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TESTIGOS. PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PUEDE SEÑALARSE EL DOMICILIO DE SU CENTRO DE TRABAJO, Y NO NECESARIAMENTE EL PARTICULAR. CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE RESOLVERSE AUN ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE TENER A LA VISTA LA EJECUTORIA DE LA QUE DERIVÓ ALGUNO DE LOS CRITERIOS QUE SE ESTIMAN DIVERGENTES, SI EL TEXTO DE LA TESIS PUBLICADA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ES SUFICIENTEMENTE CLARO Y EL PUNTO DE DERECHO QUE EN ÉL SE ABORDA PUEDE PRESENTARSE EN SITUACIONES FUTURAS Y REITERADAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18204
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, EN CONTRA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRC
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Julio de 2004, , Pág. 486.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 47/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO, EN CONTRA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, al resolver el treinta de enero del año dos mil cuatro el juicio de amparo directo 524/2003, por unanimidad de votos, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"En relación con el concepto de violación tercero, en síntesis, el apoderado de la empresa quejosa se duele de que la Junta responsable conculcó, en perjuicio de su representada, las garantías de legalidad, seguridad jurídica y audiencia, señalando como preceptos legales violados los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por indebida aplicación del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, al desechar la prueba testimonial que anunció en el punto cinco de su escrito de ofrecimiento de pruebas, en los términos siguientes: ‘5. La testimonial a cargo de los señores Renato Torres Lozano, Raquel de León Ferrusca y Alfonso Laguna Vega, todos ellos con domicilio ubicado en calle Xicoténcatl, número 14, colonia Centro, C.P. 42800, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, personas a las que me comprometo a presentar el día y hora que para tal efecto señale esta autoridad’, aduciendo que esta prueba se relaciona con lo manifestado en su escrito de contestación a la demanda, en especial respecto al hecho de que el actor manifestó su deseo de separarse del empleo, para concluir que, con lo anterior, se cumplimentó el mandato precisado por el precepto legal citado, ya que se estableció de forma cierta y clara el nombre y domicilio de las personas ofrecidas como testigos, así como la relación que tenía tal prueba con los hechos controvertidos. Que no obstante ello, la Junta responsable, al resolver sobre el ofrecimiento de probanzas de las partes -punto segundo del proveído de fecha diez de junio de dos mil dos- desechó la referida prueba testimonial, argumentando que no fue señalado el domicilio de cada testigo; estimando el expresante de conceptos de violación que tal proceder fue incorrecto, ya que el precepto legal citado no obliga a tal extremo, para lo cual invocó la tesis de rubro: ‘TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO ES NECESARIO QUE AL OFRECERLOS SE INDIQUE EL PARTICULAR.’, Séptima Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, misma que transcribió en su texto, localización y precedentes. Resulta infundado el tercer concepto de violación por las razones que se expondrán enseguida. En primer término, es necesario tomar en cuenta la determinación de la otrora Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis varios 4/89, criterio en el que se fundó la autoridad responsable para desechar la prueba testimonial, que puede consultarse bajo los siguientes datos de localización: tesis 4a./J. 22 VI/90, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 284; y bajo el rubro y texto siguientes: ‘PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO.’ (se transcribe). Como consta en el cuerpo considerativo de la ejecutoria, para resolverse la contradicción de tesis se realizó el análisis comparativo del artículo 760, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta, con el numeral 813, fracción II, de la actual Ley Federal del Trabajo, correlacionado éste con el artículo 780 de la propia ley vigente. El artículo 760, fracción VII, de la ley laboral vigente hasta antes del primero de mayo de mil novecientos ochenta, preveía: ‘Artículo 760.’ (se transcribe). Ahora, los numerales 780 y 813, fracción II, de la vigente Ley Federal del Trabajo, disponen: ‘Artículo 780.’ (se transcribe). ‘Artículo 813.’ (se transcribe). Partiendo del examen realizado por la entonces Cuarta Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, este tribunal advierte que el oferente de la prueba testimonial indicará el nombre de los testigos, y únicamente para el caso de que se solicitara a la Junta su citación, además, debía señalar el domicilio y los motivos que le impidieran presentarlos directamente. Es decir, la exigencia de indicar el domicilio de los testigos surgía de la solicitud a la autoridad laboral para que los citase ante el impedimento de poderlos presentar el oferente de la testimonial, de lo cual se infiere, a contrario sensu, que si éste precisaba su compromiso de presentar a los testigos, bastaba el señalamiento de su nombre, ante la innecesidad del citatorio por parte de la Junta y, por tanto, del conocimiento de su domicilio. Ahora, de las disposiciones vigentes se concluye lo siguiente: a) En lo general, que los medios de prueba en el procedimiento laboral han de ser ofrecidos con el señalamiento de todos los elementos necesarios para su desahogo; b) Para la prueba testimonial, específicamente, el artículo 813 dispone que el oferente deberá cumplir con los requisitos que se enuncian en sus diversas fracciones, entre ellos, el que prevé la fracción II, acerca de la indicación de los nombres y domicilios de los testigos. c) Tal exigencia, de carácter indefectible, debe cumplirse con independencia de que el oferente se comprometa a presentar a los testigos o, en su caso, solicite a la autoridad laboral sean citados por su conducto; y, d) Es así, porque aunque se prevé en la misma fracción II que