INFONAVIT. INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA REFORMA A LA LEY RELATIVA, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 6 DE ENERO DE 1997. ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO QUE LA QUEJOSA DEMUESTRE TENER TRABAJADORES A SU SERVICIO A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR.
AMPARO EN REVISIÓN 826/98. MAQUILAS AGRÍCOLAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Resulta improcedente la adhesión al recurso de revisión interpuesta por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que en el presente asunto esta autoridad carece de legitimación para hacerla valer.
En efecto, en la sentencia recurrida, como se precisó en el considerando anterior, se decretó el sobreseimiento en relación con los actos reclamados del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, y tal determinación ha quedado firme, de ahí que dicha autoridad carezca de legitimación para adherirse al recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la quejosa, principalmente porque los actos que se le atribuyeron no serán objeto de análisis por esta Segunda Sala.
Otra razón por la que se estima que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social carece de legitimación para defender el sobreseimiento decretado respecto de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, radica en que el recurso de revisión, en este caso, sólo pueden interponerlo las autoridades que expidieron y promulgaron el ordenamiento reclamado, atribuciones que son ajenas a la adherente.
Sirve de apoyo a la consideración precedente, por analogía, la tesis aislada integrada por el Tribunal Pleno, publicada en la página 76, Primera Parte, Tomo 67, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:
"SEGURO SOCIAL, LEY DEL, FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER REVISIÓN EN AMPARO CONTRA LA.-Tratándose de la Ley del Seguro Social, el instituto del mismo nombre no está legitimado para interponer el recurso de revisión, en amparo contra leyes, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley de Amparo, por no haber sido ni autoridad expedidora, ni promulgadora de dicha ley, ni representarla en términos del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo mismo debe decirse de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social, por sí, y como representantes del presidente de la República, en tanto no estén facultados en términos del citado artículo 19."
En consecuencia, procede desechar la revisión adhesiva presentada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin que sea obstáculo para ello el hecho de que se hubiese admitido por auto de la Presidencia de este Alto Tribunal, pronunciado el treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en atención a que se trata de una determinación de trámite que no causa estado.
QUINTO.-De la lectura del considerando cuarto de la sentencia recurrida, se advierte una incongruencia que debe repararse oficiosamente en esta instancia, con apoyo en la jurisprudencia de la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 79, Octava Época, julio de 1994, página 22, que a continuación se transcribe:
"SENTENCIAS INCONGRUENTES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE AMPARO. CUANDO EL CASO LO PERMITA EL TRIBUNAL REVISOR PUEDE SUBSANAR TALES IRREGULARIDADES.-Si en la demanda de amparo se impugnó una ley con motivo de actos concretos de aplicación y el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio respecto de estos últimos, pero en lugar de sobreseer también respecto de la ley reclamada entró al estudio de su inconstitucionalidad, se considera que, no obstante la inoperancia de los agravios expuestos por el recurrente, el tribunal revisor puede oficiosamente subsanar esa irregularidad decretando el sobreseimiento respectivo, a efecto de evitar ejecutorias incongruentes. Debe de tomarse en cuenta, por una parte, que en los términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio y, por la otra, que si de acuerdo con el espíritu del artículo 79 del citado ordenamiento es factible suplir el error en que haya incurrido la parte agraviada en la cita de la garantía cuya violación reclama, otorgando el amparo por la que realmente aparezca violada, por mayoría de razón debe conferirse esa facultad al tribunal revisor para que subsane notorias incongruencias en que haya incurrido el tribunal de primera instancia cuando el caso lo permita, puesto que con ello se cumple cabalmente con la alta función encomendada al órgano jurisdiccional."
La aplicación al caso del criterio jurisprudencial transcrito es procedente y necesaria, en virtud de que el Juez de Distrito, en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, señaló que el jefe del Departamento Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en ausencia del director general, y el delegado regional I en el Estado de Sonora, del mismo instituto, manifestaron que no son ciertos los actos que se le reclaman en los términos expuestos por la quejosa, sin decidir el a quo si los actos se tenían por ciertos o por inexistentes, como lo ordena el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.
