Corpus
Modo: Corpus Pro

SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2002-PL. · Registro digital (IUS): 17488
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, , Pág. 387.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver, en sesión de fecha once de septiembre de dos mil dos, el juicio de amparo en revisión 83/2002, promovido por Autobuses Urbanos Guzmanenses, Sociedad Anónima de Capital Variable, en relación con el tema relativo a la improcedencia del sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, en la parte conducente, establece:

"TERCERO. Resulta fundada y suficiente para revocar la resolución recurrida, la parte de los agravios en la que se arguye que el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia dejó inaudita a la quejosa, en razón de que, según se expone, le impidió comprobar la existencia de los actos reclamados y la improcedencia del convenio que adjuntaron con su informe justificado las autoridades responsables. Para una mejor comprensión del asunto debe destacarse que de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen derivar de lo actuado en el procedimiento de huelga número 4505/2002, del índice de la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, ya que, según se afirma, en forma indebida se dispuso se diera curso al pliego de peticiones con emplazamiento a huelga que formuló el Sindicato Revolucionario de Choferes y Trabajadores en las Industrias Conexas del Estado de Jalisco en contra de la persona moral agraviada, no obstante que se encuentra en trámite diverso procedimiento de la misma naturaleza, registrado ante la propia responsable con el número 4195/2002. También se deduce de autos que el Juez de Distrito dispuso la admisión de la demanda de garantías en proveído de veinte de mayo de dos mil dos, además, entre otras cuestiones, ordenó se solicitara informe justificado a las autoridades responsables y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, a cuyo efecto señaló las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de junio del año en curso (fojas 42 y 43). Las responsables rindieron su informe justificado a través del oficio 600/S/402/2002, de veintinueve de mayo próximo pasado, al que se adjuntaron copias fotostáticas de diversas constancias procesales, habiéndose recibido dicha comunicación por la autoridad de amparo en la misma fecha. En acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, el Juez de Distrito ordenó se agregara al juicio el informe justificado de referencia junto con los anexos exhibidos con el mismo; además, sin dar vista a las partes con su contenido y fuera de audiencia, recuérdese que ésta se señaló para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de junio de la propia anualidad, decretó el sobreseimiento en el juicio por estimar que del contenido del informe justificado se deduce la actualización de la improcedencia del juicio en los términos de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que consideró que habían cesado los efectos del acto reclamado, determinación que es precisamente el objeto del recurso que se resuelve. De lo anterior deriva que el Juez de Distrito, al decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, incurrió en infracciones a las reglas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, como en forma acertada se arguye por la sociedad mercantil recurrente. Cierto, de la lectura de la fracción VII del artículo 107 constitucional se aprecia que el amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. En tanto que del contenido de los preceptos 77, 78, 151, 152, 154 y 155 de la Ley de Amparo, se infiere, en lo que interesa, que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; que en las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada; que las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que podrá presentarse con anterioridad; que a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que les soliciten; que la audiencia dentro del juicio de amparo será pública; que abierta esa diligencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda. De la interpretación concatenada de las disposiciones tanto constitucional como legales referidas con anterioridad, se llega al convencimiento, como bien lo alega la recurrente, que la resolución con que culmina el juicio de garantías en la vía indirecta debe pronunciarse dentro de la audiencia constitucional a fin de que en ella las partes ofrezcan los elementos probatorios de su interés tendientes a acreditar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, así como la afectación o no de garantías individuales, según sea el caso, ya que de no procederse en esos términos, además de incurrir, por la autoridad de amparo, en inobservancia de disposiciones de orden público que rigen la sustanciación del juicio de garantías, se dejan inauditas a las partes al no permitírseles, como lo dispone tanto la Constitución General de la República como la ley de la materia, que ofrezcan pruebas en la audiencia constitucional, como también lo aduce la recurrente, máxime cuando tales ordenamientos no establecen excepción alguna a esas reglas. Por lo demás, la causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por el Juez de Distrito deriva de la manifestación contenida en el informe justificado de la celebración de un convenio que se dice los contendientes verificaron en el procedimiento de huelga del que derivan los actos reclamados, con el fin de darlo por