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Modo: Corpus Pro

TRÁNSITO. LA NEGATIVA DE LA TRANSFERENCIA DE ESE SERVICIO PÚBLICO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL A LOS MUNICIPIOS CUANDO SE HAN CUMPLIDO LOS PRESUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y TERCERO TRANSITORIOS DEL DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, TRANSGREDE EL REFERIDO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN SU FRACCIÓN III, INCISO H).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 363/2001. · Registro digital (IUS): 17596
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, , Pág. 992.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 363/2001. MUNICIPIO DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO.

MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.

SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintidós de abril de dos mil tres.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el dos de octubre de dos mil uno, Miguel de Jesús Hernández y Víctor Jiménez Gutiérrez, quienes se ostentaron como presidente y síndico municipal, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional de Lerma, Estado de México, promovieron controversia constitucional demandando la invalidez de los actos que a continuación se señalan, emitidos por las autoridades que también se mencionan:

"II. Parte demandada en el juicio. A) Poder Ejecutivo del Estado de México, representado por el Lic. Arturo Montiel Rojas; B) Secretario general de Gobierno del Estado de México, representado por el C. Manuel Cadena Morales; ambos con domicilio ubicado en el edificio del Palacio de Gobierno del Estado de México, ubicado entre las calles de Nicolás Bravo y Lerdo de Tejada, colonia Centro de la ciudad de Toluca, México; C) Poder Legislativo del Estado de México, representado por el presidente de la Gran Comisión de la H. Legislatura del Estado de México, de la LIV Legislatura, con domicilio en el Palacio Legislativo del Estado de México, sito en Plaza Hidalgo sin número, colonia Centro de la ciudad de Toluca, México. ... V. Norma general o acto cuya invalidez se demanda: A) La respuesta negativa para transferir el servicio público de tránsito al Municipio de Lerma y consecuentemente su negativa para la municipalización del mismo, contenido en el oficio sin número de fecha 15 de agosto del año dos mil uno, suscrito por el secretario general de Gobierno del Estado de México, C. Manuel Cadena Morales, por virtud del cual manifiesta que lamentablemente el Ejecutivo del Estado de México, en este momento está imposibilitado jurídicamente para transferir al Municipio de Lerma, el servicio público de tránsito municipal, en atención de que el artículo segundo transitorio del decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que declaró reformado y adicionado el artículo 115, dispone que los Estados deberán adecuar sus Constituciones y leyes conforme a lo dispuesto en el mencionado decreto, a más tardar a un año de su entrada en vigor, sin embargo, en su segundo párrafo textualmente señala que en tanto se realicen las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes; por su parte el artículo tercero transitorio del decreto señala que tratándose de funciones y servicios que conforme al presente decreto sena (sic) competencia de los Municipios y que a la entrada en vigor de la reforma a que se refiere el artículo transitorio anterior serán prestados por los Gobiernos Estatales o de manera coordinada con los Municipios, éstos podrán asumir previa aprobación del Ayuntamiento. Los Gobiernos de los Estados dispondrán de lo necesario para que la función a (sic) servicio público de que se trate se transfiera al Municipio de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el Gobierno del Estado, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud. En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, los Gobiernos Estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente conservar en su ámbito de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de Estado a Municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La Legislatura Estatal resolverá lo conducente. En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos o condiciones vigentes. El decreto aprobado el veintisiete de marzo del año dos mil uno por la H. LIV Legislatura del Estado de México y la mayoría de los Ayuntamientos de los Municipios de la entidad, por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para adecuar su texto al artículo 115 constitucional, en su artículo tercero transitorio textualmente dispone: ‘En tanto se expiden o adecuan las leyes secundarias correspondientes, se estará a lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que declara reformado y adicionado el artículo 115 constitucional, publicado en Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999 y esta Constitución.’. De las disposiciones constitucionales transcritas se desprenden las previsiones siguientes: 1. Los Estados tienen el deber de adecuar sus Constituciones y leyes secundarias al artículo 115 constitucional, dentro del plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto respectivo. 2. En tanto se realizan las adecuaciones a las Constituciones y leyes secundarias de los Estados, se continuarán aplicando las disposiciones vigentes. 3. Una vez que entren en vigor las adecuaciones a las Constituciones y leyes secundarias de los Estados, las funciones y servicios públicos municipales que sean prestados por los Gobiernos Estatales o de manera coordinada con los Municipios, podrán ser asumidos por éstos, previa aprobación de sus Ayuntamientos. 4. Una vez que entren en vigor las adecuaciones a las Constituciones y leyes secundarias de los Estados y aprobado que sea por el Ayuntamiento correspondiente la asunción de las funciones y/o servicios, los Gobiernos de los Estados dispondrán lo necesario para su transferencia al Municipio de manera ordenada, conforme a un programa, en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la solicitud respectiva. 5. Hasta en tanto no se realice la transferencia, las funciones y servicios públicos seguirán ejerciéndose en los términos y condiciones vigentes. En el caso particular del Estado de México, si bien han entrado en vigor las adecuaciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México al artículo 115 constitucional, se encuentra pendiente la adecuación de las leyes secundarias respectivas; más específicamente, aún no se ha adecuado a la reforma constitucional, la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de México. En tal virtud, hasta en tanto no se cumpla con los presupuestos constitucionales establecidos por los artículos segundo y tercero transitorios del decreto expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que declaró reformado y adicionado el artículo 115 constitucional, será posible jurídicamente realizar la transferencia de las funciones y servicios públicos de competencia municipal que son ejercidos o prestados para el Gobierno del Estado en términos de las disposiciones vigentes. B) La negativa del Gobierno del Estado de México para transferir y hacer entrega de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con que actualmente se viene prestando el servicio público de tránsito y vialidad en el Municipio de Lerma, México."

SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso, en síntesis, los siguientes:

1. Que el Ayuntamiento actor, mediante acuerdo de Cabildo de diecinueve de septiembre del año dos mil, por unanimidad de votos en sesión ordinaria, aprobó la solicitud de transferencia de facultades para la prestación del servicio público de tránsito por parte del Ayuntamiento, de conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que mediante oficio número SG/26/2000, de tres de octubre del año dos mil, se hizo el requerimiento correspondiente de transferencia al gobernador del Estado de México, obteniéndose como respuesta la negativa contenida en el oficio de quince de agosto de dos mil uno, suscrito por el secretario general de Gobierno del Estado de México, Manuel Cadena Morales.

TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte promovente son los siguientes:

"Único. Realizada la reforma constitucional al artículo 115, introducida en el año de 1983 (sic) tiene como propósito delimitar de manera clara y precisa los renglones, materias y atribuciones de los Ayuntamientos que gobiernan en los Municipios del país. A ello obedece la relación de servicios públicos que de acuerdo a las condiciones territoriales y socioeconómicas de cada municipalidad, los Ayuntamientos deben prestar por sí mismos o con el concurso del Gobierno Estatal cuando así fuere necesario ... en la especie el servicio público de tránsito y vialidad concedido a favor de los Municipios, lleva el propósito de garantizar la municipalidad para ordenar el tránsito vehicular dentro de su territorio y la vialidad peatonal, sin injerencia o subordinación de las decisiones del Gobierno del Estado. En el caso particular del Estado de México, el contacto con las autoridades estatales es inaccesible para los gobernados, según lo prueba su incapacidad de atender las demandas ciudadanas en los 122 Municipios en que se divide la entidad. ... La Ley de Tránsito y Transporte del Estado de México y su reglamento, constituyen un candado aparentemente legal para impedir que los Ayuntamientos del Estado de México, presten el servicio público de tránsito y vialidad en franca contravención del artículo 115 constitucional, por ello la negativa a municipalizar el tránsito y la vialidad por parte del Gobierno del Estado de México, con lo que se atenta y vulnera el espíritu del artículo 115 constitucional, en su fracción III, inciso h), puesto que no deben prevalecer intereses meramente económicos y de control político para mantener un estado de subordinación y dependencia económica al Ayuntamiento, respecto del Gobierno del Estado de México, más aún cuando no atiende y escucha con la debida oportunidad las demandas de la población para terminar con la problemática de vialidad y tránsito que aqueja a este Municipio de Lerma. A través de la municipalización del servicio público de tránsito que se demanda se transfiera a este Municipio que representamos, se obtendrían entre otros beneficios, la muestra de interés en favorecer y proteger a la ciudadanía en general, así como tutelar los derechos de peatones, escolares, ciclistas, niños, ancianos y discapacitados, cuya protección está por encima del tránsito vehicular, y tener una ordenación en la conducción de automóviles y transportes y cuenten los mismos con dispositivos y accesorios de seguridad tanto para sus ocupantes como para los transeúntes, asimismo las medidas tendientes a la protección del medio ambiente para preservar el entorno ecológico de la localidad, cuya justa demanda social no ha sido escuchada hasta la fecha por las autoridades de tránsito del Gobierno del Estado de México, en materia de señalización y descarga en la vía pública, ascenso y descenso de pasajeros, educación vial y control de estacionamientos públicos y privados. En virtud de las consideraciones anteriores y la negativa por parte del Estado, resulta un acto del Gobierno del Estado, contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues