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Modo: Corpus Pro

EXTRADICIÓN. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, POR FALTA DEL COMPROMISO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EXTRADICIÓN. ES UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO QUE INICIA CON SU PETICIÓN FORMAL Y TERMINA CON LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN QUE LA CONCEDE O LA REHÚSA (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS PLENARIA CLXV/2000).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2002-PL. · Registro digital (IUS): 18092
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Mayo de 2004, , Pág. 627.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2002-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEXTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: HUMBERTO ROMÁN PALACIOS.

SECRETARIO: ELIGIO NICOLÁS LERMA MORENO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el quince de enero de dos mil dos el amparo en revisión RP. 436/2001, promovido por ... por su propio derecho, por unanimidad de votos de los Magistrados Guillermo Velasco Félix, Elvia Díaz de León de López (ponente) y Roberto Lara Hernández, emitieron las siguientes consideraciones sustanciales:

"QUINTO. Son esencialmente fundados el cuarto, quinto, y sexto conceptos de violación, lo que trae como consecuencia la concesión del juicio de amparo, circunstancia que hace innecesario el estudio de los demás conceptos de violación hechos valer, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 575, visible en la página 383 del Tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época (IUS 2001) que a la letra dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (la transcribe). Previa a la determinación de los motivos por los cuales los agravios expresados por el quejoso son fundados, debe decirse que la Juez de Distrito en la resolución recurrida erróneamente determinó que de manera legal la responsable declaró procedente la extradición del quejoso por los delitos de asociación delictuosa con el fin de cometer robo a mano armada, contrario a los estatutos revisados del Estado de Arizona Ars. seccs. 13-1003, 13-1904, 13-1902, 13-901, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702 y 13-801; homicidio en primer grado (homicidio premeditado en primer grado) contrario a Ars. seccs. 13-1101, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; homicidio en primer grado (homicidio premeditado en primer grado durante la comisión de un delito peligroso contra la salud) contrario a Ars. seccs. 13-3407, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; homicidio en primer grado (homicidio premeditado durante la comisión de un secuestro) contrario a Ars. seccs. 13-1304, 13-1101, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; homicidio en primer grado (homicidio premeditado durante la comisión de robo a mano armada) contrario a Ars. seccs. 13-1904, 13-1101, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; acometimiento grave contrario a Ars. seccs. 13-1204 (A)(2) y (B), 13-1203 (A)(2), 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702, 13-801, 13-812 y 13-604 (P); secuestro contrario a Ars. seccs. 13-1304, 13-1301, 13-701, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-702, 13-801 y 13-604 (P); y por tentativa de robo a mano armada contrario a Ars. seccs. 13-1304, 13-1301, 13-701, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-702, 13-801 y 13-604 (P); toda vez que de la lectura del acuerdo reclamado se aprecia que la responsable por cuanto hace a los delitos de asociación delictuosa con el fin de cometer robo a mano armada, contrario a los estatutos revisados del Estado de Arizona Ars. seccs. 13-1003, 13-1904, 13-1902, 13-901, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702, 13-801, y acometimiento grave contrario a Ars. seccs. 13-1204 (A)(2) y (B), 13-1203 (A)(2), 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702, 13-801, 13-812 y 13-604 (P); rehusó la extradición del quejoso, sin embargo, ello es insuficiente para revocar la resolución recurrida y otorgar la protección constitucional al quejoso, en virtud de que ello se traduce en un error por parte de la Juez de amparo, ya que la extradición del quejoso será exclusivamente por los delitos por los que la responsable concedió la autorización de extradición en el acuerdo reclamado, mas no por los que rehusó la misma. Ahora bien, de las constancias que integran los autos, se aprecia que el Gobierno de los Estados Unidos de América presentó solicitud de extradición internacional de ... señalando que dicho reclamado estaba relacionado con el proceso número CR94-06023 ante la Corte Superior del Estado de Arizona para el Condado de Maricopa, por los delitos de homicidio