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Modo: Corpus Pro

RECONVENCIÓN. SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR, NO ASÍ DE TERCERAS PERSONAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17337
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Diciembre de 2002, , Pág. 134.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 74/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO, TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PROPIO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el recurso de revisión 386/94, el cinco de julio de mil novecientos noventa y cuatro, promovido por Salvador Munguía Godínez y Rosa Elia Cortés de Munguía, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"Igualmente es fundado el agravio en el que se aduce que la reconvención debió admitirse también por lo que ve a los terceros llamados a juicio, así como lo relativo a que son inaplicables los criterios que invocó el Juez Federal para negar la protección federal constitucional a Rosa E. Cortés de Munguía, por las razones que a continuación se expresan: la autoridad de control sostuvo que la reconvención, al ser una contrademanda, sólo se plantea contra el demandante y no contra los terceros interesados, ya que éstos podrán ocurrir al procedimiento de manera espontánea o a petición de parte, defendiendo un interés jurídico propio que puede ser contrario o ligado al de una de las partes contendientes, apoyando el Juez de amparo su anterior determinación en las ejecutorias tituladas: ‘TERCEROS LLAMADOS A JUICIO, NO SON PARTES EN ÉSTE, CUANDO NO COMPARECEN.’ y ‘RECONVENCIÓN, SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR Y NO DE TERCERAS PERSONAS.’. Sobre el particular es importante destacar que el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México (sic), segunda edición, 1988, define al tercero interesado como: ‘... la persona que sin ser parte de un juicio interviene en él para deducir un derecho propio, para coadyuvar con alguna de las partes si es llamada a ello, o cuando tenga conocimiento de que cualquiera que sea la resolución que se dicte por la autoridad judicial competente pueda causarle algún perjuicio irreparable.’, destacándose que en todo proceso intervienen dos partes: la demandante y el demandado, pero también otras personas que pueden tener interés en el resultado de la controversia, que deben ser llamadas para que participen en el procedimiento y, además, que al denunciársele el juicio a dicho tercero, ya sea a petición de alguna de las partes o por estimar el tribunal necesaria su presencia en el proceso, es incorporado al juicio de origen, pudiendo el citado tercero presentar de manera independiente demanda contra una de las partes contendientes o contra las dos, según sea la afectación de sus intereses, y que en este supuesto debían regir las reglas de la acumulación, pues si aquél actúa en esos términos, es porque considera que el derecho litigioso le corresponde a él y no al actor o demandado, puntualizándose, asimismo, en la referida obra, que para efectos del amparo, la Suprema Corte de Justicia ha preferido usar la locución ‘persona extraña al juicio’, cuando demuestre que pueden afectarse o se hayan afectado sus derechos o intereses por determinaciones judiciales dictadas en procedimientos a los que sean ajenos, habiéndoles concedido, inclusive, el beneficio de no encontrarse obligados a agotar recursos ordinarios o medios legales de defensa, antes de ocurrir al amparo de la Justicia Federal. De lo anterior se desprenden dos tipos de terceros: el primero, el que de una u otra forma se incorpora al procedimiento participando en el mismo una vez que comparece, ya sea para defender derechos propios, excepcionándose de manera autónoma e independiente, o para coadyuvar con alguna de las partes al adherirse a sus pretensiones; y el segundo, el que es totalmente extraño al juicio por ser ajeno a la relación jurídica procesal. Asimismo, precisa destacar que es de explorado derecho que a la reconvención se le conoce comúnmente como contrademanda y que es una facultad que la ley concede al demandado en un juicio para que la haga valer al contestar la demanda instaurada en su contra, exigiendo contraprestaciones distintas de las requeridas, las cuales pasan a formar parte de la materia de litigio, mismas que deben resolverse conjuntamente con las principales, figura jurídica que constituye un nuevo juicio autónomo al que originó el escrito inicial de reclamación, la que al intentarse debe satisfacer los mismos requisitos de dicho ocurso, respecto del cual se corre traslado al demandado reconvencional; acciones que pueden ser objeto de negocios o declaraciones procesales separadas, en donde ambas partes se encuentran simultáneamente, en cuanto a sus recíprocas pretensiones, en la condición jurídica de actor y de demandado. El artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco puntualiza que: ‘El demandado que oponga reconvención o compensación, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después; y se dará traslado del escrito al actor, para que conteste en el término de seis días, observándose respecto de éste y del demandado, las mismas reglas que quedan establecidas en los artículos 273 y siguientes.’, y el diverso numeral 428 del citado ordenamiento legal señala, en lo conducente, que: ‘Pueden apelar: el litigante si creyere haber recibido algún agravio; los terceros que hayan salido al juicio; y los demás interesados a quienes perjudique la resolución judicial. ...’