Corpus
Modo: Corpus Pro

ACTIVO. LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO DEFINE EL OBJETO DE ÉSTE, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. ACTIVO. EL IMPUESTO QUE ESTABLECE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN ADICIONAL O SOBRETASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO CONTIENE DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES, POR LO QUE EL INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN EL JUICIO DE AMPARO LOS PRECEPTOS RELACIONADOS CON ALGUNA DE ELLAS, DERIVA DE LA DEMOSTRACIÓN DE QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN LA QUE IMPUGNA. ACTIVO. LA LEY QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, POR PRECISAR, PARA EL CÁLCULO DEL MISMO, DE LA APLICACIÓN DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, YA QUE SU CONOCIMIENTO SE ENCUENTRA AL ALCANCE DE LOS CONTRIBUYENTES. ACTIVO. EL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SE DEMUESTRA CON LA DECLARACIÓN ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL Y NO CON DECLARACIONES PROVISIONALES MENSUALES. IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2910/97. · Registro digital (IUS): 1812
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: GRANT PRIDECO, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Julio de 2000, , Pág. 171.

AMPARO EN REVISIÓN 2910/97. GRANT PRIDECO, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.

SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Por razón de técnica jurídica, antes que cualquier otro, debe estudiarse el primer agravio formulado en la revisión adhesiva presentada por la parte quejosa, en el que cuestiona la procedencia del recurso de revisión interpuesto por el procurador fiscal de la Federación en representación del presidente de la República.

Por identidad de razón, al respecto es aplicable la jurisprudencia 69/97 de este Tribunal Pleno visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 117, que dice:

"REVISIÓN ADHESIVA. CUANDO EN SUS AGRAVIOS SE PLANTEA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, ÉSTOS DEBEN ANALIZARSE PREVIAMENTE A LOS EXPRESADOS EN LA REVISIÓN PRINCIPAL. La regla general es que si los agravios de la revisión principal no prosperan, es innecesario el examen de los expresados en la revisión adhesiva, o bien que primero se estudien los agravios en la principal y luego, de haber prosperado aquéllos, los de la adhesiva, por tener ésta un carácter accesorio de aquélla. Sin embargo, si en la revisión adhesiva se alegan cuestiones relativas a la improcedencia del juicio de garantías, éstas deben analizarse previamente a la revisión principal, por ser dicho estudio una cuestión de orden público, en términos del último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo."

En dicho agravio, esencialmente, se aduce que ni el artículo 19 de la Ley de Amparo, ni el 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal permiten al procurador fiscal de la Federación representar, sea directa o indirectamente, al titular del Ejecutivo Federal en juicios de garantías; además, el artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no permite válidamente a dicho funcionario ejercer la representación presidencial, de la cual siempre carece, aun en ausencia del secretario del ramo.

Resulta infundado el agravio en estudio, pues, precisamente en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo, 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tratándose de juicios de amparo en los que el titular de la secretaría antes mencionada deba intervenir en representación del presidente, puede ser suplido en sus ausencias por el procurador fiscal de la Federación. Los referidos preceptos disponen lo siguiente:

"Artículo 19. Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.

"No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el presidente de la República podrá ser representado en todos los trámites establecidos por esta ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo Federal por el conducto del procurador general de la República, por los secretarios de Estado y jefes de departamento administrativo a quienes en cada caso corresponda el asunto, según la distribución de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

"En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias dependencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen esa atribución los reglamentos interiores que se expidan conforme la citada ley orgánica. ..."

"Artículo 18. En el reglamento interior de cada una de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, que será expedido por el presidente de la República, se determinarán las atribuciones de sus unidades administrativas, así como la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias."

"Artículo 105. El secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido en sus ausencias por los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, o por el oficial mayor, en el orden indicado. En los juicios de amparo en que deba intervenir en representación del presidente de la República o como titular de la secretaría, así como en las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad o, en general, en cualquier otro procedimiento jurisdiccional, será suplido indistintamente por el procurador fiscal de la Federación o por los servidores públicos antes señalados, en el orden indicado ..."

