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Modo: Corpus Pro

EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2002-PS. · Registro digital (IUS): 18003
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVI
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 305.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE EN MATERIA CIVIL.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Puntualizados los anteriores aspectos, procede transcribir las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión en sus resoluciones, para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada.

Así, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el diecisiete de mayo de dos mil dos el amparo en revisión número RP. 122/2002, promovido por Carlos Eduardo Swain Durán, en sus consideraciones sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios planteados por el recurrente, suplidos en su deficiencia, al tenor de lo establecido en la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, son fundados. Previamente a explicar las razones es puntual destacar que obra en autos del expediente en revisión la documental pública consistente en copia certificada del juicio civil sumario hipotecario número 1555/96 del índice del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de esta localidad, que acompañó el Juez responsable a su informe justificado, la que hace prueba plena al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2o., y de la cual se advierte, en lo que interesa, que mediante escrito que presentara el seis de junio de mil novecientos noventa y seis Faustino Castellanos Barba, en su carácter de apoderado jurídico de Banco Inverlat, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat, antes Multibanco Comermex, Sociedad Nacional de Crédito, demandó, entre otros, de Carlos Eduardo Swain Durán, además de diversos conceptos, sobre el vencimiento anticipado del plazo pactado en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que celebraron; demanda que se admitió en proveído del doce de junio siguiente, en el que, además, se ordenó emplazar a los enjuiciados (fojas 47 a 52); lo que no pudo efectuarse, ya que la secretaria de aquel juzgado levantó una constancia en los términos siguientes: ‘Siendo las 16:00 (dieciséis) horas del día 25 (veinticinco) de junio de 1997 (mil novecientos noventa y siete), la que suscribe secretario ejecutor del Juzgado Cuarto de lo Mercantil de este primer partido judicial, asociada de la parte actora y para efectos de dar cumplimiento con el acuerdo dictado el día doce de junio actual, nos constituimos legalmente en la finca marcada con el número 125 del condominio 4 (cuatro) ubicado en la Avenida Guadalupe número 5960 (cinco mil novecientos sesenta) del fraccionamiento Ciudad del Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, y encontrándonos en ese lugar se da fe que el inmueble se encuentra abandonado, lleno de basura, zacate, polvo y telarañas y no obstante llamamos a la puerta de acceso en innumerables ocasiones y nadie acudió a nuestro llamado, por lo que procedí a interrogar a los vecinos del lugar, habiéndome dirigido con la vecina del lado quien dijo llamarse Martha García Esparza y a quien pregunté sobre el paradero de los demandados Carlos Eduardo Swain Durán y Alicia Rodríguez Abascal de Swain, y me contestó que tiene 7 (siete) años de vivir ahí y que no conoce a los demandados, que únicamente conoció a un señor de nombre Jesús que antes vivía en la finca 125, pero que desde hace aproximadamente 6 (seis) meses la casa 125 se encuentra sin habitar. Seguidamente procedí a interrogar a la vecina de enfrente de la finca 125 y ésta me dijo llamarse Clementina Sánchez Aguilar, y me manifestó que no conoce a los demandados Carlos Eduardo Swain Durán y Alicia Rodríguez Abascal de Swain, y que en la finca 125 únicamente vivía un señor de nombre Jesús, sin saber sus apellidos, pero que desde hace aproximadamente 7 (siete) meses que no observa que nadie dice: habitantes en la finca 125. En razón de lo anterior y no pudiendo adelantar más en la presente diligencia, doy por terminada la misma levantando para constancia el acta que antecede, y que firma la suscrita secretario en unión de la parte actora. Conste.’ (foja 53). El autorizado del banco actor, el siete de agosto de mil novecientos noventa y siete, le manifestó al Juez Cuarto de lo Mercantil lo siguiente: ‘Que habida cuenta de que la parte demandada no fue posible emplazarla en el domicilio señalado en la demanda correspondiente, tal como consta en autos, le solicitó a su señoría se ordene girar atentos oficios al C. Director de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, al INEGI, así como al Instituto Federal Electoral (IFE), para efecto de que informen respectivamente de la probable localización del demandado reportando algún otro domicilio distinto al señalado en este juicio, que es finca marcada con el número 125 del condominio 4, ubicado en la Avenida Guadalupe número 5960, fraccionamiento Ciudad del Tepeyac, en Zapopan, Jalisco, ya que dicho domicilio no se encuentra habitado por la parte demandada en el presente juicio, solicitando la elaboración de los oficios para efectos de seguir con la secuela de este procedimiento.’ (foja 54). A lo anterior, dicho Juez acordó: ‘Por recibido el escrito presentado por Aurelio Robles Castillo C., de fecha 7 de agosto del año en curso, y como lo solicita, gírese atento oficio al director de la Policía Municipal de esta ciudad para que investigue el paradero o domicilio actual de la parte demandada y lo informe a este juzgado. Asimismo, gírese oficio al delegado del Registro Federal de Electores para que sea servido en informar, a la mayor brevedad posible, a este juzgado el domicilio que tengan registrado a nombre de: Carlos Eduardo Swain Durán y Alicia Rodríguez Abascal de Swain.’ (foja 55). Además, el mismo Juez, el veintisiete de noviembre siguiente, envió sendos oficios al director de la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco y al delegado del Registro Federal de Electores, comunicándoles lo siguiente: ‘En los autos del juicio civil sumario hipotecario, expediente arriba indicado, promovido por Banco Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, en contra de Carlos Eduardo Swain Durán y Alicia Rodríguez Abascal de Swain, se ordenó girar atento oficio, como tengo el honor de hacerlo, a efecto de que se sirva informar a este juzgado del domicilio o paradero del demandado, siendo su último domicilio la finca marcada con el número 125 del condominio 4, ubicado en la Av. Guadalupe número 5960, fraccionamiento Ciudad del Tepeyac en Zapopan, Jalisco.’ (fojas 56-57). Los directores referidos, contestaron los oficios antes mencionados, respectivamente, en los términos siguientes: ‘Que personal a mi cargo se hizo presente en el domicilio proporcionado por usted donde preguntando con los vecinos nos informaron que la casa está sola y que la está (sic) es visitada 2 veces al año pero que ignoran el domicilio actual de los antes mencionados, dando así cumplimiento a lo solicitado. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.’, y ‘Efectuada una búsqueda a través de los medios magnéticos con que cuenta la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de este instituto, nos informó que no fue posible localizar los datos solicitados con los elementos proporcionados en el requerimiento que se atiende. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresar a usted la seguridad de mi consideración más distinguida.’ (fojas 58 y 71). Posteriormente a solicitud de la institución de crédito actora, el Juez natural giró oficio al jefe del Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia de este Estado, en los términos siguientes: ‘En los autos del juicio civil sumario hipotecario, promovido por Banco Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, en contra de Carlos Eduardo Swain Durán y Alicia Rodríguez Abascal de Swain, con número de expediente anotado en la parte superior derecha se ordenó girar atento oficio, como tengo el honor de hacerlo, a efecto de que informe a este juzgado, a la mayor brevedad posible, el paradero o domicilio actual de la parte demandada. Siendo el domicilio actual en el condominio #4 en la Av. Guadalupe #5960, finca marcada con el #125, Fracc. C. de Tepeyac. Sin otro particular por el momento reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.’ (foja 66). A lo que dicho funcionario respondió, en lo que interesa: ‘V. Resultado de la investigación. Abocándose a lo solicitado, en procuración de los demandados Sres. Carlos Eduardo Swain Durán y Alicia Rodríguez Abascal de Swain, el día 14 de diciembre de 1998, la suscrita Lic. TS. se trasladó a su último domicilio conocido en la Avenida Guadalupe número 5960 en el condominio 4, número 125, del fraccionamiento Ciudad del Tepeyac, percatándose que la finca se encuentra deshabitada. Se abordó a vecinos quienes identifican a los demandados, los cuales deshabitaron el inmueble desde hace 3 años y desconocen su paradero. Se revisó la guía telefónica sin resultados positivos. Observaciones. No se localizó a los demandados, pese haber agotado los recursos para ello.’ (foja 69). La accionante en el juicio natural, mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, le manifestó al Juez lo siguiente: ‘Que por medio del presente ocurso y bajo protesta de decir verdad, el suscrito desconoce el domicilio actual de los demandados del presente juicio para realizar su emplazamiento, y en virtud de haberse remitido oficios a las distintas dependencias públicas, las cuales han contestado respectivamente en el sentido de desconocer el domicilio actual de los demandados, dando con ello cumplimiento con lo señalado por el artículo 117, fracción II, de la ley del enjuiciamiento civil para el Estado, por lo que le solicito a su señoría se ordene el emplazamiento por edictos por tres veces de tres en tres días, en el Boletín Judicial y el periódico de mayor circulación, en los términos del último párrafo del artículo mencionado, lo anterior con estrecha relación con lo dispuesto en los artículos 106 y 109, fracción I, de la ley del enjuiciamiento civil para el Estado.’ (foja 75). A lo anterior, el Juez acordó: ‘Por recibido el escrito de Aurelio Robles Castillo C. de fecha 17 de febrero del año en curso y como lo solicita, en virtud de las razones que expone y por así permitirlo el estado de autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se ordena emplazar a la parte demandada por medio de edictos que deberán ser publicados en el Boletín Judicial y en el periódico El Informador, por tres veces de tres en tres días y hágasele saber que tiene 30 días contados a partir de la última publicación para dar contestación a la demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término se le tendrá por presuntivamente confeso de los hechos de la misma y se le seguirá el juicio en su rebeldía.’ (foja 76). En su oportunidad se llevó a cabo el emplazamiento por edictos tal y como se ordenó en el acuerdo de referencia. Dicho acto (el emplazamiento) es el que, primordialmente, se reclama en este juicio de garantías en revisión. Por otra parte, el artículo 117, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, en lo conducente, establece: ‘Artículo 117. Procede la notificación por edictos ... II. Cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado. En este caso, el juicio deberá seguirse con los trámites y solemnidades que se establecen para la rebeldía en ausencia del contumaz.’. Ahora bien, el Juez de Distrito como argumento toral para negar el amparo al aquí recurrente, sostuvo: ‘De las constancias reseñadas se pone de relieve que el comisionado judicial se constituyó en el domicilio señalado por el actor en su escrito de demanda, a efecto de emplazar a los demandados y en el acta que levantó asentó que el lugar indicado no se encontraba habitado, por lo que procedió a preguntar a los vecinos del lugar, Martha García Esparza y Clementina Sánchez Aguilar, quienes indicaron que la casa estaba deshabitada desde hace aproximadamente seis o siete meses, y que no conocían a los reos. A consecuencia de lo anterior y como el actor manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ignoraba otro domicilio para realizar el llamamiento a juicio de los accionados, se procedió a realizar la investigación correspondiente, para lo cual se giraron oficios al director de la Policía Municipal en Zapopan, Jalisco, delegado del Registro Federal de Electores y jefe del Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia, sin resultados positivos, pues el director general DSPMZ, informó que: «... personal a mi cargo se hizo presente en el domicilio proporcionado por usted, donde preguntando con los vecinos nos informaron que la casa está sola y que ésta es visitada 2 veces al año, pero ignoran el domicilio actual de los antes mencionados ...»; de tal modo que, al derivarse con ello el desconocimiento general de su paradero, a petición de parte interesada, el juzgador natural procedió a ordenar el emplazamiento de los demandados por medio de edictos, sin lograr su comparecencia, por lo que se les acusó la rebeldía y se dictó sentencia. En ese orden de ideas, si del ordinal 117, fracción II, del enjuiciamiento civil local, que regula la notificación por edictos, se desprende que los requisitos para llevarlos a cabo son: a) La protesta de decir verdad de la parte actora en el sentido de que ignora el domicilio del demandado, sin que se deba expresar la causa de ese desconocimiento y menos probarlo, porque como hecho negativo no podía ser acreditado por quien lo aduce y, b) Que se recabe el informe de la Policía Municipal de ese lugar para que proceda el emplazamiento mediante la publicación de edictos; y si además se recabaran informes del Departamento de Trabajo Social del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (fojas 68 y 69) y de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (foja 71); en esas condiciones, contrariamente a lo que sostiene el impetrante del amparo, el emplazamiento por edictos se ajustó a la ley, ya que no podrían imponerse mayores requisitos a los establecidos por la ley de la materia, como el de recabar informes de otras dependencias o corporaciones, respecto de la residencia del reo, para la validez del emplazamiento.’