. Ahora bien, la importancia de lo anteriormente reseñado estriba en que la Sala responsable en la resolución reclamada sostuvo, en esencia, que jurídicamente no era posible que la demanda reconvencional que proponen en el juicio perjudique al tercero llamado a juicio por los mismos demandados, pues los preceptos 273 y 280 del enjuiciamiento civil estatal eran claros al establecer que la reconvención procede contra el actor, característica que no guarda aquella persona a quienes denunciaron en pleito los propios actores reconvencionistas; para finalizar diciendo el tribunal responsable, una vez que interpretó diversos artículos y que aludió a varios tratadistas, que tuvo razón el Juez en limitar la reconvención que proponen los llamados a juicio demandados (sic) Salvador Munguía Rodríguez y socia, de encaminarla exclusivamente en contra de Jesús Alejandro Quevedo Saavedra, quien tiene el carácter de actor en el principal, porque únicamente en su contra se da la demanda reconvencional; además, porque el Juez de Distrito, como ya se vio, determinó que la reconvención sólo podrá intentarse contra el actor y no contra los terceros interesados. Sin embargo, este tribunal estima que si bien es verdad que el invocado artículo 280 del código procesal civil, al hablar de la reconvención señala que de ésta deberá correrse traslado al actor, ello no significa que tal contrademanda sólo proceda contra dicho demandante, porque con independencia de que dicho numeral no restringe ese derecho al demandado y que la ley no prohíbe ejercitar esa acción reconvencional contra otras personas distintas al actor principal, no hay que olvidar que la litis denuntiatio es la acción de denunciar el pleito o hacer extensiva la demanda a un tercero, entregándole copias tanto del escrito de demanda como de sus anexos, en igualdad de términos y forma que si hubiere sido originalmente señalado como demandado, puesto que no se trata de un tercero coadyuvante que, en principio, acude a juicio espontáneamente; tampoco de un tercero opositor de dominio o de preferencia, porque los móviles de uno u otro, en cualquiera de sus formas, son interesados y su intervención forzada, sino de un tercero que es llamado a juicio por una de las partes, para que se excepcione, rinda pruebas y en todo caso le perjudique la sentencia que se emita en definitiva, una vez que deduzca los derechos que tuviere. Tampoco debe pasarse por alto que la propia ley faculta al tercero interesado, según se observa del contenido del artículo 428 del enjuiciamiento civil que se transcribe, para interponer el recurso de apelación contra aquella resolución que estime le produce algún perjuicio. Por tanto, si el tercero llamado al procedimiento ingresa a éste al emplazársele para el efecto de que comparezca a hacer valer sus derechos, es evidente que no puede equiparársele como un tercero extraño al juicio, contra el cual no proceda correrle traslado con la reconvención planteada por la aquí inconforme, puesto que aquél puede tener intereses opuestos a las partes o adherirse a alguno de ellos, por lo que al dictarse el fallo definitivo éste puede resultar afectado y, por ello, es inconcuso que en la reconvención sí puede llamarse a un tercero, porque al no poder dividirse la continencia de la causa, la pretensión del reconvencionista sólo puede lograrse si se llama a este tercero vinculado con la contrademanda, pues se trata de un juicio autónomo completamente independiente de la demanda originaria, autorizado por la ley de procedimientos del Estado, en sus artículos 271, 273 y 275, entre otros, por razones de economía procesal, para evitar un doble litigio entre las mismas partes. Siendo de advertir que así como en aquel juicio se denunció el pleito a terceros, a quienes se les emplazó y comparecieron, sin que se haya enderezado acción alguna en contra de ellos, esto es, sin tener la calidad de demandados propiamente, no existe razón legal para estimar que no puedan intervenir en un juicio en donde se planteó la reconvención. En consecuencia, es evidente que lo resuelto por el Juez Federal sobre