CRÉDITO AL SALARIO. LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL AÑO DE DOS MIL DOS QUE ESTABLECE DICHO IMPUESTO SUSTITUTIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 1184/2003. CASA DÍAZ DE MÁQUINAS DE COSER, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-Una vez precisado lo anterior, procede analizar el agravio relativo a que es inexacta la apreciación del Juez al estimar que la fracción VI del artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta violaba el principio de proporcionalidad tributaria, porque deja al arbitrio de la autoridad administrativa autorizar el acreditamiento del crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores, toda vez que dicha autorización simplemente es un requisito administrativo que no incide en la base del gravamen, como para estimar que infringe el principio antes señalado.
Ahora bien, le asiste la razón a la autoridad recurrente en cuanto a que incorrectamente la Juez del conocimiento señaló en la sentencia que se impugna que el artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año de dos mil dos, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria al dejar al arbitrio de la autoridad administrativa autorizar o no el acreditamiento del crédito al salario pagado en efectivo a los trabajadores, cuando dicho concepto sea mayor que el impuesto sobre la renta a cargo de sus empleados; no obstante, si atendemos a las razones y fundamentos en que se apoyó la Juez a quo al elaborar su conclusión, puede observarse con claridad que en realidad dicha Juez de Distrito se refiere a que la porción normativa del precepto impugnado transgrede el principio de legalidad tributaria.
En este tenor, si bien existe una imprecisión en el fallo que se combate, no menos cierto lo es que dicha circunstancia no conlleva a determinar su revocación, toda vez que el artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se reclamó en el juicio de garantías, sí transgrede el principio de legalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en las siguientes anotaciones.
A fin de informar el aserto que antecede, es conveniente destacar que el crédito al salario, desde su origen, fue concebido como un beneficio que la ley otorga a los trabajadores, cuya finalidad consiste en incrementar las percepciones de aquél, y la mecánica para su determinación y aplicación se encuentra regulada actualmente en los artículos 115, 116 y 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Así, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 113 de la ley de la materia calcularán el impuesto mensual o anual de cada persona que le hubiere prestado servicios personales subordinados (previamente disminuido con el monto del subsidio) y una vez que se ha realizado lo anterior, deberá acreditar contra el impuesto que resulte a cargo de los trabajadores, el crédito al salario mensual o anual que se obtenga de aplicar las tablas previstas en los dos primeros preceptos legales citados con antelación; en caso de que el impuesto sobre la renta a cargo del trabajador sea inferior al crédito al salario mensual o anual, entonces el patrón deberá entregar al trabajador, en efectivo, la diferencia que resulte, y aquél podrá acreditar del impuesto a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que se entregaron a sus empleados por ese concepto.
En este orden de ideas, se considera correcta la decisión de la Juez de Distrito al estimar que lo dispuesto en el artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, deja al arbitrio de la autoridad fiscal autorizar el acreditamiento del monto que, por concepto de crédito al salario, el patrón entregue en efectivo a sus trabajadores, premisa fundamental que en este aspecto se sustenta el fallo recurrido y que implica violación al principio de legalidad tributaria, habida cuenta que éste no sólo se traduce en que las obligaciones y derechos que se establezcan a cargo o a favor del contribuyente, respectivamente, se encuentren previstos en un acto material y formalmente legislativo, sino que es menester que también en el mismo se consignen con precisión sus elementos esenciales, así como la forma, contenido y alcance de aquélla, mediante la previsión expresa de los requisitos que deben ser satisfechos y, en su caso, el procedimiento que deba seguirse para el cumplimiento o el ejercicio de la prerrogativa de que se trate; todo ello con la finalidad de proporcionar seguridad y certeza jurídica al contribuyente, de que en el momento de cumplir sus obligaciones o de ejercer sus derechos, las autoridades hacendarias actuarán dentro del parámetro que establece la ley y conforme a las disposiciones generales que, desde luego, son de observancia obligatoria, evitando así que la autoridad pueda actuar a su arbitrio y sin apoyo legal alguno, en perjuicio del sujeto pasivo de la relación tributaria.
Sirve de apoyo a la consideración que antecede la tesis de jurisprudencia visible en la página 173 de los Volúmenes 91-96, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del Tribunal Pleno, que dice:
"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.-El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles."
Asimismo, es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 165, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.-Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos ‘contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’, no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, esté establecido por ley; segundo, sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida."
