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Modo: Corpus Pro

RECLASIFICACIÓN DEL DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA AUTORIZA EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR, EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2001-PS. · Registro digital (IUS): 17011
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMERO DE DICHO CIRCUITO), EL TRIBUNAL COLEGIADO EN M
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, , Pág. 319.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO (ACTUALMENTE PRIMERO DE DICHO CIRCUITO), EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO (AHORA PRIMERO) Y POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

CUARTO. El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en el recurso de revisión número 308/2000, relativo al juicio de amparo indirecto número 7/2000, del índice del Primer Tribunal Unitario de ese circuito, promovido por ... resuelto el cinco de enero de dos mil uno, en lo que interesa sustentó lo siguiente:

"QUINTO. Son fundados los anteriores motivos de inconformidad que expresa la agente del Ministerio Público de la Federación, en atención a las siguientes consideraciones. Antes de analizar los referidos conceptos de agravio, conviene transcribir el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales: ‘Si solamente hubiere apelado el procesado o su defensor, no se podrá aumentar la sanción impuesta en la sentencia recurrida. Si se tratare de auto de formal prisión o de sujeción al proceso, o de orden de aprehensión o de citación para preparatoria, podrá cambiarse la clasificación del delito y dictarse por el que aparezca probado.’. En efecto, aduce en síntesis la disconforme que el Magistrado que conoció del juicio de amparo indirecto que aquí se revisa, realizó una incorrecta interpretación del numeral transcrito; que en el caso no aplica lo dispuesto en el primer párrafo del ordinal de mérito, sino lo prevenido en el segundo; que lo que se combatió en el amparo fue el auto de formal prisión no la sentencia; que como en el primer párrafo del reproducido artículo se establece que sólo tratándose de la sentencia no se puede cambiar la clasificación del delito, ello es lo que debió tomarse en cuenta para resolver el amparo y no el indicado primer párrafo del artículo 385 del código adjetivo federal; que el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al modificar el auto de formal prisión; que así las cosas, resulta ilegal el fallo recurrido y que, en la especie, resultan aplicables las tesis de los rubros: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, RECLASIFICACIÓN DEL DELITO EN LA APELACIÓN DEL.’, ‘APELACIÓN EN MATERIA PENAL. NON REFORMATIO IN PEIUS.’ y ‘APELACIÓN EN MATERIA PENAL.’. Sobre el particular, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario de este circuito, en la sentencia que aquí se combate, consideró en esencia que, contrario a lo estimado por el Magistrado responsable, no resultaba correcta la reclasificación que efectuó de posesión atenuada de marihuana prevista por el artículo 195 bis del Código Penal Federal, a la de posesión agravada prevista y sancionada por el ordinal 195, primer párrafo, del invocado código sustantivo; lo anterior porque del auto de bien preso que dictó el Juez natural, solamente habían apelado el inculpado y su defensor; que el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales prevé que la segunda instancia sólo se abre a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que el o los apelantes estimen les causa la resolución recurrida; que fue voluntad del inculpado y de su defensor recurrir el auto de término constitucional decretado en su contra, con el propósito de mejorar su situación jurídica y no quedar sujeto a proceso penal por el delito que se le imputa; que no resultaría jurídico que el Magistrado responsable empeorara la situación del quejoso, dictando en su contra un auto de formal prisión por un injusto que merece una pena corporal más ‘grande’ que la que le correspondería en los términos de la formal prisión apelada; que la facultad reclasificatoria que consigna el repetido artículo 385 del código punitivo federal, debe entenderse en armonía con el principio de non apelatio in peius; que de no ser así se infringirían las reglas que regulan la segunda instancia y, particularmente, lo dispuesto por el artículo 364 del ordenamiento legal en cita, y concedió el amparo para el efecto de que el Magistrado responsable dejara sin efecto la resolución que constituía el acto reclamado, por lo que hace al delito de referencia, y considerara que en segunda instancia no podía empeorarse la situación jurídica del inculpado, y con plenitud resolviera lo que en derecho procediera. Lo anterior se estima incorrecto y, por ende, fundados los motivos de agravio formulados por la recurrente, toda vez que el auto de formal