ese aspecto irroga agravio a la inconforme, puesto que, según se razonó, en el caso sí es dable correr traslado a los terceros llamados a juicio de la reconvención que la aquí revisionista enderezó en contra del actor principal y de dichos terceros. Por otra parte, precisa decir que resultan inaplicables los criterios que invocó el Juez Federal al apoyar la negativa de amparo, porque el primero de ellos, de la voz: ‘TERCEROS LLAMADOS A JUICIO, NO SON PARTES EN ÉSTE, CUANDO NO COMPARECEN.’, alude a una hipótesis distinta a la que es materia de estudio, toda vez que en el mismo se sostiene que cuando un tercero, no obstante haber sido llamado a juicio, no se presenta a deducir pretensión alguna, no puede considerársele como parte dentro de ese litigio, careciendo de derecho para interponer algún medio de defensa legal contra la sentencia que se dicte, tesis que en todo caso viene a robustecer en parte lo razonado en esta ejecutoria, en cuanto a que dichos terceros sí forman parte del procedimiento al haber comparecido al mismo, como sucedió en la especie, y no para fundar las estimaciones de la autoridad de control, en cuanto a que sólo procede reconvenir a la parte actora y no a los citados terceros. Y el segundo, titulado: ‘RECONVENCIÓN, SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR Y NO DE TERCERAS PERSONAS.’, porque hace alusión al supuesto de que la reconvención no puede hacerse valer en contra de terceras personas extrañas al juicio, y en el justiciable no se da esa hipótesis, toda vez que a los terceros contra los cuales la aquí revisionista planteó la reconvención en comento, fueron llamados al procedimiento de origen, ingresando como partes al mismo, además de que de la ejecutoria que emitió la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al decidir el amparo directo 6708/85, que dio origen a esta última tesis, se desprende que el juicio del que emanó el acto reclamado es un civil ordinario seguido por José Kuri Chalhub contra la quejosa en ese procedimiento, por la pérdida de la patria potestad de dos menores de edad y que la demandada al contestar la demanda inicial reconvino al actor, así como a Amalia y María, ambas de apellidos Kuri Chalhub, por el pago de alimentos, señalándose en dicha ejecutoria que del sumario no se advertía que éstas hubiesen sido emplazadas de la contrademanda y que era correcto lo que sostuvo la Sala responsable sobre que en el auto de veintiséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, sólo se admitió dicha reconvención en contra del actor y se ordenó correrle traslado a éste, no habiéndose admitido en contra de María y Amalia, ambas de apellidos Kuri Chalhub, motivo por el cual éstas no fueron emplazadas. Y en este punto es correcta la consideración del ad quem en el sentido de que en el caso no podía hacerse valer la reconvención en contra de terceras personas extrañas al juicio, porque la reconvención es la contrademanda que se hace valer al contestar la demanda, y sólo procede en contra del actor, como se desprende del contenido de los artículos 260, segundo párrafo y 272 del Código de Procedimientos Civiles; de ahí que si las mencionadas Amalia y María Kuri no fueron partes en el juicio, no podían serlo a través de la reconvención, y el Juez, simplemente al no haberse seguido el juicio en contra de ellas, no debió mencionarlas en la sentencia; en consecuencia, lo procedente es la modificación de la misma, para suprimir del considerando quinto y del resolutivo cuarto la alusión que se hace a dichas personas, de lo que se advierte que se llegó a determinar que la reconvención intentada no procedía contra terceros extraños al juicio, en virtud de que a las personas que se habían contrademandado junto con el actor en el procedimiento de origen, no se les emplazó de esas reclamaciones reconvencionales, pero no por el hecho de que esa contrademanda no pueda intentarse contra ellas, sino porque, se reitera, a las mismas no se les corrió traslado de esa contraprestación y, por ende, no podía perjudicarles. Así las cosas, es inconcuso que el caso que aquí se examina no encuadra en ese supuesto, de ahí la inaplicabilidad de los criterios descritos. Consiguientemente, al haberse demostrado que la resolución impugnada vulnera las garantías individuales de los quejosos, procede concederles el amparo impetrado. Por último, como el anterior criterio difiere del que sostiene el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, debe hacerse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, en la inteligencia de que dicho criterio se contiene en el sumario que aparece publicado en la página 944 del Tomo XII, relativo al mes de diciembre de 1993, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘RECONVENCIÓN. IMPROCEDENCIA, CONTRA PERSONA EXTRAÑA AL ACTOR.’ (se transcribe)."