Por lo anterior y atendiendo a que a fojas 295 del cuaderno de amparo obra el oficio 07225, de fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y siete, por medio del cual la Procuraduría General de la República, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, otorgó al secretario de Hacienda y Crédito Público la representación del presidente de la República respecto de todos los trámites del presente juicio de amparo, contrariamente a lo aducido por la quejosa en el primer agravio de la revisión adhesiva, el procurador fiscal de la Federación sí puede interponer el recurso de revisión por el presidente de la República, en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, cuando éste tiene la representación de aquél.

NOVENO. De acuerdo con la mecánica de estudio enunciada en el considerando séptimo, es preciso analizar, en primer lugar, los agravios, tanto de la quejosa como del presidente de la República, relativos a la procedencia del juicio de amparo.

En el resultando primero de la sentencia recurrida, que se rige por el considerando segundo, el a quo sobreseyó en el juicio respecto de los actos reclamados atribuidos al gobernador, director de Investigación Económica, director de Información Económica y director de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, consistentes en la determinación y publicación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en virtud de que los negaron, sin prueba en contrario aportada por la quejosa, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.

En su primer agravio, la quejosa aduce que en la especie no se configura la hipótesis de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos de que se trata sí existen y se encuentran plenamente demostrados con sus meras publicaciones oficiales en el Diario Oficial de la Federación, ya que el derecho no es objeto de prueba.

Es sustancialmente fundado el anterior agravio de la quejosa, aunque a la postre resulta insuficiente para revocar el sobreseimiento decretado por el a quo.

La existencia de los actos que se reclaman del gobernador, director de Investigación Económica, director de Información Económica y director de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, consistentes en la determinación y publicación mensuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor, contrariamente a lo sostenido por el a quo, no requiere prueba alguna por parte de la quejosa, en virtud de que se acredita con su mera publicación oficial que cada mes se realiza en el Diario Oficial de la Federación, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación.

Empero, no obstante la certeza de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo procedente es confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo, en virtud de que de oficio se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos que se reclaman de los referidos funcionarios del Banco de México no son actos de autoridad, ya que no imponen en forma unilateral e imperativa obligaciones a los particulares, ni modifican o restringen sus derechos.

En efecto, la sola determinación y publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor no impone ninguna obligación a los particulares, ni modifica o restringe sus derechos, sino que, en todo caso, lo que impone obligaciones a los particulares son los artículos 17-A y 20 del Código Fiscal de la Federación, pues es en términos de éstos que los contribuyentes están obligados a determinar y, en su caso, pagar las contribuciones y sus accesorios actualizados y a actualizar los valores de bienes y operaciones, cuando las leyes fiscales así lo establezcan, para lo cual deben tomar en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Al respecto, son aplicables la jurisprudencia 39/92 y la tesis XXVII/97 de este Tribunal Pleno, visibles, respectivamente, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 59, noviembre de 1992, página 13, y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 118, que dicen:

"AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL BANCO DE MÉXICO. Este organismo no reúne los atributos para ser considerado autoridad para los efectos de la Ley de Amparo, pues aun cuando elabora el Índice Nacional de Precios al Consumidor, ello no significa que actúe como autoridad al determinarlo, ni que se le deleguen facultades que corresponden a una autoridad. En realidad, sólo actúa como un órgano auxiliar de carácter técnico, obligado por el artículo 20 del Código Fiscal de la Federación, a calcular un índice económico que es utilizado en la determinación de ciertas contribuciones y sus accesorios."

"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."

En esa tesitura, lo procedente es, con fundamento en los artículos 91, fracción III; 73, fracción XVIII; 1o., fracción I, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo, aunque por diversa causa, respecto de los actos que se reclaman del gobernador, director de Investigación Económica, director de Información Económica y director de Disposiciones de Banca Central del Banco de México, consistentes en la determinación y publicación mensuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

DÉCIMO. A continuación, debe abordarse el examen de los agravios de la responsable que combaten las consideraciones expuestas por el Juez de Distrito para desestimar las causas de improcedencia propuestas a nombre del presidente de la República; y paralelamente el de los planteamientos que para robustecer dichas consideraciones la parte quejosa expone en su escrito de adhesión a la revisión; siendo tal estudio de orden preferente por versar sobre la procedencia del juicio de amparo, que es de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo.

