesario que se notificara a la cónyuge e hijos del cedente lo relativo a la enajenación de la parcela para que hiciera valer su derecho del tanto y, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, analice si el convenio cuyo cumplimiento demandan los hoy terceros perjudicados, respecto del que la parte quejosa reconvino la nulidad, es válido en términos del artículo 80 de la Ley Agraria ... pondere, desde luego, el material probatorio allegado a juicio, y resuelva lo que en derecho proceda con plenitud de jurisdicción.'; en atención a lo cual, con fecha cinco de diciembre de dos mil, el Tribunal Unitario responsable emitió nuevamente su sentencia en la que después de considerar que el convenio de cesión de derechos de diez de enero de mil novecientos noventa y seis, era nulo por no reunir todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria, condenó a los codemandados reconvencionales Mauro y Amalia, ambos de apellidos Salvador Rivera, y Estela Vallejo Zacarías (actores en lo principal -hoy quejosos-), al respeto de la posesión de la parcela quinientos setenta y cuatro del poblado Chilapa de Vicente Guerrero, Zautla, Puebla. Proceder que a juicio de este cuerpo colegiado es correcto, dado que como lo indicó el Tribunal Unitario responsable, de las constancias de autos se aprecia la existencia del convenio conciliatorio (sic) de fecha diez de enero de mil novecientos noventa y seis, celebrado entre Efraín Salvador Rivera, en su carácter de ejidatario del poblado de Chilapa de Vicente Guerrero, Zautla, Puebla, y Mauro y Amalia, ambos de apellidos Salvador Rivera, y Cipriano Salvador Esteban, a través del cual, el primero asumió el compromiso y cedió los derechos agrarios que le correspondían sobre la parcela quinientos setenta y cuatro, con una superficie de 98-17.92 hectáreas, a favor de los tres restantes, sin que de alguna de esas constancias se ponga de manifiesto que el aludido convenio de enajenación de derechos parcelarios (cesión) fue notificado al Registro Agrario Nacional para su inscripción en los libros de registro respectivo y la expedición de los nuevos certificados, lo que constituye un requisito indispensable para la validez del mismo, de conformidad con el numeral 80 de la Ley Agraria, que dice: (no se transcribe ya que ha quedado reproducido en la foja 3 de este fallo). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 8/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento once del Tomo XI, febrero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: 'DERECHOS PARCELARIOS. LA NOTIFICACIÓN AL REGISTRO AGRARIO NACIONAL DE SU ENAJENACIÓN, ES UN REQUISITO DE VALIDEZ.' (No se transcribe ya que ha quedado reproducida en las fojas 6 a 7 de este fallo). Sin que tampoco se observe de las propias constancias que se efectuara la notificación correspondiente al comisariado ejidal del poblado de que se trata, lo cual, si bien no representa un requisito de validez en la enajenación de los derechos parcelarios, de acuerdo con el aludido artículo 80 de la Ley Agraria sí es una formalidad del mismo. Por otra parte, es inexacto lo que aduce la parte quejosa en su concepto de violación, identificado en esta sentencia con el número dos, de que el Tribunal Unitario Agrario no estaba facultado para analizar una acción distinta a la que ejerció el actor reconvencional, ni a la litis planteada, sobre la cual dicho actor no invocó jurisprudencia ni doctrina alguna; toda vez que del análisis de las documentales que integran el expediente de origen se aprecia que, contrario a lo que indican los peticionarios, el referido tribunal no incurrió en irregularidad alguna al abordar el estudio de los elementos de validez del convenio de enajenación (cesión) de diez de enero de mil novecientos noventa y seis en comento y, en consecuencia, declarar su nulidad ante la falta de algunos de ellos, pues sin contar que en materia agraria opera la suplencia de la queja deficiente, cuando la parte en cuyo favor se hace (sic) constituye un sujeto con el carácter de ejidatario, como en el caso sería la parte demandada del juicio principal, cabe destacar que, en la especie, esta última al contestar la demanda en lo principal, reconvino a los actores la nulidad del convenio aludido, de ahí que no sea cierto que el tribunal responsable examinara indebidamente los requisitos que para la validez de todo acto de enajenación de derechos parcelarios prevé el numeral 80 de la Ley Agraria referida. En otro contexto, es infundado el concepto de violación que se marca en este fallo con el número tres, de que en la sentencia que se reclama la autoridad responsable se limita a transcribir las pretensiones del actor, las excepciones del demandado, lo relativo a la reconvención y a lo establecido por el Tribunal Colegiado; dado que si bien es verdad que en su considerando segundo efectúa una transcripción de los aspectos que este órgano de control constitucional vertió para otorgar el amparo solicitado al resolver el mencionado juicio de amparo 47/2000, promovido por Efraín Salvador Rivera y Dionisio Salvador Cuéllar (fojas 153 a 178), así como que al abordar lo concerniente a la acción, a las excepciones opuestas por los demandados, y a la acción reconvencional ejercida por éstos, precisó en qué consistía cada una, no menos cierto es que también realizó un tratamiento por separado de las pruebas ofrecidas en cada caso, al analizar los elementos de la acción y excepciones en lo principal, y de la acción reconvencional, además de expresar las razones y motivos que lo condujeron a estimar que los primeros no acreditaron los elementos constitutivos de su acción, y los codemandados sí probaron la acción reconvencional que llevaron al referido tribunal responsable a declarar la nulidad del convenio de enajenación en cuestión. Por último, son inoperantes los conceptos de violación que se identifican con el número cuatro de la síntesis en este fallo, de que al precisar la litis y condenar a los codemandados reconvencionales Mauro y Amalia, de apellidos Salvador Rivera, así como a Estela Vallejo Zacarías, el tribunal agrario responsable se excedió en sus funciones, pues aplica de manera inexacta lo que adujo el Tribunal Colegiado en la ejecutoria que cumplimentó el aludido tribunal agrario, ya que 'las acciones de cumplimiento de convenio y de nulidad de actos son declarativas y en ningún momento durante la secuela procesal se tomó en cuenta. Se atendió (sic) la restitución de la parcela al manifestar que se condena a los codemandados al respeto de la posesión de la parcela quinientos setenta y cuatro'; toda vez que en ellos se plantean cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector dictado en el citado juicio de amparo directo, las que no son materia de la litis constitucional de este nuevo juicio de garantías, sino de otro trámite diverso (recurso de queja). Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número P./J. 98/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja veintidós del Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son: 'SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL. Dado el principio de unidad que rige el cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio; sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno, el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que, en su caso, derivaran de la suplencia de la queja.'. En las relatadas consideraciones, en virtud de que los conceptos de violación que adujo la parte quejosa resultaron en parte infundados y en otra inoperantes, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada." (fojas 125 a 154 del expediente formado con motivo de la contradicción de tesis 59/2002).