En virtud del anterior criterio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito sustentó la tesis visible en la página 355 del Tomo XIV, octubre de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente:

"RECONVENCIÓN, TAMBIÉN SE PUEDE HACER VALER CONTRA TERCERAS PERSONAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Este tribunal estima que si bien es verdad que el artículo 280 del código procesal civil, al hablar de la reconvención señala, que de ésta deberá correrse traslado al actor, ello no significa que tal contrademanda sólo proceda contra dicho demandante, porque con independencia de que dicho numeral no restringe ese derecho al demandado y que la ley no prohíbe ejercitar esa acción reconvencional contra otras personas distintas al actor principal, no hay que olvidar que la litis denuntiatio es la acción de denunciar el pleito o hacer extensiva la demanda a un tercero, entregándole copias tanto del escrito de demanda como de sus anexos, en igualdad de términos y forma que si hubiere sido originalmente señalado como demandado, puesto que no se trata de un tercero coadyuvante que, en principio, acude a juicio espontáneamente; tampoco de un tercero opositor de dominio o de preferencia, porque los móviles de uno u otro, en cualquiera de sus formas son interesados y su intervención forzada, sino de un tercero que es llamado a juicio por una de las partes, para que se excepcione, rinda pruebas y en todo caso le perjudique la sentencia que se emita en definitiva, una vez que deduzca los derechos que tuviere. Tampoco debe pasarse por alto que la propia ley faculta al tercero interesado, según el contenido del artículo 428 del enjuiciamiento civil del Estado, para interponer el recurso de apelación contra aquella resolución que estime le produce algún perjuicio. Por tanto si el tercero llamado al procedimiento ingresa a éste al emplazársele para el efecto de que comparezca a hacer valer sus derechos, es evidente que no puede equiparársele como un tercero extraño al juicio, contra el cual no procede correrle traslado con la reconvención planteada, puesto que aquél puede tener intereses opuestos a las partes o adherirse a alguno de ellos, por lo que al dictarse el fallo definitivo éste puede resultar afectado y por ello es inconcuso que en la reconvención sí puede llamarse a un tercero, porque al no poder dividirse la continencia de la causa, la pretensión del reconvencionista sólo puede lograrse si se llama a ese tercero vinculado con la contrademanda, pues se trata de un juicio autónomo completamente independiente de la demanda originaria, autorizada por la ley de procedimientos del Estado, en sus artículos 271, 273 y 275, entre otros, por razones de economía procesal, para evitar un doble litigio, entre las mismas partes. Siendo de advertirse que así como en aquel juicio se denunció el pleito a terceros, a quienes se les emplazó y comparecieron, sin que se haya enderezado acción alguna en contra de ellos, esto es, sin tener la calidad de demandados propiamente, no existe razón legal para estimar que no puedan intervenir en un juicio en donde se planteó la reconvención."

QUINTO. Ese propio órgano colegiado, al resolver el amparo en revisión 170/2001, el once de mayo de dos mil uno, promovido por María de la Luz Agraz Martínez viuda de Echeverri y otros, en lo medular sostuvo lo siguiente:

"III. Son infundados los agravios hechos valer. Es inexacto que el fallo recurrido irrogue perjuicios a los recurrentes, porque contrario a lo sostenido por éstos, sí procede la demanda reconvencional contra terceros, que en el caso les reviste esa calidad a Enrique Echeverri Hurtado, Juan Ignacio Echeverri Agraz, Sergio Echeverri Agraz, Jesús Carlos Camarena Martínez y a la sucesión de Sergio Echeverri Hurtado. Lo anterior es criterio sustentado por este colegiado, conforme a la ejecutoria que el resolutor federal transcribe en la sentencia impugnada, la cual aparece en la página trescientos cincuenta y cinco del Tomo XIV, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: ‘RECONVENCIÓN, TAMBIÉN SE PUEDE HACER VALER CONTRA TERCERAS PERSONAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, cuyo contenido no se reproduce por la razón antes indicada, dado que, como se advierte de su texto y también lo sostiene el resolutor federal, como no puede dividirse la continencia de la causa, la pretensión del reconvencionista sólo puede lograrse llamando a juicio a los terceros vinculados con la contrademanda, lo que constituye un juicio autónomo distinto de la reclamación originaria; además, debe procederse de esa manera por razones de economía procesal para evitar un doble litigio entre las mismas partes. En el caso, de las pruebas aportadas se advierte que el contrademandante promovió medios preparatorios de juicio para acreditar un contrato de tipo consensual celebrado con los terceros mencionados y con María de la Luz Agraz Martínez viuda de Echeverri (actora en el juicio de origen), relacionado con ciertas mejoras materiales que afirma llevó a cabo en el inmueble