Es fundado el primer agravio de la responsable recurrente, en el que combate el pronunciamiento realizado por el a quo en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, en la parte en que desestima la causal de improcedencia que se hizo valer en el informe justificado rendido por la ahora recurrente en relación con el decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en diversas contribuciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

El decreto mencionado, en lo conducente, establece:

"Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en diversas contribuciones.

"Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

"Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 39 del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y considerando

"Que en términos de la Alianza para la Recuperación Económica, firmada en el año de 1995, se otorgaron estímulos fiscales para mejorar las expectativas de recuperación económica, los cuales tuvieron un impacto positivo y contribuyeron a promover la inversión productiva y la generación de empleos;

"Que a través de la Alianza para el Crecimiento los sectores productivos del país han reafirmado la importancia del objetivo de crecimiento económico y la necesidad de consolidar lo ya logrado;

"Que con el objeto de que la tendencia de crecimiento económico que ha experimentado el país se consolide, resulta necesario que el Gobierno Federal renueve, por un año más, la mayoría de los beneficios fiscales otorgados en noviembre de 1995 con carácter transitorio, disminuyendo el alcance de algunos de ellos;

"Que a efecto de que las pequeñas y medianas empresas, por ser una fuente importante de generación de empleos, capitalicen los beneficios de la recuperación económica, se ha estimado pertinente mantener por un año más el estímulo fiscal consistente en eximir del pago del impuesto al activo a estas empresas, aumentando el límite máximo de ingresos establecido para que dicho límite mantenga su valor en términos reales;

"Que a efecto de que la inversión mantenga su dinámica y se constituya en pilar de un crecimiento económico sostenible, resulta necesario permitir que el monto de las inversiones adicionales que se efectúen en 1997, respecto de 1995, se pueda deducir totalmente en un solo ejercicio;

"Que es necesario reforzar la tendencia de recuperación de los niveles de empleo, para lo cual el crédito fiscal por cada nuevo empleo generado debe mantenerse en un 20 por ciento del salario mínimo elevado al año por cada trabajador adicional contratado, y

"Que por el impacto que tiene la industria automotriz en el resto de la economía, pero buscando impedir abusos en la deducción de automóviles por parte de las empresas, es conveniente mantener, limitando su alcance, el estímulo que en esta materia se otorgó a este sector durante 1996, he tenido a bien expedir el siguiente

"Decreto por el que se otorgan estímulos fiscales en diversas contribuciones

"Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 1997, a los contribuyentes del citado impuesto cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1996, no excedan de 8'900,000.00 pesos ..."

Ahora bien, este Tribunal Pleno considera que no procede entrar al estudio del fondo del asunto, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por no poderse concretar los efectos del amparo.

El artículo 80 de la Ley de Amparo establece:

"La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."

De la lectura del apartado relativo a actos reclamados de la demanda de garantías, se advierte que se señalaron actos de carácter positivo como es la expedición del decreto por el que el Ejecutivo Federal exime del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de mil novecientos noventa y siete a los contribuyentes del referido tributo cuyos ingresos, para efectos del impuesto sobre la renta en el ejercicio de 1996, no excedan de ocho millones novecientos mil pesos.

Ahora bien, si la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, el efecto del amparo, en caso de resultar fundado algún concepto de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 antes transcrito, sería restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, lo que impediría concretar en favor de la quejosa los efectos de la protección federal en los términos del citado precepto.

Cabe citar en el caso, la tesis visible en la página 2868 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es:

"SENTENCIA DE AMPARO, EFECTOS DE LA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.’ y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija."

Al respecto, debe precisarse que el efecto de la concesión del amparo podría consistir en no pagar el tributo, o bien, en que se le incluyera en la exención del pago del impuesto, pero tal conclusión es antijurídica por incongruente, pues basta considerar que si se aborda el análisis de la constitucionalidad del decreto y se llegara a estimar que es contrario a la Constitución, el efecto del amparo no podría consistir en lo que pretende la quejosa, esto es, que quede relevada del pago del impuesto, ya que la Suprema Corte no podría constituirle un derecho en la sentencia de amparo, fundándose en un acto contrario a la Constitución.