Por ende, la omisión en que incurrió el Juez Federal constriñe a esta Segunda Sala a emitir el pronunciamiento correspondiente; para cumplir con el imperativo legal mencionado, se considera que deben tenerse como inexistentes los actos de las autoridades indicadas, en atención a que en la demanda de amparo sólo fue reclamado el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, siendo evidente que tales autoridades no lo expidieron ni promulgaron, no refrendaron el decreto promulgatorio y tampoco se encargaron de su publicación oficial.
En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que toca a los actos del director general y del delegado regional I en el Estado de Sonora, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
SEXTO.-En el primer agravio, el recurrente, entre otros argumentos, sostiene que para acreditar su interés jurídico en relación con el artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no es necesario demostrar que tiene trabajadores que perciben como salario un monto superior a diez veces el salario mínimo general vigente en el área de aplicación, sino que es suficiente demostrar que está obligado a cubrir aportaciones al citado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Con ese propósito, la quejosa anexó a su demanda copias certificadas de su registro empresarial en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (foja 33 del expediente de amparo) y del pago de aportaciones patronales y amortizaciones a créditos de ese instituto, correspondiente al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, efectuado el diecisiete de julio del mismo año, la cual obra a foja 34 del mismo expediente.
Se estima que en el caso está acreditado el interés jurídico de la quejosa con la copia certificada del pago de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, relativo al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete, ya que con ese documento la empresa quejosa demuestra que tiene trabajadores a su servicio y, al propio tiempo, también acredita que ya está obligada a determinar y pagar las aportaciones patronales conforme a los preceptos reformados de la ley que rige a ese instituto, siendo evidente que fue rígida y carente de sustento jurídico la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que la quejosa debió demostrar que tenía trabajadores que perciben un salario superior a las diez veces el salario mínimo vigente en el área geográfica de que se trata.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de esta Segunda Sala, identificada con el número LXXII/98, visible en la página 590, Tomo VII, correspondiente a mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes:
"INFONAVIT. INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA REFORMA A LA LEY RELATIVA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE 6 DE ENERO DE 1997. ES SUFICIENTE PARA ACREDITARLO QUE LA QUEJOSA DEMUESTRE TENER TRABAJADORES A SU SERVICIO A LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR.-Es suficiente para acreditar el interés jurídico para promover el juicio de amparo contra el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, en vigor a partir del primero de julio de dicho año, que la parte quejosa demuestre que a la fecha de iniciación de su vigencia tiene trabajadores a su servicio, lo que puede hacer con la documental relativa al formulario de pago de aportaciones correspondientes al tercer bimestre de 1997, pues con ello acredita que se encuentra en los supuestos de su autoaplicación pues ya está obligado a determinar y pagar las aportaciones patronales conforme a las bases establecidas en los preceptos reformados de la ley referida."
Por otra parte, la quejosa sostiene que tampoco se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que, contrariamente a lo aseverado por el a quo, sí formuló argumentos lógico-jurídicos para combatir la ley impugnada.
De la sentencia recurrida se obtiene que el Juez de Distrito estimó que la quejosa no planteó argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad del precepto legal que reclama, ya que, dice, se limitó a señalar como violados los artículos 14 y 16 constitucionales, pero no propuso argumentos encaminados a demostrar la violación a las garantías contenidas en las disposiciones constitucionales mencionadas.
De la lectura de los conceptos de violación propuestos, se aprecia que el representante de la empresa quejosa expresó los siguientes argumentos:
a) Que existe contradicción entre el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo y el artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
b) Que para dejar de aplicar lo dispuesto por el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo, debe seguirse el procedimiento legislativo previsto en el artículo 72 constitucional, a fin de que aquella disposición sea derogada de manera expresa, pues el mencionado precepto legal constituye la ley especial en este caso, ya que regula de modo más específico que el artículo 28 de la Ley del Seguro Social, la fijación del límite máximo salarial para el pago de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
c) Que el precepto impugnado transgrede lo dispuesto por el artículo 123, fracción XII, constitucional, al facultar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fijar el monto de las aportaciones que al citado instituto deberán hacer los patrones, cuando en la Constitución solamente prevé que administre el fondo; además de que la fijación de las aportaciones siempre ha sido establecida en la Ley Federal del Trabajo.
