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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS EN QUE SE HACE VALER LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DIVERSAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO I DEL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SI RESPECTO AL ARTÍCULO TERCERO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDIÓ DICHA LEY, YA SE CONCEDIÓ EL AMPARO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. CONGRESO DE LA UNIÓN. ACTÚA CONFORME A DERECHO CUANDO EN UN PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES APRUEBA ORDENAMIENTOS LEGALES INCLUIDOS EN LA CONVOCATORIA RESPECTIVA. CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, AL ESTABLECER QUE LOS CONTRIBUYENTES ÚNICAMENTE PODRÁN EFECTUAR LA DISMINUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTREGADAS EN EFECTIVO A LOS TRABAJADORES POR ESE CONCEPTO, DEL IMPUESTO A SU CARGO O DEL RETENIDO A TERCEROS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 896/2003. · Registro digital (IUS): 17779
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: CARMELA, S. DE R.L. DE C.V. Y OTRAS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Octubre de 2003, , Pág. 22.

AMPARO EN REVISIÓN 896/2003. CARMELA, S. DE R.L. DE C.V. Y OTRAS.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran dentro del capítulo respectivo en el escrito de la demanda de garantías, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran (visibles a fojas 34 a 139 del expediente del juicio de garantías).

Ahora bien, para el análisis de los conceptos de violación propuestos en la demanda de garantías, cuyo estudio omitió el juzgador de amparo, no se respetará el orden numérico en que fueron planteados sino el que permita la lógica y el método judicial.

Así, las quejosas aducen en síntesis lo siguiente:

a) El artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero dos mil dos, transgrede los principios que rigen en materia de contribuciones, a saber: proporcionalidad, equidad, legalidad, de seguridad jurídica, de obligatoriedad, de igualdad y de destino al gasto público (conceptos de violación primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto).

b) El párrafo octavo de la disposición transitoria que se reclama establece que para estar en posibilidad de disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, el monto del crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores que exceda del tributo causado en los términos de la norma impugnada, deberá cumplirse con los requisitos que prevé el artículo 119 antes citado, ya que de lo contrario pierde el derecho para ello.

En estos términos, lo dispuesto en los artículos tercero transitorio y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, violan las garantías que establecen los artículos 14 y 22 constitucionales, toda vez que:

• Por el simple hecho de no cumplir con una serie de requisitos absurdos, tales como dar aviso al Instituto Mexicano del Seguro Social y llevar una contabilidad adicional a la que se encuentran obligados, se les priva del derecho consistente en recuperar las cantidades que pagaron por concepto del crédito al salario y por cuenta del Estado, sin que puedan defenderse, ya que así lo establece el artículo tercero transitorio reclamado.

• Asimismo, en caso de que las quejosas incumplan con los requisitos que establece el artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y pierdan el derecho a efectuar la disminución antes precisada, dicha situación se traduce en una sanción excesiva, en términos de la disposición transitoria que se reclama, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 22 constitucional, ya que el requisito para ejercer la opción de no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario se traduce en la renuncia de un derecho (séptimo concepto de violación).

c) Se viola la garantía de seguridad jurídica porque el Congreso de la Unión no concluyó la sesión extraordinaria en que aprobó la Ley del Impuesto sobre la Renta antes de las veinticuatro horas del día treinta y uno de diciembre de dos mil uno, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución Federal.

d) La ley impugnada al establecer el inicio de su vigencia el mismo día de su publicación es violatoria de la garantía de seguridad jurídica, ya que es necesario que exista un periodo en el cual los afectados por la misma la conozcan antes de su entrada en vigor, toda vez que el propio legislador ordinario reconoció la existencia de tal garantía al plasmarla en diversos preceptos legales del Código Fiscal de la Federación y el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal (noveno concepto de violación).

e) Los artículos 115 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgreden la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, en atención a que el crédito al salario que mis representadas entregan a sus trabajadores en términos de los artículos 115 y 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta lo hacen por cuenta del Estado, toda vez que es el Estado el que otorga el crédito al salario a los trabajadores, siendo mis representadas en su carácter de patrones un simple vehículo que el Estado usa para entregar el beneficio de mérito; en estos términos, si las quejosas tienen el carácter de deudores y acreedores recíprocos, lo justo y equitativo sería que las disposiciones reclamadas permitieran a los patrones efectuar la disminución de las cantidades entregadas a los trabajadores por concepto de crédito al salario contra cualquier impuesto federal (como al efecto establecía la ley anterior) y no limitarlo al impuesto sobre la renta, porque cuando no existe cantidad a pagar por este último tributo (pérdida fiscal), implicaría no recuperar las cantidades entregadas por concepto del crédito al salario, con lo cual se les priva de un derecho violándose la garantía de audiencia.