rebasa y aniquila la esfera de acción en materia de servicios públicos consagrada a favor de todos los Municipios del país y particularmente agravia al Ayuntamiento que representamos por tratarse de una materia reservada en principio a favor del nivel de Gobierno Municipal y sin fundamento legal alguno mantiene bajo control económico y político que encabeza el gobierno del licenciado Arturo Montiel Rojas. Sirven de apoyo a la aseveración planteada las tesis emitidas por esta H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y que sirven de precedente para fundar la controversia constitucional que venimos planteando, y que son del tenor literal siguiente: 1100. ‘TRÁNSITO. LA PRESTACIÓN DE ESTE SERVICIO CORRESPONDE AL MUNICIPIO, NO AL GOBERNADOR DEL ESTADO AUN CUANDO RESIDA EN EL MISMO Y TENGA BAJO SU MANDO LA FUERZA PÚBLICA. De la interpretación armónica de lo dispuesto por las fracciones III, inciso h) y VII del artículo 115 de la Constitución Federal, deriva que la prestación del servicio público de tránsito en los Municipios corresponde a éstos, aun en aquellos en donde residiere habitual o transitoriamente el gobernador. Ello porque la primera fracción citada otorga al Municipio la competencia para prestar el aludido servicio, pudiendo hacerlo con el concurso del Estado sólo cuando ello resulte necesario y lo determinen las leyes, sin que constituya excepción el Municipio en donde resida habitual o transitoriamente el gobernador, pues este hecho da lugar a que dicho funcionario tenga bajo su mando a la fuerza pública pero no es obstáculo para que el Municipio preste el servicio público de tránsito, en la medida en que este servicio y el de seguridad pública son diferentes, en virtud de que constitucionalmente y conforme a su naturaleza el primero no requiere necesariamente ser prestado por cuerpos de seguridad o policiacos, que integren la fuerza pública.’-P./J. 53/2000. Controversia constitucional 25/98. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz. 23 de marzo de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 53/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.’. Controversia constitucional 25/98. Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. Véase página 720. Apéndice. Semanario Judicial. Novena Época. Tomo XI, abril de 2000. Pleno. Controversias constitucionales. Página 822. N. del E. Véase la ejecutoria de la tesis de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.’, o en su defecto consúltese el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 720. 1099. ‘TRÁNSITO. ES UN SERVICIO PÚBLICO QUE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN RESERVA A LOS MUNICIPIOS, POR LO QUE SI ALGUNO LLEGA A CELEBRAR UN CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA QUE ÉSTE LO PRESTE EN EL LUGAR EN EL QUE RESIDE, EL MUNICIPIO, EN TODO MOMENTO, PUEDE REIVINDICAR SUS FACULTADES, PUES UN CONVENIO NO PUEDE PREVALECER INDEFINIDAMENTE FRENTE A LA CONSTITUCIÓN. El artículo 115 de la Constitución reserva a los Municipios, entre diversas atribuciones, la de prestar el servicio público de tránsito. Por lo tanto, si un Municipio celebra un convenio con el Gobierno del Estado para que éste lo preste en el lugar en el que resido (sic), el mismo no puede prevalecer indefinidamente frente a la disposición constitucional, por lo que el Municipio, en cualquier momento, puede reivindicar las facultades que se le reconocen en la Constitución y solicitar al Gobierno del Estado que se le reintegrara las funciones necesarias para la prestación de ese servicio, lo que deberá hacerse conforme a un programa de transferencia dentro de un plano (sic) determinado y cuidándose, por una parte, que mientras no se realice de manera integral la transferencia, el servicio público seguirá prestándose en los términos y condiciones vigentes y, por otra, que en todo el proceso se tenga especial cuidado de no afectar a la población, así como que el plazo en el que se ejecute el programa deberá atender a la complejidad del mismo y a la razonabilidad y buena fe que debe caracterizar la actuación de los órganos de gobierno.’