De la lectura detenida de los argumentos sintetizados en los incisos enumerados, esta Sala considera que no es acertada la decisión del Juez de Distrito de sobreseer porque no se propusieron conceptos de violación, ya que la quejosa sí propuso razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir la inconstitucionalidad del precepto legal que impugna; esta consideración no se ve desvirtuada por el hecho de que en los argumentos aducidos se omite plantear contravenciones a la Constitución y comprende esencialmente problemas de ilegalidad, pues la consecuencia que esta abstención tendrá puede ser la de que los conceptos se desestimen, pero no la de ocasionar el sobreseimiento en el juicio.
Además, aun en el caso de que la quejosa hubiese señalado como preceptos constitucionales violados los artículos 14 y 16 y que los conceptos de violación no tengan relación alguna con la transgresión a los derechos públicos subjetivos que en dichos preceptos se tutelan, esta circunstancia, obviamente, no conduce al sobreseimiento, sobre todo si se toma en cuenta que el artículo 79 de la Ley de Amparo establece que el juzgador de amparo deberá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos constitucionales o legales que se estiman violados.
En consecuencia, en virtud de que la quejosa sí acreditó su interés jurídico y sí propuso argumentos para combatir el precepto legal reclamado, esta Segunda Sala se aboca al estudio de las causas de improcedencia propuestas por las autoridades responsables, que no fueron examinadas por el Juez de Distrito.
El jefe del Departamento Legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en ausencia del director general, al rendir el informe justificado señaló que este juicio de garantías es improcedente pues la quejosa consintió la ley reclamada, ya que reconoció en su demanda que ha pagado las aportaciones al citado instituto y que desde la expedición de la ley, la cual fue publicada el veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y dos, se ha previsto el pago de las aportaciones y la forma de operar del citado instituto, por lo que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones XI y XII, de la Ley de Amparo.
El citado precepto legal dispone:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;
"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218 ..."
No se actualizan las causales de improcedencia propuestas por la autoridad citada, ya que, en lo tocante a la primera, la quejosa reclama la reforma al artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, que entró en vigor el uno de julio del mismo año.
La impugnación del citado precepto legal se hace con motivo de su entrada en vigor, es decir, la demandante lo reclama como ley autoaplicativa.
Ahora bien, los pagos de las aportaciones hechos por la quejosa, a los cuales se refiere en su demanda -específicamente el relativo al tercer bimestre de mil novecientos noventa y siete- cuyo comprobante (formulario de pago) exhibió en el juicio en copia certificada, se llevó a cabo con apoyo en las disposiciones anteriores que fueron reformadas, lo que se traduce en que dichos pagos no pueden servir de base para estimar que la quejosa consintió el precepto reclamado, en atención a que se refieren a obligaciones anteriores a su entrada en vigor.
Lo anterior permite establecer que tampoco se consintió tácitamente el precepto reclamado, pues si éste entró en vigor el uno de julio de mil novecientos noventa y siete y la demanda se presentó el once de agosto del mismo año, de ello deriva que la presentación de la demanda es oportuna, habida cuenta de que se realizó dentro del término de treinta días previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo.
En efecto, dicho término transcurrió del uno de julio al once de agosto de mil novecientos noventa y siete, descontando los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de julio, 2, 3, 9 y 10 de agosto del mismo año, que fueron inhábiles de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En virtud de lo expuesto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito y, en consecuencia, se procede a continuación al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa.
