PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.
AMPARO EN REVISIÓN 357/2003. GUILLERMO MORENO IBARRA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-No se analizarán las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida en relación con la interlocutoria que autorizó el embargo precautorio, en virtud de que se advierte una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente, atento lo previsto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, además de que su examen puede hacerse por este tribunal conforme a la jurisprudencia ochocientos diecinueve, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página quinientos cincuenta y siete del Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. DECLARACIÓN DE LA, AL CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN.-En atención a que la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, conforme al artículo 73 in fine de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación número 940, publicada en la página 1538 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación editado en 1989, debe hacerse valer de oficio por el juzgador del amparo, aun cuando las partes no la hayan alegado y esta facultad compete no sólo a los Jueces de Distrito en la primera instancia del juicio constitucional, sino también a los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de un recurso de revisión, a pesar de que en los agravios no se haga alusión a la causal y de que en la sentencia que se revisa, se haya concedido o negado la protección federal, pues en tal caso, deberá revocarse el fallo recurrido y sobreseerse en el juicio de garantías."
La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo preceptúa: "El juicio de amparo es improcedente: ... XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.-Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."
Como se precisó en los resultandos primero y segundo de esta ejecutoria, el quejoso reclama la sentencia interlocutoria e inminente ejecución, que autorizó un embargo precautorio sobre bienes de su propiedad, pronunciada en los autos del juicio civil ordinario 1576/2001, asimismo, la falta de emplazamiento en el trámite que culminó con esa resolución.
De las constancias que fueron remitidas como prueba por el Juez natural se advierte que el veintiuno de enero de dos mil dos se autorizó el embargo precautorio solicitado por Eliézer Lazcano Gómez, sobre bienes pertenecientes al hoy quejoso.
Los artículos 252 y 253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por su orden, disponen: "La resolución que conceda la medida solicitada, así como su ejecución no admite recurso alguno, ni aquélla prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicitó; la que la niegue será apelable. La tramitación y las resoluciones de estas medidas serán de carácter reservado.- Efectuada la providencia precautoria antes de ser entablada la demanda, el que la pidió deberá interponerla dentro de los diez días siguientes." y "El ejecutado podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia ejecutoria, para cuyo efecto se le notificará la ejecución de aquélla, en caso de no haberse practicado la diligencia con su persona o la de su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que no se practicó de acuerdo con la ley.-También lo puede hacer un tercero cuando sus bienes hayan sido objeto de la medida ejecutada.-En ambos casos deberán de sustanciarse en forma incidental. La resolución que se dicte será apelable sólo en el efecto devolutivo."
De la interpretación de los copiados numerales se colige que se conceden facultades al ejecutado para reclamar incidentalmente la providencia precautoria en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia ejecutoria, por lo que es evidente que, previo a la promoción del juicio de garantías, el quejoso debió agotar dicho medio de defensa ordinario, pues éste tiene como objetivo primordial obtener la modificación, revocación o nulificación de la providencia precautoria en su acepción más amplia, lo que significa que comprende la resolución que la autorizó como su ejecución material.
Así se ha sostenido por este tribunal al resolver las revisiones principales 369/2002 (cuatro de diciembre de dos mil dos), 111/2003 (diez de abril de dos mil tres) y 285/2003 (veintiuno de agosto de la presente anualidad), así como la improcedencia 44/2003 (veintiuno de febrero de dos mil tres) lo que, además, dio lugar a la tesis III.5o.C.28 C, publicada en la página mil ciento veintidós del Tomo XVII, abril de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "-De los artículos 252 y 253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se advierte que entre sus disposiciones no existe ninguna contradicción ni antinomia, pues el primero establece que la resolución que conceda una medida precautoria ‘no admite recurso alguno’, prohibición general referida directamente a los recursos ordinarios que prevé el mismo código, es decir, apelación, revocación y queja, en tanto que el segundo de manera expresa establece no un recurso sino un medio de defensa disponible sólo para el ejecutado y el tercero, quienes pueden impugnar la providencia o su ejecución a través de la reclamación vía incidental. Por tanto, para que proceda el amparo indirecto contra el embargo precautorio es indispensable que el ejecutado o, en su caso, el tercero promovente del amparo, agoten previamente dicho medio de defensa."