Además, también se viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues se obliga a las empresas a tener que pagar contribuciones, no obstante que se tengan saldos a favor por concepto de crédito al salario pagado (octavo concepto de violación).

QUINTO. De conformidad con el orden de prelación en el estudio de los conceptos de violación que se ha precisado en el considerando que antecede, se procede a lo conducente.

Pues bien, en lo que atañe al argumento que se ha sintetizado en el inciso a), relativo a la inconstitucionalidad que hacen valer las quejosas respecto del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, cabe señalar que independientemente de las alegaciones que en aquél se formulan, lo cierto es que el precepto jurídico de mérito ha sido declarado inconstitucional por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En efecto, el mencionado dispositivo fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, constitucional, según se desprende de las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión números 243/2002, 262/2002, 213/2002, 614/2002 y 235/2002, en sesión de trece de mayo de dos mil tres, mismas que se sustentaron, en esencia, en las siguientes premisas:

• Que este dispositivo establece un sistema a través del cual las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, en territorio nacional, se encuentran obligadas a pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario, ya sea mediante el entero de una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que se realicen por ese concepto, o bien, al impedirles que disminuyan, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, aquellas cantidades que en efectivo entreguen a sus trabajadores por concepto del crédito al salario, hasta por un importe igual a aquél que hubiere tenido que pagar de no haber ejercido la opción que prevé el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral, con lo cual los sujetos del impuesto sustitutivo del crédito al salario se encuentran obligados a cumplir con la obligación tributaria a su cargo, tomando en consideración no sólo las erogaciones que se realicen por la prestación de un servicio personal subordinado, sino también por un elemento completamente ajeno a su capacidad contributiva (monto de las erogaciones) como lo es el crédito al salario que en efectivo deben entregar a sus trabajadores, ya que este último no depende del causante, sino de los sueldos que en forma individual perciban cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta para su determinación.

• Por tanto, el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que introduce un elemento que nada tiene que ver con la capacidad contributiva de las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado y, por ende, con su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos.

• Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que sujetos que realizan exactamente las mismas erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado al final enteran al fisco federal cantidades distintas, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto por los párrafos séptimo y octavo del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los contribuyentes del impuesto, dependiendo del sueldo que en forma individual perciban las personas que les prestan un servicio personal subordinado, así como de las tarifas que prevén los artículos 115 y 116 del ordenamiento legal en comento, podrán optar por no pagar el impuesto sustitutivo del crédito al salario en forma directa, sino a través de la no disminución de las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen a sus trabajadores en efectivo, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros.

• Además de lo anterior, existe otro motivo que da lugar a la violación de la garantía de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual surge de que dependiendo del número de trabajadores con bajos niveles de ingresos con que cuenten las personas que realizan erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado, variará el monto que el patrón tenga que absorber por concepto del crédito al salario que les entregue en efectivo y, por ende, la cantidad que se le impide disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, en el caso de los sujetos que ejercieron la opción que prevén los párrafos séptimo y octavo de dicho numeral.

• Consecuentemente, los patrones no están contribuyendo a los gastos públicos en función de su capacidad contributiva, ya que lo hacen dependiendo de los sueldos que obtengan los trabajadores en forma individual y no de las erogaciones que realizan por la prestación de un servicio personal subordinado, provocando con ello que sujetos con la misma capacidad contributiva, tengan cargas fiscales diferentes.

Las ejecutorias cuyos argumentos fundamentales fueron sintetizados dieron lugar a la integración de la tesis de jurisprudencia número 11/2003, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 5, cuyos rubro y texto son los siguientes:

"IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LO ESTABLECE, EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE DOS MIL DOS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, al establecer un sistema a través del cual las personas físicas y morales que realicen erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, quedan obligadas a enterar una cantidad equivalente a la que resulte de aplicar la tasa del 3% sobre el total de erogaciones que realicen por ese concepto; o bien, les impide disminuir las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, hasta ese mismo porcentaje de no haber ejercido la opción que prevén el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral, introduce elementos ajenos a la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto, como es el monto del crédito al salario que le corresponde a sus trabajadores, ya que dicho monto no depende del causante, sino de los sueldos que en forma individual perciban cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que prevé la Ley del Impuesto sobre la Renta para su determinación, desconociendo con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público."

