TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO EN MATERIA LABORAL. ES APLICABLE EL CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ESTABLECIÓ EN MATERIA CIVIL, ACERCA DE QUE ES ILEGAL EL EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2003-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito (hoy Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito) al resolver el amparo directo número 74/93 estimó, en lo que aquí interesa, lo siguiente:
"IV. Son parcialmente fundados los conceptos transcritos, declaración que se hace supliendo la deficiencia de la queja en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo.
"... Independientemente de lo expuesto se advierte que la propia Junta al dictar el laudo combatido analizó sólo la acción planteada y las pruebas ofrecidas por el tercerista, sin hacer lo propio con las excepciones opuestas y las pruebas que también aportó el aquí quejoso, y concluyó que dado que la demandada en el expediente principal había transmitido la propiedad del terreno y la casa, bodega y galera ahí construidas al tercerista con anterioridad a la fecha en que el actor en el propio expediente había embargado el terreno y las construcciones de mérito, como aparecía de la diligencia de seis de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y la escritura número 10912 de dos de agosto del propio año, que ampara el contrato de dación en pago celebrado entre la nombrada demandada y el repetido tercerista, sin que obstara a ello que el referido contrato acabado de mencionar no estuviera inscrito en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, ya que no por ello deja de tener validez alguna de conformidad con la jurisprudencia que dice: ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL. El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste.’, que corresponde a la jurisprudencia número 767 del propio rubro y contenido visible en la página mil doscientos sesenta y cinco de la Segunda Parte del último Apéndice oficial, era evidente que debería declararse procedente la tercería y que se levantara el embargo en cuestión.
"Pues bien, dicho laudo resulta ilegal, en primer término, porque la jurisprudencia citada en el laudo para concluir como se hizo carece de aplicación alguna en la especie, ya que de la detenida lectura de las ejecutorias que la informan se advierte que para sentar el criterio que en la misma se sostiene, se apoyan en el derecho común, tres de ellas en legislaciones civiles de los Estados de Puebla y Michoacán, y dos a la legislación mercantil, y, en el caso particular, el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la actualidad, no prevé como supletorio de la misma el derecho común, como lo hacía de manera expresa el artículo 16 de la propia ley antes de que entrara en vigor aquel precepto, sino que la excluye.
"En esas condiciones, y como a lo anterior se suma que al pronunciar el referido laudo la Junta, como ya se dijo, omitió considerar las excepciones opuestas y las pruebas ofrecidas por el quejoso, ese proceder es violatorio de las jurisprudencias que bajo los números 1069 y rubro ‘LAUDO INCONGRUENTE.’ y 1497 y epígrafe ‘PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ pueden consultarse en las páginas mil setecientos dos y dos mil trescientos ochenta y cinco de la segunda parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos ochenta y ocho que, a la letra, respectivamente, dicen: ‘Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.’ y ‘Si bien el artículo 550 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, autoriza a las Juntas para apreciar las pruebas en conciencia, no las faculta para omitir el estudio de alguna o algunas de las aportadas por las partes.’ y, por ende, de garantías.
"En esas condiciones, debe concederse el amparo pedido para el efecto de que la Junta deje insubsistente el laudo impugnado y dicte otro en el que tomando en cuenta lo aquí decidido y subsanando la omisión en que incurrió, resuelva lo que proceda en derecho." (fojas 53 vuelta a 55 del expediente en que se actúa).
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"Octava Época
"Instancia: Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XII, noviembre de 1993
"Página: 373
"JURISPRUDENCIA 767 Y RUBRO ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL’ RELATIVA AL APÉNDICE DE 1988. ES INAPLICABLE EN MATERIA LABORAL. De la detenida lectura de las ejecutorias que integran la jurisprudencia mencionada en el epígrafe se advierte que para sentar el criterio que en ésta se sostiene, aquéllas se apoyan en el derecho común, tres de ellas en legislaciones civiles de los Estados de Puebla y Michoacán, y dos en la legislación mercantil, y como en el caso particular el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo vigente en la actualidad no prevé como supletorio del mismo el derecho común, como la hacía de manera expresa el artículo 16 de la propia ley antes de que entrara en vigor el citado artículo 17, sino que la excluye, resulta patente y manifiesto que dicha jurisprudencia resulta inaplicable en la especie."
CUARTO. Por su parte el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo laboral 116/2003 estimó, en lo conducente, lo que sigue:
"SEXTO. Son fundados sustancialmente los conceptos de violación.