cuando existiere impedimento para presentar a los testigos deberá solicitarse a la Junta que los cite, debiéndose en este caso señalar la causa o motivos justificados de tal impedimento, éste es un requisito adicional exigible para el particular supuesto. Así las cosas, a diferencia de lo previsto en la disposición legal derogada que ante la solicitud para que la Junta citase a los testigos imponía al anunciante de la prueba la obligación de manifestar los motivos que le impiden presentar a los testigos directamente, así como el señalamiento de su domicilio, en la legislación vigente, dado que la indicación del domicilio de los testigos es forzosa en todos los casos, obvio es que para el caso específico sólo se requiera adicionalmente la exposición de las causas de impedimento para su presentación directa. En la especie, si bien es cierto que al ofrecer la prueba testimonial a cargo de Renato Torres Lozano, Raquel de León Ferrusca y Alfonso Laguna Vega, la parte ahora quejosa señaló como domicilio de todos ellos el ubicado en calle Xicoténcatl, número 14, colonia Centro, C.P. 42800, Municipio de Tula de Allende, Estado de Hidalgo, éste resulta ser el mismo domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 739 de la Ley Federal del Trabajo, como se desprende de su escrito de contestación a la demanda -foja 51 del expediente laboral-. Por tanto, el señalado por la ahora quejosa no puede ser considerado como indicación de los ‘domicilios de los testigos’, que textual e imperativamente exige el primer enunciado del artículo 813 del mismo ordenamiento laboral, dado que el uso del plural implica el señalamiento del domicilio de cada uno de los testigos, como acertadamente lo consideró la Junta responsable. En tal virtud, este órgano pluripersonal no comparte el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en la tesis aislada de la Séptima Época, que invoca la impetrante en su tercer concepto de violación, la que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 193-198, Sexta Parte, página 172, del tenor siguiente: ‘TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO ES NECESARIO QUE AL OFRECERLOS SE INDIQUE EL PARTICULAR.’ (se transcribe). El desacuerdo con el anterior criterio es sobre la interpretación que se hace a la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, respecto de ‘los domicilios de los testigos’, aduciéndose que no se exige que sea precisamente el particular, sino que puede ser el domicilio en el que trabaja el atestiguante. Este tribunal colegiado estima que, si bien es cierto que la disposición aludida no señala de manera específica que deba ser el domicilio particular de los testigos, aquí debe tomarse como referencia necesaria la connotación legal de domicilio prevista por el artículo 29 del Código Civil Federal, que a la letra establece: ‘Artículo 29.’ (se transcribe). En tal virtud, ciertamente podría señalarse como domicilio de un testigo el lugar de su centro de trabajo, siempre y cuando previamente se acredite la falta de un domicilio particular, es decir, de un lugar donde resida habitualmente, inclusive, podría hacerse el señalamiento del lugar donde simplemente resida el testigo, o donde se encontrare, se insiste, previa acreditación de la inexistencia de los supuestos anteriores que, en la prelación específica, determina el artículo 29 del Código Civil Federal. Además, este órgano tripersonal estima que la indicación de los domicilios de los testigos, que como requisito para el ofrecimiento de la prueba testimonial exige, ineludiblemente, la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo obedece a dar seguridad a las partes, a las autoridades laborales y al propio testigo en el procedimiento laboral. Seguridad para la contraparte del oferente de la prueba, a efecto de que tenga certeza de la identificación del testigo y pueda localizarlo cuando fuere necesario; para el órgano laboral, en virtud de que puede constituir un dato que sirva a la calificación de la postura, veracidad y, por ende, la idoneidad del declarante; y, para el testigo mismo, que en caso de ser citado por la autoridad de trabajo lo sea precisamente en su domicilio y no en algún otro, en el cual pudiera no ser encontrado y, por ello, desconocer la cita y ser propicio a la ilegal imposición de alguno de los medios de apremio que establece el artículo 731 de la multicitada ley laboral. Así las cosas, contrariamente a lo que alega la parte quejosa, la Junta responsable resolvió correctamente al desechar la prueba testimonial que ofreció y, por tanto, es inexistente la alegada violación procedimental. Por otra parte, dado el desacuerdo de este tribunal, con la tesis invocada por la impetrante en su tercer concepto de violación -cuya transcripción y datos de localización se han señalado con anterioridad-, en atención a lo establecido por los artículos 196 y 197-A de la Ley de Amparo, es procedente hacer denuncia de la contradicción de tesis ante la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, advirtiéndose que el criterio que se ha sostenido en la presente ejecutoria es opuesto a los que han sostenido otros Tribunales Colegiados, la denuncia se hace, además, respecto a las siguientes tesis: La sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con los siguientes datos de localización: Tesis III.T.27 L, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, página 556, bajo rubro y texto que dicen: ‘TESTIMONIAL, ILEGAL DESECHAMIENTO DE LA, SI SE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA QUE SEAN CITADOS LOS TESTIGOS, EL DEL LUGAR EN QUE LABORAN.’ (se transcribe). La tesis II.2o.C.T.5 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 620, de la literalidad siguiente: ‘VIOLACIÓN PROCESAL, DESECHAMIENTO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL, POR NO PROPORCIONAR EL DOMICILIO PARTICULAR DE LOS TESTIGOS.’ (se transcribe). Y la tesis XXI.1o.8 L, que sostiene el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1033, Tomo III, marzo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se reproduce enseguida: ‘TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO NECESARIAMENTE LO ES EL PARTICULAR.’ (se transcribe)."