. Lo anterior es incorrecto toda vez que, aunque la fracción II del precepto 117 del código adjetivo civil de esta entidad, prevé únicamente para llevar a cabo la notificación por edictos los requisitos que puntualiza el a quo federal, sin embargo, en ellos implícitamente debe estimarse inmersa la obligación de que la Policía Municipal, a fin de fundamentar adecuadamente su informe, por ende, estimarlo verosímil y con ello crear convicción absoluta de que, en efecto, el paradero del buscado es incierto y no es factible localizarlo, de hacer una verdadera labor de investigación, por lo que, con ese motivo, debe acudir a otras fuentes de información, tales como la Secretaría de Vialidad y Transporte, Policía Judicial del Estado (ahora Policía Investigadora), Oficinas Recaudadoras de las Tesorerías Municipales de la zona conurbada, Comisión Federal de Electricidad, o de cualquier otra dependencia que estime puede proporcionar algún dato, o implementar, con los que así o de alguna otra forma obtenga, algún tipo de estrategia o actividad tendiente a procurar el paradero del demandado, lo que incluso, es obligación del propio juzgador ordenarlo, de observar que del informe que se le proporciona se obtiene la posibilidad de que de alguna forma se le puede localizar; puesto que, si pese a que pudiera existir esa posibilidad y es omiso en ordenar lo pertinente, su actuación no se ajusta a derecho, por incompleta; sin que lo anterior implique, como lo dice el Juez del amparo, que se impongan mayores requisitos de los establecidos por la ley de la materia, ya que no debe perderse de vista que el llamamiento a juicio por medio de edictos, requiere, en el ánimo del juzgador, que el desconocimiento del buscado sea general, debido y motivado a que nadie y en ninguna parte, se puede averiguar sobre él y, por lo mismo, que el único medio posible de localizarlo es el de edictos. Es así, porque la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además se le priva del derecho a presentar las pruebas que autoricen sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no, y si en caso afirmativo se observaron las leyes de la materia. Lo anterior es acorde con la jurisprudencia número 247, sostenida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página número 168, Tomo IV del Apéndice de 1995, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO.’ (reproduce su texto). Asimismo, sirven de puntual apoyo la jurisprudencia 786, de la extinta Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, publicada en la página número 1302, Parte II del Apéndice de 1988, y la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la página 291, Tomo I, Segunda Parte-1, de los meses de enero a junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS.’ (se transcribe) y ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS. PRESIDENTES MUNICIPALES, CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LOS, ACERCA DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO.’ (se transcribe). También es aplicable la jurisprudencia 34, de la otrora Segunda Sala del más Alto Tribunal de la República, publicada en la página 41, Tomo III, del Apéndice 1917-2000, que dice: ‘EMPLAZAMIENTO DE ACREEDORES EXTRAÑOS AL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe). En esa tesitura, es evidente que en el caso el informe rendido por la Policía Municipal no es bastante ni suficiente para que, con base en él, se haya ordenado el emplazamiento del demandado por edictos, pues de su texto se advierte que no se efectuó la investigación exhaustiva respecto del paradero de aquél, ya que aparte de que no acudió a indagar en las dependencias puntualizadas en renglones anteriores, a fin de agotar todas las posibilidades, de acuerdo con lo ya expuesto, su actuación se limitó a preguntar a los vecinos respecto del paradero del buscado y, pese a que éstos les informaron que la casa estaba sola y que era visitada dos veces al año y que ignoraban el domicilio actual de aquél, no procuraron saber cada cuándo o en qué fechas era visitado el domicilio, ni por quién; omisión que, incluso, debió advertir el juzgador natural y subsanarla, ordenando que se recabaran esos datos, con el propósito de tener una información más completa y precisa, ya con el objeto de asegurarse de que no es factible localizar al buscado o de obtener una pista o dato sobre su paradero. En el anterior contexto, debe estimarse que la determinación del a quo federal, de considerar correcto el emplazamiento por edictos, con base en un informe de policía deficiente, no se encuentra ajustada a derecho, lo que implica que se haya dejado sin defensa al quejoso aquí recurrente, pues se le impidió acudir al juicio; de donde se sigue que violó en su perjuicio su garantía de audiencia prevista por el artículo 14 constitucional, motivo por el que, previa