PRUEBAS PARA MEJOR PROVEER EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SI LO CONSIDERA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR, DE OFICIO, QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN AUNQUE YA LE HAYA SIDO PRESENTADO EL PROYECTO PARA SU RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).
RECURSO DE RECLAMACIÓN 184/2002-PL, DEDUCIDO DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 329/2001. MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE VERACRUZ.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios encaminados a demostrar que con la emisión del auto recurrido se violaron los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, deben desestimarse porque la tramitación de las controversias constitucionales se rigen por lo dispuesto en la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante el procedimiento de dichas controversias se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulte incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de los ordenamientos legales invocados y no de los preceptos que contiene la Constitución Federal.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia P./J. 139/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, visible en la página mil cuarenta y tres del Tomo XV, enero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala:
"RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SON INATENDIBLES LOS AGRAVIOS QUE SE HACEN VALER EN DICHO RECURSO CUANDO SE REFIERAN A LA CONTRAVENCIÓN DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES POR PARTE DEL MINISTRO INSTRUCTOR. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento de las controversias constitucionales estará a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su tramitación y resolución se rigen por las disposiciones de la ley reglamentaria de la materia y, a falta de disposición expresa, por las del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que si durante su instrucción o procedimiento se emite algún auto o resolución que a juicio de alguna de las partes resulta incorrecto, dicho proceder debe analizarse a la luz de las disposiciones de los ordenamientos invocados. En consecuencia, si en el recurso de reclamación se hacen valer como agravios la contravención a preceptos de la Constitución Federal por parte del Ministro instructor, dichos agravios deben desestimarse por inatendibles, pues jurídicamente no es posible que proceda un medio de control constitucional sobre otro, ya que a través del citado recurso este Alto Tribunal podrá corregir dentro de aquél las irregularidades del procedimiento que en su caso hubieran existido."
En otro aspecto, la parte recurrente hace valer como agravios los siguientes:
a) Que el Ministro instructor aplicó inexactamente el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que las pruebas testimoniales y la pericial en materia de antropología que anunció, tienen por objeto demostrar hechos en sentido genérico y actos jurídicos en sentido estricto, mas no acreditar una cuestión de derecho.
b) Que el Ministro instructor también aplicó inexactamente dicho artículo 86, en su segunda parte, donde dispone que son objeto de prueba "los usos o costumbres en que se funde el derecho", y los medios probatorios en cuestión no sólo tienen la finalidad de acreditar hechos, sino también usos y costumbres, ya que en la demanda de controversia constitucional se reclama la violación al procedimiento seguido para reformar la Constitución en materia indígena, al no haberse llevado a cabo consulta alguna con la asamblea de su Municipio, la cual, conforme a sus costumbres, es el máximo órgano de discusión, consulta y toma de decisión en aquellos asuntos en que se vean involucrados los intereses de la colectividad, reiterando que como en esas costumbres funda su derecho a ser consultado a través de la asamblea, la testimonial y la pericial antropológica sí guardan relación con la controversia, ya que de probar la existencia de la asamblea y su carácter de instancia máxima de toma de decisión y consulta, pondrá de manifiesto que no se consultó al Municipio actor, o bien, de existir la consulta, que ésta no se hizo con las instancias representativas. Consecuentemente, el Ministro instructor dejó de valorar el carácter de usos y costumbres que revisten los hechos en los que el Municipio actor funda su derecho a ser consultado a través de la asamblea general.
c) Que desde otro punto de vista, en el auto recurrido se aplicó inexactamente el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque en la controversia constitucional se reclama la invalidez del procedimiento de reformas a la Constitución Federal en materia indígena, por violaciones cometidas en éste, por lo que niega que la litis únicamente se centre en el análisis del contenido de los artículos reformados.