concluido y a la existencia de la copia fotostática certificada de ese documento acompañada a aquella comunicación; sin embargo, es el caso, por una parte, que la autoridad de amparo omitió dar vista a las partes con el informe justificado aludido, luego, ello entraña que las partes quedaran inauditas para, en su caso, impugnar ese informe en su calidad de documento público en cuanto a la autenticidad de su continente en los términos del artículo 153 de la Ley de Amparo, o de aportar pruebas tendientes a desvirtuar legalmente los hechos contenidos en las copias certificadas que se adjuntaron a él. Por consiguiente, en la medida que en los casos, como el presente, las partes están en posibilidad legal de objetar de falso el informe justificado y de aportar pruebas para desvirtuar los hechos que se deduzcan de las copias certificadas que se adjuntaron a aquél por las responsables en su sustento, entonces es inconcuso que en esa medida el resultado del fallo dentro de la audiencia constitucional pudiera variar; de ahí que, ante esa eventualidad, debe concluirse que la causal de improcedencia invocada, en la especie, por el Juez de Distrito no es notoria, manifiesta e indudable. Cobra aplicación en el caso, el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su actual integración, contenido en la jurisprudencia P./J. 5/2001, publicada en la página 10 del Tomo XIII, enero de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se trasunta: 'INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD. El artículo 153 de la Ley de Amparo autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y en su párrafo segundo precisa los alcances o la materia de tal objeción al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al Juez para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. De ahí que el documento público en el que la autoridad responsable rinde su informe justificado sólo pueda ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad y no respecto de su contenido.'. De todo lo hasta aquí considerado debe concluirse que de la interpretación armonizada de las hipótesis contenidas en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República y 77, 78, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo, se deduce que es en la audiencia constitucional en la que las partes tienen el derecho de rendir pruebas sobre la certidumbre e inconstitucionalidad del acto que se combate en la vía de amparo e inclusive de objetar el informe justificado y desvirtuar las pruebas que rinda la autoridad responsable, para que luego se dicte la sentencia que dilucide la contienda, sin que por otra parte se aprecie que esos dispositivos establezcan excepción alguna a esas reglas, entonces debe concluirse que es indebido decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, al margen de que sea o no notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia que pudiera existir, ya que se priva al quejoso de probar los hechos que demuestren lo contrario o la inconstitucionalidad alegada. Consecuentemente, al no haber procedido la autoridad de amparo en los términos indicados con anterioridad durante la sustanciación del juicio del que deriva el presente medio ordinario de defensa, es claro que el sobreseimiento del juicio decretado fuera de audiencia, sin prejuzgar sobre su legalidad en cuanto al fondo de esa cuestión, implica infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo y, por ende, atento lo establecido en el dispositivo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, sin necesidad de analizar los restantes agravios formulados, lo procedente es revocarla y ordenar la reposición del procedimiento a partir de la misma, para que el Juez de Distrito fije nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de dar oportunidad a las partes de ofrecer pruebas y formular alegatos, si a sus intereses conviene, y seguido el juicio por sus demás cauces legales dicte la sentencia que en derecho proceda. Al caso resulta de oportuna aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior formación, que se identifica con el número 507, que se puede consultar en la página 334 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, intitulada: 'SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, IMPROCEDENCIA DEL. En la audiencia respectiva, las partes tienen el derecho de rendir prueba sobre la certidumbre del acto que reputan violatorio de garantías, por lo que el sobreseimiento decretado fuera de esa audiencia priva a los quejosos de probar los hechos que afirman, siendo, por tanto, improcedente.'. En las relatadas condiciones, como el criterio que se sostiene en esta ejecutoria discrepa en lo fundamental del sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en la tesis XIV.1o.13 K, la que se encuentra publicada en la página 1235 del Tomo XII, correspondiente al mes de agosto de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: 'SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.', que la autoridad de amparo citó de fundamento para emitir la resolución recurrida, por tanto, procede, con apoyo en lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis advertida."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 430/1999, derivado del juicio de amparo indirecto IV-833/99 promovido por ... en relación con el tema relativo a la improcedencia del sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, en sesión de nueve de junio del año dos mil determinó lo siguiente:

"CUARTO. Resultan infundados los agravios expresados por el recurrente, como enseguida se demostrará. Cabe precisar que el recurrente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el mandamiento de captura emitido en su contra el once de junio de mil novecientos noventa y siete por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún, por su probable responsabilidad en la comisión del delito previsto y sancionado por el artículo 58 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. De autos aparece que el Juez de Distrito, como última fecha para la celebración de la audiencia constitucional fijó el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y nueve, a las nueve horas con cincuenta minutos y que, por cuanto, por vía telegráfica se le comunicó que al recurrente se le decretó auto de formal prisión, en la fecha señalada sobreseyó en el juicio fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo. En sus motivos de inconformidad, el recurrente sustancialmente alega que el Juez de Distrito al decretar el sobreseimiento fuera de audiencia lo dejó sin defensa porque lo privó de ofrecer pruebas para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado y de alegar lo que únicamente podía hacer en la audiencia; que el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo no es aplicable porque no se refiere a los amparos contra una orden de aprehensión, por lo que debe examinarse la orden de aprehensión reclamada, así como que el sobreseimiento riñe con la jurisprudencia: 'CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE. EXÉGESIS DE LA ADICIÓN A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1994.'; y que se pretende aplicar la reforma a la Ley de Amparo en forma retroactiva, en virtud de que la orden de aprehensión es de once de junio de mil novecientos noventa y siete. En principio, conviene precisar que en el Diario Oficial de la Federación de ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, se publicó el decretó que reformó el artículo 73, fracción X, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuya actual redacción, en lo que interesa, dice: 'Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... X. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponde al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente.'. Asimismo, se observa que vinculado a lo anterior en los artículos transitorios de dicho decreto se expresó: 'Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. A las personas que a la fecha de la entrada en vigor del presente decreto se encuentren sujetas a proceso penal por alguno de los delitos contenidos en las disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal mencionadas en el artículo primero de este decreto, le serán aplicables las disposiciones de dichos artículos vigentes al momento de la comisión del delito. Los procedimientos penales y de amparo no concluidos en la fecha señalada en el transitorio anterior, seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley de Amparo vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto.'. Igualmente se tiene que el recurrente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el mandamiento de captura emitido en su contra, y que con posterioridad se le decretó su formal prisión, lo que motivó el sobreseimiento en el juicio de amparo en virtud del cambio de situación jurídica; inconforme con lo anterior interpuso el correspondiente recurso de revisión, que por razón de turno correspondió conocer a este cuerpo colegiado, el que por acuerdo de presidencia de seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve se admitió. Ahora bien, si se considera que la actual redacción de la fracción X del numeral 73 de la ley de la materia dispone que mediando la interposición de amparo indirecto, sólo la sentencia que se dicte en el juicio natural hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones denunciadas ante el órgano de control constitucional, pero siempre que aquéllas se cometan en relación con los artículos 19 y 20 del Pacto Federal, esto quiere decir que el legislador ha querido excluir del anterior supuesto los actos vinculados con el numeral 16 de la Carta Federal, en la especie, la orden de aprehensión, la cual no queda comprendida en los casos de excepción ya reseñados; en consecuencia, si el acto reclamado consiste en la emisión de un mandamiento de captura, el cual ha sido sustituido por un auto de formal prisión, quiere decir que ha cambiado la situación jurídica que motivó la demanda de amparo, lo que de suyo hace se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Por otra parte, estimando que la disposición legal de mérito adquirió vigencia a partir del nueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, que el juicio de amparo se instó en julio del mismo año y que en agosto siguiente se dictó auto de formal prisión, es claro que todo esto acontece cuando ya se encontraba en vigor el reformado artículo 73 de la Ley de