El criterio anterior originó la tesis aislada XXIX.2o.1 L, aprobada por el Pleno del referido Tribunal Colegiado en sesión del diecisiete de febrero del año dos mil cuatro, que dice:

"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO LABORAL, OFRECIMIENTO DE LA, E INDICACIÓN DEL DOMICILIO. De conformidad con el criterio sustentado por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 4a./J. 22 VI/90, derivada de la contradicción de tesis varios 4/89, de rubro: ‘PRUEBA TESTIMONIAL EN JUICIO LABORAL. OFRECIMIENTO.’, corresponde al oferente de esta prueba la carga de señalar tanto el domicilio como el nombre de los testigos, en todos los casos, con independencia de que se comprometa a presentarlos ante la Junta; por lo que la omisión de tales requisitos exigidos por la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo trae como consecuencia su inadmisión. Ahora, de la interpretación correlacionada de los artículos 760, fracción VII, de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos setenta; 780 y 813, fracción II, de la actual Ley Federal del Trabajo; y 29 del Código Civil Federal, se advierte que en la disposición derogada sólo se requería que al ofrecerse la prueba testimonial se indicara el nombre de los testigos, y únicamente para el caso de que se solicitara a la Junta su citación, además, debía señalarse su domicilio y los motivos que impidieran presentarlos directamente. Sin embargo, de las disposiciones vigentes se concluye: a) En lo general, que los medios de prueba en el procedimiento laboral han de ser ofrecidos con el señalamiento de todos los elementos necesarios para su desahogo; b) Para la prueba testimonial, específicamente el artículo 813 dispone que deberá cumplirse con los requisitos que se enuncian en sus diversas fracciones, entre ellos, el que prevé la fracción II, acerca de la indicación de los nombres y domicilios de los testigos; c) Esta exigencia, de carácter indefectible, debe cumplirse con independencia de que el oferente se comprometa a presentar a los testigos o, en su caso, solicite a la autoridad laboral sean citados por su conducto; y, d) Aunque se prevé en la misma fracción II que cuando existiere impedimento para presentar a los testigos deberá solicitarse a la Junta que los cite, debiéndose, en este caso, señalar la causa o motivos justificados de tal impedimento, éste es un requisito adicional exigible para el particular supuesto. Además, si bien es cierto que la disposición aludida no señala de manera específica que deba ser el domicilio particular de los testigos, aquí debe tomarse como referencia necesaria la connotación legal de domicilio prevista por el artículo 29 del Código Civil Federal, de la cual se obtiene que ciertamente podría señalarse como domicilio de un testigo el lugar de su centro de trabajo, siempre y cuando previamente se acredite la falta de un domicilio particular, es decir, de un lugar donde resida habitualmente, inclusive, podría hacerse el señalamiento del lugar donde simplemente resida el testigo, o donde se encontrare, se insiste, previa acreditación de la inexistencia de los supuestos anteriores, que en la prelación específica determina la disposición civil ut supra citada. La indicación de los domicilios de los testigos que como requisito para el ofrecimiento de la prueba testimonial exige, ineludiblemente, la fracción II del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, obedece a dar seguridad a las partes, a las autoridades laborales y al propio testigo en el procedimiento laboral; seguridad para la contraparte del oferente de la prueba, a efecto de que tenga certeza de la identificación del testigo y pueda localizarlo cuando fuere necesario; para el órgano laboral, en virtud de que puede constituir un dato que sirva a la calificación de la postura, veracidad y, por ende, la idoneidad del declarante; y, para el testigo mismo, que en caso de ser citado por la autoridad del trabajo lo sea precisamente en su domicilio y no en algún otro en el cual pudiera no ser encontrado y, por ello, desconocer la cita y ser propicio a la ilegal imposición de alguno de los medios de apremio que establece el artículo 731 del antedicho ordenamiento laboral."

