LEYES HETEROAPLICATIVAS. NO HAY CESACIÓN DE EFECTOS AUN CUANDO SE HAYA DECLARADO SU INVALIDEZ EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
AMPARO EN REVISIÓN 206/2003. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
CONSIDERANDO:
SEXTO. En la materia de la competencia delegada a este tribunal, los agravios primero y segundo deben desestimarse por los motivos indicados a continuación.
En el primero de ellos alega la autoridad recurrente que es procedente decretar el sobreseimiento en el juicio, de acuerdo con los artículos 73, fracción XVI y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en la medida en que el impetrante reclamó el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, en específico el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; sin embargo, con fecha dieciséis de junio de dos mil tres se publicó en el aludido medio de difusión, la sentencia pronunciada el veintisiete de mayo de dos mil tres, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de la acción de inconstitucionalidad 9/2003, promovida por el procurador general de la República, en la cual se declaró la invalidez de la disposición combatida antes referida, de donde se colige que han cesado los efectos del acto reclamado, es decir, ya no existe acto del que se duela el quejoso, en virtud de que el mencionado fallo dictado en la acción de inconstitucionalidad tiene efectos de generalidad, esto es, erga omnes.
Es infundado el agravio anterior.
En el caso, el quejoso señaló como acto reclamado el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante el Decreto por el que se establecen, reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dos, en vigor desde el primero de enero de dos mil tres, el cual se transcribe a continuación:
"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
"...
"XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.
(Reformado, D.O.F. 30 de diciembre de 2002)
"En el caso de los trabajadores sujetos a condiciones generales de trabajo, de la Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año de calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional.
"Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título."
Es importante destacar que el texto del precepto combatido, anterior a la reforma legal de treinta de diciembre de dos mil dos, era del siguiente tenor:
"Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos:
"...
"XI. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones, durante un año de calendario, hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días, cuando dichas gratificaciones se otorguen en forma general; así como las primas vacacionales que otorguen los patrones durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general del área geográfica del trabajador, por cada uno de los conceptos señalados. Tratándose de primas dominicales hasta por el equivalente de un salario mínimo general del área geográfica del trabajador por cada domingo que se labore.
(Texto anterior a la reforma de 30 de diciembre de 2002)
"En el caso de los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas, las gratificaciones que se otorguen anualmente o con diferente periodicidad a la mensual, en cualquier momento del año calendario, de conformidad con las actividades y el servicio que desempeñen, siempre y cuando sean de carácter general, incluyendo, entre otras, al aguinaldo y a la prima vacacional.
"Por el excedente de los ingresos a que se refiere esta fracción se pagará el impuesto en los términos de este título."
En relación con esta última disposición, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número P./J. 50/2002, publicada en la página 6 del Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente indica:
"RENTA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RESPECTO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA INICIATIVA PRIVADA. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en múltiples criterios, ha sostenido que el aludido principio constitucional radica, medularmente, en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, quienes, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que implica que las normas tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; en otros términos, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que para ello haya una justificación objetiva y razonable, por lo que el valor superior que persigue consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares; además, el propio Máximo Tribunal de la República ha sostenido que para cumplir con el citado principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. Acorde con lo antes expuesto, el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al otorgar una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de los Estados respecto de los ingresos que obtengan por concepto de gratificaciones, aguinaldo y prima vacacional, restringiendo a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores asalariados por la obtención de los mismos ingresos, toda vez que da un trato distinto a sujetos del tributo que se ubican en una misma situación, es decir, establece un régimen fiscal de exención distinto para los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, sin que exista en la propia ley, en la exposición de motivos o en los dictámenes correspondientes de la discusión de dicha ley una justificación objetiva y razonable. Lo anterior se corrobora con el hecho de que ambos tipos de trabajadores son personas físicas que obtienen ingresos, en efectivo, regulados por el capítulo I del título IV de la ley citada, relativo a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado; obtienen el mismo tipo de ingreso: gratificaciones; experimentan modificación patrimonial positiva, al percibir ingresos derivados de gratificaciones y tienen derecho a las mismas deducciones personales, de manera que al encontrarse en la misma hipótesis de causación, en principio, deben estar sometidos al mismo régimen tributario, por lo que si la ley de la materia no contempla, en ninguno de sus apartados, un grupo o categoría especial en la que hubiere ubicado a los trabajadores al servicio del Estado y de las entidades federativas, éstos se encuentran, esencialmente, en igualdad frente a la ley tributaria, con los demás trabajadores asalariados."
