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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA QUE SEÑALA EN FORMA PRECISA EL DOMICILIO A VISITAR. NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CARTA MAGNA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 89/2000. · Registro digital (IUS): 17299
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Noviembre de 2002, , Pág. 1051.

AMPARO EN REVISIÓN 89/2000. VOLKSWAGEN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Son jurídicamente ineficaces los anteriores conceptos.

Manifiesta que se viola en su perjuicio el artículo 14 constitucional, ya que sin audiencia previa las autoridades responsables llevan a cabo una revisión para verificar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales en materia de comercio exterior, sin que exista la certeza en forma definitiva de que haya cometido alguna infracción a las normas fiscales, lo que ocasiona que se violen las formalidades esenciales del procedimiento al existir la inminente ejecución de los inspectores para perseguir, asegurar, embargar, secuestrar y sustraer la mercancía de procedencia extranjera de su propiedad, previo a determinar si se incumplieron las disposiciones fiscales respectivas y sin haber sido oída y vencida en juicio. Aunado a que los actos de aseguramiento tienen naturaleza inminente en cuanto a su ejecución, al haberse consumado la aplicación material de los preceptos legales y reglamentarios en los que se faculta a las autoridades fiscales para su realización, restando sólo su ejecución material.

El anterior razonamiento es infundado porque como lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria del toca de revisión número 2084/98, misma que ha quedado transcrita en el considerando tercero del presente fallo, no se viola en perjuicio de la quejosa el artículo 14 constitucional, en razón de que la garantía de audiencia consagrada en el segundo párrafo del citado artículo "debe interpretarse en el sentido de que, lo que este artículo prohíbe es que se prive en forma definitiva a los gobernados de sus propiedades, posesiones o derechos, sin habérseles oído en defensa de sus intereses, por lo que si en un procedimiento administrativo de investigación fiscal o previamente a él, la autoridad competente retiene de manera provisional bienes que se encuentran en posesión del visitado, tal acto de retención no debe considerarse definitivo y menos aún violatorio de la garantía de que se trata, en virtud de que constituye una medida precautoria que en todo caso está supeditada a la resolución final que se dicte al concluir el procedimiento administrativo en materia aduanera, en el que el afectado está en posibilidad legal de hacer valer sus defensas con la amplitud que exige el artículo 14 constitucional. Sobre el particular, el Tribunal Pleno de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página seiscientos noventa y dos de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, sustentó lo siguiente: ‘EMBARGO O SECUESTRO. GARANTÍA DE AUDIENCIA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DE. Del texto del segundo párrafo del artículo 14 constitucional, que consagra la garantía de audiencia, se desprende que para que proceda la privación de alguno de los bienes tutelados por este precepto (propiedades, posesiones o derechos) es necesario que medie un juicio en el que el afectado, después de ser oído y admitidas sus pruebas, resulte vencido, caso en el cual ya no puede considerarse conculcada la garantía de audiencia. En esas condiciones, si dentro de un procedimiento o previamente a él, una autoridad competente priva a un particular de una propiedad, posesión o derecho, no puede considerarse que dicha privación sea definitiva y que con ello se viole la garantía de audiencia, pues, precisamente, el acto de embargo o secuestro tiene lugar dentro o previamente al procedimiento en el que se cita al afectado para que haga valer sus defensas, estando siempre sujeto el acto de privación a las resultas del procedimiento, para que en caso de que el afectado resulte vencido se lleve a cabo la privación definitiva.’. Además, no puede estimarse que los preceptos combatidos sean violatorios del artículo 14 de la Constitución General de la República, en virtud de que la garantía de audiencia debe interpretarse en el sentido, no de la exigencia de un juicio previo ante los tribunales establecidos, sino que tratándose de actos administrativos, como sucede en el caso, se cumple con dicha garantía cuando la autoridad respectiva, previamente a la emisión de cualquier acto que implique la privación de derechos, respetando el procedimiento correspondiente, conceda al agraviado la oportunidad para que exponga lo que considere conveniente en defensa de sus intereses. En la especie, el propio artículo 150 de la Ley Aduanera, al que remite el diverso 155 que regula la práctica del embargo precautorio durante el desarrollo de la visita domiciliaria, señala la obligación de notificar a la parte afectada el acto que da origen al procedimiento administrativo en materia aduanera, elaborándose un acta de inicio de éste con diversas formalidades; el momento en que comienza tal procedimiento, la autoridad ante quien se tramitará y el derecho que tiene para ofrecer pruebas y alegar lo que estime pertinente antes de que se prive a la parte afectada de los bienes o mercancías que le fueron retenidos o embargados por la autoridad fiscal y cuya legal estancia en el país no haya acreditado fehacientemente. Por tanto, no puede hablarse de privación de derechos cuando la autoridad fiscal en uso de las facultades que le otorga la Ley Aduanera retiene o embarga la mercancía del afectado hasta en tanto justifica su legal permanencia en el país.".