d) Que el Ministro instructor aplicó inexactamente el artículo 31 de la ley reglamentaria de la materia, porque prejuzga el resultado final de la controversia en detrimento del Municipio actor, al considerar en el auto recurrido que los medios probatorios ofrecidos no influirán en la sentencia definitiva, cuando lo cierto es que en caso de que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determine entrar al estudio de todas las violaciones planteadas, dichas pruebas influirán en forma decisiva en la resolución del asunto.
e) Que para decidir sobre las violaciones al procedimiento de reformas a la Constitución, la litis será estrictamente jurídica si este Alto Tribunal considera que no tiene competencia para ello; así, la discusión habrá quedado en puntos de derecho, pero si decide que debe conocer de dicho procedimiento, forzosamente deberá analizar los actos que componen el referido procedimiento, para lo cual debe tener a la vista todos los medios probatorios relativos.
f) Que al no admitírsele las pruebas relativas, esta Suprema Corte está prejuzgando sobre el concepto de invalidez que expresó en su demanda, respecto a que se transgreden en su perjuicio el artículo 133 constitucional en relación con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud de que las autoridades demandadas impiden que el Municipio, en cumplimiento al convenio citado, proteja en su calidad de órgano de gobierno el derecho de los pueblos indígenas a ser consultado sobre las medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente y mediante procedimientos apropiados, de tal suerte que dichas pruebas son indispensables para estudiar el concepto de invalidez y para cumplir con el convenio de referencia.
Los agravios anotados se estudiarán en forma conjunta, por la íntima relación que guardan entre sí.
A efecto de resolver las cuestiones planteadas, resulta necesario hacer las precisiones siguientes:
En primer lugar, se advierte que la parte actora, ahora recurrente, impugna en la controversia constitucional la invalidez del procedimiento legislativo del decreto de reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, y al respecto adujo como conceptos de invalidez, esencialmente, los siguientes:
a) Que las autoridades señaladas como demandadas violaron el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en relación con los artículos 14, 16, 133 y 135 constitucionales, porque tratándose de una reforma constitucional, el órgano facultado para modificarla debe cumplir con la consulta a los pueblos interesados, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6o. del convenio mencionado, la cual constituye una fase del procedimiento reformatorio, además de las establecidas en el artículo 135 de la Constitución, fase aquella con la que no cumplieron las demandadas.
b) Que la consulta y participación de los pueblos indígenas es un derecho internacionalmente reconocido por los órganos de aplicación, tanto del Sistema Regional Interamericano como de las Naciones Unidas, lo que también se encuentra plasmado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificado por México en mil novecientos setenta y cinco, por lo que dicha consulta no puede quedar a criterio de los legisladores.
c) Que durante el procedimiento para la aprobación del decreto de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas nunca se consultó a la parte actora, a los restantes Municipios o algún pueblo indígena de este país, por lo que se conculca el artículo 6o. del Convenio 169 multicitado y, por ende, la reforma está afectada de invalidez.
d) Que la reforma constitucional combatida no sólo no respetó el derecho de consulta de los pueblos indígenas, sino que transgredió los acuerdos adoptados entre el Ejecutivo Federal y los pueblos indígenas, como son el de San Andrés, base de la propuesta de reforma constitucional de la Comisión de Concordia y Pacificación, los cuales debieron ser tomados en cuenta conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
e) Que las Legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Michoacán, como integrantes del Órgano Reformador de la Constitución, violaron el procedimiento para reformar o modificar la Constitución Federal, al no emitir el decreto aprobatorio con la votación de la mayoría calificada exigida por la Constitución Federal y las respectivas Constituciones Locales, por lo que se vicia el conteo de votos efectuado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como todos los actos legislativos y administrativos posteriores a ese acto.
f) Que la reforma constitucional en materia indígena afecta directa e inmediatamente los derechos colectivos reconocidos al Municipio actor en los instrumentos legales nacionales, estatales e internacionales, toda vez que dicha reforma es inferior a los principios y derechos mínimos contenidos en esos instrumentos legales.