premeditado en primer grado, homicidio premeditado en primer grado durante la comisión de un delito peligroso contra la salud, homicidio premeditado en primer grado durante la comisión de un robo a mano armada, tentativa de robo a mano armada y secuestro. Seguido que fue en sus diversas etapas el procedimiento de extradición respectivo, el secretario de Relaciones Exteriores emitió el fallo que constituye el acto reclamado por el quejoso en el que dicha autoridad estimó procedente la extradición del reclamado hacia los Estados Unidos de América, aludiendo a la plena satisfacción de los requerimientos normativos previstos en los artículos 10, numerales 1 y 2, del Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América así como en el diverso artículo 16, fracción I, de la Ley de Extradición Internacional, estableciendo así que en el caso concreto, la solicitud aludida contenía la expresión de los delitos atribuidos a ... mismos que fueron referidos con anterioridad, conductas contrarias a derecho previstas y sancionadas conforme a las leyes de los Estados Unidos de América con pena de privación de la libertad cuyo máximo no es menor a un año, acorde al país solicitante e igualmente tipificadas como delito en nuestro país conforme a lo dispuesto en los artículos 320, 286, 366, 12, 63, 367, 370, 372 y 379, todos del Código Penal vigente para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, estableciendo también que los medios de convicción aportados por el Estado requirente eran suficientes para acreditar los delitos atribuidos al quejoso, así como la probable responsabilidad de éste en su comisión. En esa misma resolución puntualizó que no había operado la prescripción de la acción penal de las conductas ilícitas por las que se solicitaba la extradición del quejoso, la competencia que se surte a favor del Gobierno de los Estados Unidos de América para conocer y juzgar los acontecimientos que motivaron la solicitud de extradición concluyendo que, en el caso, procedía en derecho la extradición de ... hacia los Estados Unidos de América por los delitos antes aludidos. Precisado lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que de las constancias que integran los autos relativos al procedimiento de extradición del quejoso ... se desprende que lo que originó el inicio de dicho procedimiento fue la nota diplomática 1255, de uno de septiembre del año dos mil, emitida por la Embajada de Estados Unidos de América, en la cual solicitó formalmente la extradición del peticionario de garantías quien es requerido para ser enjuiciado en la causa número CR94-06023, de once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, y concluyó con la resolución dictada por el secretario de Relaciones Exteriores el nueve de noviembre del año dos mil, mediante la cual concedió la extradición del nacional mexicano ... por los delitos especificados en la misma; sin embargo, esta última que constituye el acto reclamado fue dictada sin que previamente se cubrieran los requisitos expresamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Extradición Internacional, así como por el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, atento las consideraciones siguientes: Los artículos 1o., en su punto 1 y 13, ambos del tratado de extradición antes mencionado, establecen lo siguiente: ‘Artículo 1o. ... 1. Las partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, con sujeción a las disposiciones de este tratado, a las personas respecto de las cuales las autoridades competentes de la parte requirente hayan iniciado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una pena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la parte requirente.’. ‘Artículo 13. ... 1. La solicitud de extradición será tramitada de acuerdo con la legislación de la parte requerida. 2. La parte requerida dispondrá los procedimientos internos necesarios para dar curso a la solicitud de extradición. 3. Los funcionarios competentes de la parte requerida quedarán autorizados para emplear todos los medios legales a su alcance con el fin de obtener de las autoridades judiciales las decisiones necesarias para la resolución de la solicitud de extradición.’. Por otra parte, el numeral 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional prevé: ‘Artículo 10. El Estado mexicano exigirá para el trámite de la petición, que el Estado solicitante se comprometa: ... V. Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por sustitución o conmutación.’. Asimismo, los ordinales 1o. y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señalan: ‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. ...’. ‘Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. ...’