prisión, como regulador del proceso penal, debe dictarse por el delito que aparezca probado, consideración que debe sostenerse tanto por lo que respecta al a quo, como por lo que toca al ad quem, no obstante que sólo hubiesen, como en el caso, apelado el inculpado y su defensor, ya que tal facultad la confiere el segundo párrafo del transcrito artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales. Pues este precepto legal, posterior al 364 del tal código, que limita la jurisdicción de las autoridades judiciales de segunda instancia, al estudio y resolución de los agravios propuestos por el o los apelantes, no es contradictorio de aquél, sino que ambos artículos deben aplicarse juntamente y relacionarse entre sí. Así las cosas, debe decirse que el numeral citado en primer término, autoriza al Magistrado del Tribunal Unitario responsable para, sin variar los hechos y las pruebas demostrativas de la probable responsabilidad, esto es, ajustándose a los términos precisos de los hechos delictuosos acreditados e imputados al recurrente, reclasifique los mismos sin infringir las garantías otorgadas en el entonces segundo párrafo del artículo 19 constitucional, porque tal norma exige que todo proceso se siga forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión y el efecto de la resolución que el superior dicta, sustituyéndose a la jurisdicción inferior, viene a ser precisamente el de que el proceso se siga por el delito que quede señalado en dicha resolución, así que el derecho de defensa del inculpado recurrente no se reduce en ninguna medida, puesto que podrá ejercerlo plenamente a través de todo el procedimiento que se inicia a partir del proveído de formal prisión. Apoya las precedentes consideraciones la tesis número P. LXXXV/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 15, Tomo X, diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: ‘DELITO. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, QUE AUTORIZA SU RECLASIFICACIÓN EN EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EL DE SUJECIÓN A PROCESO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Por otra parte, cabe significar, por ser de singular importancia, que el principio non reformatio in peius no debe de aplicarse en tratándose del segundo párrafo del transcrito artículo 385 del ordenamiento adjetivo penal federal, sino sólo en relación al primer párrafo, ya que es muy diferente el recurso que se interpone contra la sentencia con la que concluyó la causa penal en la que se determinó la condena al procesado por la comisión que se le atribuyó en juicio por un delito previsto por la ley penal, que el que se presenta contra el auto de formal prisión que da pauta únicamente al inicio de la instrucción y, concluida ésta, al juicio penal respectivo. Así entonces, debe decirse que el principio o apotegma de antecedentes no guarda relación alguna con el segundo párrafo del numeral de mérito, pues, se reitera, se trata de estadios procesales diversos. Además, conforme a lo establecido en el artículo 19 constitucional, en el auto de bien preso debe fijarse claramente el delito o delitos por los cuales se debe seguir el proceso con base en los específicos hechos sobre los cuales se realizó la consignación; luego, el efecto de la resolución que el tribunal ad quem dicta en sustitución a lo resuelto por el a quo tiene por finalidad establecer un principio de seguridad y certidumbre jurídicas para que el proceso se siga precisamente por el delito que quede señalado en la apelación, que sólo busca la concordancia entre los hechos materia de la consignación y la prueba de su existencia con la clasificación que corresponda respecto a la realidad del tipo penal que proceda. En efecto, en la ejecutoria que dio lugar a la referida tesis, en la parte conducente del considerando cuarto, se sostuvo textualmente lo siguiente (se transcribe). Ahora bien, no es obstáculo para arribar a las conclusiones antes apuntadas la circunstancia de que al hacer el estudio de los agravios expresados por la agente del Ministerio Público de la Federación, este Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito se ampliara en el estudio del asunto, pues ello no implica ni puede implicar que se esté supliendo la deficiencia de los agravios, puesto que el tribunal resolutor puede, dentro de sus facultades legales, hacer todo tipo de consideraciones para motivar sus actos y no quedar absolutamente constreñido al marco limitado del agravio que se expresa, sino darle toda la extensión pertinente, esto, claro está, dentro del motivo de inconformidad que al efecto se plantee, como en el caso, en que la agente del Ministerio Público claramente señaló la violación del inferior para que este cuerpo colegiado, como se efectuó a lo largo de esta ejecutoria, abordara los cuestionamientos de la representación social federal." (fojas 21v. a 30 del toca).