De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 213/2001, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:

"SEXTO. Este Tribunal Colegiado estima que debe suplirse la deficiencia de la queja con fundamento en los artículos 73, fracción III y 227 de la Ley de Amparo, en tanto se advierten motivos diversos a los planteados en los conceptos de violación para conceder el amparo solicitado. Es conveniente precisar desde este momento que el Código Civil Federal es aplicable de manera supletoria a la Ley Agraria, por disposición expresa de su artículo 2o. La litis en el juicio agrario de origen radicó, esencialmente, en definir si la ahora quejosa celebró contrato de mediería con Leonarda Ramírez Poblano, respecto de los derechos agrarios sobre los parajes denominados 'Tepetzingo' y 'Xonapac' o 'La Instancia' del ejido San Miguel Tianguizolco, Municipio de Huejotzingo, Puebla, o bien, compraventa. El tribunal responsable, de manera confusa, en principio valora el cuadro probatorio del sumario de origen y sostiene que sí hubo compraventa, pero después afirma que no porque la transacción se verificó de manera verbal y sin satisfacer las formalidades que exige la Ley Agraria. Ahora bien, la compraventa se perfecciona entre comprador y vendedor desde que se ponen de acuerdo en la cosa materia del contrato y su precio, según lo disponen los artículos 1796 y 2249 del Código Civil Federal. En el caso, es verdad como lo dijo en primer término el tribunal agrario, que con el recibo exhibido por la aquí quejosa en copia certificada, corroborado con la testimonial a cargo de Isaías Tranquilino Aguilar Rojas y Ceferino Gómez Hernández, se acredita que aquélla compró a Leonarda Ramírez Poblano los derechos agrarios sobre los parajes denominados 'Tepetzingo' y 'Xonapac' o 'La Instancia' del ejido San Miguel Tianguizolco, Municipio de Huejotzingo, Puebla, en cuarenta mil pesos. También es verdad que de conformidad con el artículo 80 de la Ley Agraria, la enajenación debe constar por escrito, ante dos testigos, con notificación al Registro Agrario Nacional y al comisariado ejidal, así como a los acreedores del derecho del tanto, lo que en el caso no se ha observado cabalmente al pie de la letra. Sin embargo, no debe perderse de vista que la contienda se finca entre los contratantes y no frente a terceros, y que, precisamente, es mediante juicio como puede exigirse la formalización y cumplimiento del contrato, máxime en un litigio agrario donde no debe haber sacramentalismos sino suplencia de la queja y pronunciamiento del derecho a verdad sabida, de manera tal que el Magistrado responsable debió apreciar de esa manera la litis y resolver en consecuencia. En efecto, si como dicho está, se acreditó la compraventa de marras, pero faltó forma al contrato y diversas notificaciones, esto no era motivo suficiente para declarar la inexistencia del acto jurídico sino, por el contrario, debió condenarse a las partes a colmar la forma omitida y ordenar las notificaciones del caso, de acuerdo con el artículo 2232 del Código Civil Federal, es decir, obligar a Leonarda Ramírez y a Cecilia Olarte Álvarez a que firmaran por escrito el contrato que celebraron ante los dos testigos que presenciaron el acto, y que se hicieran las notificaciones al Registro Agrario Nacional y al comisariado ejidal, así como a los acreedores del derecho del tanto, si los hay, para ajustar la transacción al mandato del artículo 80 de la Ley Agraria. A mayor abundamiento, si la ley determina que un contrato se debe cumplir con una forma y ésta no se satisface, es incuestionable que el contrato existe, salvo que se trate de una forma solemne; en efecto, el que un acto carezca de la forma legal no significa que no valga, puesto que el contrato en el cual se omite la forma prevista se estima que se encuentra afectado de nulidad, pero esa nulidad es relativa, es decir, que se puede convalidar el acto si se cumplimenta con la forma requerida