SÉPTIMO.-El representante de la sociedad quejosa expresó los siguientes conceptos de violación:
"Único: La inconstitucionalidad del artículo 29, fracción II, del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por violación de las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con la fracción XII del artículo 123 constitucional.-A) Debido a la reforma citada anteriormente, el artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores quedó de la siguiente manera: ‘Art. 29. Son obligaciones de los patrones: ... II. Determinar el monto de las aportaciones del cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio y efectuar el pago en las entidades receptoras que actúen por cuenta y orden del instituto, para su abono en la subcuenta de vivienda de las cuentas individuales de los trabajadores previstas en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los términos de la presente ley y sus reglamentos, así como en lo conducente, conforme a lo previsto en la Ley del Seguro Social y en la Ley Federal del Trabajo. En lo que corresponde a la integración y el cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de aportaciones, se aplicará lo contenido en la Ley del Seguro Social.-Estas aportaciones son gastos de previsión de las empresas y forman parte del patrimonio de los trabajadores.-Los patrones, al realizar el pago, deberán proporcionar la información relativa a cada trabajador en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la presente ley y, en lo aplicable, la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.-El registro sobre la individualización de los recursos de la subcuenta de vivienda de las subcuentas individuales de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estará a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro, en los términos que se establecen en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su reglamento. Lo anterior independientemente de los registros individuales que determine llevar el instituto.-Si se comprueba que dicho trabajador fue inscrito por otro patrón, el instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud, el importe de las aportaciones pagadas en exceso, a partir de la fecha de la nueva alta.’.-Esto es, la fracción II del citado precepto remite expresamente a la Ley del Seguro Social para la integración y el cálculo de la base y límite superior salarial para el pago de las aportaciones referentes a la subcuenta de vivienda. Por su parte la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, en el capítulo II, denominado ‘De las bases de cotización y de las cuotas’, en su artículo 28 señala precisamente que: ‘Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo del área geográfica respectiva.’.-Del precepto anteriormente citado desprendemos que las aportaciones que los patrones deberán realizar al Fondo Nacional para la Vivienda, serán del cinco por ciento del salario de los trabajadores al servicio de la empresa, tomando como límite máximo para la determinación de dichas aportaciones la cantidad equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.-Por otro lado, dentro del capítulo de los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social, el artículo vigésimo quinto señala que: ‘El artículo 28 de esta ley entrará en vigor el 1o. de enero del año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía y edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.-A partir de la entrada en vigor de esta ley el límite del salario base de cotización en veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará en un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007.’.-Vinculando lo anterior con lo citado por el artículo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social mencionado en el sexto antecedente de la presente demanda, tenemos que la fijación del límite superior salarial para la determinación del monto de las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (1o. de julio de 1997), y este límite superior se incrementará en un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año de 2007.-No obstante lo anterior, tal y como lo señalamos en la exposición de los antecedentes, existe el artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que de manera expresa señala que las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda serán del cinco por ciento del salario de los trabajadores al servicio de una empresa, tomando como límite máximo para la determinación de dichas aportaciones, la cantidad equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda.-Como su Señoría podrá apreciar, existe una total contradicción entre las disposiciones referentes al límite máximo salarial para la determinación de las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, ya que por una parte la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, al remitir a la Ley del Seguro Social para la determinación de dicho límite máximo salarial, lo señala en la cantidad de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de la entrada en vigor de la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (1o. de julio de 1997), y este límite superior se incrementará en un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año de 2007, y por otro lado, la Ley Federal del Trabajo vigente señala por su parte que el multicitado límite máximo salarial será el equivalente a diez veces el salario mínimo general del área geográfica de aplicación que corresponda.-Esto es, existen dos disposiciones contradictorias entre sí que regulan una misma situación jurídica, la cual, tal y como lo hemos señalado en los antecedentes, se trata de una situación jurídica que afecta a mi representada, pues ella está obligada a realizar dichas aportaciones conforme a la fracción XII del artículo 123 constitucional.