"Para una mejor comprensión del presente asunto, es menester establecer lo siguiente:
"1. Mediante escritura pública número 7674 de fecha diecinueve de junio de dos mil dos pasada ante la fe del notario público número 78, en ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán, Salvador Gutiérrez Sepúlveda en lo personal y como gestor oficioso de Manuel, Jesús, Eliseo, María Guadalupe y José, todos de apellidos Gutiérrez Sepúlveda y Ana Isabel Martínez Alejandre, compra a Elisa Sepúlveda Romero, en común y proindiviso en un veinte por ciento para cada uno de los tres primeros, otro veinte por ciento para Eliseo y María Guadalupe; y el restante veinte por ciento para José Gutiérrez Sepúlveda y Ana Isabel Martínez Alejandre, la casa habitación con local comercial, que se identifica como lote 15, de la manzana 3-C, de la sección comercial del Fraccionamiento Jardines de Catedral, y que se identifica además con el número 156 de la calle Circunvalación de esa población, con los siguientes linderos y medidas: Al norte, cinco metros, con la calle Circunvalación; al sur, cinco metros, con el lote 16; al oriente, quince metros dieciocho centímetros, con el lote 17; y al poniente quince metros setenta y ocho centímetros, con el lote 13, con una extensión superficial de setenta y seis metros cuadrados, la que fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, a las nueve horas con once minutos del día treinta de agosto de dos mil dos bajo el número 00000045, tomo 00001625 del libro de gravamen correspondiente al Distrito Judicial de Zamora (fojas 7 a la 11).
"2. Con fecha diecinueve de agosto de dos mil dos, el actuario de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, en cumplimiento a lo ordenado en proveído datado el doce de julio de esa misma anualidad dictado dentro del juicio ordinario laboral número 12/2000, seguido por Bertha Mendoza Guillén en contra de Elisa Sepúlveda de Gutiérrez y otros, asociado del licenciado Jorge Alberto Torres Ávalos, apoderado jurídico de la actora, se constituyó en legal y debida forma en el domicilio de la demandada, sito en Circunvalación número 156, colonia Centro de Zamora, Michoacán, y requiriendo del pronto y efectivo pago de la suma de ochenta y ocho mil setecientos veinte pesos a que fue condenada en dicho juicio laboral a la citada Elisa Sepúlveda de Gutiérrez, y que de no hacerlo se le embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizarlo, teniendo el derecho preferente para señalarlos, pues de no hacerlo ese derecho pasaría a favor de la actora, manifestando que no pagaba, y al no hacer señalamiento de bienes para su embargo, la parte actora a través de su apoderado jurídico y en uso del derecho de señalar bienes propiedades de aquélla, solicitó con base en el certificado de propiedad que en ese momento exhibió que del mismo ‘aparece a la parte reo la que se identifica con el 50% del lote número 15, manzana 3-C, de la sección comercial del Fraccionamiento Jardines de Catedral, actualmente casa habitación con local comercial marcado con el número 156, ubicado frente a la calle Circunvalación de esta ciudad, inscrito bajo el registro 47 del tomo 1217 y el libro de dominio del registro de Zamora, Michoacán, mismo del que pido se trabe su embargo ...’, lo que el actuario hizo conforme a las facultades que le confiere la Ley Federal del Trabajo (foja 211 y 212) el cual fue inscrito a las trece horas con treinta y cuatro minutos del día veintisiete de agosto de dos mil dos en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado de Michoacán, bajo el número 00000015, tomo 00000875, del libro de gravamen correspondiente al Distrito Judicial de Zamora (foja 228).
"De lo antes reseñado aparece que el aquí peticionario de garantías, con fecha diecinueve de junio de dos mil dos, ante la fe del notario público número 78, en ejercicio y residencia en Zamora, Michoacán, adquirió en lo personal, en común y proindiviso, y como gestor oficioso de Jesús, Eliseo, María Isabel Martínez Alejandre, de Elisa Sepúlveda Romero, la casa habitación con local comercial, que se identifica como lote 15, de la manzana 3-C, de la sección comercial del Fraccionamiento Jardines de Catedral, y que se identifica además con el número 156 de la calle Circunvalación de la citada población; en tanto que dicho bien inmueble fue embargado por el actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en Zamora, dentro del juicio ordinario laboral número 12/2000, seguido por Bertha Mendoza Guillén en contra de Elisa Sepúlveda de Gutiérrez y otros, con fecha diecinueve de agosto del referido año dos mil dos.
