NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE DESVIRTÚA LA QUE SOSTIENE LA AUTORIDAD HACENDARIA RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UN IMPUESTO, SI ÉSTE FUE RETENIDO POR QUIEN ESTÁ OBLIGADO A SU ENTERO. PRUEBA DOCUMENTAL EN AMPARO CONTRA LEYES. ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA ANEXAR A SU INFORME JUSTIFICADO LA TENDIENTE A APOYARLO CUANDO AFIRME QUE NO SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA. SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y ÉSTE EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
AMPARO EN REVISIÓN 348/2004. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los conceptos de agravio que hace valer la autoridad responsable revisionista, son fundados pero inoperantes en parte, e inoperantes en el resto, como enseguida habrá de explicarse.
De los argumentos que emite la autoridad recurrente en contra de la resolución impugnada, se estima fundado el relativo a que del informe justificado rendido en forma conjunta por el presidente de la República y por el secretario de Hacienda y Crédito Público, se advierte que se citaron como fundamentos legales, entre otros, los artículos 19 de la Ley de Amparo; 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de enero de dos mil tres; numerales que le otorgan legitimación para actuar en los juicios de amparo en representación del presidente de la República y del secretario de Hacienda y Crédito Público, y por ausencia de éste y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, toda vez que, el a quo pasó por alto que, el artículo 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue reformado el veintitrés de enero de dos mil tres, es decir, con anterioridad a la fecha en que se rindió el informe justificado en comento (veintisiete de marzo de dos mil tres), y a partir de tal reforma, la autoridad que rindió el informe justificado, contrariamente a lo resuelto por el juzgador, sí tiene legitimación activa para realizarlo.
En efecto, debe convenirse con la autoridad disconforme, que en el artículo 19 de la Ley de Amparo, se establece que las autoridades responsables, no pueden ser representadas en el juicio de amparo a excepción del presidente de la República, que puede ser representado por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado, o jefes de Departamentos, según corresponda el asunto. Los titulares de las dependencias, a su vez pueden ser suplidos en los términos que establezcan los reglamentos internos, como se aprecia de su contenido, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.
"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponde el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
"En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada ley orgánica.
En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la República, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el reglamento de la ley orgánica de dicha procuraduría."
Del precepto transcrito se advierte lo siguiente:
a) Que prevé la regla general, consistente en que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo.
b) Que la excepción a la regla de mérito, es la relativa a que el presidente de la República sí puede ser representado en el juicio indicado, en los términos que él determine, por conducto del procurador general de la República, secretarios de Estado y jefes de Departamento Administrativo, a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias prevista en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
c) Que los representantes precitados en los casos indicados y en los juicios de amparo que se promuevan contra ellos en sus ausencias podrán ser suplidos en los términos de las leyes orgánicas respectivas y reglamentos interiores.
d) Que a virtud de la suplencia de mérito el servidor público que supla al servidor ausente asume las funciones de éste, es decir, no actúa en su representación, sino por su propia investidura.
En otras palabras, a virtud de la suplencia por ausencia del titular del órgano de Estado relativo, el suplente toma el lugar del servidor público ausente; luego, debe entenderse que el suplente, al emitir un acto en esas circunstancias actúa en nombre propio, con el carácter de titular por ministerio de ley y no en representación de la autoridad sustituida.
Lo anterior con apoyo en la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento dos, Tomo IX, mayo de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA SUPLENCIA DE LAS MISMAS, EN LOS CASOS DE AUSENCIA TEMPORAL. La figura de la suplencia administrativa tiene su causa en la exigencia de conciliar dos extremos: por una parte, la inexcusable continuidad de las funciones legales de los órganos de la administración pública y, por otra, la prevención de la falta en que por causa de ausencia o impedimento puedan incurrir los titulares suplidos. En este sentido, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 137 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, respecto de sus funcionarios, previenen el sistema de suplencias por ausencia de su titular, disponiendo un orden específico a que debe sujetarse la aplicación de esta figura. Por otra parte, debe afirmarse que la suplencia opera por ministerio de la ley, por lo que el acto emitido en tales condiciones le es imputable plenamente a la autoridad que suple. Es infundado sostener que la autoridad suplente sólo se limitó a firmar la resolución, pues evidentemente no lo hizo por acuerdo del titular, sino en ejercicio de una competencia legal propia en los términos de la ley relativa, así como que al firmar la resolución por ausencia del titular, no impide vincularlo con la misma, pues tal firma no es una condición material que conduzca a dar eficacia a aquélla, sino la suscripción, como propia, de dicha resolución. Consecuentemente, debe concluirse que al actuar como suplente del titular del ramo, la autoridad del caso es responsable de la resolución impugnada y, por consiguiente, autoridad responsable para los efectos del juicio de garantías en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo."