El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 271/95, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, sostuvo el criterio que a continuación se transcribe en la parte que interesa:

"Otro argumento se hace consistir en que la ratificación de documentos por parte de los suscriptores se equipara a una prueba testimonial, por lo que su ofrecimiento debe ser acorde a las reglas establecidas por el artículo 813, fracción III, del código obrero, y como al ofrecerse la ratificación a cargo de Jorge Luis Bárcenas Aguilar, Rogelio Jesús Viruel Barroso y Mario Ruiz Dimas se omitió señalar los domicilios de estas personas, se debió desechar la ratificación propuesta; que se transgrede también en su perjuicio el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo, porque las Juntas no pueden revocar sus propias determinaciones, por lo que si mediante acuerdo del dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y uno obligan a la parte demandada para que presentara a sus ratificantes, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se le tendría por no perfeccionada la documental, la Junta no se encontraba facultada para revocar su determinación, además de que en términos del artículo 735 de la ley laboral, el derecho de la demandada para comunicar a la responsable sobre la circunstancia de que había dado por terminada la relación de trabajo con los ratificantes el día veintiséis de febrero y cuatro de marzo de mil novecientos noventa y uno, precluyó por haber fenecido el término de tres días; que igualmente atendiendo a que la ratificación de documentos se equipara a una prueba testimonial, que deberá desahogarse en términos de lo que disponen los artículos 781, 815 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, cuyo desahogo es indivisible, la ratificación imputable a varias personas también resulta indivisible, por tanto, si la demandada aceptó desahogar la ratificación de dos de ellos sin la comparecencia del tercero, la Junta en su perjuicio debió haberle tenido por desistida de la ratificación con cargo al último; en contestación a estos temas, se considera que es verdad que el perfeccionamiento de un documento mediante la ratificación de sus firmantes, su ofrecimiento y recepción, debe ajustarse a las reglas procesales de la prueba testimonial; sin embargo, es desacertada la afirmación en el sentido de que la parte demandada omitió señalar los domicilios de los ratificantes pues, al respecto, el oferente de la prueba solicitó que fueran citados en el centro de trabajo demandado, en el que prestan sus servicios, con lo cual se dio cumplimiento a lo ordenado por el artículo 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, en razón de que no exige que necesariamente se trate del domicilio particular del testigo; ahora bien, el hecho de que la Junta responsable en un principio acordara que los ratificantes debían ser presentados por el oferente de la prueba, apercibiéndole que de no hacerlo se le tendría por no perfeccionada la prueba, y que posteriormente ordenara su situación por conducto del actuario de la Junta en los nuevos domicilios señalados por el oferente, de ningún modo puede tenerse como una revocación de determinadas resoluciones por un cambio de opinión del tribunal laboral al no existir la sustentación que las fundaba, ya que desde el ofrecimiento de dicha ratificación la parte demandada pidió su citación protestando carecer de potestad para presentarlos, y por haber sido compañeros de labores de la actora, volviendo a insistir después en la imposibilidad de presentarlos, pero ahora con el argumento de que ya no prestaban sus servicios en la empresa demandada, por ende, la modificación del acuerdo anterior debe entenderse como regularización del procedimiento, en términos de los artículos 686 y 800 del código obrero. ..."