La anterior ejecutoria dio origen a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, marzo de 2001

"Tesis: XVII.3o.4 P

"Página: 1721

"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 385 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AUTORIZA A LOS MAGISTRADOS UNITARIOS DE CIRCUITO A RECLASIFICAR LOS HECHOS DELICTUOSOS, TRATÁNDOSE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO Y SU DEFENSOR (ALCANCE DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS). El auto de formal prisión como regulador del proceso penal, debe dictarse por el delito que aparezca probado, consideración que debe sostenerse tanto por lo que respecta al a quo, como por lo que toca al ad quem, no obstante que sólo hubiesen apelado el inculpado y su defensor, ya que tal facultad la confiere el segundo párrafo del artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues este precepto legal, posterior al 364 de tal código, que limita la jurisdicción de las autoridades judiciales de segunda instancia al estudio y resolución de los agravios propuestos por el o los apelantes, no es contradictorio de aquél, sino que ambos artículos deben aplicarse juntamente y relacionarse entre sí. Así las cosas, debe decirse que el numeral citado en primer término autoriza al Magistrado del Tribunal Unitario responsable, para que sin variar los hechos y las pruebas demostrativas de la probable responsabilidad, esto es, ajustándose estrictamente a los términos de los hechos delictuosos acreditados e imputados al recurrente, reclasifique los mismos sin infringir las garantías otorgadas en el numeral 19 de la Constitución Federal, porque tal norma exige que todo proceso se siga forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión y porque el efecto de la resolución que el superior dicta, sustituyéndose o reasumiendo la jurisdicción inferior, viene a ser precisamente el de que el proceso se siga por el delito que quede señalado en dicha resolución, así que el derecho de defensa del inculpado-recurrente no se reduce en ninguna medida, puesto que podrá hacerlo plenamente a través de todo el procedimiento que se inicia a partir del proveído de formal prisión. En la apuntada tesitura, debe decirse que el principio non reformatio in peius, no debe aplicarse en tratándose del segundo párrafo del referido ordinal 385 del ordenamiento adjetivo penal federal, sino sólo en relación al primer párrafo, ya que, evidentemente, son diferentes el recurso que se interpone contra la sentencia definitiva y el que se presente en contra del auto de formal procesamiento; puesto que en el primero, se determina la condena al procesado por el delito que se le atribuyó en el juicio, y el segundo, sólo da pauta al inicio de la instrucción. Además, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal, en el auto de bien preso debe fijarse claramente el delito o delitos por los cuales se debe seguir el proceso, en base a los específicos hechos sobre los cuales se realizó la consignación; luego, el efecto de la resolución que el tribunal ad quem dicta en sustitución a lo resuelto por el a quo, tiene por finalidad establecer un principio de seguridad y certidumbre jurídicas, para que el proceso se siga precisamente por el delito que quede señalado en la apelación, que sólo busca la concordancia entre los hechos materia de la consignación y la prueba de su existencia, con la clasificación que corresponda respecto a la realidad del tipo penal que proceda.

"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

"Amparo en revisión 308/2000. 5 de enero de 2001. Mayoría de votos. Disidente: María Teresa Zambrano Calero. Ponente: Marco Antonio Rivera Corella. Secretario: Guillermo Alberto Flores Hernández."

QUINTO. La ejecutoria dictada por el actual Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el recurso de revisión 161/81, promovido por ... dio origen a la siguiente tesis:

"Séptima Época

"Instancia: Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volumen: 163-168, Sexta Parte