"En las condiciones relatadas, debe decirse que son fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, pues los antecedentes relatados ponen de manifiesto que los actos reclamados son violatorios de sus garantías individuales, toda vez que el embargo sólo es legítimo cuando recae en bienes del deudor, pero es ilegítimo cuando se hace sobre bienes que han salido de su patrimonio, lo que en la especie sucedió, en tanto que está plenamente acreditado que Elisa Sepúlveda de Gutiérrez demandada en el juicio laboral 12/2000, fue condenada a pagar a favor de la actora Bertha Mendoza Guillén la cantidad de setenta y ocho mil seiscientos cuarenta pesos, y que vendió el inmueble en cuestión al amparista desde antes de que éste fuera gravado, debiendo tenerse como fecha cierta de este contrato de compraventa el diecinueve de junio de dos mil dos, día en el que ante la fe del notario público número sesenta y ocho, de la ciudad de Zamora, Michoacán, los contratantes externaron su voluntad en cuanto a la traslación de la propiedad del bien y el precio de operación, el cual fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad hasta el treinta de agosto siguiente; mientras que el embargo trabado sobre el mismo bien inmueble se decretó el diecinueve de este último mes y fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad el día veintisiete de agosto del año anterior, por lo que dicho bien inmueble no puede responder de la condena laboral.
"Siendo de invocarse al caso los criterios sustentados por las entonces Sala Auxiliar y Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 596 y 27, Tomo CXVII y Volumen 63, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta y Séptima Épocas, cuyo texto, respectivamente, es del tenor literal siguiente: ‘EMBARGO DE BIENES AJENOS AL DEUDOR.’ (se transcribe) y ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.’ (se transcribe).
"No siendo obstáculo para tal conclusión, como lo afirma el quejoso en los conceptos de violación, que la compraventa no se haya inscrito en la oficina registral a favor de los nuevos dueños antes de que se hiciera la del embargo, en razón de que tal inscripción no es necesaria; como ya se dijo, para que tenga validez la compraventa del inmueble, pues conforme a lo establecido por el artículo 2105 del Código Civil del Estado de Michoacán, el acuerdo de voluntades es perfecto y obligatorio para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho, pues así lo sustentó la extinta Tercera Sala del más Alto Tribunal del país, en la jurisprudencia 146, publicada en la página 121, Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, de rubro: ‘COMPRAVENTA.’; además de que la propia otrora Sala, al resolver la contradicción de tesis 7/94, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo del Octavo Circuito, visible en la página 140, Tomo XIV, agosto de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, consideró que todo mandamiento de ejecución descansa sobre el supuesto de que debe practicarse en bienes del deudor y no ajenos; y estableció que la traslación de dominio de un bien inmueble es perfecta cuando uno de los contratantes transfiere la propiedad de una cosa o de un derecho, y el otro a su vez paga por ellos un precio cierto y en dinero, sin sujetar la validez de esa operación a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, que existe prueba indudable de que el deudor ha transferido el bien a un tercero, que el inmueble se adquirió de quien aparecía como su titular en la oficina registral cuando se encontraba libre de gravamen, considerando, además, que el Registro Público de la Propiedad sólo produce efectos declarativos y no constitutivos de derechos; llegando a la conclusión de que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles que han salido del dominio del deudor sólo produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza; lo que quiere decir que aun cuando el nuevo dueño no hubiere inscrito su título, es propietario del inmueble, de tal manera que el embargo es ilegal si recae en un bien que no pertenece al demandado, sin que se pueda afirmar jurídicamente que por la falta de inscripción es válido el secuestro de bienes que pertenezcan a un tercero.
"Criterio que sustentó este órgano de control constitucional por unanimidad de votos al resolver con fecha dos de mayo de dos mil el amparo en revisión número 44/2000, interpuesto por Vicente López Moreno y otros, terceros perjudicados en el juicio de amparo indirecto III-373/99, promovido por Eduardo de Jesús González García, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y del que por razón de turno correspondió conocer al Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual se invoca por ser un hecho notorio para este tribunal, en razón de su actividad jurisdiccional, además de que quienes intervinieron en la discusión y votación son los Magistrados que integran actualmente este cuerpo colegiado, lo anterior en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Estado que establece:
"‘Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes.’, el que resulta aplicable conforme al numeral 2o. de la Ley de Amparo, y criterio sustentado por este mismo Tribunal Colegiado en la jurisprudencia número XI.2o. J/22, visible a foja 93 del Tomo 80, del mes de agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: ‘HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ EN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.’
"Son de invocarse, además, sobre el particular los criterios sustentados por la desaparecida Tercera Sala del más Alto Tribunal del país, en las jurisprudencias 3a./J. 22/94 y 352, visibles en las páginas 21 y 296, Tomo 80, agosto de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época y Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, cuyo tenor literal, respectivamente, es el siguiente: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe) y ‘REGISTRO PÚBLICO, EFECTOS DE LAS INSCRIPCIONES HECHAS EN EL.’ (se transcribe).