que le fue entregado en arrendamiento por la demandante, a través de su apoderado Jesús Carlos Camarena Martínez, quien al igual que los demás, asegura el reconvencionista, tuvieron participación en el primero de dichos actos jurídicos, por lo que en consecuencia, y de acuerdo a los argumentos que se sustentan en la ejecutoria emitida por este tribunal, resulta procedente la reconvención en contra, no únicamente de la actora, sino también de dichos terceros. No es verdad que el desechamiento de la contrademanda constituya un acto en el juicio que no tenga una ejecución de imposible reparación y que sus efectos sean meramente procesales, sin que lesionen directamente alguna garantía individual o derecho sustancial en perjuicio del actor reconvencionista, según lo aducen los inconformes, puesto que contra esas aseveraciones debe decirse que la negativa a la admisión de la reconvención constituye un impedimento al ejercicio del derecho de acción que afecta el acceso a la jurisdicción, contenido en el artículo 17 constitucional, dado que no obstante que la sentencia que se llegare a dictar fuera favorable al contrademandante, no resolverá sobre la procedencia de la acción por él ejercida, ya que obviamente no formaría parte de la litis. Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, visible en la página veinte del Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época del aludido Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que previene: ‘RECONVENCIÓN. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA SU DESECHAMIENTO.’ (se transcribe). Por tanto, la jurisprudencia en que se apoyan los recurrentes, de la voz: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’, cuyo texto no se transcribe por hacerlo los disidentes, robustece la antes transcrita, dado que el desechamiento de la reconvención no es una violación al procedimiento sino un acto cuya ejecución es irreparable porque afecta derechos sustantivos. En cambio, son inatendibles las ejecutorias de las voces: ‘RECONVENCIÓN, AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA A TRAMITAR LA, POR NO SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE.’, ‘RECONVENCIÓN. IMPROCEDENCIA, CONTRA PERSONA EXTRAÑA AL ACTOR.’, ‘RECONVENCIÓN. NO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DE PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO.’, ‘RECONVENCIÓN. IMPROCEDENCIA, CONTRA PERSONA AJENA AL ACTOR.’ y ‘RECONVENCIÓN, SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR Y NO DE TERCERAS PERSONAS.’, cuyos contenidos no se reproducen por citarlos los recurrentes, dado que se trata de criterios que no resultan obligatorios para este tribunal, en términos de lo que dispone el artículo 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera de esa manera, porque no obstante que las referidas opiniones se centran en el hecho de que la contrademanda sólo debe ser contra el actor por ser éste y el reo los únicos litigantes, lo cierto es que de no admitirse la misma contra terceros, la litis así constituida no comprendería a la totalidad de quienes tuvieron participación en la causa que la originó, puesto que en el caso se atribuye no sólo a la demandante principal, sino también a dichos terceros, su participación en cierto acto jurídico que, según se expresa en las constancias de las actuaciones del natural, engendra obligaciones solidarias para los contrademandados, lo que constituye un litisconsorcio pasivo necesario, e implica que se dicte una sentencia para todos; de aquí que optar porque a los terceros se les hiciera la reclamación por separado, no sería práctico procesalmente y, por otro lado, el seguir una misma cuestión en dos procedimientos, implicaría correr el riesgo de que se dictaran sentencias contradictorias. A manera de ejemplo, debe citarse el caso en el que al contrademandarse la nulidad de una escritura pública, tiene que llamarse a juicio al notario público que no había sido demandado originalmente, criterio este que ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según jurisprudencia 286 del Tomo IV del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘NOTARIO. TIENE LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL JUICIO DE NULIDAD DE UNA ESCRITURA OTORGADA ANTE ÉL.’ (se transcribe). Es atendible, además, por las razones que la informan, la tesis visible en la página treinta y seis del Volumen 71, Cuarta Parte, Tercera Sala, Séptima Época del Semanario aludido, que previene: ‘REGISTRO CIVIL, NULIDAD DE CONSTANCIAS ASENTADAS EN LOS LIBROS DEL. LITISCONSORCIO NECESARIO PASIVO.’ (se transcribe). En consecuencia, debe prevalecer la opinión sustentada por este colegiado, por las razones que ya se dejaron dichas, con lo que no se contraría lo que dispone el artículo 67 del enjuiciamiento civil del Estado, puesto que si bien en dicho ordenamiento no se contempla expresamente que la reconvención pueda hacerse valer contra terceros, las disposiciones del caso no restringen ese derecho al demandado. Por consiguiente, procede confirmar el fallo recurrido."