-P./J. 52/2000. Controversia constitucional 25/98. Ayuntamiento del Municipio de Xalapa, Veracruz. 23 de marzo de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó con el número 52/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. Controversia constitucional 25/98, Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz. Véase página 720. Apéndice. Semanario Judicial. Novena Época. Tomo XI, abril de 2000. Pleno. Controversias constitucionales. Página 822. N. del E. Véase la ejecutoria de la tesis de rubro: ‘CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SÍNDICO ÚNICO DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ, TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA COMPARECER EN SU REPRESENTACIÓN, SIN REQUERIR FORMALIDAD O ACUERDO ESPECIAL PREVIO.’, o en su defecto consúltese el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 720. ‘SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EL NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE LOS JEFES DE POLICÍA QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE LAS FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS.’. ‘En los términos de los artículos 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta tesis es obligatoria para las Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal y administrativos y del trabajo, locales y federales. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 11 de noviembre en curso, aprobó, con el número 70/1996, la tesis de jurisprudencia que antecede, México, D.F., 11 de noviembre de 1996.’. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre de 1996, página 329. Por lo tanto dicha respuesta resulta contraria al texto de la Constitución consagrado en su artículo 133 cuyo texto resulta diáfano sin reticencias en su interpretación al establecer: ‘Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’. De donde se sigue que la determinación del Ejecutivo del Estado de México, constituye una clara violación a la supremacía constitucional y al orden jurídico, por lo que es nulo de pleno derecho por tratarse de un acto autoritario sustentado en leyes locales que conculcan los derechos del Municipio, no sólo de Lerma, sino de todos aquellos que reclaman la prestación del servicio de tránsito, por así autorizarlo la Constitución establecido en el artículo 115, fracción III, inciso h), de la Ley Fundamental. A mayor abundamiento, el artículo 105 constitucional y su ley reglamentaria en materia de controversias constitucionales, tienen el propósito de confiar a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, la defensa de la Constitución, anulando los actos de autoridad que la conculcan, cuando están de por medio cuestiones de constitucionalidad, como en el caso que nos ocupa, en que el Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, para prestar el servicio público de tránsito ha requerido formalmente al Gobierno del Estado de México, la transferencia del servicio público de tránsito, recibiendo una respuesta negativa, infundada y violatoria de la Carta Magna. No se acepta por parte de este H. Ayuntamiento de Lerma, México, el débil argumento en que se apoya el Gobierno del Estado de México y con el cual vulnera en todo la supremacía constitucional que a favor de los Municipios del país y concretamente del cual representamos, el texto del artículo 115 fracción III, inciso h), de la Constitución Federal, motivo por el cual recurrimos ante esta máxima instancia jurídica para hacer efectivo el principio de seguridad jurídica que tutela nuestra Carta Magna y en ese tenor se decrete en su momento la invalidez del acto señalado. Por lo que nos vemos precisados a recurrir en nombre y representación del Ayuntamiento de Lerma, Estado de México, a solicitar la protección de la Justicia Federal."

