COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, QUE LA FACULTA PARA EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 135/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN.
SECRETARIO: FERNANDO MENDOZA RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones emitidas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el juicio de amparo DA. 276/2002-3587, en lo que interesa, expresan:
"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los acuerdos 83/2000 y 23/2001, expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que determinan, el primero, la denominación e inicio de funciones de este órgano judicial, y el segundo, el número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se trata de un juicio de amparo directo promovido en contra de una resolución definitiva dictada por un tribunal administrativo, ubicado dentro de la jurisdicción de este órgano colegiado. SEGUNDO. La demanda de amparo fue presentada en tiempo, pues la sentencia reclamada fue notificada a la parte quejosa el veintisiete de mayo de dos mil dos (fojas 140 a 142 del expediente fiscal) y la demanda de garantías fue presentada el diez de junio del año en curso, debiéndose descontar los días uno, dos, ocho y nueve de junio del año que transcurre, por haber sido sábados y domingos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. TERCERO. La existencia del acto reclamado se acredita con la resolución de uno de abril de dos mil dos, que obra a fojas 133 a 139 del expediente fiscal 10741/01-17-05-1 remitido en vía de informe justificado por la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. CUARTO. La sentencia reclamada se sustenta en las siguientes consideraciones y puntos resolutivos: (se transcriben). QUINTO. La parte quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: (se transcriben). SEXTO. En primer lugar, este tribunal estima pertinente resolver respecto del argumento de la parte quejosa vertido en el sentido de que los Tribunales Colegiados de Circuito han determinado que el artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros (sic), manifestaciones que pretende sustentar con las tesis cuyos rubros dicen: 'AMPARO CONTRA LEYES. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.' y 'ACTOS DE APLICACIÓN AL QUEJOSO DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES PARA ÉL. EN EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LOS ULTERIORES, DEBE OTORGARSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.' (se transcriben). Asimismo, refiere que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, se resolvió en el juicio de amparo número 5439/2000, promovido por la propia quejosa ante el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Los anteriores argumentos vertidos por la quejosa en su escrito de demanda de garantías se deben estudiar en términos del criterio que ha sustentado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a que basta con que en alguna parte de la demanda o escrito se señale con claridad la causa de pedir, indicándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso o recurrente que, en su caso, estime le causa el acto o resolución recurrida, para que el juzgador esté constreñido a estudiarlo. Dicho criterio deriva de la jurisprudencia número P./J. 68/2000, visible en la página treinta y ocho del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Pleno, Novena Época: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.' (se transcribe). En tales condiciones, este Tribunal Colegiado estima infundados los argumentos en estudio, al tenor de las siguientes consideraciones. Al respecto, se debe destacar que la parte quejosa no acompañó al presente juicio de amparo directo copia certificada de la resolución que dice emitió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo que tenía dicha posibilidad, para con ello comprobar la veracidad de su dicho; por tanto, si la parte quejosa no cuidó tal aspecto, evidentemente resulta imposible externar juicio alguno acerca del particular. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatro mil ochocientos cuarenta y dos del Tomo LXXII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que dice: 'PRUEBAS EN EL AMPARO DIRECTO, FALTA DE.' (se transcribe). A más de lo anterior, aun en el supuesto no concedido de que se hubiese acompañado la copia certificada antes detallada, este tribunal, de una minuciosa lectura de la resolución del juicio de amparo 5439/2000, parcialmente transcrita por la parte quejosa en el escrito de garantías, advierte que se refiere a un juicio de amparo directo, en el cual se hizo valer como concepto de violación la inconstitucionalidad del artículo 108, fracción IV, de la legislación antes citada. En este orden de ideas, debe decirse que los efectos de una sentencia emitida en amparo directo son limitativos a la resolución que a través de él se reclama. Así, la sentencia que sobresea, niegue o conceda el amparo, sin importar las consideraciones en las que se motivó, sólo tendrá efectos por el acto reclamado contra el que se intentó la acción constitucional, y al no ser éste la norma de carácter general, tal resolución no será vinculatoria para ella ni, en consecuencia, para las autoridades que participaron en su procedimiento de creación, pues éstas de ninguna manera se erigen como autoridades responsables. En otras palabras, el estudio sobre constitucionalidad de normas generales que al efecto se realice en la parte considerativa de una sentencia de amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito, producirá efectos limitados al fallo reclamado, como