. De la transcripción de los artículos anteriores, este Tribunal Colegiado advierte, por una parte, que de acuerdo con el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, la solicitud que haga la parte requirente de la entrega de una persona deberá realizarse con sujeción a las disposiciones de dicho tratado y, por el otro, que el trámite de la solicitud de extradición se llevará a cabo de acuerdo con la legislación de la parte requerida, quien dispondrá de los procedimientos internos necesarios para dar curso a dicha petición. Pero además conforme a lo previsto en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, se establece que el Estado mexicano exigirá para el trámite de la petición, que el Estado solicitante se comprometa a que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se le impondrá a éste la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por sustitución o conmutación. De las constancias que fueron remitidas junto con la nota diplomática 1255, de uno de septiembre del año dos mil, por la Embajada de Estados Unidos de América, se advierte que formuló la petición formal de extradición del quejoso ... dentro del proceso CR94-06023, de once de julio de mil novecientos noventa y cuatro, ante la Corte Superior del Estado de Arizona por la comisión de los delitos de: 1) Asociación delictuosa con el fin de cometer robo a mano armada, secciones 13-1003, 13-1904, 13-1902, 13-1901, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702 y 13-801; 2) Homicidio premeditado en primer grado, secciones 13-1101, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; 3) Homicidio premeditado en primer grado, durante la comisión de un delito peligroso contra la salud, secciones 13-3407, 13-1101, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; 4) Homicidio premeditado en primer grado durante la comisión de un robo a mano armada, secciones 13-1904, 13-1101, 13-1105, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-703 y 13-801; 5) Acometimiento grave, secciones 13-1204 (A) (2) y (B), 13-1203 (A) (2), 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702, 13-801, 13-812 y 13-604 (P); 6) Secuestro, secciones 13-1304, 13-1301, 13-701, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702, 13-801 y 13-604 (P); y, 7) Tentativa de robo a mano armada, secciones 13-1001, 13-1904, 13-901, 13-902, 13-301, 13-302, 13-303, 13-304, 13-701, 13-702, 13-801, 13-8012 y 13-604 (P). De los delitos citados, como ya se precisó, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del fallo reclamado, concedió la extradición del ciudadano mexicano ... por dichos delitos, con excepción de los de asociación delictuosa y acometimiento que estimó prescritos. Ahora bien, por la comisión de los delitos por los que se concedió la extradición, se puede imponer al quejoso ... tanto la pena capital como la de cadena perpetua, y si bien de las constancias que integran la causa a foja 1103, tomo I, del juicio de amparo, se encuentra agregada la nota diplomática 982 del Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su embajada en México, por la cual comunica que se otorgan las seguridades de que en caso de que el reclamado, ahora quejoso, sea extraditado a ese país, no le será impuesta la pena de muerte. Sin embargo, ello es insuficiente para acreditar que al quejoso no le será impuesta una pena inusitada en caso de resultar responsable de alguno o de la totalidad de los delitos que se le atribuyen, puesto que en dicha nota el Gobierno de los Estados Unidos de América no se compromete a que al quejoso no le será impuesta la pena de cadena perpetua o vitalicia, pues no debe pasarse por alto que de la traducción que obra a fojas 227 a 246 del juicio de amparo, principalmente en la foja 231, se aprecia que por cuanto hace al delito de homicidio en primer grado que se le atribuye al quejoso, es un delito clase 1 y es punible con la muerte o con cadena perpetua como se estipula en 13-703, lo anterior permite establecer que las penas a imponer al quejoso pudieran ser, entre otras, la de muerte y la de cadena perpetua, las cuales no están previstas por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos para los delitos que se le imputan al quejoso y por lo mismo son consideradas como inusitadas y, por tanto, prohibidas por el artículo 22 constitucional, por apartarse de la finalidad esencial de la pena consistente en la readaptación del delincuente para incorporarlo a la sociedad y por lo mismo debe existir el compromiso por parte del Estado solicitante de que a dicho quejoso no le será impuesta tampoco esa pena. Sirve de apoyo a lo anterior las jurisprudencias número 125/2001 y 127/2001, aprobadas en sesión de dos de octubre del año dos mil uno, al resolver la contradicción de tesis 11/2001, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dicen: ‘EXTRADICIÓN. LA PENA DE PRISIÓN VITALICIA CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE PARA QUE SE TRAMITE AQUÉLLA, EL ESTADO SOLICITANTE DEBE COMPROMETERSE A NO APLICARLA O A IMPONER UNA MENOR QUE FIJE SU LEGISLACIÓN.’ y ‘PRISIÓN VITALICIA. CONSTITUYE UNA PENA INUSITADA DE LAS PROHIBIDAS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.’ (las transcribe). No está por demás señalar que aun cuando en el Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América del cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho, no se establece que el Estado requirente deberá comprometerse con el Estado mexicano para que pueda tramitarse una solicitud de extradición respecto de alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que únicamente se hace referencia a dicho requerimiento, pero en relación con la pena de muerte, pues en el artículo 8o. se prevé respecto a dicha sanción, que podrá rehusarse la extradición a menos que la parte requirente dé las seguridades que la parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de muerte o de que si es impuesta no será ejecutada; sin embargo, ello no es obstáculo para que el secretario de Relaciones Exteriores antes de emitir su resolución de extradición condicione a la Embajada de los Estados Unidos de América de que se comprometa con el Estado mexicano a que sólo se impondrá al ahora quejoso ... la pena de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije, para el caso de que sea encontrado responsable de los delitos que se le atribuyen, sancionados con pena de muerte o cadena perpetua, ya que de acuerdo al artículo 13 del tratado antes mencionado, se establece que la solicitud de extradición será tramitada de acuerdo con la legislación de la parte requerida. En esas condiciones, si el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional establece los casos y las condiciones en que el Estado requirente deberá comprometerse con el Estado mexicano para que pueda tramitarse su solicitud de extradición, es claro que si el requisito establecido en el precepto y fracción de referencia forman parte de la normatividad del procedimiento establecido en esa ley para el trámite de las peticiones de extradición, resulta evidente e incuestionable que el numeral antes mencionado debe ser aplicado por las autoridades competentes, aun cuando el Estado mexicano tenga celebrado con los Estados Unidos de América un tratado de extradición. Lo anterior, se reitera, tomando en consideración que el artículo 13 del Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América remite expresamente a la legislación de la parte requerida (Estado mexicano), concretamente, la Ley de Extradición Internacional. En apoyo de lo anterior, es aplicable la tesis aislada XVIII/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada también en sesión del dos de octubre de dos mil uno, al resolver la contradicción de tesis 11/2001, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: ‘EXTRADICIÓN. LA CONDICIÓN PREVISTA EN LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL ES DE CARÁCTER ADJETIVO Y, POR TANTO, DEBE EXIGIRSE PARA TRAMITAR UNA SOLICITUD FORMULADA POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, PORQUE EL ARTÍCULO 13 DEL TRATADO DE EXTRADICIÓN INTERNACIONAL RESPECTIVO REMITE EXPRESAMENTE A DICHA LEY.’ (la transcribe). Por lo que si en el caso de las constancias que integran el procedimiento de extradición en contra del peticionario de garantías ... este Tribunal Colegiado advierte que el secretario de Relaciones Exteriores omitió dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, al no exigir para el trámite de dicho procedimiento, en el caso de resultar procedente la extradición del quejoso ... que el Estado solicitante se comprometiera a imponerle al reclamado la pena de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije, tomando en cuenta que los delitos por los que se le acusa son sancionados con pena de muerte o cadena perpetua, y esta última, como ya se indicó es considerada en el Estado mexicano como pena de prisión vitalicia, prohibida por el artículo 22 constitucional; es incuestionable que dicha autoridad responsable incumplió con un requisito necesario e indispensable previo a resolver si en el caso procedía la extradición de ... alias ... alias ... . Se afirma lo anterior, en virtud de que la extradición solicitada constituye un caso excepcional respecto de la soberanía del Estado requerido, quien para el trámite correspondiente deberá sujetarse a requisitos constitucionales, legales o convenidos, que necesariamente deben ser satisfechos; de ahí que no basta que la Embajada de los Estados Unidos de América, mediante la nota diplomática 1255, haya solicitado la petición formal de extradición del quejoso ... para que éste sea entregado por el Estado mexicano, pues como