y, por ende, surtir plenamente sus efectos. Fundamenta lo anterior, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil ciento veinte del Tomo CXIX, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: 'COMPRAVENTA, FORMALIDADES EN LAS. Las formalidades exigidas por los artículos 2316, 2317 y 2320 del Código Civil para el Distrito Federal, puede ser omitida, sin que tal omisión tenga como consecuencia la nulidad absoluta del acto, sino que solamente produce nulidad relativa que da acción al perjudicado por la falta de formalidad, a exigir que se dé al acto la forma prescrita por la ley, cuando la voluntad de las partes para celebrar el contrato conste de manera fehaciente.'. No pasa inadvertido que se adujo que la copia certificada del recibo exhibido por la actora reconvencional es insuficiente, en tanto no presentó el original; que la compradora no es ejidataria o avecindada del ejido; y que en diverso juicio agrario se resolvió que existe contrato de mediería. Sin embargo, ninguno de los tres motivos alteran el sentido de este fallo, por lo siguiente: 1) Tan eficaz procesalmente resulta el original de un documento como copia certificada de él, atento la jurisprudencia 1a./J. 28/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página diecinueve del Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: 'DOCUMENTOS PRIVADOS. COPIAS CERTIFICADAS DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS ANTE EL JUZGADOR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). El artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que los documentos privados deben ser presentados en original. Dentro de esa acepción deben entenderse comprendidas las copias certificadas por un notario público, dado que éstas, por las atribuciones concedidas a los fedatarios de que se trata, constituyen un fiel reflejo de los originales, siempre que no se demuestre lo contrario.'. Tampoco escapa a la atención que de conformidad con los artículos 203 y 205 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando se objeta el contenido de un documento privado queda a cargo del oferente corroborarlo con otras pruebas; empero, en el caso, el recibo objetado se corroboró con la testimonial de Isaías Tranquilino Aguilar Rojas y Cirilo (sic) Gómez Hernández, de manera que en ese supuesto tocaba ahora al objetante probar su objeción, lo que no hizo, de ahí la validez y eficacia de la prueba en comento. 2) De conformidad con los numerales 1797 y 1799 del Código Civil Federal, las partes que se reconocen capacidad al contratar no pueden después objetársela. 3) Es verdad que en el diverso juicio agrario 141/95, se resolvió el quince de abril de mil novecientos noventa y seis que el contrato existente entre Leonarda Ramírez Poblano y Cecilia Olarte Álvarez era de mediería, pero recuérdese que la operación de compraventa se verificó el quince de mayo de mil novecientos noventa y siete, o sea, con posterioridad a aquel fallo, y nada impide que una relación de mediería después cambie a compraventa, si así lo acuerdan los interesados, como ocurrió en la especie. También lo es que los testigos Ceferino Olarte Hernández y Pedro Linares Ramírez aducen que el contrato celebrado fue de mediería, pero ya se vio que así fue en principio; sin embargo, como se estableció con anterioridad, en mil novecientos noventa y siete dejó de ser mediería y pasó a ser compraventa. Así pues, se repite, ninguno de los argumentos en contra varían la situación dada. En este orden de ideas, ante la violación de la garantía de la exacta aplicación de la ley otorgada por el artículo 14 constitucional, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado (sic) para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, con lo que restituirá a la quejosa en el goce de su garantía violada, como lo manda el numeral 80 de la Ley de Amparo." (fojas 65 vuelta a 68 vuelta del expediente formado con motivo de la contradicción de tesis 59/2002).