Asimismo cobra aplicación la tesis III.3o.C.90 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a fojas quinientos ochenta y nueve del Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del aludido Semanario, que dispone: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. SU IMPUGNACIÓN EN LA VÍA INCIDENTAL PUEDE COMPRENDER TANTO LA RESOLUCIÓN QUE LAS AUTORIZA COMO SU EJECUCIÓN (ARTÍCULOS 252 Y 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO).-Si el artículo 252 del código adjetivo reformado se refiere conjuntamente a la resolución que concede la medida precautoria y a su ejecución, cuando establece que son irrecurribles debido al carácter reservado que les es propio de acuerdo a sus objetivos, en tanto que el diverso artículo 253 faculta al afectado con la providencia a reclamarla incidentalmente hasta antes de la sentencia, resulta obvia la intención del legislador de no presentar obstáculo para que se cuestione la legalidad, tanto de la medida decretada, como de su ejecución, puesto que no hace distinción entre ambas."
Debe añadirse que, contra lo que afirma el quejoso, no estaba facultado para acudir directamente ante la Justicia Federal, toda vez que la circunstancia de que las medidas precautorias tengan una ejecución de imposible reparación no impide que se cumpla con el principio de definitividad que rige el amparo, dado que el promovente no está en ninguno de los casos de excepción a que se refiere la fracción XIII del artículo 73 de la ley de la materia, ya que no reclama actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional.
Por otra parte, cabe agregar que el amparista también reclamó la falta de emplazamiento al juicio civil ordinario 1576/2001 y que el Juez de Distrito fue omiso en realizar pronunciamiento alguno, por lo que en términos de lo previsto por el artículo 91 de la Ley de Amparo este tribunal procede a su examen.
Se equivoca el quejoso en cuanto alega que la omisión de llamarlo al indicado juicio lo ha privado de consultar el expediente y de ofrecer pruebas para acreditar su solvencia económica y demostrar que es innecesaria la medida precautoria, con lo que se vulneró su garantía de audiencia, además de infringirse el contenido de los numerales 105, 109 y 268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Se afirma lo anterior, en atención a que los artículos 268 y 270 del código en consulta, por su orden y, en lo conducente, previenen: "Presentada la demanda con los documentos y copias a que se refiere el capítulo tercero del título segundo de este código se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, emplazándolas para que la contesten dentro de ocho días, si el juicio fuere ordinario y dentro de cinco si fuere sumario." y "Los efectos del emplazamiento son: ... II. Sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el Juez que lo emplazó siendo competente al tiempo de la citación, aunque después deje de serlo con relación al demandado, porque éste cambie de domicilio, o por otro motivo legal; III. Obligar al demandado a contestar ante el Juez que lo emplazó, salvo su derecho de provocar la incompetencia ..."
De los numerales antes copiados se colige que el juicio se inicia con el emplazamiento y la litis se fija con la demanda y la contestación; en el caso, de las constancias del procedimiento natural se advierte que en proveído de dieciséis de agosto de dos mil uno se ordenó practicar aquella diligencia, sin que haya prueba de que ello hubiere acontecido, por lo que no ha empezado a correr el término para que el hoy quejoso produzca su contestación; por ende, aún no se ha entablado controversia entre las partes ni ha sido afectado en su esfera jurídica. Es importante mencionar que en el supuesto de que el llamamiento a juicio se hubiera efectuado ilegalmente, o bien, que éste hubiere seguido su curso sin que se le hubiere emplazado, sí se afectaría la garantía de audiencia del recurrente porque se le habría privado del derecho de contestar la demanda, excepcionarse y ofrecer las pruebas respectivas, pero ello no acontece en la especie.
Por la misma razón tampoco le afecta que el actuario del juzgado responsable no lo haya emplazado dentro del término señalado en el citado artículo 105 de código procesal civil, en virtud de que tal infracción sólo podrá traer una sanción a dicho funcionario, mas no al recurrente.
Además, aunque hubiere sido llamado a juicio, ello es independiente a su pretensión de justificar su solvencia económica y desacreditar la medida precautoria decretada, razón por la cual esa circunstancia en nada le beneficia, en todo caso los derechos que refiere puede hacerlos valer dentro del incidente previsto por el artículo 253 del código procesal civil.
Por consiguiente, en relación con la falta de emplazamiento a juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no ser un acto que por ahora afecte los intereses jurídicos del recurrente.
Lo expresado a lo largo de este considerando obliga a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados del secretario y oficial notificador adscritos al Juzgado Tercero de lo Civil de esta ciudad, al tenor de la jurisprudencia seiscientos cuarenta y siete, emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, consultable en la página cuatrocientos treinta y cuatro del Tomo VI del penúltimo Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA.-Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en el artículo 85 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la resolución recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guillermo Moreno Ibarra contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este expediente.
Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Alicia Guadalupe Cabral Parra, Enrique Dueñas Sarabia y Jorge Figueroa Cacho, siendo ponente el segundo de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17853-40f55a8a/providencias-precautorias-en-su-contra-procede-previamente-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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