Sentado lo anterior, cabe decir que la jurisprudencia 157/2002, aprobada el nueve de diciembre de dos mil dos, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se apoya el Juez de Distrito para tener por no rendido el informe justificado de mérito, quedó superada al resolver el Pleno de ese Alto Tribunal, la contradicción de tesis 6/2003, en sesión de veinticinco de marzo de dos mil tres, en la que determinó que, conforme a los artículos 10 y 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de tal anualidad, el procurador fiscal de la Federación y sus inferiores jerárquicos carecían de legitimación procesal activa para interponer el recurso de revisión en sustitución del titular de dicha secretaría, en los términos señalados en la jurisprudencia 8/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en sesión privada de treinta y uno de marzo del año en curso, la contradicción de tesis 6/2003, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, localizable en la página cinco, Tomo XVII, abril de dos mil tres, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. CARECE DE ELLA CUANDO ÉSTE ACTÚA COMO RESPONSABLE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 105, PRIMER PÁRRAFO, TERCERA PARTE, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL TRES). El artículo especificado establecía que, en materia de procesos jurisdiccionales federales, los funcionarios que debían suplir indistintamente al secretario de Hacienda y Crédito Público eran: el procurador fiscal de la Federación, el subprocurador fiscal federal de Amparos, el director general de Amparos Contra Leyes y el director general de Amparos Contra Actos Administrativos, o los subsecretarios, o el oficial mayor, en el orden indicado en el propio precepto. No obstante, cuando el titular de esa secretaría debía intervenir en representación del presidente de la República en amparos contra leyes o como titular de la dependencia con el carácter de parte en el juicio de garantías en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, la supuesta ‘suplencia por ausencia’ del titular por parte de los funcionarios en los términos anteriores constituía materialmente una ‘representación en el juicio’, de aquellas que ostentan la misma naturaleza de las prohibidas por el artículo 19 de la ley de la materia; esto, porque evidentemente quienes ejercen de manera íntegra y formal las funciones en ausencia del secretario aludido son el subsecretario correspondiente, o en su caso, el oficial mayor encargado del despacho; estimar lo contrario llevaría al extremo de afirmar que, conforme al referido sistema de suplencia por ausencia, habría tantos servidores públicos supliendo al secretario de Hacienda y Crédito Público como se requirieran en las diversas materias, en virtud del número de ellos precisados por la norma. La representación y no suplencia se corrobora con el texto del artículo 10, fracción XV, del indicado reglamento, en el que se prevé que el procurador fiscal de la Federación tiene, entre otras facultades, la de representar a dicha secretaría en toda clase de juicios o procedimientos ante los tribunales de la República en que aquélla sea parte, ejercer los derechos, acciones, excepciones y defensas de los que sea titular, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales. Consecuentemente, el procurador fiscal de la Federación y sus inferiores jerárquicos carecían, durante la vigencia del artículo 105 referido, de legitimación procesal activa para promover el recurso de revisión en el juicio de garantías en sustitución del secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que la mencionada ‘suplencia por ausencia’ no era en realidad tal, pues no es el nombre lo que determina la naturaleza jurídica del concepto, sino su esencia y características, las que en la hipótesis examinada conducen a la conclusión de que la situación que se encontraba prevista en el referido numeral 105 del reglamento señalado constituía, desde un punto de vista jurídico material, un verdadero mecanismo de representación del secretario."
Con la finalidad de enmendar el vicio señalado en la jurisprudencia aludida, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil tres, se reformaron los artículos 10, 72 y 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para quedar como sigue:
"Artículo 10. Compete al procurador fiscal de la Federación:
"...