ya se dijo, dicha solicitud puede ser procedente o no, siempre que se dé el debido cumplimiento a las normas constitucionales o legales, así como atendiendo a las obligaciones pactadas en los tratados y convenios internacionales de la materia; pero si en el caso, como ya se mencionó en párrafos anteriores, los delitos que se le atribuyen al impetrante del amparo contienen una penalidad que viola garantías individuales de acuerdo a la legislación del Estado mexicano, es indispensable que previamente a la emisión de la resolución administrativa reclamada se dé cumplimiento a la condición prevista en la fracción V del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, pues de no satisfacerse dicho requisito, en los términos expuestos, la solicitud puede ser rechazada por el Estado requerido. Es aplicable, la tesis aislada XIX/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada al igual que las anteriores, en sesión del dos de octubre de dos mil uno, al resolver la contradicción de tesis 11/2001, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: ‘EXTRADICIÓN. CONSISTE EN LA ENTREGA DE UNA PERSONA QUE EL ESTADO REQUERIDO HACE AL ESTADO REQUIRENTE, PERO CONSTITUYENDO UN ACTO EXCEPCIONAL EN RELACIÓN CON SU SOBERANÍA, LA SOLICITUD PUEDE VÁLIDAMENTE SER NEGADA SI NO SE CUMPLEN LOS REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS.’ (la transcribe). Por lo que, en la especie, este Tribunal Colegiado estima que si para el trámite de una solicitud de extradición deben cumplirse con las normas constitucionales o legales del Estado requerido, así como con las obligaciones pactadas en los tratados y convenios internacionales en la materia, lo cual no se llevó a cabo en la especie, pues el secretario de Relaciones Exteriores durante el trámite de la petición de extradición no dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional, ya que omitió exigir al Estado requirente que en caso de resultar procedente la extradición, se comprometiera a imponerle al peticionario de garantías ... la pena de prisión o cualquier otra de menor gravedad que la legislación de los Estados Unidos de América fije para el caso, tomando en cuenta que los delitos que se imputan al reclamado son punibles con pena considerada inusitada por el Estado mexicano, en términos del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, secretario de Relaciones Exteriores, deje insubsistente la resolución de extradición reclamada, para que dando cumplimiento a lo previsto en la fracción V del artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, exija a la Embajada de los Estados Unidos de América que su país se comprometa a no imponerle al ahora quejoso además de la pena de muerte, la de cadena perpetua o prisión vitalicia, incluso ninguna de las prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos y hecho lo anterior resuelva lo que en derecho proceda."

SEXTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver el veinticinco de marzo de dos mil dos, por unanimidad de votos de los Magistrados Rosa Guadalupe Malvina Carmona Roig, Alfredo Murguía Cámara (ponente) y Elisa Macrina Álvarez Castro, secretaria en funciones de Magistrada, el amparo en revisión penal 1491/2001, promovido por ... por su propio derecho, sostuvo, en lo medular, lo siguiente:

"SEXTO. Por otro lado, en cuanto a lo alegado en el punto 8 de los motivos de agravio expresados por el hoy recurrente, efectivamente como lo alega el quejoso, el Juez de Distrito incorrectamente consideró que de manera legal la Secretaría de Relaciones Exteriores (autoridad responsable) en fecha dieciocho de febrero de dos mil, declaró procedente la extradición del quejoso por lo que hace al delito de ‘posesión con la intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína’ -contenido en el título 21 del Código de los Estados Unidos, sección 841 (a)(1)-, ya que estimó que dentro del Tratado de Extradición celebrado entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América no se advierte prohibición para extraditar a un sujeto en los casos de que el delito por el que se reclama tenga señalada pena privativa de libertad al extremo de la cadena perpetua, aunado a que el artículo 22 constitucional no hace alusión a la pena de prisión como una pena prohibida, que sí está contemplada dentro del artículo 18 de la Carta Magna, y que si la cadena perpetua es finalmente una prisión infinita, deriva de la institución misma de la pena privativa de libertad. Contrariamente a lo afirmado en ese sentido por el Juez de amparo, resulta que la resolución reclamada sí es violatoria de garantías, en virtud de que la misma no se ajusta a los lineamientos establecidos en la Ley de Extradición Internacional aplicable al caso, específicamente a los artículos 2o. y 10, fracción V, que a continuación se transcriben: ‘Artículo 2o. Los procedimientos establecidos en esta ley se deberán aplicar para el trámite y resolución de cualquier solicitud de extradición que se reciba de un gobierno extranjero.’