g) Que las demandadas en ningún momento llamaron al representante del Municipio actor para participar en la discusión y decisión de aprobar la reforma constitucional en materia indígena, la cual es ajena a la voluntad e intereses municipales y hace nugatorio el derecho del Municipio actor para ejercer sus facultades de organización, representación y gobierno, lo que es contrario a lo dispuesto por el artículo 115 constitucional, en relación con diversos preceptos de la Constitución Local y de la ley orgánica municipal.
h) Que el presidente de la República no ejercitó los mecanismos legales, como es la controversia constitucional, ni la Procuraduría General de la República, en la esfera del Poder Ejecutivo, promovió acción de inconstitucionalidad contra aquellos actos legislativos susceptibles de violar la Constitución, por lo que se infringe lo previsto en los artículos 87 y 128 constitucionales, en cuanto a la obligación que tiene el Poder Ejecutivo Federal de guardar y hacer guardar la Constitución Federal.
De lo anotado, se desprende que en la controversia constitucional de donde se deduce este recurso, la parte actora aduce que el procedimiento legislativo del decreto de reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, es violatorio de los artículos 5o., 14, 16, 72, 87, 128, 133 y 135 de la misma Constitución, así como del artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Constitución Local.
Las autoridades señaladas como demandadas, al respecto, hacen consistir sus defensas, esencialmente, en que no se violaron las disposiciones legales que señala la parte ahora recurrente en su demanda de controversia constitucional y que, por ende, no se transgredió el procedimiento de reforma constitucional impugnado.
La parte actora, ahora recurrente, en la controversia constitucional de donde se deduce el presente recurso, anunció pruebas testimoniales con la finalidad de acreditar la forma en que se consulta y se toman las decisiones en el Municipio actor, esclarecer si en el procedimiento de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia indígena, se consultó a dicho Municipio, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. del Convenio Internacional Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y acreditar las irregularidades cometidas por la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante el procedimiento de reforma, al tenor de los cuestionarios siguientes:
"Interrogatorio al tenor del cual solicito sean examinados los señores Sixto Hernández Guillén y Óscar Hernández Tole, en la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previa protesta de ley y otorgamiento de sus generales, el testigo dirá:
"1. ¿A qué pueblo pertenece usted?
"2. ¿Conoce el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz?
"3. ¿Si las comunidades que conforman al Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, pertenecen a algún pueblo indígena?
"4. Si la respuesta anterior es afirmativa que diga ¿a qué pueblo indígena pertenecen?
"5. ¿En qué forma toman decisiones y acuerdos los ciudadanos del Municipio de Santo Domingo Xagacia (sic)?
"6. Describa una asamblea general del Municipio de Santo Domingo Xagacia (sic).
"7. ¿Qué asuntos son discutidos en las asambleas de ciudadanos en el Municipio de Santo Domingo Xagacia (sic)?
"8. Si en el año de 2001 ¿conoció que la cultura y los derechos de los pueblos indígenas iban a ser reconocidos en la Constitución?
"9. ¿Cómo se enteró que la cultura y los derechos indígenas iban a ser reconocidos en la Constitución?
"10. Ante la posibilidad de que fueran reconocidos la cultura y los derechos indígenas ¿en qué forma participó?
"11. Ante la posibilidad de que fueran reconocidos la cultura y derechos indígenas ¿en qué forma participó el Municipio de Santo Domingo Xagacia (sic)?
"12. ¿En el año 2001, alguna autoridad acudió al Municipio de Santo Domingo Xagacia (sic), para tomarles su opinión sobre la posibilidad de que la cultura y los derechos indígenas fueran reconocidos en la Constitución?
"13. En caso de ser afirmativa la respuesta otorgada a la pregunta anterior ¿en qué forma realizaron la consulta?
"14. El asunto del reconocimiento de los derechos y cultura indígenas ¿deben ser conocidos por la asamblea de ciudadanos del Municipio de Santo Domingo Xagacia (sic)?
"15. Dé la razón de su dicho."