Como puede observarse, el Pleno de ese Alto Tribunal, esencialmente consideró que la fracción XI del precepto de mérito (vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dos), viola el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, pues otorga una exención ilimitada a los trabajadores al servicio de la Federación y de las entidades federativas, en relación con los ingresos obtenidos por concepto de gratificaciones y primas vacacionales restringiendo, en el mismo orden, a treinta y quince días de salario mínimo, respectivamente, la exención concedida a los demás trabajadores por la obtención de los mismos ingresos, esto es, establece un régimen fiscal de exención distinto a favor de los trabajadores al servicio del Estado, sin que ello se sustente en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría.
Por otra parte, en cuanto al propio artículo 109, fracción XI, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, vigente a partir del primero de enero de dos mil tres, debe decirse que por sentencia emitida el veintisiete de mayo de dos mil tres, publicada también en el referido medio de difusión el dieciséis de junio siguiente, el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 9/2003, promovida por el procurador general de la República, en los términos siguientes:
"Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad promovida por el procurador general de la República. SEGUNDO. Se declara la invalidez de la fracción XI, segundo párrafo, del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos. TERCERO. Esta ejecutoria surtirá plenos efectos al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. CUARTO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese; haciéndolo por oficio a las autoridades y, en su oportunidad, archívese el expediente. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano Azuela Güitrón. La señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que formulará voto concurrente. No asistió el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo por estar disfrutando de vacaciones, ya que integró la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de dos mil dos. Fue ponente en este asunto el señor Ministro Humberto Román Palacios."
Ahora bien, no obstante lo anterior es factible concluir que, contrariamente a lo aseverado por la autoridad inconforme, en la especie no han cesado los efectos del dispositivo reclamado.
El artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."
Por otro lado, los artículos 41, fracción V y 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen lo siguiente:
"Artículo 41. Las sentencias deberán contener:
"...
"V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la validez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso la absolución o condena respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se señalen."
"Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."
Aunque los preceptos transcritos pertenecen al título II (de las controversias constitucionales) del ordenamiento últimamente referido, también resultan aplicables a las acciones de inconstitucionalidad, al tenor del numeral 59 que enseguida se reproduce:
"Artículo 59. En las acciones de inconstitucionalidad se aplicarán en todo aquello que no se encuentre previsto en este título, en lo conducente, las disposiciones contenidas en el título II."
De conformidad con las normas precedentes, se debe hacer hincapié en que la declaratoria de invalidez efectuada en la sentencia de veintisiete de mayo último surtió sus efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el diecisiete de junio de dos mil tres.
Asimismo, se ha de tener presente que la demanda de garantías fue promovida el dos de abril del año en curso (foja 2), con motivo del acto de aplicación de la ley reclamada, consistente en la retención de $25,420.34, efectuada el doce de marzo anterior, respecto de la gratificación otorgada al quejoso, denominada Bono No Dor Variable por resultados.
En esas condiciones, tomando en cuenta que la declaratoria de invalidez de las sentencias pronunciadas en las acciones de inconstitucionalidad no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, en términos del artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso resulta inconcuso que esa declaratoria de invalidez no libera al quejoso destinatario del dispositivo reclamado, de las consecuencias que hayan podido o puedan derivar de su observancia por todo el periodo anterior a dicha declaración, lo cual pone de manifiesto que, a pesar de la invalidez, el obligado a acatar el precepto reclamado (concretamente en cuanto a la limitación respecto del monto de la exención), debe responder de los actos realizados al amparo del mismo y, por ende, sufrir las consecuencias desfavorables derivadas de su aplicación máxime que, como se ha visto, la declaratoria de invalidez sólo produce efectos hacia el futuro, impidiendo que se aplique a situaciones acaecidas con anterioridad a ella, esto es, que el aludido pronunciamiento no afectaría a la retención hecha el doce de marzo de dos mil tres (foja 45 del juicio de garantías).
En esa tesitura, mientras subsistan los efectos de la ley por lo que concierne al periodo durante el cual estuvo rigiendo, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, toda vez que la disposición legal reclamada obligó al patrón retenedor a actuar de determinada forma, dejando así huella en la esfera jurídica del quejoso, la cual sólo puede ser borrada, en su caso, por una concesión de amparo.
