CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE PARA IMPUGNAR EL PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. PROCEDIMIENTO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL JURISDICCIONAL.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2001. MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: JUAN N. SILVA MEZA.
SECRETARIOS: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN Y EVA LAURA GARCÍA VELASCO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al trece de noviembre de dos mil dos.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecinueve de septiembre de dos mil uno, Flavio Fabián González, quien se ostentó como síndico municipal del Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez, Estado de Veracruz, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Autoridades responsables: a) Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, ambas con domicilio público y conocido en la Ciudad de México, D.F. b) Legislaturas de los Estados que conforman la Federación de: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, con domicilio público y conocido en cada una de sus capitales correspondientes. c) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con domicilio conocido en el Distrito Federal. d) El Poder Ejecutivo Federal, con domicilio conocido en la Ciudad de México, Distrito Federal. Actos reclamados: 1. Se le reclama al Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Senadores, en calidad de Cámara de Origen y parte del proceso legislativo de reforma constitucional en materia indígena, el acto por medio del cual aprobó, con fecha 25 de abril de 2001, el decreto por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o., se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del Diario de los Debates de ese día 25 de abril, mismo que solicito a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación le sea requerido al Senado de la República para allegarse de más elementos de juicio. Se le reclama dicho acto procedimental por ser inconstitucional, tal y como más adelante señalo. 2. Del propio Congreso de la Unión, concretamente a la Cámara de Diputados, se le reclama el acto por virtud del cual, en su calidad de Cámara Revisora y parte del proceso legislativo, con fecha 28 (veintiocho) de abril de 2001, aprobó el decreto de reforma por el que se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del artículo 4o., se adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según se desprende del Diario de los Debates número 17 del año I, correspondiente al día sábado 28 (veintiocho) de abril del año 2001. Se le reclama dicho acto procedimental por considerarse inconstitucional, como más adelante señalo. 3. De las Legislaturas de los Estados Libres y Soberanos de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Coahuila y Michoacán, se les reclama, como parte del proceso legislativo de las reformas constitucionales a que hago referencia en los dos puntos anteriores, los actos en virtud de los cuales llevaron a cabo la aprobación de las mismas, incumpliendo la votación necesaria que para ello se requiere, según lo establece el artículo 135 constitucional federal. 4. De las Legislaturas de los Estados Libres y Soberanos de Veracruz, Puebla, Colima, Aguascalientes, Querétaro, Campeche, Baja California Norte, Guanajuato, Durango, Quintana Roo, Coahuila, Jalisco, Sonora, Tlaxcala, Nuevo León, Tabasco, Nayarit, Michoacán y Chihuahua, como partes en el proceso legislativo de las reformas constitucionales a que hago referencia en esta demanda de controversia, se les reclama la aprobación de las reformas constitucionales en materia indígena multicitada, que realizaron mediante los decretos aprobatorios correspondientes, mismos que solicito a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación les sean requeridos para allegarse de más elementos de juicio. 5. De las Legislaturas de los Estados de Yucatán y Tamaulipas, se les reclama el acto de omisión, consistente en no ejercitar la facultad que tienen de aprobar o rechazar las reformas constitucionales de referencia, como parte del proceso legislativo, de conformidad con el artículo 135 de la Carta Magna. 6. De la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se le reclama el cómputo que realizó con fecha dieciocho de julio del año en curso, de los votos emitidos por las Legislaturas de los Estados respecto al decreto de reformas en materia indígena; por las declaraciones que emitió en el sentido de haber sido aprobadas las supuestas reformas constitucionales, así como el decreto respectivo publicado que contiene el cómputo y la declaración señalada, mismo que solicito a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación le sea requerido para allegarse de más elementos de juicio. Actos reclamados por inconstitucionales. 7. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Vicente Fox Quesada, se le reclama el decreto de fecha 14 de agosto del año en curso, en virtud del cual ordenó la promulgación y publicación de las supuestas reformas constitucionales que se impugnan a través de este juicio de controversia constitucional. El procedimiento de reforma constitucional en materia indígena que se combate por inconstitucional en esta demanda, concluyó con la publicación del decreto respectivo que fue publicado oficialmente en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, fecha con la cual me doy por enterado del mismo. Es de importancia señalar que con la publicación del decreto de las reformas a que me refiero en la presente demanda, se pretenden elevar a rango constitucional diversas disposiciones en materia indígena, pero resultan inválidas, toda vez que el procedimiento legislativo del que derivan adolece de serias violaciones al debido proceso como más adelante se demuestra, por lo que desde ahora se solicita a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaren inválidas, por violar la Constitución Política mexicana e invadir la esfera de competencia del Municipio que represento."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"Antecedentes del acto reclamado: Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los hechos que me constan y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y cuya invalidez se reclama, son los siguientes: Para todos los pueblos y comunidades indígenas del país es conocida la lucha y dificultad que hemos tenido todos nosotros en la incorporación a un régimen implantado por una sociedad dominante, donde hemos tenido que pelear y hacernos oír y que nuestra voz sea escuchada y no perder un legado que para nosotros es el más valioso que tenemos: nuestra cultura, determinada por usos y costumbres que dan sentido a nuestra manera de ver el mundo y la forma en que lo sentimos y vivimos dentro de nuestra sociedad. Pero las luchas y resistencias de los pueblos y comunidades indígenas por conservarse como culturas diferenciadas a la mestiza también han estado presentes a lo largo de nuestra historia, pocas veces vislumbradas y muchas veces reprimidas, opacadas e ignoradas. Los pueblos indígenas de México, al igual que otros en el mundo, se han esforzado por decir a todos y en todas las lenguas indígenas y no indígenas que ya basta de abusos y violaciones a su integridad, que es hora de sentarse a establecer una nueva relación entre los pueblos indígenas y las sociedades, pero sobre todo, una nueva relación entre los pueblos indígenas y los Estados. Es hora de revisar los principios bajo los cuales han sido construidos los Estados de la nación. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo dependiente de las Naciones Unidas, del que el Estado mexicano forma parte, cuyo objetivo es promover la justicia social para los trabajadores en todo el mundo, formula políticas y programas internacionales para contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo; elabora normas internacionales de trabajo que sirvan de directrices a las autoridades nacionales para llevar a la práctica esas políticas. Preocupada por los trabajadores indígenas del mundo y sus condiciones de vida, en 1957 adoptó un convenio amplio sobre poblaciones indígenas y tribales, conocido como el Convenio 107. Este convenio fue muy importante en aquel momento porque era la primera vez que un organismo internacional formulaba normas vinculables respecto de los diferentes problemas de los indígenas y no sólo respecto del trabajo. Sin embargo, al reflejar este instrumento una política de integracionismo y paternalismo fue duramente criticado y, por ello, sustituido posteriormente por el Convenio 169. En su conferencia número 76a., en sesión de fecha 27 de junio de 1989, la OIT logra la aprobación del texto del Convenio 169. El Estado mexicano fue el segundo país en firmarlo, después de Noruega, con lo que posibilitó su entrada en vigor a partir de septiembre de 1991 para los Estados que lo firmaran y como consecuencia lógica, el Estado mexicano está obligado a su estricto cumplimiento. Con ello se da un giro sumamente importante en la historia de los pueblos indígenas, pues por primera vez a nivel internacional se reconoce no sólo la existencia de los pueblos indígenas, sino que éstos son los sujetos de su propio desarrollo dentro de los Estados de que son parte. Dicho instrumento internacional, lejos de una postura paternalista, asume, en principio, a los pueblos como sujetos de derecho, con derechos ante todo colectivos, que nos permiten vivir, reproducirnos, organizarnos y relacionarnos desde nuestra perspectiva