SEXTO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver el recurso de revisión 1433/88, el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, promovido por Diego de la Peña García sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"Los anteriores agravios son en parte fundados pero inoperantes y en parte infundados. En efecto, si bien son fundadas las manifestaciones del ahora recurrente de que sus conceptos de violación no son una reproducción de los agravios que hizo valer en su recurso de apelación, ya que en ellos señaló que la ad quem había incurrido en el mismo error del a quo de no fundamentar su resolución, y de que igualmente es fundada su afirmación de que los argumentos que plasmó en su segundo concepto de violación no se pueden considerar como afirmaciones no expresadas oportunamente ante la ad quem, pues precisamente con ellos pretendía controvertir el fallo reclamado; sin embargo, no es suficiente para conceder la protección constitucional que reclama, pues si bien el notario público número 73 notificó al ahora quejoso el deseo de su contraparte de dar por terminada la relación contractual de arrendamiento que habían celebrado, y aun cuando pudiera estar afectada esa actuación notarial de nulidad, no es factible que ese fedatario público pueda intervenir como parte en el juicio natural de que se trata, porque la controversia se estableció únicamente entre Silvia Leticia Lailson Zorrilla y Diego de la Peña García, por existir entre ellos una relación jurídica que surgió a raíz del contrato de arrendamiento que celebraron respecto del inmueble disputado, careciendo, en consecuencia, de cualquier interés ese fedatario público para intervenir en el juicio en los términos del artículo 1o. del código procesal civil, puesto que la autoridad judicial no podría dictar sentencia en la que se declarara o constituyera un derecho en su favor o se le impusiera una condena; y aun cuando el ahora recurrente tiene derecho a pedir que se declare la nulidad de esa actuación notarial mediante un juicio destacado u objetarla, para ello deberá recurrir a los medios de impugnación previstos en el Código de Procedimientos Civiles, con el fin de que si acredita la objeción planteada, no sea tomada en consideración esa actuación notarial, lo cual, como es lógico, sólo afectará la procedencia de la acción ejercitada por la demandante, pero no la esfera jurídica del notario público de que se trata, debiéndose añadir que a pesar de que el agraviado tiene interés en que se declare nulo ese instrumento público, no por ello se puede generar el interés jurídico necesario para que pueda intervenir como parte el multicitado fedatario, ya que de aceptarse su razonamiento como válido, conduciría al absurdo de aceptar igualmente como parte de un juicio de terminación de arrendamiento al actuario que notificó al inquilino, por vía de jurisdicción voluntaria, el deseo del arrendador de dar por terminado el pacto de locación que celebraron. Debe señalarse, asimismo, que el derecho que tiene el demandado para reconvenir al actor en términos de los artículos 260 y 272 del código adjetivo civil, tampoco permite aceptar que se pueda llamar a juicio como parte a una persona ajena a la controversia, en atención a que la reconvención es la demanda que el enjuiciado endereza contra el actor con base en algún derecho o pretensión que tenga contra él, lo que significa que en ella sólo pueden reclamarse pretensiones que se tengan contra la contraparte, pero no contra personas extrañas, las que deberán hacerse valer en un juicio diverso al planteado y, por ello, el artículo 272 del ordenamiento en consulta previene que con el escrito de reconvención se dará traslado al actor, y si el notario público no era actor, es claro que no podía corrérsele traslado, o sea, que era improcedente la reconvención contra dicho fedatario. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el siguiente criterio: ‘RECONVENCIÓN, SÓLO PUEDE HACERSE VALER EN CONTRA DEL ACTOR Y NO DE TERCERAS PERSONAS.’ (se transcribe). De acuerdo con lo anterior, tampoco podría aplicarse el artículo 278 del código procesal civil que invoca el recurrente, para el efecto de que se admitiera la reconvención en contra del referido notario público, pues la circunstancia de que dicho precepto autorice al juzgador para valerse de cualquier persona, ya sea parte o tercero, para conocer la verdad de la controversia, no autoriza a esa autoridad judicial para que por ese solo hecho pueda considerar como parte en el litigio a una persona ajena al mismo, pues el precepto en estudio no lo dice así. En estas condiciones, no obstante que la Sala responsable no citó en forma expresa los preceptos aplicables como apoyo de sus consideraciones, es obvio que ningún perjuicio jurídico se le ocasiona a sus derechos individuales, puesto que de los artículos del código adjetivo civil que se han invocado, fundamentalmente de los artículos 260 y 272, se deduce la improcedencia de la pretensión del quejoso, constituyendo el fundamento legal de esa resolución, y aun cuando no fueron citados, tampoco se puede desconocer su aplicabilidad en el sentido en que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17337-b7d1467c/reconvencion-solo-puede-hacerse-valer-en-contra-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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