CUARTO. La parte actora considera que los actos cuya invalidez demanda son violatorios del artículo 115, fracción III, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO. Por acuerdo de diez de octubre del año dos mil uno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 363/2001; asimismo, nombró como instructor al Ministro Juan Díaz Romero, a quien le correspondió por turno, pero, en virtud de su ausencia por estar disfrutando de sus vacaciones, designó al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano para que, entre tanto, proveyera lo conducente.

Mediante auto de diez del mismo mes y año, el Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano requirió al Ayuntamiento actor para que aclarara su demanda, precisando cuáles eran los actos que atribuía al Congreso Estatal.

En vía de aclaración el Ayuntamiento actor, en lo que interesa, señaló:

"Que los actos que se atribuyen a la LIV Legislatura del Estado de México y que son reclamados en la vía de controversia constitucional, consienten (sic) en el hecho de que mediante decreto de fecha veintisiete de marzo del año en curso el Poder Legislativo del Estado de México, dispuso ‘En tanto se expiden o adecuan las leyes secundarias correspondientes, se estará a lo dispuesto por los artículos tercero y cuarto transitorios del decreto expedido por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que declara reformado y adicionado el artículo 115 constitucional publicado en Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999 y esta Constitución.’."

Finalmente, una vez aclarada la demanda por la parte actora en los términos requeridos, por proveído de treinta y uno de octubre de dos mil uno se tuvo por admitida sólo por parte de quien se ostentó como síndico único del Ayuntamiento actor y no respecto del presidente municipal, y se ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República.

SEXTO. La Legislatura del Estado de México, al formular la contestación de la demanda, manifestó en síntesis:

1. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que han cesado los efectos del acto materia de la presente controversia, ya que el acto cuya invalidez se demanda a esa autoridad lo constituye el decreto expedido el veintisiete de marzo de dos mil uno, publicado el dieciséis de mayo del mismo año, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para adecuar su texto a las reformas del artículo 115 de la Constitución Federal, y en sesión pública de trece de noviembre de dos mil uno, la Legislatura del Estado aprobó el Código Administrativo de la entidad, el cual en su libro octavo regula el tránsito de vehículos, personas y objetos que se realiza en la infraestructura vial primaria y local, así como el establecimiento de estacionamientos de servicio al público, señalándose en el artículo 8.3. que son autoridades para la aplicación de este libro la Secretaría General de Gobierno y los Municipios; correspondiéndole, a la primera, ejercer las atribuciones relativas al tránsito en la infraestructura vial primaria y, a los segundos, el tránsito en la infraestructura vial local, abrogando entre otras leyes la Ley de Tránsito y Transporte del Estado de México emitida el quince de abril de mil novecientos setenta y uno, y publicada el veintiuno del citado mes y año.

Que en razón de lo anterior, a la fecha ha cesado el efecto del acto que se le reclama, procediendo su sobreseimiento con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Que la legislatura demandada, a la fecha de la presente contestación, ya adecuó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México a la reforma del artículo 115 de la Constitución Política Federal, y aprobó el Código Administrativo del Estado de México. Por ende, con los actos legislativos emitidos hace acorde la legislación estatal a lo preceptuado por el artículo 115 de la Constitución Política Federal.