En ese sentido cabe invocar, por mayoría de razón, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, publicada con el número noventa y dos, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 104, que indica:

"CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. Si el mismo quejoso sostiene que la ley o reglamento que reclama, es anticonstitucional, es ilógico que pretenda que dicha ley o reglamento tenga efectos en su beneficio; pues a tanto equivale como a pretender que se revista de fuerza constitucional a leyes que están en abierta pugna con la Carta Federal."

En tal virtud, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio respecto del referido decreto, puesto que el planteamiento de la quejosa es contradictorio, atento que, por un lado, sostiene la inconstitucionalidad del decreto y, por otro, pretende que en dicho acto se funde un derecho del que carece.

Por ello, la pretensión de que el efecto del amparo sea la inclusión de la quejosa en la exención establecida en el decreto reclamado, es ilógica, toda vez que la obligación de pago del impuesto deriva de la ley que lo establece, no del acto reclamado, de tal manera que al no formar parte del mismo ordenamiento la obligación de pago y la exención, la inconstitucionalidad que, en su caso, se decretara respecto de esta última, no traería como consecuencia la de la obligación en tanto que, como ya se dijo, el efecto de la concesión del amparo se traduciría en volver las cosas al estado en que se encontraban, es decir, dejar insubsistente el decreto sin que ello produzca beneficio alguno para la quejosa.

Al respecto es aplicable la jurisprudencia 59/97 de este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 5, que dice:

"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES. Es improcedente el amparo promovido en contra del citado decreto, cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 1995, no hayan excedido de siete millones de nuevos pesos. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de lograr, en las hipótesis contempladas, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso dicho decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir la exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo."

En las relatadas condiciones, el presente juicio resulta improcedente por lo que toca al decreto referido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 80, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, debiendo, en consecuencia, modificarse la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio respecto de tal acto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley en cita.

Por las razones antes expuestas, resulta infundado el segundo agravio que la quejosa formuló en su revisión adhesiva, en cuanto pretende sostener la procedencia del juicio en relación con el antecitado decreto.

DÉCIMO PRIMERO. Es fundado el segundo agravio de la responsable recurrente, en el que combate el pronunciamiento realizado por el a quo en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, en la parte en que desestima la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, que se hizo valer en el informe justificado rendido por la ahora recurrente en relación con el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo.

Insiste la autoridad recurrente que la quejosa carece de interés jurídico para impugnar el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que no demuestra haber contratado deudas con el sistema financiero o con su intermediación, esto es, no acredita que se encuentra dentro del supuesto previsto en la norma jurídica combatida.

Es fundado lo sostenido por la autoridad inconforme.

A fin de ilustrar el aserto anterior es necesario tener en consideración que la quejosa alega que la precisada disposición es violatoria de las garantías constitucionales contenidas en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución, en tanto que en unos casos permite la deducción de deudas y la prohíbe cuando sean contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, colocando a los sujetos pasivos del impuesto en una situación desigual, adquiriendo el tributo el carácter de ruinoso y confiscatorio.

Como es fácil de apreciar, la promovente del juicio de garantías pretende cuestionar la constitucionalidad del artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, en cuanto a la imposibilidad de restar de sus activos los pasivos adquiridos con las empresas que componen el sistema financiero o su intermediación.

Ahora bien, el artículo 5o. antecitado, en la parte que interesa es del tenor siguiente:

"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona no contribuyente de este impuesto.

"No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero o con su intermediación."

De este numeral se desprende, que se autoriza a los contribuyentes a deducir ciertas deudas del valor del activo en el ejercicio y se les prohíbe deducir aquellas que tengan contratadas con el sistema financiero o su intermediación.

Entonces, para demostrar plenamente el interés jurídico que le asiste a la promovente del juicio de garantías para impugnar el artículo 5o., segundo párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo, con motivo de un acto concreto de aplicación, no sólo es necesario acreditar que se es sujeto pasivo de dicha contribución y afirmar que no se le permite deducir las deudas que tiene contratadas con el sistema financiero, sino también, demostrar este último hecho.

Esto es, existen mecanismos de tributación que son simples cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas, como sucede, por ejemplo, en los impuestos al activo y sobre la renta.

En consecuencia, podría decirse que existen dos clases de normas tributarias, las que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y aquellas que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo, al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate, pa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/1812-394ae466/activo-la-ley-del-impuesto-relativo-en-cuanto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.