"Interrogatorio al tenor del cual solicito sean examinados los testigos, diputados federales, José Narro Céspedes y Martí Batres Guadarrama, respectivamente, dentro de la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa calificación de legales.
"Previa protesta de ley y otorgamiento de sus generales, el testigo dirá:
"1. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"2. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"3. ¿Conoce usted cómo debe desahogarse en una Cámara, como la de Diputados, su intervención en un proceso de reforma constitucional?
"4. ¿Sabe usted cómo desahogó la Cámara de Diputados su intervención en el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"5. ¿Sabe usted qué irregularidades se cometieron durante la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"6. ¿Conoce usted cómo desahoga su intervención la Comisión Permanente durante un proceso de reforma a la Constitución?
"7. ¿Sabe usted cómo desahogó su intervención la Comisión Permanente durante el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"8. ¿Sabe usted qué irregularidades cometió durante su intervención la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"9. ¿Sabe usted qué participación dieron la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente a los pueblos indígenas que resultaron afectados con las reformas constitucionales mencionadas?
"10. ¿Sabe si la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente consultaron a los pueblos indígenas sobre el contenido de la reforma constitucional que aprobaron?
"11. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿n qué forma se llevó a cabo dicha consulta?
"12. ¿Sabe si existe alguna determinación de la Cámara de Diputados por la que se tenga por bien hecha la consulta a los pueblos indígenas?
"13. ¿Sabe si la mayoría de las Legislaturas Estatales de la República aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Federal en materia indígena?
"14. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma aprobó la mayoría de las Legislaturas Estatales el dictamen de reforma mencionado y cómo lo comunicaron a la Comisión Permanente?
"15. Describa si le es posible ¿cómo realizó la Comisión Permanente el cómputo de los votos de las legislaturas?
"16. ¿Sabe si la Comisión Permanente cometió alguna irregularidad en el proceso de cómputo que se llevó a cabo en la sesión del día 18 de julio de 2001 y, en caso de ser afirmativa su respuesta, describa dicha irregularidad?
"17. Dé la razón de su dicho."
"Interrogatorio al tenor del cual solicito sea examinado el testigo, diputado federal Héctor Sánchez López, dentro de la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previa calificación de legales.
"Previa protesta de ley y otorgamiento de sus generales, el testigo dirá:
"1. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"2. ¿Conoce usted la intervención que tuvo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el proceso de reforma a la Constitución en materia indígena que se llevó a cabo en el año 2001?
"3. ¿Conoce usted cómo debe desahogarse en una Cámara, como la de Diputados, su intervención en un proceso de reforma constitucional?
"4. ¿Sabe usted cómo desahogó la Cámara de Diputados su intervención en el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"5. ¿Sabe usted qué irregularidades se cometieron durante la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"6. ¿Conoce usted cómo debe desahogar su intervención la Comisión Permanente durante un proceso de reforma a la Constitución?
"7. ¿Sabe usted cómo desahogó su intervención la Comisión Permanente durante el proceso de reforma a la Constitución mencionada?
"8. ¿Sabe usted qué irregularidades cometió durante su intervención la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el referido proceso de reforma a la Constitución Federal?
"9. ¿Sabe usted qué participación dieron la Cámara de Diputados y la Comisión Permanente a los pueblos indígenas que resultaron afectados con las reformas constitucionales mencionadas?
"10. ¿Sabe si la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente consultaron a los pueblos indígenas sobre el contenido de la reforma constitucional que aprobaron?
"11. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma se llevó a cabo dicha consulta?
"12. ¿Sabe si existe alguna determinación de la Cámara de Diputados por la que se tenga por bien hecha la consulta a los pueblos indígenas?
"13. ¿Sabe si la mayoría de las Legislaturas Estatales de la República aprobó el dictamen de reforma a la Constitución Federal en materia indígena?
"14. En caso de responder afirmativamente la pregunta anterior, describa si sabe ¿en qué forma aprobó la mayoría de las Legislaturas Estatales el dictamen de reforma mencionado y cómo lo comunicamos a la Comisión Permanente?
