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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 309/2002. · Registro digital (IUS): 17429
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: RODOLFO MORALES SAN MARTÍN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Febrero de 2003, , Pág. 819.

AMPARO EN REVISIÓN 309/2002. RODOLFO MORALES SAN MARTÍN.

CONSIDERANDO:

CUARTO.-Los agravios son inoperantes por una parte e infundados en lo demás.

En principio, debe declararse inoperante el argumento consistente en que la sentencia recurrida infringe los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello es así, con apoyo en lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros, y que aparece publicada con el número 35 en las páginas 28 y 29 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.-Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional.".

Por otra parte, el recurrente aduce lo siguiente:

1. Que es de explorado derecho que el emplazamiento debe practicarse con apego a los pasos que establece la ley secundaria, con mayor razón cuando el asunto es de naturaleza civil o mercantil, como sucede en el caso; y,

2. Que si bien es cierto que presuntivamente el emplazamiento se llevó a cabo de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, también lo es que según el diligenciario, las diligencias de citatorio previo y emplazamiento las entendió con María Patricia Martínez Carrillo, sin que esta última se hubiera identificado en algún momento, lo cual es incorrecto, porque aun cuando dicho funcionario público se encuentra investido de fe pública, era su obligación exigir tal identificación "o, en caso contrario, no sólo asentar las características físicas del mismo sino que debió, al carecer de identificación, fijar una cédula de notificación en la puerta del domicilio emplazado, además de notificar por lista tal como lo preceptúa la fracción V del artículo 49 de la ley adjetiva civil que en forma supletoria rige, exigencias que debió haber agotado el diligenciario en cuestión, puesto que no es posible que se dé pleno valor probatorio al emplazamiento con una persona que en ningún momento se identificó".

Tales argumentos son infundados.

En efecto, el inconforme parte de una base equivocada, porque aun cuando es verdad que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia, porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello, debe hacerlo con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no menos cierto es que durante la práctica de las diligencias de citatorio previo y emplazamiento, el diligenciario no se encuentra obligado a cerciorarse de la identidad de la persona con la que entiende dichas diligencias, toda vez que ese requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por este cuerpo colegiado, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, agosto de mil novecientos noventa y tres, página 428, que dice: "-Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerlo con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien con el vecino más inmediato.".

También es aplicable al caso la tesis VI.2o.59 C, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, página 644, que dice: "EMPLAZAMIENTO, VALIDEZ DEL. NO ES REQUISITO EXIGIR QUE SE IDENTIFIQUE LA PERSONA CON QUIEN SE REALIZÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De la interpretación del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se deduce que para la validez del emplazamiento no es necesario identificar a la persona con quien se realiza tal acto procesal; por tanto, la circunstancia de no haber asentado en el acta en que se hizo constar el emplazamiento, el modo en que se identificó la persona con la que se practicó el citado emplazamiento no es motivo para estimar que el mismo carece de validez.".

Como consecuencia, no es verdad, como lo expresa el recurrente, que para que el emplazamiento reclamado se ajustara a las exigencias legales, era menester que el diligenciario hubiera efectuado notificación por medio de cédula, la cual debía fijar en la puerta de la casa, y además por lista, toda vez que ese procedimiento solamente debe seguirse con motivo del emplazamiento, cuando en la casa designada se nieguen a recibir el instructivo de notificación.

Para constatarlo, conviene reproducir el artículo 49, fracciones III, IV y V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla: "En la primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: ... III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente. IV. Si la persona citada conforme a la fracción anterior no espera, la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en la casa, dejándole instructivo. V. Si en la casa designada para la notificación, se negasen a recibir el instructivo, el diligenciario hará la notificación por medio de cédula, que fijará en la puerta de la casa, y además por lista.".

El recurrente expone en otra parte del primer agravio, que no se tiene la certeza de que exista la persona con la que se entendieron las diligencias aludidas, porque al dar respuesta a la cuarta pregunta del interrogatorio al tenor del cual se contrajo la prueba testimonial que ofreció, los informantes coincidieron en señalar que conocen a María Patricia Martínez Carreño y no a María Patricia Martínez Carrillo, como indebidamente sostuvo el Juez de Distrito, a pesar de que son vecinos de aquél "testimonios que por ser externados por dos personas dignas de fe y ante autoridad judicial federal, su dicho es creíble"; y que, en consecuencia, lo que debió hacer el diligenciario era dejar el instructivo del emplazamiento con el vecino inmediato, quien quiera que fuera, siempre y cuando se identificara en la forma prevista por la ley, por lo que al no haberse hecho así, se infringió en perjuicio del peticionario de garantías la garantía de audiencia y, además, se violaron los principios de legalidad y constitucionalidad que se encuentran inmersos en la Carta Magna, por lo que pide se le conceda el amparo impetrado.

Los anteriores planteamientos deben desestimarse.

En efecto, en la parte conducente de la sentencia recurrida se desestimó la prueba testimonial por lo siguiente: "Es oportuno señalar que al desahogo de la prueba testimonial en la audiencia constitucional a cargo de María Lilia Caballero González y Teresa Alonso Escarceña, no se otorga valor probatorio alguno, ya que las testigos sólo manifestaron conocer al quejoso Rodolfo Morales San Martín, e indicaron que no conocían a María Patricia Ramírez Carreño, porque son vecinas del primero; sin embargo, ello de modo alguno desvirtúa la fe del diligenciario, consistente en que por conducto de esta última emplazó al demandado, aquí quejoso" (foja 296 frente).

Como puede apreciarse, los argumentos de mérito, propuestos a manera de agravios, no se encuentran encaminados a combatir los motivos que tuvo en cuenta la Juez de Distrito para desestimar la prueba testimonial en comento, lo cual sería suficiente para confirmar esa apreciación.