SÉPTIMO. El gobernador del Estado de México y secretario general de Gobierno de dicha entidad, al rendir su contestación de manera conjunta, externaron en síntesis:

1. Que es improcedente la controversia constitucional promovida por el presidente y el síndico municipal del Ayuntamiento de Lerma, México, ya que el síndico actor carece de legitimación en la causa porque del artículo 115 de la Constitución Federal se advierte que el Ayuntamiento es el órgano de Gobierno del Municipio, integrándose por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, por lo que de acuerdo con los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal y 10, fracción I, de la ley reglamentaria de la materia, la representación del mismo corresponde al Ayuntamiento y en casos excepcionales al Concejo Municipal; que el síndico actor carece de legitimación en la causa, ya que su representación la asume por tener dicho carácter, sin que sea óbice que en términos de los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal, los síndicos tengan a su cargo la procuración y defensa del Municipio y la representación jurídica del Ayuntamiento, ya que sería necesario un acuerdo del Ayuntamiento en que se delegara la representación del cuerpo edilicio.

2. Que se actualiza, en el caso, la causa de sobreseimiento a que alude el artículo 20, fracción III, de la ley reglamentaria de la materia, ya que el Ejecutivo Estatal no ha hecho ningún pronunciamiento "respecto a la negativa de transferir" y hacer entrega de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y personal con el que el Gobierno del Estado presta el servicio público de transporte en el Municipio actor.

3. Que la negativa de transferir al Municipio actor el servicio público de tránsito municipal se ajustó a las prevenciones transitorias del decreto publicado el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve que reformó y adicionó el artículo 115 de la Constitución Federal, por lo que es inexacto que dicha negativa se sustente en una ley inferior transgrediendo el citado artículo constitucional.

4. Que es inexacto que se dé una interpretación equivocada al decreto que reformó el artículo 115 de la Constitución Federal, y que la transferencia de funciones y servicios públicos municipales opere de manera automática con el simple transcurso del tiempo, pues el artículo tercero transitorio de dicho decreto es claro y terminante al condicionar la asunción de servicios públicos que prestará el Estado, a la entrada en vigor de las reformas a las Constituciones Locales y sus leyes secundarias.

5. Que el artículo 115 de la Constitución Federal no establece la obligación de los Estados para transferir conjuntamente con las funciones y servicios públicos, los bienes destinados para el servicio público de que se trate.

OCTAVO. El procurador general de la República manifestó, en síntesis:

1. Que se actualiza la competencia de esa Suprema Corte para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional.

2. Que atendiendo a lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, únicamente el síndico es el servidor público municipal que cuenta con la facultad para representar al actor y no así el presidente municipal.

3. Que por cuanto hace a la oportunidad en la presentación de la demanda respecto del acto impugnado, concluye que la demanda se presentó en tiempo; que por cuanto hace a la oportunidad respecto de la norma general, resulta inconcuso que se presentó en tiempo, pues se desprende que su impugnación es con motivo de su primer acto de aplicación.

4. Que son infundados los argumentos del Congreso demandado en el sentido de que el síndico municipal de Lerma, no cuenta con la legitimación para representarlo, toda vez que el precepto 11 de la ley reglamentaria de la materia establece que el actor, demandado o, en su caso, el tercero interesado, deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, y en el caso del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal de dicha entidad, en sus numerales 52 y 53, expresamente señala que los síndicos municipales tienen a su cargo tanto la procuración y defensa de los derechos e intereses del Municipio, como la representación jurídica de los Ayuntamientos en los que éstos sean parte.

5. Que contrariamente a lo argumentado por la demandada, la representación que ostenta la actora no requiere de un acuerdo previo por parte del Ayuntamiento, en virtud de que la representación del mismo a cargo del síndico deriva expresamente del ordenamiento antes citado, sin imponer mayor requisito para ello.

6. Que la causal de sobreseimiento que hizo valer el gobernador del Estado, apoyada en la causa de improcedencia por falta de legitimación del síndico p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17596-8d74ac1d/transito-la-negativa-de-la-transferencia-de-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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