. ‘Artículo 10. El Estado mexicano exigirá para el trámite de la petición, que el Estado solicitante se comprometa: ... V. Que si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por sustitución o conmutación.’. Ahora bien, entre los antecedentes del caso por su relevancia, cabe citar los siguientes: En el tomo I de los cuadernos que integran el expediente, se advierte que el procedimiento de extradición del nacional ... se desarrolló en los tres periodos que a continuación se precisan: 1) La intención del Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en México, suscribiendo la nota diplomática número 1534, del primero de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, para que se llevara a cabo la detención provisional del solicitante, quien se encontraba sujeto al proceso penal número MO-93-CR-06 de fecha veintiuno de enero de mil novecientos noventa y tres, ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas en la División de Midland-Odessa, por los delitos de: a) Asociación delictuosa con la intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína contrario a lo dispuesto por la sección 846 del título 21 del Código de los Estados Unidos; y, b) Posesión con la intención de distribuir más de 5 kilogramos de cocaína contrario a lo dispuesto por la sección 841 (a)(1), del título 21, del Código de los Estados Unidos (fojas 14 a 22). 2) El Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, el trece de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, decidió decretar la detención provisional con fines de extradición de ... determinación derivada de la solicitud que hizo el procurador general de la República (fojas 3 a 8), que a su vez devino del comunicado del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (fojas 12 y 13), que medió la intención del Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en México, antes referida; posteriormente, fue emitida la opinión jurídica del Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal (fojas 122 a 127). 3) El secretario de Relaciones Exteriores, en fecha dieciocho de febrero del año próximo pasado, emitió el fallo que constituye el acto reclamado por el quejoso, acuerdo en el que determinó que resultaba procedente la extradición del reclamado hacia los Estados Unidos de América aludiendo plena satisfacción de los requerimientos normativos previstos en los artículos 1o. y 2o. de la Ley de Extradición Internacional, en relación con el artículo 19, numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del Tratado de Extradición aplicable, estableciendo así que en autos del expediente extraditorio 5/99, tomo I, abierto en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal, obraba la solicitud formal de extradición respecto de ... que contiene traducción al español, debidamente autorizados y legalizados, la expresión de cada uno de los delitos por los que se pide la extradición del requerido con sus datos personales de identificación, una relación de los hechos imputables al reclamado, el texto de las disposiciones legales que fijan los elementos constitutivos de los delitos, las penas correspondientes y la prescripción de los mismos, así como copia certificada de la orden de aprehensión y pruebas en su contra, con lo que estimó que el país requirente dio cumplimiento al numeral último referido. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que en caso de que el extraditable pueda sufrir una condena de cadena perpetua, dicha extradición es violatoria de garantías a menos que el país requirente recabe la salvaguarda de que dicha pena no se aplicará. Si bien es cierto que dicha resolución es muy clara respecto a nuevos procedimientos de extradición que fueren planteados, el problema de interpretación existe respecto de aquellos juicios en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores sin haber recabado la salvaguarda en el momento procesal oportuno concedió la extradición. Para resolver lo anterior es pertinente destacar que el procedimiento de extradición se divide en tres periodos, a saber: 1. El que se inicia con la manifestación de intención de presentar formal petición de extradición, en la que el Estado requirente expresa el delito por el cual se pedirá la extradición y que existe en contra del reclamado una orden de aprehensión emanada de autoridad competente, o en su caso,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18092-8e367341/extradicion-efecto-de-la-sentencia-que-otorga-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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