Como segundo concepto de violación, alega la quejosa que el acto reclamado viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional, en razón de que para cumplir con estos principios es necesario que las órdenes de visita expresen en forma limitativa el lugar en donde se desarrollará la visita domiciliaria, ya que al enunciar genéricamente diversos lugares para la práctica de la misma, resulta ambiguo e impreciso, dejando a la voluntad de los visitadores elegir en dónde debe desarrollarse la diligencia.

Continúa señalando el quejoso, que las visitas domiciliarias deben cumplir con los requisitos prescritos para los cateos, en términos del artículo 16 constitucional, por lo que la orden de visita debe señalar exactamente el lugar donde se desarrollará la misma, porque en caso de no cumplir con ello, se está ante la posibilidad de que los visitadores designen a su arbitrio los lugares en los cuales debe desarrollarse, apoya su razonamiento en la tesis que lleva por rubro: "ORDEN DE VISITA. DEBE ENUNCIAR EN FORMA EXPRESA Y DETERMINADA LAS CONTRIBUCIONES MOTIVO DE LA MISMA.". Asimismo, agrega que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las facultades previstas en el artículo 16 constitucional en favor de las autoridades administrativas para practicar visitas domiciliarias son limitativas, por lo que cualquier disposición u orden de visita que prevea facultades adicionales es inconstitucional y alude a la jurisprudencia por contradicción de tesis número 40/90, en cuanto a que dentro de las formalidades que deben cumplir las órdenes de visita está la de expresar el lugar en que ha de inspeccionarse.

Que de lo anterior se desprende que la visita domiciliaria es violatoria del artículo 16 constitucional, pues habilita de forma genérica a los visitadores para que ejerzan facultades de fiscalización en inmuebles diversos al que va dirigida la orden de visita, al señalar: "Asimismo, se les deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores ...", por lo que la facultad otorgada a los visitadores es amplísima y ambigua, generando inseguridad jurídica al contribuyente.

También menciona que en los términos en que está redactada la orden de visita hace que los inspectores realicen el aseguramiento y embargo de mercancías de procedencia extranjera, de documentos, de otros bienes, el sellado de escritorios y oficinas, en cualquier lugar en donde la quejosa lleve a cabo su objeto social, por lo que la orden de visita es genérica al no señalar con exactitud el lugar en donde debe desarrollarse la visita domiciliaria, delegando en los visitadores la facultad para determinar el lugar a inspeccionar, por lo que no puede considerarse como constitucional.

