IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.
IMPEDIMENTO 6/2004.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-A fin de resolver el problema planteado, es menester analizar la naturaleza jurídica del impedimento.
Los impedimentos para que cierta persona pueda fungir como Ministro, Magistrado o Juez, son un aspecto que está íntimamente vinculado con la competencia subjetiva, y consistente en la idoneidad e imparcialidad del sujeto para ser titular de un órgano jurisdiccional, pues los sujetos que asumen la calidad de órganos jurisdiccionales del Estado o que desempeñan la función jurisdiccional, en cuanto revisten este cargo en forma permanente y no ocasional, están ligados, respecto del Estado, por una relación de empleo o de servicio, que surge en el acto mismo del nombramiento, esto es, en el momento en que tales sujetos entran a formar parte de los funcionarios del orden judicial.
Por su parte, los artículos 100, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 del la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son del tenor siguiente:
"Artículo 100. ... La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia."
"Artículo 105. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se harán mediante el sistema de carrera judicial a que se refiere el presente título, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso."
De los preceptos legales transcritos se advierte que el Estado asegura de modo general la finalidad y tarea de la recta administración de justicia; de ahí que sólo sean llamados a formar parte del órgano jurisdiccional, aquellas personas que por sus conocimientos evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por particulares requisitos de moralidad y de escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, aparezcan como las más apropiadas para el buen funcionamiento de las tareas judiciales.
Esta relación entre el funcionario del orden judicial y el Estado es una relación de derecho público, y tiene por contenido el deber fundamental del Magistrado o de otro funcionario del orden judicial de cumplir las funciones de su oficio y, en especial, las funciones jurisdiccionales, deber al cual corresponde un derecho público de la sociedad salvaguardada por el Estado al cumplimiento de las funciones jurisdiccionales (relación de servicio judicial).
Esta exigencia del Estado al cumplimiento, por parte del servidor público, de las funciones a él atribuidas y esa obligación correlativa del funcionario para con el Estado, de cumplir las funciones para las cuales ha sido designado, sufre a su vez limitaciones, en el sentido de que, aun permaneciendo como obligación general del servidor público, en algunos casos, por razones particulares, dicho funcionario no sólo no puede ejercer las funciones que normalmente está llamado a cumplir, bajo conminatoria de sanciones de diversa naturaleza, sino que se le impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplir sus funciones normales y de no atender a sus cometidos, o de no ejercer las facultades para los que ha sido puesto al frente de una función determinada.
Ahora bien, los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del funcionario para el cumplimiento de la función encomendada, puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplirla respecto de una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano o que desempeñan la función jurisdiccional.
En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones a las cuales le unen vínculos de afecto, lo que da lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla, en determinado caso concreto, intereses personales que se les conoce como impedimentos.
El fundamento jurídico del impedimento radica en lo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone tratándose de la impartición de justicia.
En efecto, el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:
"Artículo 17. ... Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales."
De la transcripción expuesta destaca lo siguiente:
a. El derecho de toda persona a que se le administre justicia por tribunales; y
b. Que dichos tribunales deberán emitir sus resoluciones en forma completa e imparcial.
Por tanto, todo proceso que se somete a la consideración de un juzgador debe basarse en el principio de imparcialidad de las resoluciones de los tribunales con lo cual se garantiza una sana y correcta impartición de justicia, en términos de lo dispuesto por el artículo constitucional citado, puesto que una condición esencial de la legitimidad y la eficacia de la justicia moderna, reside en la independencia e imparcialidad de los órganos de justicia, de sus integrantes y, en consecuencia, de las resoluciones que dicten.
De ahí que la finalidad de la Ley de Amparo, al estatuir en su artículo 66, fracción VI, a la amistad estrecha, como una causa de impedimento por ser una circunstancia que concurre en un funcionario judicial y, especialmente, en el juzgador que lo hacen inhábil para poder impartir una justicia exenta de parcialidad, obedece a la necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa.
En efecto, el artículo 66, fracción VI, de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 66. No son recusables los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en que intervengan, en los casos siguientes: ... VI. Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes."
Del precepto transcrito se infiere que entre los supuestos de impedimento, existe el de la amistad estrecha con las partes, sus abogados o representantes.