No obstante lo anterior, conviene agregar lo siguiente:

Si bien es cierto, como lo afirma el recurrente, que cuando el Juez Federal se hizo cargo del estudio de la prueba testimonial que ofreció el impetrante, mencionó que los testigos indicaron no conocer a María Patricia Martínez Carreño, a pesar de que según el diligenciario, la persona con la que se entendieron las diligencias de citatorio previo y emplazamiento dijo llamarse María Patricia Martínez Carrillo, eso no significa que el Juez de Distrito se haya equivocado, como indebidamente pretende el inconforme, sino sólo que el juzgador se refirió a esa persona en esos términos, porque así se le denominó en la cuarta pregunta del interrogatorio al tenor del cual se contrajo la prueba testimonial en comento, sin que al dar respuesta a la misma, los deponentes hubieran hecho alguna aclaración al respecto.

Para constatarlo, conviene reproducir la cuarta pregunta de ese interrogatorio, seguido de las respuestas que proporcionaron los susodichos testigos:

"4. Que si conoce a la señora María Patricia Martínez Carreño." (foja 214).

A lo que los testigos contestaron:

María Lilia Caballero González: "a la cuarta, contestó: Que no." (foja 293 vuelta).

Teresa Alonso Escarceña: "a la cuarta pregunta, contestó: No, no la conozco." (foja 294 frente).

Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en nada puede llegar a beneficiar al ahora recurrente la prueba testimonial de que se trata, pues lo que pretendió demostrarse a través de la misma, es que los vecinos del lugar no conocen a ninguna persona que se llame María Patricia Martínez Carreño, y de acuerdo con lo precisado, la persona con la cual se entendieron las diligencias de citatorio previo y emplazamiento, según asentó el diligenciario responsable, fue María Patricia Martínez Carrillo.

Por consiguiente, es evidente que eso constituye un motivo más para desestimar la prueba testimonial de referencia.

Así las cosas, es falso que, en la especie, se hubieran violado las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas del quejoso, ahora recurrente.

Sentado lo anterior, deben declararse infundados los siguientes argumentos, propuestos a manera de agravios:

a) Que en la especie se violó el artículo 49, fracciones I y IV a VIII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en virtud de que en el juicio generador de los actos reclamados "en ningún momento se me dio vista de la existencia de dicho juicio ya que no se observaron los extremos de los artículos en comento, y que el Juez Cuarto de Distrito soslaya en mi perjuicio, al negarme el amparo de protección solicitado"; y,

b) Que es de explorado derecho que todo agraviado, al sentirse afectado en sus derechos, tiene una acción que le concede el poder jurisdiccional para hacerla del conocimiento al autor de esa transgresión, que es el demandado, lo cual da cabida a lo que se denomina litis; y que al faltar alguna de las premisas, no se puede dar una contienda judicial "requisitos que en ningún momento se dan por satisfechos en el hecho infractor a que hacemos referencia en el presente agravio en comento, ya que como lo hemos externado en el agravio que antecede, si al suscrito quejoso no se le hizo sabedor de la existencia de un juicio en su contra por deficiencias en el emplazamiento de inicio, es dable considerar que todo lo actuado desde la deficiente notificación inicial debe nulificarse, tanto en su esencia como en sus efectos legales que en su momento tuvieron lugar, puesto que no es posible que en una beligerancia donde a una de las partes no se le notificó la existencia de una contienda, a esta misma se le dé valor, ya que dárselo significaría un retroceso hacia la tiranía y hegemonía de poder en perjuicio de un gobernado, lo cual evidentemente no tiene cabidad (sic) en el Estado de derecho en que las leyes vigentes se rige"; y que, por tal motivo, debe concederse el amparo, a fin de que se declare nulo todo lo actuado a partir del emplazamiento, para que de ese modo el inconforme esté en aptitud de hacer valer sus derechos y excepciones que la ley secundaria le otorga.

Ciertamente, tales planteamientos deben declararse infundados, porque se hacen depender de los anteriores que fueron desestimados por diversos motivos, de ahí que deben correr la misma suerte que aquéllos.

Por último, debe decirse que es verdad, como lo afirma el recurrente, que como el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento, ello ameritaba que el Juez de Distrito supliera, en su caso, la deficiencia en la expresión de los conceptos de violación, atento lo que establece la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/97, suscitada entre varios Tribunales Colegiados de Circuito, entre ellos éste, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre del año dos mil, página 22, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL.-Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.".

No obstante lo anterior, es evidente que en el caso, el Juez Federal no tenía por qué suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de violación, toda vez que según quedó fehacientemente demostrado en la sentencia sujeta a revisión, el emplazamiento reclamado se practicó en términos de lo previsto por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, siendo evidente que esa suplencia no puede llegar al grado tal de conceder un amparo, en un caso no permitido por la ley.

En estas condiciones, al ser inoperantes e infundados los agravios, debe concluirse que lo procedente, en el caso, es confirmar la sentencia sujeta a revisión.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de garantías número 534/2002, del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, promovido por Rodolfo Morales San Martín, contra el acto que reclamó del director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, consistente en la inscripción del embargo trabado en el expediente número 72/2002, del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad.

TERCERO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo Morales San Martín, contra los actos que reclamó del Juez Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad, y su diligenciario adscrito encargado de los expedientes pares, consistentes en falta de emplazamiento y todo lo actuado dentro del expediente número 72/2002, relativo al juicio ejecutivo mercantil que promovió Fernando Salazar Martínez, por su representación, en contra del quejoso.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.

Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, licenciados Eric Roberto Santos Partido, Rosa María Temblador Vidrio y Alejandro Sánchez López, siendo relator el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17429-657555e6/emplazamiento-a-juicio-mercantil-a-traves-de-persona · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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