Amparo, por tanto, es inexacto que esta disposición se haya aplicado en forma retroactiva. En otro aspecto, el hecho de que se hubiera decretado el sobreseimiento fuera de audiencia no irroga agravio alguno al quejoso porque tratándose de la operancia de una causal de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente impide ocuparse de las cuestiones de fondo (que era la finalidad pretendida por el quejoso con la celebración de la audiencia), en términos de la jurisprudencia número 1028, consultable en la página 708, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: 'SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente.', esto por un lado, por el otro tampoco se le privó de defensa en la medida en que la causa de improcedencia que de oficio considerara el a quo para sobreseer en el juicio, es manifiesta e indudable, es decir, se advierte de manera clara de las constancias del sumario, de suerte que aun en la audiencia constitucional y al dictarse sentencia no es factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que se pudieran allegar, razón por la que se considera que, en el caso que nos ocupa, al resultar evidente la causa de improcedencia hecha valer, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, en una nueva reflexión sobre el tema, este tribunal considera que en los casos como el presente en que las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada podría variar el sobreseer en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia en debida observancia al principio de celeridad procesal que pregona el artículo 17 constitucional. En este orden, cabe decir que, en la especie, no cobra aplicación la jurisprudencia 'SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, IMPROCEDENCIA DEL.', publicada en la página 334 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que invoca el recurrente, toda vez que se refiere a los casos en que se sobresee fuera de audiencia por haber negado los actos las autoridades responsables y entonces se priva al quejoso de ofrecer pruebas para demostrar la certidumbre de los actos y, por ende, la inconstitucionalidad de ellos, lo que en el caso no acontece. Por otra parte, en el caso de que se trata tampoco es aplicable la tesis: 'SOBRESEIMIENTO DECRETADO FUERA DE AUDIENCIA, PRIVA AL QUEJOSO DE LA OPORTUNIDAD DE OFRECER PRUEBAS Y ALEGAR DE SU DERECHO.', porque si bien el sobreseimiento se decretó fuera de audiencia, ello fue a virtud de un cambio de situación jurídica, que como se indicó es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo sería en el mismo sentido, razón por la cual, en la especie, no se dejó al quejoso en estado de indefensión al sobreseerse en el juicio fuera de audiencia. Por la anterior consideración, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio adoptado al resolver asuntos similares en el sentido de reponer el procedimiento para que se verifique la audiencia constitucional, porque el sobreseimiento de mérito fue por haber sobrevenido un cambio de situación jurídica del acto reclamado, que es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías, según se ha expuesto con antelación. En las narradas condiciones, como en el caso existe imposibilidad de examinar las posibles violaciones del mandamiento de captura, sin afectar la nueva situación jurídica regida por un auto de formal prisión fue acertado el proceder del Juez de Distrito al sobreseer en el juicio."

QUINTO. Atendiendo los relacionados criterios, corresponde ahora verificar, previamente, si en el caso existe o no la contradicción denunciada entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que han quedado precisados.

Para ello es necesario tener presente que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los negocios jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente idénticos.

Es aplicable la jurisprudencia número 22/92, de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, tomo 58, octubre de 1992, página 22, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

De igual manera cobran vigencia al respecto las jurisprudencias números P./J. 26/2001 y P./J. 27/2001, sustentadas por el Pleno de este Máximo Tribunal de la Nación, las cuales se transcriben a continuación, cuyos datos de localización, rubros y textos son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 27/2001

"Página: 77

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo 'tesis' que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

SEXTO. Precisado lo anterior, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicción denunciada deben relatarse los antecedentes que dieron origen a cada uno de los asuntos que motivaron la contradicción de tesis denunciada.

La ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo en re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17488-e6818424/sobreseimiento-procede-decretarlo-fuera-de-la-audiencia-constitucional · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.