De satisfacerse el supuesto legal aludido, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de iure (de derecho y por derecho, es decir, de pleno derecho), con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 66 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona.
Ahora bien, del análisis de los autos del recurso de queja número 886/2003, con el que se relaciona el impedimento que se resuelve, se advierte que mediante escrito del once de diciembre de dos mil tres, el Magistrado ... miembro integrante de este órgano colegiado, manifestó tener excusa forzosa para integrar este tribunal de amparo, al momento de resolver el recurso de queja QC. 886/2003, interpuesto por Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (en liquidación), a través de su liquidador Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), por conducto de su apoderado César Gerardo Francisco García Méndez, contra la sentencia pronunciada el veintiséis de marzo de dos mil tres, por la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en cumplimiento de la ejecutoria dictada por este órgano de control constitucional en el amparo directo DC. 216/2003, el tres de marzo del mismo año, toda vez que el apoderado de las terceras perjudicadas Ingenio San Miguelito, Sociedad Anónima, e Ingenio El Potrero, Sociedad Anónima, en dicho juicio, lo es el licenciado Bernardo M. Alonso Barraza, con quien el Magistrado integrante de este órgano colegiado tiene amistad estrecha desde que acudió a él para que le patrocinara un asunto que se encuentra en litigio, confesión a la que se le concede valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dado que la misma fue rendida por persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción, ni violencia y versar sobre hechos propios y máxime por la credibilidad de la que dicho servidor público goza, dada la función jurisdiccional que ejerce, esa manifestación es suficiente para tener por demostrado que la "amistad estrecha", que dice tener con el apoderado de la tercera perjudicada, puede influir en su ánimo al momento de resolver el aludido recurso de queja.
Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 36/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo, Quinto, Décimo Segundo y Sexto, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 105, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis refiere:
"IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.-De conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, los funcionarios ahí mencionados estarán impedidos para conocer del juicio de garantías cuando tengan amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes. En consecuencia, si algún funcionario judicial manifiesta que tiene amistad estrecha por existir convivencia familiar frecuente con una de las partes, esta causal de impedimento debe tenerse por acreditada no sólo en mérito de la credibilidad que como Juez goza, sino porque tal manifestación valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2o. de la referida Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa en lo que le perjudica, hecha por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proveniente de un hecho propio, en relación con el asunto de donde se originó la excusa planteada."
En consecuencia, la manifestación lisa y llana del Magistrado ... en el sentido de que tiene "amistad estrecha" con el referido apoderado de la terceras perjudicadas en el juicio de amparo directo 216/2003, que está íntimamente vinculado con el recurso de queja en el que, incluso, dichas terceras perjudicadas figuran como parte y que dio origen al presente impedimento, valorada conforme a los preceptos legales antes precisados, tiene validez probatoria plena, dado que como quedó precisado se trata de una confesión expresa en lo que le perjudica, por persona capacitada para obligarse, hecha con pleno conocimiento, sin coacción ni violencia y proviene de un hecho propio en relación con los asuntos de donde se originó la excusa planeada, al margen de la credibilidad que dicho servidor público goza, dada la función jurisdiccional que ejerce, al manifestar que dada la "amistad estrecha" que tiene con el referido apoderado de la tercera perjudicada, puede influir en su ánimo al momento de resolver el medio de impugnación de referencia.
En consecuencia, al encontrarse demostrada la causa de impedimento prevista por la fracción VI del artículo 66 de la Ley de Amparo, se declara fundado el impedimento por excusa forzosa planteado por el Magistrado ... por lo que, en tal virtud, dicho Magistrado deberá inhibirse de conocer del recurso de queja QC. 886/2003, del índice de este órgano colegiado, promovido por Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (en liquidación), a través de su liquidador Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como fiduciaria en el fideicomiso denominado Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), por conducto de su apoderado César Gerardo Francisco García Méndez.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 66 a 72 y 192 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.-Se declara fundado el presente impedimento.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad, archívese el presente asunto.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Gilberto Chávez Priego, como presidente, María Soledad Hernández de Mosqueda y el licenciado Miguel Hernández Sánchez, secretario de tribunal, para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, en sustitución del Magistrado ... siendo ponente la segunda de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18005-85de70c4/impedimento-es-una-figura-juridica-que-limita-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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