"XV. Representar, con excepción del juicio de amparo cuando se actúe como autoridad responsable, el interés de la Federación en controversias fiscales; a la secretaría y a las autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, en que sean parte, o cuando sin ser parte, sea requerida su intervención por la autoridad que conoce del juicio o procedimiento, o tenga interés para intervenir conforme a sus atribuciones; y, en su caso, poner en conocimiento del órgano interno de control en la secretaría, los hechos respectivos; ejercitar los derechos, acciones, excepciones y defensas de las que sean titulares, transigir cuando así convenga a los intereses de la secretaría, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa de la propia secretaría o al Ministerio Público Federal y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios."
"Artículo 72. Compete a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos:
"I. Representar a la secretaría ante los tribunales de la República y ante las demás autoridades en las que dicha representación no corresponda a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones o a otra unidad administrativa de la secretaría, así como en los casos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 10 de este reglamento, lo anterior siempre y cuando no se actúe dentro del juicio de amparo con el carácter de autoridad responsable;
"...
"VI. Representar, con excepción del juicio de amparo cuando se actúe como autoridad responsable, el interés de la Federación en controversias fiscales; a la secretaría y a las autoridades dependientes de la misma en toda clase de juicios, investigaciones o procedimientos ante los tribunales de la República, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ante otras autoridades competentes, en que sea parte, o cuando sin ser parte, sea requerida su intervención por la autoridad que conoce del juicio o procedimiento, o tenga interés para intervenir conforme a sus atribuciones; y, en su caso, poner en conocimiento del órgano interno de control en la secretaría, los hechos respectivos; ejercitar los derechos, acciones, excepciones y defensas de las que sean titulares, transigir cuando así convenga a los intereses de la secretaría, e interponer los recursos que procedan ante los citados tribunales y autoridades, siempre que dicha representación no corresponda a otra unidad administrativa de la propia secretaría o al Ministerio Público Federal y, en su caso, proporcionarle los elementos que sean necesarios; ..."
"Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial mayor, por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal Federal de Amparos, por el subprocurador fiscal Federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal Federal de Asuntos Financieros, en el orden indicado.
"Los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos y el oficial mayor se suplirán entre sí o por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal Federal de Amparos, por el subprocurador fiscal Federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal Federal de Asuntos Financieros, indistintamente y sin sujeción a ningún orden.
"El procurador fiscal de la Federación será suplido en sus ausencias por los subprocuradores, en el orden que aparecen citados en este reglamento. La ausencia de los subprocuradores será suplida entre ellos indistintamente y sin sujeción a ningún orden, o por los directores generales que de ellos dependan en los asuntos de su respectiva competencia, tratándose del subprocurador fiscal Federal de Legislación y Consulta la suplencia por parte de los directores generales que de él dependan se realizará indistintamente y sin sujeción a ningún orden.
"El tesorero de la Federación será suplido en sus ausencias por los subtesoreros en el orden que aparecen citados en este reglamento; asimismo y en ausencia de dichos funcionarios éstos serán suplidos indistintamente y sin sujeción a ningún orden por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal Federal de Amparos, por el subprocurador fiscal Federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal Federal de Asuntos Financieros, así como por el director general de Vigilancia de Fondos y Valores, el director general de Procedimientos Legales y el director general de Sistemas Automatizados y por el director general adjunto de Administración de Cartera y Activos no Monetarios. ..."
Como se infiere, los artículos 10 y 72 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reformados, prevén la figura de la representación del secretario de Hacienda y Crédito Público por el procurador fiscal de la Federación, y de éste por el subprocurador fiscal Federal de Amparos, respectivamente, excluyendo dicha representación, de manera expresa, el caso en que actúen como autoridades responsables en el juicio de amparo.
Por su parte, el artículo 105 del citado reglamento, dispone en su primer párrafo que, el titular de esa secretaría será suplido en sus ausencias, por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, por el oficial mayor, por el procurador fiscal de la Federación, por el subprocurador fiscal Federal de Amparos, por el subprocurador fiscal Federal de Legislación y Consulta o por el subprocurador fiscal Federal de Asuntos Financieros, en el orden indicado.