CUARTO. Del análisis de las ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis, se advierte que en el caso se verifica la divergencia de criterios, atendiendo lo siguiente:

De la lectura de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se advierte que en ella se sustenta, en lo fundamental, que en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Agraria, la falta de notificación al Registro Agrario Nacional del convenio de enajenación de derechos parcelarios, que constituye un elemento de validez, produce la nulidad de aquél; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito resolvió, entre otras cosas, que la falta de notificación al Registro Agrario Nacional de un contrato de compraventa sobre derechos parcelarios, en términos del precepto aludido, no es motivo para nulificar tal acto jurídico, ya que éste existe desde el momento en que el comprador y vendedor se ponen de acuerdo en la cosa materia del contrato y su precio, fundamentando su determinación en los artículos 2316, 2317 y 2320 del Código Civil para el Distrito Federal y concluye afirmando, por lo que es materia de esta contradicción, que la falta de diversas notificaciones de la enajenación de derechos parcelarios no es motivo para declarar inexistente el acto jurídico.

En mérito de lo expuesto, es inconcuso que, en el caso, se verifica la divergencia de criterios denunciada, en tanto que los órganos colegiados contendientes arriban a conclusiones diversas al analizar el contenido del artículo 80 de la Ley Agraria, resultando aplicable la tesis sustentada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA. La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción." (Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 72, diciembre de 1993. Tesis: 3a./J. 38/93. Página: 45).

También resulta aplicable la siguiente tesis cuyos rubro y datos de identificación son:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época. Tomo: Cincuenta y ocho, octubre de mil novecientos noventa y dos. Página: veintidós).

En tales condiciones, el punto de contradicción estriba en determinar si la falta de notificación al Registro Agrario Nacional de la enajenación de derechos parcelarios es un requisito de validez del contrato, que pueda dar o no origen a la nulidad del mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley Agraria.

En vista de los elementos indicados, procede dilucidar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

QUINTO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, en lo esencial, el criterio que se sustenta en esta ejecutoria, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Para el análisis del problema jurídico que suscita la divergencia de criterios a que este toca corresponde, se parte del contenido del artículo 80 de la Ley Agraria.

El tenor de dicho numeral es el siguiente:

"Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo. El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada."

Del contenido del numeral transcrito, se advierte que en él se establece:

a) La prerrogativa que tienen los ejidatarios para enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población;

b) Como condición de validez de la enajenación se establece la conformidad por escrito de las partes, ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional;

c) Que el cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho; y,

d) Que si no se lleva a cabo la notificación para el ejercicio del derecho del tanto, la venta podrá ser anulada.

El referido dispositivo establece la prerrogativa que tienen los ejidatarios para transmitir sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, establ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17233-c2f17368/derechos-parcelarios-la-falta-de-notificacion-al-registro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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