"Por otra parte, es de señalarse que al margen de que conforme a los principios generales que se desprenden de los ordenamientos jurídicos que regulan la materia laboral, las instituciones procesales en dicha materia tienen por objeto esencialmente proteger los intereses y derechos de la clase trabajadora; sin embargo, las Juntas de Conciliación y Arbitraje no están facultadas para declarar derechos provenientes de contratos del orden común mediante la tramitación de una tercería excluyente de dominio, por lo que la validez o no de un contrato civil corresponde determinarlo a las autoridades de competencia del orden civil. Por tanto, la Junta responsable procedió indebidamente al considerar que: ‘... la operación de compraventa fue llevada a cabo durante la tramitación del juicio y que el deudor principal no se opuso al embargo ni lo impugnó con posterioridad, lo cual conllevaría a hacer nugatorios los derechos de la parte actora por la insolvencia procurada con los actos inciertos o simulados’ (foja 50 de la resolución de tercería excluyente de dominio reclamada), pues prácticamente con ello está anulado el contrato de compraventa celebrado entre Salvador Gutiérrez Sepúlveda en lo personal y como gestor oficioso de Manuel, Jesús, Eliseo, María Guadalupe y José, todos de apellidos Gutiérrez Sepúlveda, y Ana Isabel Martínez Alejandre y Elisa Sepúlveda Romero, respecto del inmueble.
"Sobre el particular, son de invocarse por vía de información los criterios sustentados por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 84 y 572, Tomos LXXXVIII y XCVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo tenor literal, respectivamente, es el siguiente:
"‘JUNTAS, NO ESTÁN FACULTADAS PARA DECLARAR DERECHOS PROVENIENTES DE CONTRATOS CIVILES.’ (se transcribe) y ‘COMPRAVENTA, LAS JUNTAS, EN LAS TERCERÍAS, NO DEBEN ANULAR EL CONTRATO DE.’ (se transcribe), este último criterio derivado del juicio de amparo directo 8471/46, promovido por Andrés Márquez Hernández, resuelto por unanimidad de cuatro votos el diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y ocho.
"Sin que obste para lo anterior el diverso criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 1673, Tomo XCII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO, EN MATERIA DE TRABAJO.’, derivado del amparo directo 4463/43, promovido por Saúl Hernández Pérez, resuelto por unanimidad de cuatro votos el seis de junio de mil novecientos cuarenta y siete, en cuyos argumentos se apoya la Junta responsable para llegar a la anterior conclusión, pues los mismos fueron dados como una interpretación a los artículos 568 y 569 de la Ley Federal del Trabajo, antes de sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de abril de mil novecientos setenta y dos.
"Por las razones apuntadas, es por lo que no resultan aplicables al caso que nos ocupa, como lo señala el peticionario de garantías, las tesis en que se apoyó la Junta responsable para emitir la sentencia reclamada. Emitidas todas ellas por Tribunales Colegiados, de rubros: ‘TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD DEL BIEN EMBARGADO, ES INEFICAZ SI NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.’ (Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Tesis I.1o.T.123 L. Página 791. Tomo X, diciembre de 1999. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época) la que además está dada para aquellos casos en que el contrato de compraventa exhibido por el accionante es privado y no público, como acontece en la especie; ‘COMPRAVENTA OPOSICIÓN IMPROCEDENTE AL EMBARGO INSCRITO CON ANTERIORIDAD AL REGISTRO DE LA.’ (Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Tesis I.5o.C.16 C. Página 482. Tomo II, agosto de 1995. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época); y ‘REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, ALCANCE DE LAS INSCRIPCIONES EN EL.’ (Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. Página 319. Tomo XI, enero de 1993. Semanario Judicial de la Federación. Octava Época), las que si bien refieren a los supuestos en que la compraventa se registra con posterioridad a la fecha en que se traba el embargo, cuyos derechos se adquirieron con anterioridad a la fecha de inscripción de la compraventa, como en el caso acontece, dichos criterios se contraponen al emitido por la entonces Tercera Sala del más Alto Tribunal del país, en la jurisprudencia 3a./J. 22/94, de rubro: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL).’, cuyo datos de identificación se encuentran en párrafos precedentes. Además de que haciendo una recta interpretación de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son de mayor importancia y obligatoriedad preferente para las autoridades responsables que las establecidas por los Tribunales Colegiados de Circuito, aun también para los propios Tribunales Colegiados y, por ende, resulta innecesario analizar las argumentaciones vertidas por el peticionario de garantías en torno a su indebida aplicación.