cultural y con los recursos que hemos tenido, poseído y adquirido, siempre dentro del país al que se pertenece. Establece este convenio la normatividad esencial para erradicar las secuelas propias de los colonialismos a los que han estado sometidos los pueblos indígenas del mundo y corregir la desvalorización que de ellos y sus culturas se ha hecho bajo la falsa apreciación de que existe sólo un rumbo de civilización a la que es indispensable alcanzar, eliminando con eso a cuanta diferencia cultural no coincida con ella. Así, de conformidad con los artículos 89, fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Senado de la República ratifica este tratado internacional el 11 de julio de 1990, informa al presidente de la República dicha decisión y éste a su vez expide un decreto donde ordena su publicación el día 3 de agosto de 1990 en el Diario Oficial de la Federación. La ratificación fue inscrita el 4 de septiembre de 1990 ante el director general de la OIT en Ginebra y desde el 5 de septiembre de 1991 el Estado mexicano está obligado a su cabal y estricto cumplimiento. En el contexto del punto anterior, en 1992 se reforma el artículo 4o., de la Constitución Federal para reconocer que: ‘La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. ...’. No obstante este reconocimiento constitucional de la composición pluricultural del país, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, los derechos de éstos nunca fueron reconocidos a este nivel jurídico y la ley reglamentaria del artículo 4o. nunca se legisló. Los reclamos sociales de los pueblos indígenas en México y, concretamente en Guerrero, han seguido a pesar de la legislación que en materia indígena se tiene en México, a tal grado que el primero de enero de 1994 surgió en el Estado de Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, demandando una serie de derechos y políticas de atención para los pueblos y comunidades indígenas, no sólo para los que constituyen el Estado de Chiapas, sino para todos los del país. A raíz de una serie de negociaciones en torno a la paz en este Estado y con miras a atender las demandas indígenas del resto del país, basadas en el propio Convenio 169 de la OIT antes señalado, el Ejecutivo Federal se comprometió, en febrero de 1996, mediante firma de su comisión negociadora, entre otras cosas, a impulsar una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena que retomaran los acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar. El proyecto de iniciativa de reformas fue encomendado por las partes en conflicto a la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) quienes, para ello, basaron su propuesta retomando los citados acuerdos y el Convenio 169 de la OIT. El 29 de noviembre de 1996 la Cocopa presentó la iniciativa a las partes en conflicto, aceptándola el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, previa consulta a sus bases y a los pueblos indígenas del país representados en los foros que se realizaron en Chiapas, pero no fue la misma respuesta por parte del Ejecutivo Federal, con lo que se frenó el proceso de diálogo de la paz. El 5 de diciembre de 2000, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Lic. Vicente Fox Quesada, presentó ante el Senado de la República la iniciativa de reformas constitucionales que previamente había elaborado la Cocopa y a la que nos hemos referido en el punto anterior. El 25 de abril de 2001 la Cámara de Senadores aprobó un decreto en materia indígena por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., reforma el artículo 2o., deroga el párrafo primero del artículo 4o., adiciona un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero desconociendo totalmente el proceso previo a la presentación de la iniciativa y el contenido de la misma, en el cual se acordaron medidas encaminadas a lograr la paz en Chiapas, compromisos para crear mejores condiciones de vida para los pueblos y comunidades indígenas y, sobre todo, modificar las estructuras administrativas y políticas del Estado para una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado mexicano, entre los pueblos indígenas y la sociedad nacional. Este decreto, aprobado por el Senado, a diferencia de la iniciativa de la Cocopa que fue ampliamente consensada por los propios pueblos y comunidades indígenas, careció de toda consulta a los mismos y se aprobó aun en contra de la opinión de los sujetos a quienes va dirigido, violando el artículo 6o. del Convenio 169 de la OIT, respecto a la obligación que tiene el Estado mexicano de consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas que afecten a los mismos. El 28 de abril de 2001 la Cámara de Diputados Federal, en su calidad de Cámara Revisora, aprobó de igual manera el dictamen de