Estos razonamientos son infundados porque la orden de visita sí señala con precisión el domicilio en el cual debe desarrollarse la visita, al establecer: "Asunto: Se ordena la práctica de visita domiciliaria. Puebla, Pue., a 3 de marzo de 1998. Volkswagen de México, S.A. de C.V. Autopista México-Puebla Km. 116 Cuautlancingo, Puebla. Esta Administración Local de Auditoría Fiscal No. 34 de Puebla, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7o., fracciones VII y XIII, y tercero transitorio, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria; 2o., último párrafo, 41, primero y segundo párrafos, apartado ‘B’, fracciones IV, VII y XXIV, y último párrafo, y apartado ‘F’, número 34, y cuarto transitorio, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de junio de 1997; artículo primero, fracción VI, inciso 4, del Acuerdo por el que se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de diciembre de 1996; así como en los artículos 18, 60, 144, fracciones II, VII, X, XVI y XXX, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; y 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; a efecto de ejercer sus facultades de comprobación, expide la presente orden de visita domiciliaria con el objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que está afecto (a) como sujeto responsable (directo o solidario) en materia de los impuestos general de importación, general de exportación, en su caso; impuesto al valor agregado y cuotas compensatorias, derecho de trámite aduanero, y verificar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de procedencia extranjera, así como el cumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias de las mismas, autorizando para que la lleven a cabo a los CC. Ismael Ignacio Maldonado Barrera, Amando Óscar Amador Cázares, Manuel Ocaña Artolozaga, José Francisco Arámburo García, Samuel Ramírez Ocampo, Luis Gómez Carrera, Rafael Juárez Muñoz, Alma Delia Plaza Pineda, Eloyna Limón Vázquez, Rigoberto Torres Salgado, Norberto Cedillo Acosta y José Javier Tello Padilla, visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal No. 34 de Puebla, los que podrán actuar en el desarrollo de la diligencia en forma conjunta o separada. Se deberá mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran su contabilidad, como son, entre otros; los libros principales y auxiliares, los registros y cuentas especiales, papeles, discos y cintas, así como otros medios procesables de almacenamiento de datos, los libros y registros sociales, la documentación comprobatoria de las operaciones de la empresa, incluyendo la relacionada con los estímulos fiscales y con las importaciones y exportaciones; así como proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia y que tengan relación con el cumplimiento de la (s) obligación (es) fiscal (es) objeto de la revisión. Asimismo, se les deberá permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores; lo anterior con fundamento en los artículos 30 y 45 del Código Fiscal de la Federación. La revisión abarcará las operaciones de importación y exportación realizadas en los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de la presente orden de visita y la verificación física y documental de la existencia de mercancías de procedencia extranjera en su domicilio. También se faculta al personal autorizado en la presente orden de visita para que proceda, en su caso, al embargo precautorio de las mercancías de procedencia extranjera, en términos de los artículos 60, 144, fracción X, 151 y 155 de la Ley Aduanera. Con fundamento en el artículo 18 de la Ley Aduanera vigente se consideran hábiles las 24 horas del día y todos los días del año, para ejercer las facultades de comprobación. Queda apercibida (o) que de no dar a los visitadores las facilidades necesarias para el cumplimiento de la presente orden, oponerse a la práctica de la visita o a su desarrollo, no poner a disposición de los visitadores facultados todos los elementos que integran su contabilidad, o no proporcionar al personal autorizado en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos que soliciten para el ejercicio de las facultades de comprobación, se procederá, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Atentamente. Sufragio efectivo. No reelección. El administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla.".

De la transcripción que antecede se desprende que la referida orden de visita sí señala en forma precisa el domicilio a visitar, a saber, el ubicado en el kilómetro 116 de la autopista México-Puebla Cuautlancingo, Puebla, y si bien es cierto que menciona que a los visitadores se les debe permitir el acceso al establecimiento, oficinas, locales, instalaciones, talleres, fábricas, bodegas y cajas de valores, también lo es que debe entenderse en el sentido de que se trata de tales instalaciones pero dentro del mismo domicilio fiscal señalado en la orden de visita; por tanto, no puede considerarse que se deje al arbitrio de los visitadores el designar el domicilio o domicilios para llevar a cabo la diligencia, ya que de la referida orden de visita no se observa esa atribución, por lo que no tiene el carácter de genérica como pretende la quejosa y, por ende, no es violatoria del artículo 16 constitucional.

En atención a lo manifestado con anterioridad, no se comparte el precedente emitido por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México, en el toca número 112/97; y el citado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inaplicable porque en el caso sí se estima precisado el lugar a inspeccionarse, como ha quedado de manifiesto; además de que se refiere a impuestos y no a mercancías de procedencia extranjera, como en el caso.

En su cuarto concepto de violación, dice la promovente del amparo que la inminente actitud de los visitadores de asegurar, embargar, secuestrar y sustraer mercancías de procedencia extranjera y los papeles con ellos relacionados representa una confiscación de bienes, debido a que no existe un crédito fiscal determinado ni se ha demostrado todavía que la quejosa haya incumplido con sus obligaciones en materia de comercio exterior.

En la orden de visita reclamada se facultó al personal autorizado en la misma para que procediera, en su caso, al embargo precautorio de las mercancías de procedencia extranjera en términos de los artículos 60, 144, fracción X, 151 y 155 de la Ley Aduanera.

Estos preceptos se refieren, en términos generales, al embargo precautorio de las mercancías de importación o exportación prohibida, de las que no hayan cumplido con los trámites correspondientes, etcétera, en tanto se acredita su legal estancia o internación al país, por lo que no supone la necesaria existencia de un crédito fiscal previamente determinado para que pueda decretarse, de tal manera que no se trata de una privación de los bienes o derechos, como ya lo sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La confiscación de bienes consiste en la apropiación violenta por parte de la autoridad de la totalidad de los bienes de una persona o de una parte significativa de los mismos, sin título legítimo y sin contraprestación. Es una pena que se encuentra prohibida por el artículo 22 constitucional.