En otro aspecto, en el segundo concepto de agravio se aduce que en el presente asunto se actualiza el motivo de improcedencia establecido en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 80, ambos de la Ley de Amparo, por lo cual debe decretarse el sobreseimiento conforme al artículo 74, fracción III, del mismo ordenamiento, al no poderse concretizar los efectos de la sentencia protectora; que en términos del precepto citado en segundo lugar, el efecto del amparo consiste en restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, o sea que se incluya al quejoso dentro de la exención a que se refiere el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pero lo anterior no es posible, pues no existe ya ninguna exención o beneficio para el impetrante, debido a la declaratoria de invalidez de esa disposición, contenida en el fallo dictado en la acción de inconstitucionalidad 9/2003, pues evidentemente no se puede constituir algún derecho al peticionario de garantías respecto de una norma inexistente.
Tampoco asiste razón a la autoridad recurrente.
En principio, cabe resaltar que para decidir sobre la actualización o no de la causa de improcedencia en comento, es necesario efectuar determinadas consideraciones sobre el fondo del asunto, aun cuando ello se haga con la reserva lógica de referirse a una hipotética concesión de amparo, esto es, para efectos exclusivos de la improcedencia como tema de la competencia delegada a este tribunal, sin prejuzgar sobre la resolución final que, en su caso, llegara a dictarse.
Los artículos 73, fracción XVIII y 80 de la ley de la materia, indican:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley."
"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."
De la lectura del apartado correspondiente a los actos reclamados en la demanda de garantías, se advierte que el quejoso combatió actos de carácter positivo, como es la expedición del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, por el que se reformó, entre otros, el artículo 109, fracción XI, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En ese contexto, como se ha dicho con antelación, en la especie subsiste la materia sobre la cual puede recaer la concesión de amparo, pues la declaratoria de invalidez efectuada en la resolución publicada el dieciséis de junio de dos mil tres en el Diario Oficial de la Federación no tiene efectos retroactivos (excepto en materia penal), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no incide en la retención que el patrón realizó en perjuicio del ahora quejoso, el doce de marzo de dos mil tres, por la cantidad de $25,420.34, respecto de la gratificación denominada Bono No Dor Variable por resultados (foja 45).
Por consiguiente, en relación con el aludido acto de aplicación de la disposición heteroaplicativa reclamada, el efecto de la protección constitucional no consistiría en incluir al quejoso en la exención ilimitada prevista en el segundo párrafo de la fracción XI del artículo 109 en comento, como inexactamente afirma la autoridad inconforme, toda vez que ello no es posible jurídicamente, pues por un lado, los tribunales de amparo carecen de facultades para realizar una declaratoria en tal sentido, ya que el establecimiento de una exención, así como de los sujetos beneficiados con la misma, es atribución exclusiva del legislador; y por otra parte, los efectos del amparo consisten en restablecer las cosas al estado en que se hallaban antes de la violación, sin constituir un derecho a favor del agraviado, con base en una norma declarada inconstitucional.
De esa manera, la concesión del amparo trae como consecuencia no que el impetrante quede exento del pago del impuesto, sino que se desincorpore de su esfera jurídica la obligación fiscal correspondiente porque, valga insistir, corresponde en exclusiva al legislador el establecimiento de beneficios o prerrogativas tributarias. Lo anterior implica que al desincorporarse de la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar el tributo respectivo, la autoridad hacendaria se ve constreñida a restituirle el total de la cantidad que por concepto de impuesto sobre la renta hubiese enterado, en este caso mediante el patrón retenedor, en relación con la gratificación que le fue otorgada, denominada Bono No Dor Variable por resultados.