reformas constitucionales en materia indígena, nuevamente sin consultar a los pueblos indígenas. El 18 de julio de 2001 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó el cómputo de las votaciones de las Legislaturas Estatales, declarando aprobado el decreto de reformas constitucionales en materia indígena y remitiendo al Ejecutivo Federal el mismo para su promulgación y publicación respectiva. El 14 de agosto de 2001 el presidente de la República promulgó y publicó el decreto de reformas multicitado, fecha en la que nos dimos por enterados de dicho acto. El Municipio que represento se encuentra ubicado en el istmo de Veracruz y está constituido por comunidades del Pueblo Náhuatl y del Pueblo Popoluca, las cuales están en desacuerdo con el procedimiento mediante el cual se aprobaron estas reformas que pretenden ser norma constitucional, porque reducen los derechos de los pueblos indígenas que hemos ganado con los movimientos sociales que estuvieron y están enfocados a nuestro bienestar. Nosotros, como pueblos originarios, tenemos nuestras propias lenguas, nuestra historia y nuestras culturas, todas ellas comunes entre sí y distintas a la vez de otros pueblos indígenas, las cuales nos dan una identidad propia, por ello, tenemos derecho al reconocimiento a la libre determinación como pueblos, dentro del marco jurídico nacional y de la soberanía del Estado mexicano."
TERCERO. La parte actora expone como conceptos de invalidez, los siguientes:
"Primer concepto de invalidez: De las autoridades demandadas se reclama el incumplimiento del debido proceso que establece el artículo 135 de la Constitución Federal para modificar o adicionar a la misma, respecto a las reformas que pretenden ser norma constitucional en materia indígena, mismas que fueron publicadas el pasado 14 de agosto de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. Se les reclama el procedimiento legislativo por inconstitucional, por el cual se adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 1o., se reformó el artículo 2o., se derogó el párrafo primero del artículo 4o., se adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se pretenden elevar a rango de norma constitucional, violando con ello diversas disposiciones establecidas, entre otros artículos el 135, 133, 4o., 14 y 16 de la propia Constitución General de la República. En efecto, tanto la Cámara de Senadores, en calidad de Cámara de Origen, como la Cámara de Diputados, en calidad de Cámara Revisora, así como todas las Legislaturas Locales demandadas por la aprobación que hicieron del decreto de reformas constitucionales en materia indígena, como parte del proceso legislativo que se impugna, se les reclama la aprobación del decreto de reformas constitucionales multicitada, porque sin considerar el proceso de consulta y consenso que sobre dicha materia los propios pueblos y comunidades indígenas de México habían realizado a partir de 1994 y que fueron concretados en la iniciativa de reformas constitucionales que elaboró la Comisión de Concordia y Pacificación, misma que hizo suya el Ejecutivo Federal y presentó ante la Cámara de Senadores, tampoco consultaron a los mismos sobre el proyecto que en la materia acordaron y aprobaron, con lo que se violó el artículo 133 de la Carta Magna, en relación con lo dispuesto por el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, mismo que es vinculatorio al Estado mexicano desde 1991, según se desprende de los Diarios de los Debates respectivos, mismos que solicito a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación les sean requeridos a estas autoridades demandadas, para allegarse de más elementos de juicio. En este sentido, el Convenio 169 establece el derecho de los pueblos indígenas a la consulta en los siguientes términos: ‘Artículo 6o. 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; b) Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismosadministrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan ... 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.’. La consulta a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente, debe entenderse siempre obligatoria en todos los niveles, incluidos los procesos legislativos de reforma a la Constitución Federal. En el caso que nos ocupa, el Senado incumple estas disposiciones del Convenio 169, por lo que viola flagrantemente el artículo 133 de la Carta Magna. El derecho a la consulta establecido en el artículo 6o. del convenio debe leerse a la luz del principio general establecido en el artículo 4o. del propio convenio, que establece lo siguiente: ‘Artículo 4o. 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. ...’