revocación del fallo recurrido, debe otorgársele el amparo que solicita. En términos similares, se pronunció este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos, las revisiones principales 1437/2000, 365/2001 y 883/2001, en sesiones celebradas el siete de noviembre de dos mil, once de mayo y catorce de diciembre de dos mil uno. Dados los argumentos esgrimidos con antelación, no se comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado homólogo, sustentado en la ejecutoria dictada el uno de febrero del citado año, en el amparo en revisión 891/2001, que cita el Juez de Distrito en el fallo revisado. En efecto, según se advierte de la transcripción que efectuó el a quo federal en su fallo, respecto de parte de la ejecutoria del tribunal homólogo, que aquí se da por reproducida, al haberse transcrito en el considerando tercero de esta ejecutoria, aquél (el colegiado) sustenta, toralmente, que es suficiente para ordenar el emplazamiento por edictos, que el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ignora otro domicilio para emplazar al reo y que se recabe informe de la Policía Municipal del domicilio de éste, siempre que se derive de ello el desconocimiento general de su paradero; en cambio este Tribunal Colegiado, como se vio, sostuvo básicamente que aunque la fracción II del precepto 117 del código adjetivo civil de esta entidad, prevé, únicamente para llevar a cabo la notificación por edictos, los requisitos que puntualiza el a quo federal (con base en el criterio del tribunal homólogo), sin embargo, en ellos implícitamente debe estimarse inmersa la obligación de que la Policía Municipal, a fin de fundamentar adecuadamente su informe, por ende, estimarlo verosímil y con ello crear convicción absoluta, de que en efecto, el paradero del buscado es incierto y no es factible localizarlo, de hacer una verdadera labor de investigación, por lo que con ese motivo debe acudir a todas las fuentes de información, o cualquier otra dependencia que estime puede proporcionar algún dato; o implementar, con los que así o de alguna otra forma obtenga, algún tipo de estrategia o actividad tendiente a procurar el paradero del demandado."

En términos similares se pronunció el citado Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito al resolver, por unanimidad de votos, las revisiones principales números 1437/2000, 365/2001, 650/2001 y 883/2001, en sesiones celebradas, respectivamente, el siete de noviembre de dos mil, once de mayo, trece de julio y catorce de diciembre de dos mil uno.

QUINTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver por mayoría de votos el primero de febrero de dos mil dos el amparo en revisión 891/2001, promovido por Elda Irene Leyva Cirerol, en sus consideraciones sostuvo lo siguiente:

"QUINTO. Resultan fundados y suficientes para revocar el fallo recurrido, dos de los agravios expuestos por la recurrente, cuyo estudio se aborda en su conjunto por la íntima relación que guardan, lo cual hace innecesario el estudio de los restantes, de conformidad con la jurisprudencia número 575, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, localizable en la página 383 del Tomo VI, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). En efecto, asiste la razón a la inconforme cuando alega que el Juez de Distrito valoró incorrectamente la documental pública allegada por el Juez responsable, de la cual se advierten diversas constancias que demuestran la legalidad del emplazamiento impugnado, entre las que destacan: a) la constancia del notificador adscrito al juzgado responsable en el sentido de que el domicilio señalado para emplazar al demandado, hoy quejoso, se encuentra cerrado y deshabitado, b) el informe rendido por la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, mediante el cual informa que el domicilio señalado para emplazar al reo se encuentra deshabitado y, c) el escrito del apoderado de la parte actora en el cual manifestó, bajo protesta de decir verdad, que desconocía otro domicilio para emplazar al reo; probanzas con las cuales se demuestra la legalidad del emplazamiento impugnado, toda vez que el artículo 117, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, únicamente exige que el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, razón por la cual no resultan aplicables las ejecutorias que invocó el Juez de Distrito, pues se refieren a legislaciones (Puebla, Estado de México y Distrito Federal) diversas a la del Estado, las cuales imponen requisitos para el emplazamiento por edictos que no contempla el precepto legal citado, como girar oficios a diversas dependencias oficiales con el fin de investigar el domicilio del demandado, como lo consideró el Juez de Distrito. Es así, toda vez que del estudio de las constancias de autos que fueron remitidas a este