SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL DECRETO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, DESTINADOS A PERMANECER EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DEL PAÍS.
QUEJA 50/2003.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Resultan infundados los agravios invocados por el promovente de la queja.
En efecto, el Juez de Distrito negó la suspensión provisional del acto reclamado, con el argumento que de otorgarse tal medida se estarían contraviniendo disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, pues dijo que las determinaciones que se reclaman fueron emitidas para regular las importaciones de vehículos automotores usados, a fin de establecer un equilibrio entre la oferta de vehículos nacionales nuevos y usados, y la importación histórica de unidades usadas, para el desarrollo de las actividades económicas de las regiones incluidas en el mismo; apoyando su determinación en una tesis emitida por este Tribunal Colegiado, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN, CONTRA EL DECRETO QUE ESTABLECE LAS CONDICIONES PARA LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS, DESTINADOS A PERMANECER EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE DEL PAÍS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA."
Ahora bien, se sostiene la validez de la resolución emitida por el a quo y la aplicación del criterio sustentado por este Tribunal Colegiado en la tesis expresada con anterioridad, toda vez que no le asiste la razón al promovente de la queja cuando señala que fue indebida la negativa de la suspensión provisional que fue solicitada ante el Juez constitucional, pues no obstante alegue que cuenta con el permiso para dedicarse a la importación de vehículos usados con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil ocho, y que dicho permiso le fue otorgado con anterioridad a la expedición de los decretos que en dicho juicio de garantías se reclaman, y que por ello el otorgamiento de la suspensión no va a tener por efecto el permitirle realizar una actividad de la cual no estaba autorizado y, además, dice que no se puede hablar de una afectación al orden público, porque la importación de vehículos al amparo de esa autorización se hace conforme a las normas de orden público bajo las cuales se otorgó tal autorización; sin embargo, este Tribunal Colegiado considera que el hecho de que el quejoso cuente con una autorización anterior a la publicación de los decretos combatidos, no lo faculta para ejercer dicha autorización al margen de las disposiciones que conforme a las restricciones y medidas de regulación sean dictadas por las autoridades federales competentes, pues es evidente que dichas autorizaciones siempre son otorgadas y condicionadas a sujetarse a las medidas de restricción que se estimen pertinentes.
Tampoco le asiste la razón al promovente de la queja cuando insiste en que al concederse la suspensión provisional contra la aplicación de los decretos impugnados, no se afecta el orden público, pues señala que no existe ninguna prueba que indique que la restricción de importaciones de vehículos usados en la región serviría para equilibrar la oferta y demanda de vehículos automotores nacionales, y además señala que para determinar si se afecta el orden público, se tienen que analizar los diversos grados de afectación, y en el supuesto que plantea el recurrente, el otorgamiento de la suspensión no evita el pago del impuesto general de importación que se establece en el artículo 64 de la Ley Aduanera, por ende, en ese sentido no se violenta el orden público sino, por el contrario, implica su respeto al sujetarse en cada importación al pago de dichos impuestos, e insiste el peticionario de la queja, que tampoco se demostró a través de los decretos en comento, que la importación de más de veinte vehículos de motor afecte la economía nacional, pues no existió ningún análisis técnico avalado por la Comisión de Comercio Exterior que determinara la problemática planteada y como solución la restricción que se menciona, y que el solo hecho de señalarse en los citados decretos que son emitidos para regular las importaciones de vehículos usados con el propósito de prevenir el detrimento al comercio interior de las regiones incluidas en el mismo, es insuficiente y carente de toda motivación al no precisarse las razones técnicas que soporten esa determinación.
Las anteriores inconformidades son inoperantes por una parte e infundadas por otra, pues en relación con la falta de estudio técnico encaminado a determinar si la medida adoptada en los decretos impugnados es satisfactoria para equilibrar la oferta y demanda de vehículos automotores, así como la violación del artículo 6o. de la Ley de Comercio Exterior, al no contar dicho decreto con la opinión de la Comisión de Comercio Exterior, son cuestiones que atañen al fondo del asunto, es decir, deberán analizarse, en caso de haber sido alegadas, al momento de emitir el pronunciamiento en relación con la constitucionalidad de dichos decretos; de ahí que esa parte del agravio resulte inoperante.
En lo relativo a que de concederse la suspensión no se afectaría el orden público, pues el quejoso recurrente continuaría desarrollando una actividad respecto de la cual ya se encontraba autorizado, incluso satisfaciendo los requisitos que exige la Ley Aduanera en cuanto al pago de impuestos, debe decirse que la afectación del orden público que se pretende proteger con la negativa de la concesión es, como se ha dicho anteriormente, prevenir el detrimento del comercio interior de las regiones incluidas en los citados decretos, impidiendo la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio, esto con apoyo en los artículos 1o., 4o., 16 y 17 de la Ley de Comercio Exterior, por tanto, el establecimiento de esas medidas sí deben considerarse de interés público, al llevar inmersas en ellas el interés colectivo de que desaparezcan las prácticas desleales en las citadas áreas de comercio; por otra parte, al analizar el grado de afectación de dicha norma, es de concluirse que de concederse la medida suspensional solicitada se podría ocasionar un daño de imposible reparación al orden social, al permitírsele la importación de un número mayor de vehículos de los señalados en las restricciones que fueron indicadas en los citados decretos, afectación que no se surte de igual medida respecto del quejoso, ya que al negarse la suspensión y de resultar procedente el amparo solicitado, el impetrante estaría en aptitud de continuar con la importación ilimitada de vehículos, que dice desarrollaba con anterioridad al dictado del decreto de referencia.
Tampoco le asiste la razón al recurrente, cuando dice que la tesis citada por el a quo prevé supuestos distintos al que nos ocupa, pues de manera contraria a lo alegado, el criterio que fue emitido por este Tribunal Colegiado, en anteriores ejecutorias, prevé un supuesto igual al controvertido en este recurso, pues trata lo referente al decreto que establece las condiciones para la importación de vehículos automotores usados destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país; de ahí la identidad en el caso que nos ocupa.
En las relacionadas condiciones, procede declarar infundado el recurso de queja que nos ocupa, por las razones y consideraciones expuestas a lo largo de este considerando.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 95 y 99 de la Ley de Amparo, y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por ... contra la resolución que reclamó del Juez Segundo de Distrito en el Estado.
Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese este asunto.
Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados licenciados Pedro Fernando Reyes Colín, Miguel Ángel Morales Hernández y del secretario proyectista licenciado Miguel Ávalos Mendoza, en funciones de Magistrado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha doce de diciembre de dos mil dos, siendo ponente el primero de los nombrados, quienes firman ante la secretaria de Acuerdos del mismo que da fe, el día catorce de abril de dos mil tres, fecha en que se terminó de engrosar el presente asunto.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17701-28e77f23/suspension-provisional-es-improcedente-concederla-contra-el-decreto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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