El fallo anterior dio lugar al establecimiento de la tesis aislada XXI.1o.8 L, publicada en la página 1033 del Tomo III, marzo de 1996, de la Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente epígrafe y sinopsis:

"TESTIGOS, DOMICILIO DE LOS. NO NECESARIAMENTE LO ES EL PARTICULAR. Si una de las partes en el procedimiento laboral ofrece las declaraciones de unos testigos y se señala el nombre de cada uno de ellos, así como el domicilio del lugar donde trabajan, con esto no se incumple lo ordenado por el artículo 813, fracción II de la Ley Federal del Trabajo, que dispone que la parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: ‘... fracción II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos ...’, en razón de que no se exige que necesariamente se trate del domicilio particular de aquéllos, pues los propósitos de esta disposición son entre otros, dar seguridad a las partes en el proceso, permitir la localización del testigo y su citación cuando proceda, contribuir a su identificación, servir de base para hacer repreguntas y en general, puede constituir un dato para calificar su posición, veracidad y por ende su idoneidad."

El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por su parte, al fallar el amparo directo 381/97, el veintiuno de enero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de votos, sostuvo lo que a continuación se transcribe en la parte que informa el asunto:

"TERCERO. El estudio de los anteriores conceptos de violación permite arribar a las siguientes consideraciones: Como bien lo sostiene el impetrante del amparo, durante la tramitación del juicio natural, se cometió una violación procesal en su perjuicio, aunque, como se verá con posterioridad, a la postre resultó intrascendente; ello es así tomando en consideración que ofreció la testimonial a cargo de Víctor Ponce Grima, Jesús Gutiérrez Barba y Carlos Vargas Ávalos, como sigue: Testimonial. Consistente en las respuestas a los interrogatorios que en forma verbal y directa se formularán a los señores profesores Víctor Ponce Grima, Jesús Gutiérrez Barba y Carlos Vargas Ávalos, quienes deberán ser citados por conducto de esta H. Junta en el domicilio de la demandada en 1a. Av. Tonantzin 1263 de la colonia Jardines del Bosque, de esta ciudad, toda vez que la parte actora está imposibilitada para presentarlos, en virtud de ser dependientes (profesores) a las órdenes de la demandada, y lógicamente si ésta no les da permiso o no quiere que se presenten, no podrán hacerlo motu proprio, lo anterior a efecto de que se presenten en la fecha que para tal efecto se fije, toda vez que éstas personas estuvieron presentes en la junta académica celebrada el día 12 de enero del año en curso y se dieron cuenta de lo que allí ocurrió, independientemente de que ellos pertenecen a la coordinación académica de la escuela demandada. Esta prueba se encuentra relacionada con los puntos 2 y 3 de la demanda y su aplicación. Para el caso de que se le cite en el domicilio de la demandada y no comparezcan oportunamente, se hará del conocimiento de esta H. Junta los domicilios particulares de cada uno de ellos para los efectos legales a que haya lugar (folio 47). Dicho medio de convicción se objetó por la demandada bajo el siguiente tenor: ‘... se objeta la admisión de la misma, en virtud de que las personas señaladas en dicho apartado nunca, ni en ningún momento, fueron relacionadas o señaladas dentro de los hechos que la actora en su escrito de demanda, en los puntos 2 y 3 y en donde refiere la citada junta académica del día 12 de enero del año en curso, señala que estuvieran presentes, por lo que, en consecuencia, al no haber sido relacionada dentro de los hechos del capítulo mencionado y al ofrecerla para acreditar la actora los puntos 2 y 3 de su escrito de demanda, del que no se desprende en ningún momento que dichas personas hubieran estado presentes al no imputárseles hechos propios, deberá desecharse su admisión. ...’ (folios 53 vuelta y 54). La Junta responsable, resolvió la admisión de las pruebas ofrecidas por el actor, en los siguientes términos: ‘Vistas y analizadas las pruebas ofrecidas por la parte actora se le admiten en su totalidad por encontrarse ajustadas a derecho y formar parte de los puntos controvertidos en la presente litis, con excepción de la prueba testimonial marcada con el número 2 de su escrito de ofrecimiento de pruebas, dado que la misma no reúne los requisitos señalados por el artículo 813, fracción II, del código obrero, toda vez que la parte oferente no señala los domicilios de los testigos y en caso de que éstos fueron (sic) citados por el C. Actuario notificador de esta Junta dejen en imposibilidad jurídica a esta autoridad para ordenar tal citación, ya que en donde serían citados los testigos, por lo que se le desecha la prueba por pleno derecho ...’. Luego entonces, como bien lo ha sostenido el peticionario de garantías, tal desechamiento de la referida prueba fue ilegal, debido a que el actor cumplió con el requisito de señalar el domicilio en el cual podían ser citados los testigos propuestos (el de la demandada), ya que el dispositivo 813, en su fracción II, no impone la obligación de precisar el domicilio de éstos, sino que de manera genérica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos, sin precisar cuál; de ahí que pueda darse, como en el caso, el domicilio de la demandada, que es en donde puedan ser localizados, ya que en él laboran y ahí puede llevarse a cabo la notificación respectiva, así que en el caso como el que nos ocupa, el oferente no está obligado a conocer el domicilio particular de los testigos (que son sus compañeros), de modo que facilita la actuación de la Junta con el hecho de indicar la ubicación del domicilio de la demandada. Así, resulta ilegal el desechamiento de la prueba testimonial, si éste se sustenta en el hecho de que el actor señaló como domicilio en el cual podían ser citados los testigos propuestos el del lugar donde laboran, ya que el dispositivo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción II, sólo impone la obligación de precisar el domicilio de éstos, es decir, que de manera genérica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos, sin precisar cuál, de ahí que pueda darse el domicilio donde desempeñan su trabajo, por ser uno de los lugares donde normalmente y con facilidad pueden ser localizados."

Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada III.T.27 L, visible a foja 556, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala:

"TESTIMONIAL, ILEGAL DESECHAMIENTO DE LA, SI SE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA QUE SEAN CITADOS LOS TESTIGOS, EL DEL LUGAR EN QUE LABORAN. Resulta ilegal el desechamiento de la prueba testimonial, si éste se sustenta en el hecho de que el actor señaló como domicilio en el cual podían ser citados los testigos propuestos el del lugar donde laboran, ya que el dispositivo 813 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción II, sólo impone la obligación de precisar el domicilio de éstos, es decir, que de manera genérica obliga a que el oferente indique el domicilio de los testigos, sin precisar cuál; de ahí que pueda darse el domicilio donde desempeñan su trabajo, por ser uno de los lugares donde, normalmente y con facilidad, pueden ser localizados."

El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo 841/95, el treinta de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de votos, precisó, en la parte que informa el asunto, lo siguiente:

"CUARTO. El primer concepto de violación es fundado y suficiente para otorgar el amparo. En efecto, de lo dispuesto por los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo se desprende que en los juicios de amparo directo, a propósito del estudio de las violaciones procesales, el órgano de control constitucional debe examinar si la violación al procedimiento que propone el quejoso es de aquellas comprendidas en las diferentes fracciones de los artículos 159 y 160 del ordenamiento legal citado, según sea el caso civil o penal, respectivamente, si así fuera, el órgano de control constitucional debe a continuación determinar si el hecho en el que se hace consistir la violación procesal es cierto o no; si la respuesta es positiva, debe después establecer si el amparo por la materia del acto reclamado debió o no prepararse en términos del artículo 161 de la ley de la materia, y si fue observado este precepto legal, acto seguido, el órgano de control constitucional debe estudiar si la violación procesal es contraria a la ley y a las garantías que al efecto haga valer el quejoso aplicando las reglas de estricto derecho o suplencia de la queja, según el caso, previo constatar si la violación trasciende al resultado del fallo. No debiendo olvidarse que el estudio de las violaciones procesales es previo al de las violaciones de fondo, y que si prosperan las primeras ya no procede el estudio de estas últimas, porque deberá invalidarse la sentencia y reponerse el procedimiento para reparar las violaciones procesales. En el caso concreto, el quejoso en su primer concepto de violación propone como violación procesal que la prueba testimonial a cargo de Alberto Mendoza le fue desechada indebidamente. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: ‘En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o de trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.’. Como se ve del precepto parcialmente transcrito, la violación procesal está

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18204-8588a573/testigos-para-efectos-del-articulo-813-fraccion-ii · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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