Así las cosas, tiene relevancia señalar que en relación a la legitimación del subprocurador fiscal Federal de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la parte final de la última hoja del informe justificado que rindió, en representación de aquéllas, que obra a foja doscientos seis del sumario constitucional, puntualizó lo siguiente:
"En representación del presidente de la República y por sí, el secretario de Hacienda y Crédito Público, y por ausencia de éste y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de al Federación, con fundamento en los artículos 19 de la Ley de Amparo, 14 y 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de enero de 2003, firma en suplencia el subprocurador fiscal Federal de Amparos.
"Atentamente.
"Sufragio efectivo. No reelección.
"El subprocurador fiscal federal de Amparos.
"Lic. Mario Alfonso Jaime Ruiz Hernández."
Ahora bien, el análisis de la inserción de mérito, pone de manifiesto que el subprocurador fiscal Federal de Amparos, sí tiene legitimación procesal activa para rendir el informe con justificación de que se trata, dado que ello lo hizo en suplencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, en su ausencia, así como en la de los subsecretarios de la propia secretaría, de Ingresos, de Egresos, del oficial mayor y del procurador fiscal de la Federación, y con fundamento en el artículo 105, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en vigor, párrafo en el cual se señala el orden riguroso de los funcionarios que deben suplir la ausencia del secretario mencionado, que en el caso fue respetado fielmente, acorde a los términos en que se rindió el informe controvertido, pues ello pone de relieve que el subprocurador fiscal Federal de Amparos, actuó en ausencia de los funcionarios mencionados, circunstancias por las cuales se reitera que sí tiene legitimación procesal activa para rendir el informe justificado en cita.
No es obstáculo a lo anterior, que el segundo párrafo del citado numeral establezca que los subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el oficial mayor, se suplirán entre sí y por los demás funcionarios que se han precisado, indistintamente y sin sujetarse a ningún orden, dado que la suplencia a que alude tal porción normativa, debe entenderse referida al despacho de los asuntos que son de la legal competencia de los subsecretarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del oficial mayor, mas no así respecto de los que son competencia del titular de dicha secretaría, en tanto que, la suplencia de éste en las funciones que son de su exclusiva competencia (como lo es, entre otras, la representación del presidente de la República), se encuentra regulada por el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las anteriores consideraciones atinentes a la legitimación para interponer el recurso de revisión, fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 677/2003, mediante ejecutoria de nueve de julio de dos mil tres, en la que, además, se determinó que la reforma efectuada al artículo 105 citado, sí subsana el vicio de que adolecía con anterioridad a ésta, dado que en su primer párrafo expresamente señala qué autoridades podrán suplir al secretario de Hacienda y Crédito Público en sus ausencias para el despacho de los asuntos que son de su legal competencia, así como el orden en que dicha suplencia debe efectuarse.
Por lo anterior, debe concluirse que al encontrarse previsto el subprocurador fiscal Federal de Amparos en el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y haber fundamentado su actuación en tal dispositivo, en ausencia del titular de dicha secretaría, resulta fundado el argumento de la parte recurrente, en el cual afirma que sí cuenta con legitimación para rendir el informe justificado en comento.
A pesar de lo anterior, no es posible revocar la protección constitucional concedida al quejoso, habida cuenta que, amén de que las causales de sobreseimiento e improcedencia que hizo valer en el mismo resultan infundadas, como se verá, sus restantes argumentos, tendentes a poner de manifiesto lo incorrecto de la determinación del juzgador, respecto a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son inoperantes.
Así es, como se constata de la lectura del informe justificado en comento, el subprocurador fiscal Federal de Amparos, en representación del presidente de la República y en suplencia por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, como primera causa de sobreseimiento, hizo valer la señalada por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, puesto que el secretario de Hacienda y Crédito Público, manifestó que no eran ciertos los actos de él reclamados.
Pues bien, del secretario de Hacienda y Crédito Público, se reclamó:
"... la aplicación y ejecución de los artículos 109, fracción XI, penúltimo párrafo y 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que deberá declararse inconstitucional por falta de equidad, así como sus consecuencias legales."
Así, aunque es verdad que la mencionada autoridad, al rendir el informe en comento, negó la existencia del acto que se le reclamó, no puede soslayarse la circunstancia de que en el escrito correspondiente, los quejosos señalan, para poner de manifiesto la oportunidad en la presentación de su demanda, que el primer acto de aplicación, consiste en la retención del impuesto sobre la renta, respecto del pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos.