"15. Describa si le es posible ¿cómo realizó la Comisión Permanente el cómputo de los votos de las legislaturas?
"16. ¿Sabe si la Comisión Permanente cometió alguna irregularidad en el proceso de cómputo que se llevó a cabo en la sesión del día 18 de julio de 2001 y, en caso de ser afirmativa su respuesta, describa dicha irregularidad?
"17. Dé la razón de su dicho."
Asimismo, la parte actora, ahora recurrente, anunció en la controversia constitucional, de donde se deduce este recurso, las pruebas periciales siguientes:
a) En materia de antropología, con la finalidad de acreditar cuál es el mecanismo y la instancia legítima y representativa de consulta del Municipio actor, conforme a sus tradiciones y costumbres, en los términos exigidos por el artículo 6o., inciso b), del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
b) En materia de derecho internacional y derecho constitucional, con la finalidad de ilustrar acerca de la vigencia, obligatoriedad y aplicabilidad del Convenio 169 mencionado, en el procedimiento de reformas a la Constitución Federal en materia de derechos y cultura indígenas, así como el contenido, alcance y forma del cabal cumplimiento del derecho de consulta.
c) En materia de derecho y autonomía municipal, para ilustrar los hechos que conforme a derecho son realizados por el Municipio actor, de acuerdo con su autonomía municipal.
d) En materia de derecho indígena, con la finalidad de ilustrar cuál es la situación jurídica de la asamblea del Municipio actor, conforme a los instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y del Estado de Veracruz y si, en su caso, la referida asamblea tenía capacidad para ser interlocutor ante el derecho de consulta a dicho Municipio, conforme a lo dispuesto por el artículo 6o. del multicitado Convenio 169.
Las pruebas en cuestión fueron ofrecidas al tenor de los cuestionarios siguientes:
"Cuestionario conforme al cual rendirá su dictamen el perito en materia antropológica, antropólogo Mariano Báez, en la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previo el otorgamiento de sus generales, formación académica y experiencia profesional, se solicita que el perito determine:
"1. ¿El Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, pertenece a algún pueblo indígena? Si la respuesta fuera afirmativa, diga a cuál pueblo pertenece.
"2. ¿Cuáles son las principales instituciones sociales, económicas, culturales y políticas del Municipio de Tatahuicapan, Veracruz?
"3. ¿Cuál es la institución del Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, en la que se consultan y toman las decisiones?
"4. Realice una descripción de la asamblea general del Municipio de Tatahuicapan, Veracruz.
"5. ¿Cuáles son las facultades o atribuciones de la asamblea general del Municipio de Tatahuicapan, Veracruz?
"6. Precise si el contenido de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación es asunto que compete al pueblo indígena y sus comunidades asentados en el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz.
"7. ¿La participación de uno de los integrantes del pueblo indígena asentado dentro del Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, en foros o reuniones de consulta, distintas a la asamblea general, puede considerarse una consulta, en los términos del artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales?
"8. ¿Qué instancia y cuál es el procedimiento adecuado para consultar a los pueblos indígenas asentados, en particular en el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, sobre medidas legislativas que les atañe?"
"Cuestionario que solicito absuelva la perito en derecho indígena, licenciada Magdalena Gómez Rivera, en la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previo el otorgamiento de sus generales, formación académica y experiencia profesional, la perito determine conforme a los instrumentos jurídicos internacionales, federales y estatales, lo siguiente:
"1. Explique qué es el derecho indígena.
"2. Explique quiénes son los sujetos regidos por el derecho indígena.
"3. Explique la relación entre un pueblo indígena y el Municipio o los Municipios en los cuales se asientan las comunidades que integran dicho pueblo.
"4. Desde la perspectiva del derecho indígena indique ¿cuál es la naturaleza jurídica, capacidades y funciones de la asamblea general en un Municipio indígena?
"5. ¿Cuáles son los efectos jurídicos de las determinaciones de una asamblea general de un Municipio indígena?