Tribunal Colegiado para la sustanciación del presente recurso, las cuales tienen eficacia probatoria plena en los términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., se advierte que Antonio de Anda Vidaurri, en su carácter de apoderado general judicial para pleitos y cobranzas de Banca Cremi, Sociedad Anónima, demandó a Carlos Enrique Cortes Juárez (quejoso), en la vía civil sumaria hipotecaria, a quien le reclamó la declaración judicial del vencimiento anticipado y cumplimiento del contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pago del préstamo y demás consecuencias legales. Para esto manifestó en su escrito inicial de demanda que el reo podía ser emplazado en la finca hipotecada, ubicada en la calle Danza del Venado número 40 del condominio Chapalita Inn, localizada en la Avenida Guadalupe número 6601, en Zapopan, Jalisco. Demanda que se admitió por acuerdo de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete (foja 10 del cuaderno de pruebas), en el cual se ordenó emplazar al demandado en el domicilio precisado por la actora. Posteriormente, el notificador adscrito al Juzgado Quinto de lo Civil de esta ciudad, levantó constancia en el sentido de que se constituyó en la finca señalada para emplazar al demandado, los días quince de julio y dos de septiembre, ambos de mil novecientos noventa y siete, a las diecisiete y dieciséis horas, respectivamente, encontrando la finca cerrada y deshabitada (foja 11). Luego, el apoderado de la actora por escrito del primero de septiembre de mil novecientos noventa y siete (foja 12), bajo protesta de decir verdad, manifestó que ignoraba dónde pudiera habitar el demandado, solicitando se girara oficio a la Policía Municipal de Zapopan, Jalisco, a efecto de que proporcionara el paradero del demandado, lo cual se ordenó por auto de veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y siete, oficio que fue contestado el veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y ocho (foja 19), suscrito por el director general de Seguridad Pública Municipal de Zapopan, y del que se advierte lo siguiente: ‘... Personal de ésta corporación se hizo presente en el domicilio proporcionado por usted, donde se encontró la casa deshabitada, aunque a la vista se veían muebles, preguntado con los vecinos, informan que a los propietarios se les ve esporádicamente ignorando cuál sea su domicilio actual.’. Como consecuencia del contenido del informe transcrito, por auto de diez de marzo de mil novecientos noventa y ocho (foja 23), el Juez natural ordenó el emplazamiento al demandado por edictos, mismos que se publicaron en los términos decretados, según certificación del veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho (foja 27), signada por la secretaría de Acuerdos del juzgado natural. Así las cosas, al respecto el artículo 117, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, dispone: ‘Artículo 117. Procede la notificación por edictos: ... II. Cuando el actor manifieste bajo protesta de decir verdad que se trata de personas cuyo domicilio se ignora, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado.’. De lo anterior se colige que el ordinal transcrito regula que procede la notificación por edictos, cuando el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que ignora otro domicilio para emplazar al reo y que se recabe informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; por consiguiente, si el actor manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ignoraba dónde pudiera habitar el demandado, sin que al actor le correspondiera expresar la causa del desconocimiento de la residencia del reo, y que debiera probarlo, porque el no saber el paradero o ignorar la residencia de una persona, como hecho negativo, no podría ser demostrado por quien lo aduce, y una vez que se recabó la información de la policía del domicilio del reo, en el sentido de que no fue posible localizarlo, ya que personal de la Policía Municipal de Zapopan, se constituyó en el último domicilio del demandado, mismo que se encontró deshabitado, preguntado con los vecinos, quienes informaron que los propietarios van a la finca esporádicamente e ignoran su domicilio actual, el juzgador natural procedió a ordenar el emplazamiento del demandado por edictos, al derivarse con ello, el desconocimiento general de su paradero; es indudable que, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito y como acertadamente lo destaca la recurrente, el emplazamiento impugnado es legal, ya que no le es dable al Juez de garantías el imponer mayores requisitos a los esta

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18003-8360f23e/edictos-notificacion-por-medio-de-interpretacion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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