acto de aplicación de la ley por la autoridad responsable en el juicio de amparo directo. Sobre este aspecto, resulta ilustrativo lo sustentado en el criterio contenido en la jurisprudencia VI.2o. J/127, visible en la página ciento tres del Tomo VII, mayo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: 'LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE. NO PUEDE ALEGARSE COMO ACTO RECLAMADO EN AMPARO DIRECTO.' (se transcribe). Conforme a todo lo anterior, una sentencia emitida en amparo directo que concede la protección de la Justicia de la Unión, por estimar en sus consideraciones que la norma general aplicada al quejoso en el acto reclamado o en el procedimiento que concluyó con éste, es inconstitucional, tendrá como efecto el de dejar insubsistente el fallo impugnado, reponiendo con ello al agraviado en el goce de sus garantías individuales y obligando a que sólo en ese caso concreto no se le aplique al quejoso la citada norma, sin que esa circunstancia deba ser observada para diversos actos de autoridad, en razón de que la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos limitados a la sentencia, laudo o resolución final reclamado, como actos de aplicación, y a la autoridad judicial que los pronunció. Es de comentarse que conforme a la regulación que se hace sobre el estudio de constitucionalidad de normas generales en amparo directo, es posible que la parte quejosa obtenga resoluciones emitidas en este medio de defensa extraordinario contradictorias, lo que deriva de los efectos limitados de la declaración de validez o invalidez constitucional de los referidos actos. Así, mientras un Tribunal Colegiado puede estimar que un determinado precepto aplicado al quejoso en el acto reclamado (o durante la secuela procesal) es inconstitucional y, por tanto, procede a conceder el amparo con las limitaciones respectivas, otro puede estimar que el mismo precepto aplicado en diverso acto reclamado (o durante su secuela procesal) respeta el ordenamiento fundamental y, por tanto, no conceder el amparo fundándose en esas consideraciones. Una vez establecido lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo directo, relativos a la inconstitucionalidad del artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas, precepto que según argumentos de la parte quejosa viola lo dispuesto en los artículos 14 y 16, en relación con los artículos 49 y 89, fracción I, constitucionales. Lo anterior se sustenta, según el dicho de la impetrante, en el hecho de que el artículo 108, fracción IV, del ordenamiento citado permite a la autoridad demandada en el juicio de nulidad reglamentar aquél, emitiendo 'reglas de carácter general', lo cual es inconstitucional, pues se autoriza a una entidad distinta del presidente de la República el ejercicio de la facultad reglamentaria reservada a éste por el artículo 89, fracción I, constitucional; además de que se genera la reunión de facultades administrativas y legislativas en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. A efecto de establecer un adecuado marco de estudio de los anteriores argumentos, es pertinente tomar en consideración el contenido de los artículos 49 y 89, fracción I, constitucionales y 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, los cuales a la letra dicen: (se transcriben). Ahora bien, una vez analizados los argumentos en estudio, se advierte que el punto toral a dilucidar es si el Poder Legislativo cuenta con facultades para autorizar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a expedir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga y para el eficaz cumplimiento de la misma, así como la expedición de disposiciones e instrucciones a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros o, por el contrario, si con tal autorización se invaden las facultades reglamentarias del presidente de la República. En esa tesitura, se estima pertinente atender el criterio que reiteradamente ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la potestad que le concede el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal al presidente de la República para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, esto es, la facultad de expedir normas reglamentarias que tiendan a la ejecución de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. De manera que esas disposiciones reglamentarias, aunque desde el punto de vista material son similares a las normas expedidas por el órgano legislativo, en cuanto son generales, abstractas e impersonales y de observancia obligatoria, se distinguen de estas últimas, básicamente por dos razones, como son, la primera, en razón de que provienen de un órgano que desde el punto de vista constitucional no expresa la voluntad general, sino la de un órgano instituido para acatarla, como es el titular del Poder Ejecutivo, y la segunda, porque son, por definición, normas subordinadas a las disposiciones legales que reglamentan. Las razones antes precisadas explican, en lo general, que la Ley Fundamental imponga ciertas limitaciones a la facultad reglamentaria, entre ellas, la prohibición de que el reglamento aborde materias reservadas en forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la Unión, conocida como el principio de reserva de la ley y, por otra, la exigencia de que el reglamento siempre esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida. En efecto, el aludido principio de reserva de la ley forma parte de uno de carácter general, como es el de legalidad, que impide que el reglamento invada materias que de manera expresa la Constitución Federal reserva a la ley formal