"6. ¿Cómo se expresa o formaliza la determinación de una asamblea general de un Municipio indígena?
"7. En el procedimiento de reforma a la Constitución Federal, en materia de derechos y cultura indígenas ¿era posible para las autoridades que integran el Órgano Reformador, establecer interlocución con la asamblea general del Municipio indígena de Tatahuicapan, Veracruz?
"8. ¿Cómo tendría que acreditarse, en su caso, que el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, emitió una determinación ante el proceso de reforma a la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas?
"9. Si hubiera participado un integrante de Tatahuicapan, en un foro o reunión de consulta ¿quedaría satisfecho el derecho de consulta del que es titular el pueblo indígena del cual Tatahuicapan es parte integrante?
"10. Establecida la situación jurídica de la asamblea general del Municipio de Tatahuicapan y conforme al artículo 135 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6o. del Convenio 169 de la OIT, determine si era posible para las autoridades que integran el Órgano Reformador, incorporar la consulta al Municipio indígena de Tatahuicapan, como parte del proceso que debían seguir para reformar la Constitución en materia de derechos y cultura indígenas."
"Cuestionario que solicito absuelva el perito en derecho internacional y derecho constitucional, doctor Carlos Ayala Corao, en la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previo el otorgamiento de sus generales, formación académica y experiencia profesional, se solicita al perito responder a las siguientes cuestiones, acompañando su respuesta de la razón de su dicho:
"1. Si el Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos son vigentes en el Estado mexicano.
"2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos son obligatorios para las instituciones y autoridades del Estado mexicano.
"3. ¿Cuál es el carácter del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la perspectiva de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados?
"4. ¿Qué obligaciones generan para el Estado mexicano y sus órganos los convenios internacionales mencionados, en materia de garantías constitucionales y derechos humanos?
"5. De acuerdo a la propia Constitución y los convenios internacionales mencionados ¿cuál es el marco de actuación del Órgano Reformador de la Constitución a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política Mexicana, en materia de garantías y derechos humanos?
"6. ¿Cuál es la esfera de facultades del Órgano Reformador a que se refiere el artículo 135 de la Constitución?
"7. ¿Qué obligación impone al Estado mexicano y en concreto a los órganos que integran el Órgano Reformador de la Constitución, el artículo 6o. del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo?
"8. Un pueblo indígena como el náhuatl del que forma parte el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz ¿sería titular del derecho subjetivo a que alude el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo?"
"Cuestionario que solicito absuelvan conjuntamente las peritos en derecho y autonomía municipal, Magistrada Teresa Rendón y C. Dolores González Sarabia, en la controversia constitucional número 329/2001, promovida por el Municipio de Tatahuicapan, Veracruz, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Previo el otorgamiento de sus generales, formación académica y experiencia profesional, las peritos determinen lo siguiente:
"1. Expliquen qué se entiende por derecho municipal.
"2. Expliquen qué se entiende por autonomía municipal.
"3. Expliquen la relación entre un pueblo indígena y el Municipio o los Municipios en los cuales se asientan las comunidades que integran dicho pueblo.
"4. Expliquen si son compatibles el ejercicio de la autonomía municipal y el uso de las instituciones propias de un pueblo indígena.
"5. Expliquen cuáles son las principales instituciones a través de las cuales se ejerce la autonomía municipal de acuerdo a la Constitución Política Mexicana y cuál es la función de cada una.
"6. Señalen ejemplos, en el marco del derecho municipal, de actos que realizan otros órganos del Estado, en los cuales puede afectarse la autonomía municipal.
"7. Expliquen de acuerdo al derecho municipal, qué mecanismos deben utilizar los demás órganos del Estado mexicano para respetar la autonomía municipal.
"8. Expliquen qué mecanismos deben seguir los órganos que integran el Órgano Reformador a que se refiere el artículo 135 de la Constitución, para respetar la autonom
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17237-0a003350/pruebas-para-mejor-proveer-en-controversias-constitucionales-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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