"Página: 101

"MINISTERIO PÚBLICO, ACUSACIÓN DEL. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE REBASARLA. Si el Juez de Distrito que conoció de la causa penal decretó auto de formal prisión contra el acusado por el delito de robo en grado de tentativa, y en contra de tal auto éste interpuso el recurso de apelación, el que fue sustanciado por el Tribunal Unitario de Circuito que lo decidió, resolviendo modificar dicho auto por reclasificación dictando auto de reclusión preventiva al quejoso como presunto responsable del delito de robo consumado, aquél violó los artículos 385, 363 y 364, por inexacta aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales, en perjuicio de dicho inculpado. De acuerdo con la tesis de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 22, visible en la página 60 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 1975, la apelación en materia penal no somete al superior más que los hechos apreciados en la primera instancia y dentro de los límites marcados por la expresión de agravios (tratándose del Ministerio Público); de lo contrario se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos y la H. Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 29 constitucional. En la tesis número 23, visible en la página 65 de la Segunda Parte del citado Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, se establece que si únicamente apelan el fallo de primera instancia el acusado y su defensor, la autoridad de segunda instancia no está capacitada para agravar la situación jurídica del acusado. En la especie, la resolución del Tribunal Unitario de Circuito está agravando la situación del inculpado al modificar el auto de formal prisión recurrido, sin que el Ministerio Público lo haya apelado, lo que se traduce en una revisión de oficio, violando en perjuicio de aquél el artículo 21 de la Constitución Federal en razón de que el Ministerio Público Federal estuvo conforme con la resolución dictada por el Juez de la causa y no interpuso el medio de impugnación de que se trata ni expresó agravios al respecto; por lo tanto no puede ser modificada por la resolución reclamada en vía de amparo en perjuicio del acusado, pues es incuestionable que éste al hacer valer el recurso de apelación, lo hizo con el evidente propósito de mejorar su situación jurídica sin correr el peligro de que en vez de encontrar la ayuda esperada se agrave.

"TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

"Amparo en revisión 161/81. Manuel Hernán Parada. 30 de julio de 1982. Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón."

SEXTO. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en sesión de trece de abril de dos mil, resolvió el recurso de revisión 332/99, relativo al juicio de amparo número 5/99 del índice del Tercer Tribunal Unitario del mismo circuito, considerando esencialmente lo siguiente:

"CUARTO. En suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte fundado y suficiente para revocar la sentencia de garantías recurrida y conceder el amparo, el primer agravio relativo a que el Magistrado del conocimiento del juicio constitucional del que deriva este recurso de revisión, no advirtió que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Séptimo Circuito indebidamente modificó el auto de formal prisión que en primera instancia le fue dictado al quejoso, ahora recurrente ... por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de marihuana, previsto y sancionado en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, ya que en sustitución dictó otro auto de término constitucional por haber apelado el citado quejoso y su defensor, pero de formal prisión por la diversa modalidad de posesión de marihuana, que contempla y sanciona el diverso numeral 195 del ordenamiento punitivo invocado, agravando la situación del inculpado. En efecto, del estudio de las constancias probatorias que integran la causa de que deriva el acto reclamado en el amparo que originó el presente toca de revisión penal, se advierte que, según la responsable, quedaron acreditados los elementos del cuerpo del delito de posesión de marihuana, con alguna de las finalidades previstas en el numeral 194 del Código Penal Federal, que prevé y sanciona el diverso precepto 195 de dicho ordenamiento. Ello se hace derivar, en esencia, del parte informativo de los agentes aprehensores, del que se desprende que el procesado, ahora quejoso, les entregó cuatro costales de marihuana que al parecer tenía en un tapanco de la casa que habitaba; de la fe ministerial de la yerba, que acredita su existencia; del dictamen químico, que prueba se trata del estupefaciente llamado marihuana, con un peso de 31.995 kilogramos; y finalmente, de la declaración ministerial del ahora quejoso ... lo que se dice acredita que éste tenía bajo su radio de acción y control la droga afecta a la causa, máxime que, como concluye la autoridad responsable en la resolución reclamada, el inculpado reconoció que los costales efectivamente estaban en el domicilio que habita. Sin embargo, independientemente de que la finalidad de esa posesión fuera realizar alguna conducta de las previstas en el artículo 194 del Código Penal Federal, se encuentre o no acreditada, elemento que exige el precepto 195 de dicho ordenamiento punitivo para la integración del delito que contempla y que se atribuye al aquí quejoso, ello en virtud de que, como se dijo, quedaron demostrados los elementos objetivos, tales como la existencia de la droga, el tipo y la cantidad de la misma y que el sujeto activo la poseía en las circunstancias de lugar, tiempo y ocasión que se precisan, que según señala tímidamente la responsable, pudo ser su venta, quizá con objeto de cumplir con la jurisprudencia 1a./J. 7/96 de la actual integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 477, cuyo rubro es: ‘POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICOS EN DELITOS CONTRA LA SALUD. SU NECESARIA VINCULACIÓN CON LA FINALIDAD.’, cabe destacar que si en la especie únicamente el inculpado y su defensor apelaron el auto de formal prisión dictado por dicho ilícito, y en términos del artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales, la segunda instancia sólo se abrirá a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios que estime el o los apelantes le causa la resolución recurrida, es decir, fue a voluntad del inculpado y con el fin de mejorar su situación jurídica, pretendiendo no quedar sujeto a proceso penal por el delito que se le imputaba, y que el tribunal de apelación, en el caso, sólo puede suplir la deficiencia de los agravios expresados por el procesado o su defensor, no resulta lógico ni jurídico que mediante esa vía la responsable empeorara la situación del quejoso dictándole un auto de formal prisión por un injusto que merece mayor pena de prisión, independientemente de que ello se justifique con las pruebas obrantes en autos, pues no existen razones legales suficientes para resolver en sentido contrario a los intereses del inculpado y defensor apelantes, que pretenden que el primero se libre de ser considerado probable responsable de la comisión de un delito, considerándolo probable responsable de un ilícito más grave y que, en un momento dado, será reprimido con una pena más severa. Sin que pueda servir de fundamento a la autoridad responsable, como lo pretende, lo dispuesto por el artículo 385 del Código Federal de Procedimientos Penales, en su segundo párrafo, en que parece dar amplias facultades al tribunal de apelación cuando se recurre una resolución, como en el caso, que lo es el auto de formal prisión, con independencia de quien lo haga, para reclasificar el delito; pero esto no se justifica si con la reclasificación del hecho delictuoso se agrava la situación jurídica del imputable, ya que tal proceder rompería con las reglas que regulan la segunda instancia y contravendría, en especial, el artículo 364 del ordenamiento antes invocado, tan es ello así, que en el primer párrafo del propio artículo 385 del código en cita, se precisa que si solamente hubiere apelado el procesado o su defensor no se podrá aumentar la sanción impuesta en la sentencia recurrida. Además, debe tenerse en consideración que el quejoso y su defensor al hacer valer el recurso de apelación lo hicieron con el propósito de mejorar su situación jurídica, sin correr el peligro de que en vez de encontrar la determinación esperada, ello les resultase perjudicial. Apoya lo anterior la tesis X.3o.13 P del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre de 1998, página 1020, que a la letra dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE DE APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR, SÓLO PODRÁ CAMBIARSE LA CLASIFICACIÓN DEL DELITO SI NO AGRAVA LA SITUACIÓN DEL INCULPADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE TABASCO). Si el inculpado o su defensor apelan del auto de formal prisión, el ad quem sólo puede cambiar la clasificación del delito y dictarlo por el que aparezca probado, si no se agrava la situación del inculpado; ello, porque si bien el artículo 196, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales del Estado, dispone que «Si se trata de un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, o de orden de aprehensión o de citación para declaración preparatoria, podrá cambiarse la clasificación del delito y dictarse por el que aparezca probado.», sin embargo, la facultad referida no es discrecional ni absoluta, por el contrario, debe ser ejercida de forma restrictiva, cuidando que no se le depare perjuicio al inculpado acorde a lo que dispone uno de los principios rectores del derecho procesal penal denominado non reformatio in peius, que consiste en la prohibición establecida con el objeto de evitar que la autoridad judicial modifique en perjuicio del reo, la situación legal de éste.’. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 163-168, Sexta Parte, página 101, que a la letra dice: ‘MINISTERIO PÚBLICO, ACUSACIÓN DEL. EL TRIBUNAL DE APELACIÓN NO PUEDE REBASARLA. Si el Juez de Distrito que conoció de la causa penal decretó auto de formal prisión contra el acusado por el delito de robo en grado de tentativa, y en contra de tal auto éste interpuso el recurso de apelación, el que fue sustanciado por el Tribunal Unitario de Circuito que lo decidió, resolviendo modificar dicho auto por reclasificación dictando auto de reclusión preventiva al quejoso como presunto responsable del delito de robo consumado, aquél violó los artículos 385, 363 y 364, por inexacta aplicación del Código Federal de Procedimientos Penales, en perjuicio de dicho inculpado. De acuerdo con la tesis de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el número 22, visible en la página 60 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en 1975, la apelación en materia penal no somete al superior más que los hechos apreciados en la primera instancia y dentro de los límites marcados por la expresión de agravios (tratándose del Ministerio Público); de lo contrario se convertiría en una revisión de oficio en cuanto a los puntos no recurridos y la H. Suprema Corte ha sustentado la tesis de que dicha revisión es contraria al artículo 29 constitucional. En la tesis número 23, visible en la página 65 de la Segunda Parte del citado Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, se establece que si únicamente apelan el fallo de primera instancia el acusado y su defensor, la autoridad de segunda instancia no está capacitada para agravar la situación jurídica del acusado. En la especie, la resolución del Tribunal Unitario de Circuito está agravando la situación del inculpado al modificar el auto de formal prisión recurrido, sin que el Ministerio Público lo haya apelado, lo que se traduce en una revisión de oficio, violando en perjuicio de aquél el artículo 21 de la Constitución Federal en razón de que el Ministerio Público Federal estuvo conforme con la resolución dictada por el Juez de la causa y no interpuso el medio de impugnación de que se trata ni expresó agravios al respecto; por lo tanto, no puede ser modificada por la resolución reclamada en vía de amparo en perjuicio del acusado, pues es incuestionable que éste al hacer valer el recurso de apelación, lo hizo con el evidente propósito de mejorar su situación jurídica sin correr el peligro de que en vez de encontrar la ayuda esperada se agrave.’. También es pertinente invocar la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 119, que a la letra expresa: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ALCANCE DEL PRINCIPIO NON REFORMATIO IN PEIUS, TRATÁNDOSE DE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR EL INCULPADO O SU DEFENSOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). La interpretación literal y aislada de artículo 373 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, puede contener la idea, a primera vista, de que el tribunal ad quem, en apelación, tiene facultades para reclasificar el delito por el que se decreta un auto de formal prisión, con entera independencia de la parte que lo recurrió; sin embargo, en materia penal existen diversas normas que tutelan la situación jurídica y procesal del inculpado, como son, entre otras, que puede guardar silencio en los interrogatorios, declarar en la forma que estime pertinente, sin incurrir en el delito de falsedad, en determinadas condiciones no es punible su evasión, no se permite elevar la pena impuesta cuando el fallo es apelado únicamente por el reo o su defensor, etcétera. Estas reglas protectoras permiten concluir que cuando el auto de formal prisión es apelado exclusivamente por el acusado, es también aplicable el principio non reformatio in peius, a efecto de que no se reclasifique por el delito más grave en perjuicio del recurrente.’. Por consiguiente, al no haber apelado el Ministerio Público Federal el auto de formal prisión emitido por el Juez de primera instancia, que tuvo por acreditado el cuerpo del delito de posesión de marihuana, previsto y sancionado en el artículo 195 bis del Código Penal Federal, para justificar una reclasificación por parte del tribunal de alzada y en sustitución del diverso ilícito de menor gravedad de posesión del estupefaciente, contemplar el previsto en el artículo 195 del invocado código punitivo, sino que la segunda instancia sólo se abrió por el inculpado y su defensor, al haberse efectuado tal reclasificación, contrario a lo estimado por el Magistrado que en primera instancia conoció de este amparo, se violó lo dispuesto por el artículo 364 del Código Federal de Procedimientos Penales y, en consecuencia, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal, por lo que se concede el amparo y protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y partiendo de que la segunda instancia se abrió a petición del ahora quejoso y su defensor, en esa instancia no podrá empeorarse su situación jurídica y, por lo demás, con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda." (fojas 136 a 141 del toca).

SÉPTIMO. El actual Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno el amparo directo número 178/91, promovido por ... consideró lo siguiente:

"... Por razones lógicas y de elemental sentido común hay que dejar asentado que el inculpado que apela una formal prisión, siempre tenderá a que se le revoque o al menos se modifique en su beneficio, pues de otra manera nunca interpondría el recurso sabiendo que con él correría el riesgo de que se ag

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17011-8b0edfd7/reclasificacion-del-delito-el-parrafo-segundo-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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