y, en cambio, el principio de subordinación jerárquica del reglamento a la ley constriñe al jefe del Ejecutivo Federal a expedir sólo aquellas normas que tiendan a hacer efectiva o a pormenorizar la aplicación del mandato legal, pero sin contrariarlo, modificarlo o excederlo. Lo anterior se desprende de diversas tesis y jurisprudencias, de las cuales a continuación se transcriben las siguientes: 'FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.' (se transcribe), 'FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.' (se transcribe) y 'FACULTAD REGLAMENTARIA DEL EJECUTIVO.' (se transcribe). En esa tesitura, se advierte que son infundados los argumentos de inconstitucionalidad de la quejosa en razón de las consideraciones siguientes: Las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley del Congreso de la Unión, como lo es la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, a una de las secretarías de Estado a que alude el artículo 90 constitucional o, como en el caso, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, corresponden a la categoría de ordenamientos que no son legislativos ni de índole reglamentaria, sino que son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos y operativos en materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; de suerte que su expedición no pugna con el principio constitucional de distribución de atribuciones entre los diferentes órganos del poder público y, en el caso de autos, con las facultades reglamentarias del presidente de la República previstas en los artículos 89, fracción I, 90 y 92 de la Constitución Federal, preceptos que en lo pertinente dicen: 'Artículo 89.' (se transcribe). 'Artículo 90.' (se transcribe). 'Artículo 92.' (se transcribe). Asimismo, se debe tomar en consideración que cuando el Congreso de la Unión expide una ley en el ámbito de su competencia, facultando a alguno de los secretarios de Estado u otro órgano del Estado para emitir reglas técnicas y operativas en el área material que le marca determinada ley, de ninguna manera entraña una delegación de facultades, sino que se trata de la asignación directa de una atribución para allanar la aplicación técnico-operativa de la ley dentro de su ámbito específico. Por otra parte, se advierte que el Congreso de la Unión no delegó facultades reglamentarias a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas al expedir el artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, porque no está despojándose de una facultad propia, condición insalvable de todo acto delegatorio, sino que está ejercitando la potestad legislativa que le asignan los artículos 73, fracciones X, XXIX-E y XXX, en relación con el 90, primer párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que hablan de la facultad privativa de la Federación para legislar en materia de servicios financieros, frase que implícitamente remite a las instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Todavía más, el artículo 92 de la Carta Fundamental de la República es el precepto que con toda claridad finca en el presidente de la República la facultad expresa de expedir 'reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes', que a su turno deberán ser refrendados por los secretarios de Estado o jefes de departamento administrativo a que el asunto corresponda; y cabe agregar que el otorgamiento de atribuciones por la Constitución a los diferentes órganos gubernativos no puede extenderse analógicamente a otros supuestos que los expresamente previstos en la norma constitucional, por lo que en sana lógica las reglas técnicas y operativas caen fuera del ámbito exclusivo del titular del Poder Ejecutivo, gravitando dentro de la potestad legislativa del Congreso de la Unión para autorizar su expedición mediante una ley a alguna o varias de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, cuya distribución de competencias figura tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal como en las demás leyes que le incumben al Congreso de la Unión. Se considera pertinente transcribir nuevamente el contenido del artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, el cual es del tenor siguiente: 'Artículo 108.' (se transcribe). Por su parte, el artículo 73 constitucional, en sus fracciones X, XXIX-E y XXX, dispone lo siguiente: 'Artículo 73.' (se transcribe). Bajo la anterior tesitura resulta claro que el artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que faculta a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para expedir reglas técnico-operativas referentes a determinados aspectos para el eficaz cumplimiento de la ley, así como de las reglas y reglamentos que con base en ella se emitan, no contraría el artículo 89, fracción I, constitucional, puesto que la facultad del Congreso, que deriva de los artículos 73 y 90 constitucionales, corre paralela y distinta a las atribuciones que señala el artículo 92 de la propia Constitución al presidente de la República. Cabe destacar que el sustento constitucional de la atribución del Congreso de la Unión para habilitar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de que pueda expedir reglas y disposiciones de carácter general, a que se refiere el artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que se tilda de inconstitucional. A efecto de analizar lo anterior, se transcriben los artículos constitucionales que a continuación se reseñan: 'Artículo 49.' (se transcribe). 'Artículo 50.' (se transcribe). 'Artículo 51.' (se transcribe). 'Artículo 56.' (se transcribe). 