-La contradicción antes señalada causa agravios a mi representada pues la existencia simultánea de dos normas del mismo nivel que regulen contradictoriamente la materia de la determinación de los límites máximos del salario base de cotización para las aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, atenta contra los principios de legalidad, ya que viola la garantía de seguridad jurídica al crear una incertidumbre respecto a qué norma debe ser obedecida o si deben ser obedecidas ambas o, por el contrario, ninguna de las dos debe obedecerse por ser mutuamente contradictorias.-La citada contradicción atenta además contra los principios lógicos que rigen la hermenéutica, pues no se puede sostener con pretensión de validez lógica y jurídica, la existencia simultánea de dos proposiciones incompatibles entre sí, es decir, contradictorias.-Los anteriores razonamientos encuentran su sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia que podemos encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII-Octubre, página 446: ‘LEYES, INTERPRETACIÓN JURÍDICA DE LAS.-Conforme a los principios lógicos que rigen en materia de hermenéutica o interpretación de las leyes y de sus normas en general unas y otras han de ser ponderadas conjunta y no parcialmente, armónica y no aisladamente, para desentrañar la intención del legislador, resolver la cuestión efectivamente planteada y evitar la incongruencia o contradicción, que repugna a la razón y a la correcta administración de la justicia.’.-También resulta aplicable al caso concreto la siguiente jurisprudencia que podemos encontrar en el Semanario Judicial de la Federación, Época 8a., Tomo VII-Abril, tesis J/3a. 18/91, pág. 24: ‘LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.-Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional.’.-Además de resultar violatoria de la garantía de legalidad dicha contradicción normativa, se presenta también una violación a la legalidad que se refleja en una afectación de los intereses jurídicos de mi representada, cuando se determina mediante una nueva norma (el artículo 29-II de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores) un incremento en el monto que por concepto de aportaciones al Fondo Nacional para la Vivienda, pues dicho incremento atenta contra lo dispuesto en el citado artículo 144 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone una cantidad inferior por conceptos de tal aportación.-B) Para la formulación del siguiente agravio, como antecedente histórico debemos señalar lo expuesto por el Lic. Luis Echeverría Álvarez en el año de 1972, quien, en su carácter de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en turno, al enviar la iniciativa de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al Congreso de la Unión, en su exposición de motivos señaló expresamente que: ‘... El Ejecutivo Federal ha sometido ya a la consideración de ese Honorable Congreso un proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, entre las que destacan las disposiciones del título cuarto, capítulo III, que regula la obligación patronal de contribuir a la constitución y operación de un Fondo Nacional de la Vivienda, y los derechos que corresponden a los trabajadores.-Ahora, y en acatamiento del mandato constitucional que considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo destinado a administrar ese fondo, me permito someter a vuestra soberanía este proyecto que propone el establecimiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ...’.-Tal y como se desprende de la antes citada exposición de motivos, la Ley Federal del Trabajo ha sido la reguladora de lo referente a las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda, y teniendo esto en cuenta, se creó la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con el objeto de que dicho instituto se encargara exclusivamente de la administración del ya citado fondo y no de su regulación.-En apoyo a lo anteriormente sostenido, debemos señalar como otro antecedente histórico, que en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas para 1986 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se señaló expresamente lo siguiente: ‘Uno de los objetivos fundamentales del Ejecutivo a mi cargo, ha sido el de propiciar la revisión y actualización constante de los ordenamientos legales, como también constante es la variación de la realidad que demanda progresos normativos indispensables para promover el campo social.-Es con este propósito que me permito someter a la consideración de esa soberanía un conjunto de reformas y adiciones a diversas disposiciones, tanto de la Ley Federal del Trabajo como de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que tienden a proteger y mejorar el nivel de bienestar económico y social de la clase trabajadora derechohabiente del Fondo Nacional de la Vivienda y, por otra parte, procuran dotar a la institución de mejores instrumentos para la realización más eficaz y eficiente en sus funciones ...’.-De lo antes citado su Señoría puede desprender entre otras cosas, que las modificaciones a las disposiciones relativas al Fondo Nacional de la Vivienda en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, han requerido de respectivas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pues estos dos ordenamientos se encuentran íntimamente vinculados en esa materia, y por ende no es posible modificar uno de estos ordenamientos sin afectar su c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/5560-a3897a71/infonavit-interes-juridico-para-reclamar-en-amparo-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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