De esta forma, de acuerdo con los argumentos fundamentales de las ejecutorias y tesis de jurisprudencia transcrita, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al considerarse que el contenido del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

La concesión del amparo es para el efecto de desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la obligación fiscal de pagar el impuesto del tres por ciento sobre el total de erogaciones que realicen por concepto de la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional, o en su defecto, el impedimento para disminuir las cantidades que por concepto del crédito al salario entreguen en efectivo a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, hasta ese mismo porcentaje de no haber ejercido la opción que prevén el séptimo y octavo párrafos de dicho numeral considerado inconstitucional.

Apoya la consideración que antecede, en lo conducente, el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 62/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del Tomo VIII, noviembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya trasgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto."

En vista de lo anterior, por lo que se refiere al concepto de violación que se ha precisado en el inciso b), elaborado en el sentido de que los artículos tercero transitorio y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta transgreden la garantía de audiencia, al establecer requisitos absurdos para estar en posibilidad de disminuir del impuesto sobre la renta el crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores, cuando éste exceda del importe del impuesto sustitutivo del crédito al salario de no haber ejercido la opción de "no pago", así como el artículo 22 constitucional (sanción excesiva), esta Segunda Sala lo considera inoperante toda vez que, en la especie, los preceptos jurídicos mencionados se combaten de manera relacionada, sin que se advierta del planteamiento correspondiente que el segundo de ellos hubiere sido reclamado por vicios propios, para que en esos términos se realizara el estudio correspondiente.

En tal virtud, tomando en consideración que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio de que el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece el sistema del impuesto sustitutivo del crédito al salario, es inconstitucional porque transgrede el principio de proporcionalidad tributaria, lo que trae como consecuencia que las quejosas no se encuentren obligadas a observar en sus términos lo dispuesto en el numeral en cuestión y, por ende, se les permita disminuir las cantidades que por concepto de crédito al salario entreguen en efectivo a sus trabajadores, del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, como lo establece el artículo 119 de la ley de la materia, sin la limitante que para tal efecto establecía la disposición transitoria reclamada (únicamente del excedente del 3% sobre las erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado -base de impuesto sustitutivo del crédito al salario-), las alegaciones expuestas en el concepto de violación en estudio, en vía de consecuencia, resultan ser inoperantes puesto que las promoventes del juicio de garantías, en razón de lo anterior, no podrían obtener mayor beneficio de los ya concedidos con motivo del otorgamiento de la protección de la Justicia Federal en lo que atañe al artículo tercero transitorio multicitado, que prevé el impuesto sustitutivo del crédito al salario.

SEXTO. No obstante la determinación que se ha sustentado en el considerando que antecede, es menester destacar que en virtud de los efectos limitados de la concesión del amparo (únicamente respecto del artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos), procede examinar los demás conceptos de violación hechos valer por las sociedades mercantiles quejosas en contra de la Ley del Impuesto sobre la Renta (proceso legislativo) y sus artículos 115 y 116, actos que se combaten por vicios propios, en atención a que, en primer lugar, versan sobre un gravamen cuya mecánica y base de tributación es independiente de aquel que fue declarado inconstitucional (impuesto sustitutivo del crédito al salario) y, en segundo lugar, porque de resultar fundadas dichas argumentaciones y conceder la protección constitucional por ese motivo a las promoventes del juicio de garantías, no sólo obtendrían el beneficio de desincorporar de la esfera jurídica las obligaciones que les impone la disposición transitoria, sino uno más amplio que, en el caso, se traduciría en la declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre la renta en general o de los preceptos jurídicos combatidos.

Así, en la segunda parte del noveno concepto de violación, señalado en el inciso c) del considerando cuarto de esta ejecutoria, las quejosas sostienen que la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, transgrede la garantía de seguridad jurídica porque el Congreso de la Unión no concluyó la sesión extraordinaria en que la aprobó antes de las veinticuatro horas del treinta y uno de diciembre de dos mil uno, de conformidad con los artículos 66 y 72 de la Constitución.

Pues bien, la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Carta Magna está vinculada con el apego de todo acto autoritario al orden jurídico que lo regula; así, las autoridades respetarán los derechos constitucionales cuando ajusten su proceder a los mandamientos de la Carta Magna y de las leyes aplicables al caso concreto, fundamentándolos y motivándolos debidamente.

En este punto, conviene tener presente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que la fundamentación de un acto legislativo debe entenderse como el hecho de que el órgano que expide la ley esté constitucionalmente facultado para ello y, de esta manera, tratándose del Congreso de la Unión, la ley que expide estará fundada si en los términos de la Constitución Federal el Poder Legislativo tiene la atribución en comento.