'Artículo 73.' (se transcribe). Del contenido de los artículos antes transcritos se advierte, fundamentalmente, la existencia de la división de los Poderes de la Unión, y cuando hacen referencia al Poder Legislativo establecen las facultades del Congreso de la Unión y las exclusivas de cada una de las Cámaras (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores), y después a las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que conforman las funciones del Estado. Cabe recordar que esta división de poderes, que parte fundamentalmente del artículo 49 constitucional, implica la distribución de atribuciones más o menos homogéneas entre los agrupamientos genéricamente enunciados como 'Poder Legislativo', 'Poder Ejecutivo' y 'Poder Judicial', que actúan de manera separada e independiente, pero guardando entre sí la unidad ontológica que exige el Estado democrático de derecho. 'Artículo 80.' (se transcribe). 'Artículo 89.' (se transcribe). 'Artículo 90.' (se transcribe). 'Artículo 92.' (se transcribe). Resulta evidente que al Congreso de la Unión le incumbe la facultad de expedir leyes bajo las características de generalidad, abstracción e impersonalidad, en lo que se refiere a las materias prescritas en el artículo 73 constitucional, con objetivos esenciales al desarrollo y progreso del país, como el comercio exterior, mediante la regulación de operaciones de importación y exportación. Aunado a lo anterior y por lo que concierne a la función administrativa del Estado, se desprende que el artículo 80 constitucional finca en el presidente de la República la titularidad de la administración pública federal, cuyo funcionamiento es tan amplio y complejo que su desarrollo requiere del auxilio de gran número de órganos secundarios y diversas dependencias, tal como lo prevé el artículo 90 constitucional. Con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada al Ejecutivo, la Constitución estructura en dos vertientes la administración pública federal, a saber, la centralizada y la paraestatal. La administración pública centralizada se presenta como un andamiaje de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una relación de jerarquía precedida por el jefe supremo, que en el nivel federal corresponde al presidente de la República, en tanto que la administración pública paraestatal y concretamente los organismos descentralizados, se encuentran desvinculados en diverso grado de la administración central, que desempeñan determinadas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región. Ahora bien, el gran desarrollo de la actividad administrativa ha exigido el establecimiento de las estructuras necesarias para proporcionar un eficaz y eficiente funcionamiento del sector público, tendente a satisfacer las necesidades de la población, entre ellas, la expedición de leyes que confieren facultades normativas a los secretarios de Estado, y se está en presencia de una normatividad de este género, cuando a través de un acto formalmente legislativo o reglamentario el Congreso de la Unión o el presidente de la República habilitan a un órgano de la administración para regular una materia concreta y específica, sea que ésta haya sido objeto de regulación con anterioridad o que no lo haya sido, de acuerdo con los principios y lineamientos convenidos en la propia norma habilitante. Por ello, para la satisfacción de las necesidades que reclama su actuar, las normas que rigen al Poder Ejecutivo deben revestir la particularidad de ser instrumentos ágiles y fácilmente adaptables a las circunstancias y naturaleza de los servicios que han de regular; y es por esto por lo que el Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad de legislar en las materias que enuncian los artículos 73, fracciones X, XXIX-E y XXX, en relación con el 90, todos de la Constitución Federal de la República, puede autorizar a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que expida reglas operativas. Lo anterior se justifica en la medida en que el Poder Legislativo no suele ocuparse de los detalles técnico-operativos que surgen en el funcionamiento de la administración pública, de ahí que resulte apropiado que los integrantes de la administración pública federal, conforme lo dispuesto por el artículo 90 constitucional, cuenten con las atribuciones necesarias para dar agilidad, prontitud, firmeza y precisión a los actos de aplicación de la ley específica que expida el Congreso de la Unión. Por tanto, las autorizaciones legales conferidas para dictar reglas técnico-operativas de observancia general en su ramo no constituyen actos delegatorios de facultades del Congreso de la Unión, puesto que, como ya se apuntó en párrafos anteriores, ese cuerpo legislador no se despoja a sí mismo de una facultad propia, sino que asigna directamente a un órgano de la administración pública federal una tarea operativa para facilitar la aplicación de una ley específica dentro de su campo de acción. Por otro lado, el artículo 92 constitucional establece que: 'Artículo 92.' (se transcribe). Como se advierte, este precepto finca con toda claridad en el presidente de la República la facultad de emitir reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes, que a su turno deberán ser refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda. Cabe inferir que los reglamentos constituyen un conjunto de normas de carácter general expedidas por el presidente de la República para dar cumplimiento a las leyes; los decretos administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del órgano ejecutivo en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos; las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos; y