Así precisamente se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 2a. LXXVII/2001, consultable en la página 308 del Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente:
"LEYES TRIBUTARIAS. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO SE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA QUE PREVÉ UNA EXENCIÓN PARCIAL DEL TRIBUTO. La declaratoria de inconstitucionalidad del contexto normativo que rige un determinado tributo, no tiene por efecto exentar al peticionario de garantías de su pago, sino el de desincorporar de su esfera jurídica la respectiva obligación tributaria, pues corresponde en exclusiva al legislador el establecimiento de los beneficios tributarios. Ello es así, porque mientras la exención supone la existencia de esa obligación, la cual, por razones de carácter social, político, económico e, inclusive, extrafiscales, es neutralizada parcial o totalmente por el legislador para un universo o una categoría de contribuyentes; el otorgamiento del amparo genera la inexistencia de esa obligación al restablecerse las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación a las garantías del quejoso. Ahora bien, si se toma en consideración que con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto formal y materialmente legislativo que prevé la exención parcial de una contribución, se afecta el mecanismo impositivo esencial y, en consecuencia, se desincorpora de la esfera jurídica del quejoso la obligación de pagar el tributo respectivo, resulta inconcuso que en cumplimiento de la ejecutoria correspondiente, las autoridades fiscales responsables deberán restituirle el total de las cantidades que haya pagado por tal concepto y no únicamente el porcentaje de la exención declarada inconstitucional, pues sostener lo contrario implicaría afirmar que por efecto del amparo se debe incluir al quejoso dentro del supuesto previsto en la norma impugnada, lo cual es jurídicamente imposible ya que, por una parte, los tribunales de amparo carecen de facultades para realizar una declaratoria en tal sentido, toda vez que el establecimiento de una exención y de los sujetos beneficiados con la misma, es facultad exclusiva del legislador; y, por otra, los efectos del amparo consisten en restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación y no en constituir un derecho a favor del agraviado con base en una norma declarada inconstitucional, como deriva del contenido de la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.’, publicada con el número 92 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 104."
Por otro lado, cabe precisar para los efectos del punto décimo primero, fracción II, del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, que el presidente de la República, en su informe con justificación rendido por conducto del subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación (fojas 92 a 149), hizo valer dos causas de improcedencia, previstas en los siguientes preceptos de la Ley de Amparo:
1. Artículo 73, fracción V.
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... V. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso."
2. Artículo 73, fracción XII.
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. No se entenderá consentida tácitamente una ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en relación con el quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento."
Por su parte, el director general de Asuntos Jurídicos Administrativos y apoderado de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, planteó cuatro causas de improcedencia en su informe justificado (foja 74), consistentes en la falta de interés jurídico y en el consentimiento tácito de la ley reclamada, referidas en los puntos 1 y 2 precedentes, así como las establecidas en los siguientes preceptos de la ley de la materia:
a) Artículo 73, fracción VI.
"VI. Contra leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio."
b) Artículo 73, fracción IX.
"IX. Contra actos consumados de un modo irreparable."
Del considerando cuarto de la sentencia recurrida (fojas 215 frente a 220 vuelta), se desprende que el Juez de Distrito examinó y desestimó los motivos de improcedencia mencionados en los puntos 1 y 2 e inciso b) anteriores, es decir, señaló que el quejoso sí tenía interés jurídico para reclamar el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo); que en el caso los actos reclamados no podían considerarse como irreparablemente consumados (artículo 73, fracción IX) y, finalmente, que los actos combatidos no se consintieron, ya que la presentación de la demanda fue oportuna, pues se promovió dentro de los quince días siguientes al primer acto de aplicación, en virtud de que la parte quejosa reclamó como heteroaplicativo o de individualización condicionada el aludido artículo 109, fracción XI, vigente a partir del primero de enero de dos mil tres, sin que a su juicio se hubiese demostrado que el acto concreto de aplicación del tributo en comento, constituyera el segundo o ulterior (artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia); de ahí que en la especie sea válido concluir que aun cuando el a quo no analizó de manera destacada el motivo de improcedencia previsto en la fracción VI del multicitado artículo 73, lo cierto es que sí consideró acreditado el acto de aplicación del precepto reclamado como heteroaplicativo.
En consecuencia, este tribunal no advierte de oficio que se actualice alguna otra causa de improcedencia en términos de lo ordenado en el punto décimo primero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 referido con anterioridad, además de que la autoridad recurrente no combatió la desestimación de los motivos de improcedencia señalados con antelación.
Por último, debe decirse que este órgano colegiado carece de competencia legal para pronunciarse sobre los conceptos de agravio identificados como tercero y cuarto.
En efecto, el artículo 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, establece:
"Artículo 84. Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos siguientes: I. Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los Jueces de Distrito, cuando: a) Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad."
En dicho precepto se prevé la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los recursos de revisión promovidos, entre otros supuestos, contra sentencias dictadas en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17936-3e8e1db0/leyes-heteroaplicativas-no-hay-cesacion-de-efectos-aun · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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