En ese contexto, atendiendo a la finalidad y a los principios de seguridad y certeza jurídica tutelados por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, a través del principio de legalidad tributaria, la observancia de éste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo, todos aquellos elementos y requisitos que sirven de base para el debido y exacto cumplimiento de una obligación fiscal o del ejercicio de un derecho, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impida un comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades, que directa o indirectamente participen en su determinación y, por otra, generen al gobernado certidumbre sobre qué cargas tributarias y prerrogativas le corresponden, en virtud de la situación jurídica en que se encuentra o pretenda ubicarse.
En estos términos, el artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a la letra dice:
"Artículo 119. Quienes hagan los pagos a los contribuyentes que tengan derecho al crédito al salario a que se refieren los artículos 115 y 116 de esta ley sólo podrán acreditar contra el impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros, las cantidades que entreguen a los contribuyentes por dicho concepto, cuando cumplan con los siguientes requisitos:
"...
"VI. Paguen mensualmente a los trabajadores en nómina separada y en fecha distinta a la que se paga el salario, el monto del crédito al salario previamente autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."
De los requisitos contenidos en la transcrita fracción VI del artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el relativo a que el monto del crédito al salario sea autorizado previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, resulta violatorio de la garantía de legalidad tributaria en razón de que se omite establecer de manera cierta, precisa y objetiva en qué forma (requisitos, trámites y procedimiento) el contribuyente podrá ejercer el derecho correspondiente, así como las atribuciones que al respecto corresponden a la autoridad administrativa respectiva.
En tal virtud, es inconcuso que la referida indefinición e imprecisión en la regulación de la forma en que puede hacerse valer el derecho que establece la ley, a favor del particular ante la autoridad fiscal conlleva, por sí mismo, una transgresión al principio constitucional de legalidad tributaria, en la medida de que genera inseguridad e incertidumbre en los gobernados, respecto del alcance del beneficio que establece el ordenamiento jurídico a su favor, en atención a que dicha circunstancia se traduce en dejar al criterio subjetivo de la autoridad hacendaria conceder o no la autorización del acreditamiento de las cantidades pagadas en efectivo por los patrones a sus trabajadores por concepto del crédito al salario.
Por tanto, como el requisito cuestionado previsto en la fracción VI del artículo 119 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatorio de la garantía de legalidad tributaria, tutelada por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada respecto de la porción normativa en comento.
Debe precisarse que como el requisito cuestionado recae sobre una variable de la contribución y no sobre los elementos esenciales de la misma, la protección constitucional sólo tiene el efecto de desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa la observancia del requisito que se le impone para poder acreditar contra el impuesto sobre la renta, a cargo de la quejosa o del retenido a terceros, el crédito al salario pagado en efectivo a sus trabajadores, consistente en la autorización, previa al ejercicio de ese derecho, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Es aplicable a la determinación que antecede la tesis de jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes:
"CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.-Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, noviembre de 1998. Tesis: P./J. 62/98. Página: 11).
El criterio sustentado en el presente asunto no contraría la tesis número CXXVII/2003, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ES CONSTITUCIONAL, PORQUE EL CONGRESO DE LA UNIÓN TIENE FACULTADES PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA SU ACREDITAMIENTO.", en virtud de que esta última se refiere a la posibilidad del Congreso de la Unión para legislar en materia fiscal y, por ende, sobre los requisitos necesarios para acreditar una contribución, lo cual en la especie no se cuestiona, sino simplemente se hace alusión a que una determinada condición que se impone al contribuyente (una porción normativa del precepto en cuestión, mas no su totalidad) produce al gobernado inseguridad jurídica.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.-Deben quedar firmes los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia recurrida respecto del sobreseimiento en el juicio de garantías por lo que hace al artículo 116 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, así como respecto de la concesión del amparo en lo que atañe al artículo 115 del ordenamiento jurídico antes citado, en términos de los considerandos cuarto y quinto de la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Casa Díaz de Máquinas de Coser, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados consistentes en el artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor en el año de dos mil dos, en términos del considerando séptimo del fallo dictado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 82/2003, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos mil tres.
TERCERO.-En la materia de la revisión, la Justicia de la Unión ampara y protege a Casa Díaz de Máquinas de Coser, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados consistentes en el artículo 119, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor en el año de dos mil dos.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente en funciones Juan Díaz Romero. Ausente el señor Ministro José Vicente Aguinaco Alemán, previo aviso dado a la Segunda Sala. Fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Nota: La tesis 2a. CXXVII/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, octubre de 2003, página 54.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17815-e1769bbe/credito-al-salario-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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