Así, los requisitos de fundamentación y motivación se satisfacen cuando la autoridad legislativa actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución le confiere y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que exigen ser jurídicamente reguladas, sin que ello implique que cada una de las disposiciones contenidas en esas leyes deban ser materia de motivación especial.

Son aplicables al caso las tesis de jurisprudencia y aislada sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando aquél actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice de 1995. Tomo I, Parte SCJN. Tesis: 146. Página: 149).

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES. Ni en la iniciativa de una ley ni en el texto de la misma, es indispensable expresar su fundamentación y motivación, como si se tratara de una resolución administrativa, ya que estos requisitos, tratándose de leyes, quedan satisfechos cuando éstas son elaboradas por los órganos constitucionalmente facultados, y cumpliéndose con los requisitos relativos a cada una de las fases del proceso legislativo que para tal efecto se señalan en la Ley Fundamental." (Séptima Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volúmenes: 193-198, Primera Parte. Página: 100).

Por su parte, los artículos 65, 66, 67 y 72, incisos f) y h), de la Constitución, en la parte que interesa, establecen:

"Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

"En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.

"En cada periodo de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su ley orgánica."

"Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.

"Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el presidente de la República."

"Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva."

"Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.

"...

"F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

"...

"H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados."

De la transcripción hecha se advierte que el Congreso de la Unión tendrá dos periodos de sesiones ordinarias, el primero del uno de septiembre al quince de diciembre del mismo año, que sólo puede prolongarse hasta el treinta y uno de diciembre cuando el presidente de la República inicie su mandato de seis años, el segundo periodo del quince de marzo al treinta de abril del mismo año, sin que pueda prolongarse.

Asimismo, se establece la posibilidad de que el Congreso se reúna en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque la Comisión Permanente.

Por otra parte, se prevé que todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas Cámaras, observando su reglamento de debates y que la formación de leyes o decretos sobre contribuciones o impuestos deberá discutirse primero en la Cámara de Diputados, esto es, fue voluntad del Constituyente que antes de iniciar el proceso legislativo en materia presupuestal, la Cámara de Diputados discutiera las contribuciones que habrán de dar solvencia al Gobierno Federal para el cumplimiento de sus funciones.

En estos términos, se destaca que en los artículos constitucionales antes transcritos no se exige que las sesiones extraordinarias deban concluir en cierto plazo, por tanto, trasladándose al caso de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que fue aprobada en una sesión extraordinaria, no se puede exigir constitucionalmente que los asuntos que se aborden en las mismas se resuelvan en fecha determinada.

Lo anterior pone en evidencia que aun otorgando razón a las quejosas en el sentido de que la ley impugnada fue aprobada después del treinta y uno de diciembre de dos mil uno, tal argumento resultaría de cualquier modo inoperante para concederles el amparo, pues esa irregularidad no trasciende de manera fundamental que amerite la invalidez e inaplicabilidad de las normas reclamadas, puesto que no impide que se cumpla el fin último buscado con el proceso legislativo, es decir, que la Ley del Impuesto sobre la Renta haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente.

Sirve de apoyo a lo mencionado con anterioridad la tesis de jurisprudencia P./J. 94/2001, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice:

"VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario."

En esa tesitura, la transgresión alegada es insuficiente para otorgar la protección de la Justicia Federal solicitada, puesto que tiene un carácter secundario en tanto que no repercute en el contenido de la ley que se combate.

Respecto del concepto de violación que se ha sintetizado con antelación en el inciso d) del considerando cuarto de esta ejecutoria, relativo a que la Ley del Impuesto sobre la Renta en que se contienen los preceptos cuestionados no contó con la fase o etapa denominada "vacatio legis", en razón de que el Ejecutivo Federal sancionó y expidió el decreto promulgatorio de dicho ordenamiento el mismo día en que entró en vigor, por tanto, al parecer de las recurrentes no tienen validez ni son obligatorias sus normas por ser inexistente la ley, pues en su proceso de formación se encuentra un vicio que afecta su vigencia y obligatoriedad con violación al principio de seguridad jurídica, esta Segunda Sala lo considera infundado, dado que la ausencia de la "vacatio legis" reclamada no provoca su inconstitucionalidad porque esa etapa en el proceso legislativo no está prevista como una fase esencial en el proceso legislativo en los artículos 71 y 72 constitucionales que dicen:

"Sección II.

"De la iniciativa y formación de las leyes

"Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

"I. Al presidente de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17779-37f95121/conceptos-de-violacion-inoperantes-son-aquellos-en-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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