Luego, si en el caso se reclama un impuesto y por ende su recaudación, esa actuación indefectiblemente le compete a la mencionada secretaría, así que no obstante que niegue el acto reclamado, es inconcuso que corresponde a esta autoridad llevar a cabo tal acto, puesto que, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 31, señala:
"Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
"...
"XI. Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales."
Por su parte, el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en su título I, de las disposiciones generales, establece:
"Artículo 1o. El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el secretario de Hacienda y Crédito Público le encomienda ejecutar y coordinar en las materias de su competencia."
Ahora bien, aun cuando en los casos en que una autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa desvirtuar dicha negativa, en el caso, se debe eximir de esa carga a la impetrante, puesto que tal como se advierte de las anteriores transcripciones corresponde precisamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de Servicio de Administración Tributaria y los distintos ordenamientos aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la República, facultades que puede delegar a diversas dependencias o unidades administrativas, en el caso, al Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la misma, quien a su vez, lo delega en la Administración Local de Recaudación del domicilio fiscal de la empresa, patrón de la quejosa, con carácter de autoridad fiscal, con atribuciones y facultades ejecutivas en la determinación, liquidación y recaudación de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y de sus accesorios para el financiamiento del gasto público.
Por tanto, en tales condiciones debe concluirse que, no obstante aquella autoridad haya negado la existencia del acto que se le reclamó, tal negativa se desvirtúa, en atención a que, es inconcuso que el acto que ésta debe realizar en perjuicio del quejoso, por mandato de la ley, es la recaudación del tributo impugnado, y toda vez que dicho impuesto ya fue retenido por el patrón, quien está obligado a su entero oportuno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debido a que se encuentra compelido por las disposiciones fiscales a retener y enterar a las autoridades exactoras, los impuestos tales como el impugnado, la conclusión es que, de dicho acto puede tenerse su certeza.
Determinado lo anterior, es pertinente ingresar ahora al estudio de las causas de improcedencia del juicio de amparo, hechas valer por la autoridad responsable cuyo informe se analiza.
En un primer aspecto argumentó que el juicio era improcedente ante la actualización de la causa de improceder del juicio extraordinario biinstancial prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 4o. de la misma legislación, porque, según dijo, la parte quejosa "no acredita con prueba alguna su interés jurídico, para demostrar que ha recibido alguna percepción de carácter extraordinaria que supuestamente se le grave con el impuesto sobre la renta".
Dicha causa de improcedencia resulta infundada pues, tal como lo ponderó el Juez de amparo en la sentencia que se revisa, al contestar a similar razonamiento expresado por la autoridad responsable, Cámara de Senadores, constan en fojas 12 a 55 de autos los recibos de nómina expedidos por la empresa "Vitro Fábricas (México)", por concepto de aguinaldo, con fecha de pago seis de diciembre de dos mil dos, documentos que, al adminicularse con las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó el representante común de los quejosos ante el órgano de control constitucional al dar contestación a la prevención realizada al respecto (foja 102), evidencian que se ubican en el supuesto de la norma reclamada, al justificar que son trabajadores sujetos al régimen del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que recibieron un pago en concepto de aguinaldo por diversas cantidades; y que por dicha prestación les fue retenida por el patrón determinada suma, como monto de la contribución de que se trata.
También alegó la responsable, que se actualiza la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 73 de la ley de la materia, porque a su decir, la quejosa consintió tácitamente el acto reclamado al no promover el juicio dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la Ley de Amparo, ya que asegura, ésta pretende que se pase por alto "el hecho de que durante el ejercicio de 2002 el patrón le había hecho entrega de gratificaciones, primas vacacionales, bonos, etc."; que el acto de aplicación por el que se promovió el juicio no correspondió al primero, sino al segundo o ulterior y que con el fin de probar ello, solicitaba al a quo requiera a la patronal para que remita a ese juzgado copia del expediente de los peticionarios de garantías en el que obren los recibos de pago de todas y cada una de las retribuciones hechas a aquéllos.
En contestación al argumento de mérito, en principio, ha de establecerse que el artículo 149 de la Ley de Amparo que prevé las reglas para la rendición del informe con justificación señala lo siguiente:
"Artículo 149. Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días, pero el
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19088-28a60489/negativa-de-los-actos-reclamados-se-desvirtua-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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