"Ni tampoco el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 373, Tomo XII, noviembre de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro siguiente: ‘JURISPRUDENCIA 767 Y RUBRO «EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL» RELATIVA AL APÉNDICE DE 1988. ES INAPLICABLE EN MATERIA LABORAL.’ (se transcribe), que invoca Bertha Mendoza Guillén, aquí tercero perjudicada, en el escrito de fecha veinte de febrero del año en curso, a través del cual da respuesta a los conceptos de violación, por cuanto que si bien es cierto que el artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor a partir del año de 1931, contemplaba como fuente supletoria de la misma el derecho común, por lo cual resultaban aplicables las leyes civiles o mercantiles, así como los códigos procesales civiles, federales o locales, lo que ahora ya no prevé el artículo 17 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que establece: ‘A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en sus reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad.’; de lo trascrito no se advierte que la jurisprudencia aplicable en asuntos laborales deba versar precisamente sobre cuestiones en esa materia; lo que de suyo conlleva a considerar, contra el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que en tratándose de tercerías excluyentes de dominio promovidas ante las Juntas, sí resulta aplicable en los juicios laborales la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 767, publicada en la página 1265, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, de rubro: ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.’, más aun, cuando en el caso el promovente de las mismas es ajeno a la controversia laboral, además de que los contratos de compraventa son de naturaleza civil, los que se rigen por las leyes civiles, por lo que, como ya se dijo, su nulidad corresponde decir y resolverla a las autoridades del orden común, por ser éstas las que tienen potestad para conocer y declarar los derechos que provienen de contratos del orden civil, deben aplicar en el caso las jurisprudencias que refieran sobre dicho acto jurídico.
"En esas condiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo procedente es hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis para lo que tenga a bien determinar el más Alto Tribunal de la nación.
"Sentado lo anterior procede conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.
"Como la concesión del amparo en dichos términos deja sin efecto la sentencia reclamada, resulta innecesario examinar los restantes conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, encaminada a impugnar la consideración vertida por la parte quejosa, en aplicación al criterio sustentado por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, en la jurisprudencia número 107, publicada en la página 85, Tomo VI, Materia Común, de la compilación oficial de 2000, de rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’." (fojas 29 a 37 del expediente en que se actúa).
El anterior criterio dio lugar a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, agosto de 2003
"Tesis: XI.2o.126 C
"Página: 1743
"EMBARGO. TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO EN MATERIA LABORAL. ES APLICABLE LA JURISPRUDENCIA EN MATERIA COMÚN (CIVIL Y MERCANTIL). El artículo 2105 del Código Civil del Estado de Michoacán establece que el acuerdo de voluntades es perfecto y obligatorio para las partes cuando se ha convenido sobre la cosa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada ni el segundo satisfecho; sin sujetar la validez de esa operación a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, por lo que la falta de inscripción registral de los bienes inmuebles que han salido del dominio del deudor sólo produce como sanción que el derecho respectivo no pueda ser oponible frente a terceros con derechos reales, ya que la preferencia en materia registral se refiere a actos o derechos de la misma naturaleza, de tal manera que el embargo es ilegal si recae en un bien que no pertenece al demandado; luego, al ser los contratos de compraventa de naturaleza civil y regirse por las leyes civiles resulta aplicable, en los juicios laborales, la jurisprudencia sustentada por la desaparecida Tercera Sala del más Alto Tribunal del país, registrada con el número 767, publicada en la página 1265, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1988, de rubro: ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.’."
QUINTO. De las ejecutorias transcritas en los considerandos tercero y cuarto de la presente resolución se advierte que sí existe contradicción de criterios por lo siguiente.
Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito tienen como antecedente la promoción de una tercería excluyente de dominio en materia laboral, a fin de lograr el levantamiento del embargo practicado en bienes inmuebles dentro de un procedimiento laboral. En ambos casos, junto con las demandas de tercería se acompañaron escrituras públicas que contienen contratos a través de los cuales el tercerista adquirió la propiedad de un bien, en uno de ellos por compraventa y en otro mediante dación en pago. También resalta el hecho de que ambas escrituras no se inscribieron en el Registro Público en fecha anterior al referido embargo.
Ahora bien, al resolver los respectivos juicios de amparo, dichos órganos jurisdiccionales adoptaron criterios jurídicos discrepantes, pues el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito consideró que para resolver las tercerías excluyentes de dominio promovidas en los juicios laborales, no resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL.", porque las ejecutorias que originaron dicha jurisprudencia se apoyaron en el derecho común, y tal derecho no es aplicable supletoriamente a la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el artículo 17 no prevé esa supletoriedad, como sí la establecía el artículo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17926-8ec75dd3/terceria-excluyente-de-dominio-en-materia-laboral-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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