En consecuencia, es claro que el embargo precautorio autorizado a los visitadores en la orden de visita reclamada no constituye una confiscación de bienes, debido a que es una medida precautoria no definitiva, pues para que haya confiscación debe haber privación de bienes.

Así las cosas, el embargo precautorio de que se habla en ningún momento puede estimarse violatorio del artículo 22 de la Ley Suprema.

Por otra parte, dice la promovente del amparo en su quinto concepto de violación que la orden de visita de que se habla resulta violatoria del artículo 5o. constitucional porque con el inminente aseguramiento de sus bienes y mercancías de procedencia extranjera le impedirán continuar con su actividad lícita, en la inteligencia de que ha cumplido con sus obligaciones derivadas de las leyes correspondientes.

Es infundado el anterior concepto de violación.

Como ya se ha puesto de manifiesto con antelación, es inexacto que se haya autorizado el embargo de todos los bienes de procedencia extranjera que sean propiedad o se encuentren en posesión de la quejosa quien, por lo demás, no demostró en el juicio de amparo que únicamente labore con bienes y mercancía de esa naturaleza y que los mismos sean indispensables para el desarrollo de su objeto social.

El secuestro autorizado en la orden reclamada, en un momento dado, se limitará a los bienes de importación o exportación prohibida o que no hayan cumplido con los trámites aduaneros correspondientes y no a todos los de procedencia extranjera, además de que se trata de una medida de carácter provisional. En consecuencia, es inexacto que con la autorización de esa medida, que sólo se debe aplicar en caso de que resulte procedente, es decir, cuando no se acredite la legal estancia de la mercancía, se coarte la libertad de trabajo de la empresa quejosa, ya que ello implicaría reconocer por su parte que únicamente labora con mercancía de procedencia extranjera de carácter ilegal y, aunque así fuera, de todos modos la medida no sería contraventora de la garantía tutelada por el artículo 5o. constitucional, debido a que la libertad de trabajo que la misma reconoce es respecto de actividades lícitas, entendiendo por aquéllas, de manera obvia, las permitidas por la ley, que no ataquen derechos de tercero ni contravengan el orden público y el interés social, y resultaría contrario a este último, permitir la importación de autopartes o fabricación de automóviles con mercancía no autorizada o que no haya cumplido con los requisitos legales para su introducción, manejo o tenencia en el territorio nacional.

Por tanto, debido a que el artículo constitucional de que se habla dice que: "A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos" y a que la medida precautoria autorizada sólo se limita a la mercancía que detalla el artículo 151 de la Ley Aduanera (de importación o exportación prohibida o que no haya cumplido con los trámites aduaneros correspondientes) no a toda la que es propiedad o se encuentre en posesión de la quejosa y sea de procedencia extranjera, es infundado su argumento de que con la orden de visita reclamada se infringe el citado dispositivo constitucional, debido a que éste no autoriza a laborar con mercancía ilegal, máxime que ella misma afirma que ha cumplido con sus obligaciones derivadas de las leyes correspondientes.

En consecuencia, en lo que es competencia de este tribunal, lo procedente es negar el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 90 y 91 de la Ley de Amparo, así como el 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Volkswagen de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos reclamados del administrador local de Auditoría Fiscal Número 34 de Puebla, dependiente del Servicio de Administración Tributaria y de los visitadores Ismael Ignacio Maldonado Barrera, Amando Óscar Amador Cázares, Manuel Ocaña Artolozaga, José Francisco Arámburo García, Samuel Ramírez Ocampo, Luis Gómez Carrera, Rafael Juárez Muñoz, Alma Delia Plaza Pineda, Eloyna Limón Vázquez, Rigoberto Torres Salgado, Norberto Cedillo Acosta y José Javier Tello Padilla, todos ellos visitadores adscritos a la Administración Local de Auditoría Fiscal Número 34 de Puebla, consistentes en la firma y expedición del oficio 324-SAT-R5-L34-1566, de tres de marzo de mil novecientos noventa y ocho y su ejecución.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Jaime Raúl Oropeza García (presidente), Víctor Antonio Pescador Cano y Manuel Rojas Fonseca, bajo la ponencia del tercero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17299-4daffedd/orden-de-visita-domiciliaria-que-senala-en-forma · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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