el acuerdo administrativo, por su parte, constituye una decisión del titular del Poder Ejecutivo Federal dirigida a los órganos subordinados cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado. De ahí que con exclusión de las facultades conferidas al presidente de la República en el artículo 92 constitucional, puede el Congreso de la Unión expedir leyes donde autorice a los diferentes órganos de la administración pública para dictar reglas técnico-operativas dentro del ámbito de su competencia y, por tanto, la forma y materia de los decretos, de los reglamentos, de los acuerdos y de las órdenes tienen un contenido específico, y mientras el Congreso de la Unión no interfiera en la formación de estos actos que corresponden al presidente de la República, puede aquél conferir directamente la atribución de expedir reglas técnico-operativas dentro del campo de una ley específica. En este contexto y por las razones anteriores, se llega a la conclusión de que el artículo 108, fracción IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros que autoriza a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para emitir reglas, disposiciones e instrucciones generales, no infringe lo dispuesto en el artículo 89, fracción I, constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en sentido similar ha reconocido la constitucionalidad de las facultades otorgadas por el Congreso de la Unión a los titulares de las dependencias de los distintos órganos de la administración pública federal, como se lee en las tesis que a continuación se transcriben: 'COMERCIO EXTERIOR. DIFERENCIA ENTRE LAS FACULTADES FORMALMENTE LEGISLATIVAS CUYO EJERCICIO PUEDE AUTORIZAR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 131 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LAS FACULTADES CONFERIDAS A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL TENOR DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL PROPIO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.' (se transcribe) y 'DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.' (se transcribe). Asimismo, la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal se ha pronunciado en los términos de la tesis que a continuación se transcribe: 'COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ARTÍCULO 23, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CONDICIONE SU REALIZACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTABLEZCA MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO SE TRATE DE CANTIDADES QUE NO DERIVAN DEL MISMO IMPUESTO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY Y DE SEPARACIÓN DE PODERES.' (se transcribe). Es importante destacar que en similar sentido a las consideraciones que rigen la presente ejecutoria, se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las siguientes tesis aisladas, las cuales si bien no son obligatorias para este tribunal, en virtud de no haber alcanzado la votación necesaria para integrar jurisprudencia, sí pueden válidamente apoyar el criterio de este órgano colegiado: 'REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LA FACULTAD DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA HABILITAR A LAS SECRETARÍAS DE ESTADO A FIN DE EXPEDIRLAS, NO CONSTITUYE UNA DELEGACIÓN DE FACULTADES LEGISLATIVAS.' (se transcribe), 'REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. EL ARTÍCULO 36, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY ADUANERA, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, QUE AUTORIZA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO PARA EXPEDIRLAS EN MATERIA DE IMPORTACIÓN, NO CONTRAVIENE LOS ARTÍCULOS 89, FRACCIÓN I, Y 92 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.' (se transcribe), 'REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS. LAS DICTADAS EN EJERCICIO DE UNA FACULTAD CONFERIDA POR LA LEY A UNA SECRETARÍA DE ESTADO, NO PUGNAN CON EL PRINCIPIO DE DISTRIBUCIÓN DE ATRIBUCIONES ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER PÚBLICO.' (se transcribe) y 'REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.' (se transcribe). Enseguida se procede al estudio de los conceptos de violación relativos a que las circulares S.20.2, emitida el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, así como la S.20.2.11, de quince de mayo de dos mil, emitidas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues además de haber sido emitidas por una autoridad de carácter administrativo, distinta del presidente de la República, va más allá de la norma que reglamenta, ya que establece un plazo que no está contenido en el artículo 107 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Al respecto, este tribunal reitera que la emisión de reglas generales a que autoriza el artículo 108, fracción IV, de la legislación en cita, no es violatoria de la facultad reglamentaria contenida en el artículo 89, fracción I, constitucional. Asimismo, se estima que las circulares detalladas no van más allá del contenido del artículo 107, fracción I, de la ley en comento pues, como ya se dijo, las reglas generales administrativas dictadas en ejercicio de una facultad conferida por una ley del Congreso de la Unión, como lo es la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, como en este caso las aludidas circulares, a una de las secretarías de Estado a que se refiere el artículo 90 constitucional o, como en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17491-a2aca44b/comision-nacional-de-seguros-y-fianzas-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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