. Específicamente el artículo 6o., numeral 1, prevé que estas consultas se realicen a través de sus ‘instituciones representativas’, expresión que no sólo se refiere a sus sistemas tradicionales de representación, por ejemplo las comunales, sino a otras organizaciones indígenas de carácter representativo a todos los niveles. El artículo 6o., numeral 1, inciso b), indica un principio de participación efectiva a todos los niveles, en la adopción de decisiones en instituciones electivas. Esto puede aplicarse por analogía al principio de consulta del numeral 1, inciso a), del mismo artículo. De este modo, las consultas acerca de medidas legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas deben efectuarse en todas las fases del procedimiento de producción normativa y, en particular, en todos los niveles de articulación territorial del Estado parte: Estados Federales, Senado de la República, Congresos Estatales, etc. Asimismo, el artículo 6o., numeral 2, del Convenio 169, indica que la finalidad de la consulta debe ser la de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas legislativas propuestas. Este requisito debe ponerse en conexión con el artículo 4o. del mismo convenio, que establece que las medidas establecidas para dar cumplimiento al convenio no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El mismo artículo 6o., numeral 2, establece que las consultas deben realizarse con el principio de buena fe, concretado en la conformidad con las circunstancias de cada caso. Por otra parte, el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas es un derecho internacionalmente reconocido, y así lo entienden los órganos de aplicación tanto del sistema regional interamericano como de Naciones Unidas. En el primer caso, el Proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas establece que: ‘Artículo XV. ... 2. Los pueblos indígenas tienen el derecho de participar sin discriminación, si así lo deciden, en la toma de decisiones, a todos los niveles, con relación a asuntos que puedan afectar sus derechos, vidas y destino. Ello podrán hacerlo directamente o a través de representantes elegidos por ellos de acuerdo a sus propios procedimientos. ...’. El derecho a la participación y consulta de los pueblos indígenas en las decisiones que los afecten también ha sido puesto de manifiesto por distintos órganos de Naciones Unidas. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), ratificada por México en 1975, establece que: ‘Artículo 5o. ... los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: ... c) Los derechos políticos, en particular ... el de participar en el gobierno y en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel ...’. De acuerdo con las recomendaciones generales emitidas en 1997 por el Comité para la Eliminación Racial, quedó asentado: ‘Artículo 4o. El comité exhorta en particular a los Estados Partes a que: ... d) Garanticen que los miembros de las poblaciones indígenas gocen de derechos iguales con respecto a su participación efectiva en la vida pública y que no se adopte decisión alguna directamente relacionada con sus derechos e intereses sin su consentimiento informado.’. El artículo 6o. del Convenio No. 169 establece una serie de garantías procedimentales de carácter especial que deben regir el proceso legislativo en materia susceptible de afectar directamente a los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, debe ponerse en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales, que estipulan que el Estado está obligado a garantizar que ninguna persona será privada ni molestada en sus derechos sin que se le haya otorgado la oportunidad de defenderse de acuerdo a las formalidades establecidas por las leyes y previo respeto de las garantías de debido proceso legal. En este sentido, los órganos de protección de los derechos humanos del sistema interamericano sostienen que el debido proceso es una garantía que debe respetar todo órgano estatal que lleve a cabo cualquier acto de afectación de derechos o intereses particulares, en ese sentido se ha pronunciado, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostener que: ‘El debido proceso no puede entenderse circunscrito a las actuaciones judiciales; debe ser garantizado en todo trámite o actuación del Estado que pueda afectar a los derechos e intereses de los particulares’. Por su parte, esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el mismo sentido al establecer lo siguiente: ‘COMPETENCIA, ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES EN RELACIÓN CON LA. Las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, tienen el alcance de exigir que todo acto de autoridad, ya sea de molestia o de privación a los gobernados, deba emitirse por quien tenga facultad expresa para ello, señalando en el propio acto, como formalidades esenciales que le den eficacia jurídica, el o los dispositivos que legitimen la competencia de quien lo emita y el carácter con que este último actúe, ya que bien podría hacerlo por sí mismo, por ausencia del titular de la dependencia correspondiente o por delegación de facultades. Amparo directo 3321/81. Bebidas Purificadas de Cupatitzio, S.A. 18 de febrero de 1982. Unanimidad de 4 votos. Ponente: Jorge Iñárritu.’ (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 157-162, Tercera Parte. Página: 59). ‘AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, FACULTADES DE. Aunque el artículo 14 de la Constitución habla de que nadie puede ser privado de sus posesiones y derechos sin previo juicio, se refiere a que en el caso de resoluciones de autoridades administrativas que causen aquella privación, debe seguirse un procedimiento que se asemeje a un juicio, en el que se oiga al interesado y se le de oportunidad para que se defienda; pero no debe autorizarse la interpretación de tal precepto en el sentido de que todo acto de autoridad administrativa, para adquirir firmeza legal, deba necesariamente ser examinado en última instancia por la autoridad judicial, porque, de ser así, toda la esfera administrativa quedaría supedita al Poder Judicial, lo cual de ninguna manera ha sido la mente del legislador. Amparo administrativo en revisión 4749/52. Renovación, S. de R.L. 3 de junio de 1954. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Octavio Mendoza González. Ponente: José Rivera Pérez Campos.’ (Quinta Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CXX. Página: 859). El proceso legislativo conducente a la aprobación del proyecto de decreto de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas, conculcó los artículos 4o. y 6o. del Convenio 169; el artículo 23.1 (a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el artículo 5o. de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), en relación con el artículo 133 de la Carta Magna; y de los artículos 14 y 16 constitucionales, al no cumplir con las garantías procedimentales establecidas en relación con el derecho de consulta de los pueblos indígenas. En efecto, los actos reclamados en esta demanda de controversia constitucional se impugnan por ser inconstitucionales, pues contraviniendo lo dispuesto en la Ley Fundamental pretenden modificar a la misma con una serie de disposiciones en materia indígena, sin que hayan sido consultados ni tomado en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas del país, del Estado de Veracruz y concretamente los de mi Municipio, pero además, el hecho de que ninguna de las autoridades demandadas en este concepto de invalidez haya realmente analizado, discutido y argumentado sus diversas posiciones, viola flagrantemente el debido proceso a que se refiere el artículo 135 de la propia Carta Magna. Por lo mismo, se solicita a esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que declare inválidas las reformas a que hemos hecho alusión. A mayor abundamiento, no sobra señalar lo considerado por el tratadista Fernando Lasalle, al referirse a la Constitución como el producto que resulta de la suma de los factores reales de poder que, en este caso, son los diversos sectores que conforman una nación. Por tanto, una Constitución debe plasmar, en sus artículos, derechos para todos aquellos factores reales de poder, en este caso, que conforman la nación mexicana. Partiend
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17384-58ec8fde/controversia-constitucional-es-improcedente-para-impugnar-el-procedimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE SU SOBRESEIMIENTO CUANDO HAN CESADO LOS EFECTOS DEL ACTO IMPUGNADO. (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, Q (RECURSO DE RECLAMACIÓN 184/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE AL IMPUGNAR EL PROCESO DE REFORMAS A LA LEY FUNDAMENTAL NO SE TENGA COMO AUTORIDAD DEMANDADA A LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CO (RECURSO DE RECLAMACIÓN 553/2001-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO, POR ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATE (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA (P./J. 122/2005)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 379, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA (391)
- CONFESIÓN. LA CONSTITUYE LO EXPUESTO POR LA DEMANDADA EN SU CONTESTACIÓN EN UN JUICIO TRAMITADO ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. (XIX.2o.30 A)
- CONSENTIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. LAS MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑAN PUEDEN PRODUCIRSE DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO DE AMPARO Y APOYAN LA IMPROCEDENCIA DE ESTE. (10)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis