TRABAJADORES DE CONFIANZA. TIENEN ESE CARÁCTER LOS VELADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY BUROCRÁTICA ESTATAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, en el amparo directo con número de toca 850/2003, promovido por el Ayuntamiento Constitucional de Tacotalpa, Tabasco, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"IV. El laudo impugnado es del tenor literal siguiente: (transcribe). V. La parte quejosa expresó los conceptos de violación siguientes: (transcribe). VI. Son infundados unos y fundados otros de los conceptos de violación que se examinan. ... En otro orden de ideas, es infundado el concepto de violación en el cual se sostiene que los actores Fernando de la Cruz Hernández y Lenin López López no tienen derecho al pago de horas extras porque son veladores, es decir vigilantes. Ciertamente los trabajadores antes mencionados en su demanda laboral manifestaron haberse desempeñado con la categoría (sic) y reclamaron el pago de 6 horas extras semanales por el tiempo de un año, lo que da un total de 312 horas. La responsable en el laudo reclamado estimó que correspondía a la parte patronal la carga de la prueba de acreditar la jornada de trabajo era al patrón (sic), y como éste no logró acreditar esa fatiga procesal condenó al pago de las horas extras reclamadas. Ahora bien, debe decirse en principio que los trabajadores que se desempeñan con la categoría de veladores no están sujetos a ningún régimen especial, sino que debe dárseles el mismo trato que a los demás trabajadores, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 332 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, que es del tenor siguiente: (se transcribe). En esas condiciones, es claro que la jornada legal permitida es de ocho horas en jornada diurna, siete horas y media en jornada mixta y siete horas en jornada nocturna, por lo cual el tiempo que exceda de esos términos debe considerarse como jornada extraordinaria y cubrirse conforme lo estipulan los artículos 25 a 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en los siguientes términos: (se transcriben). En esas condiciones, es claro que los veladores sí tienen derecho a que su jornada sea la que establecen los numerales antes mencionados, es decir, sí tienen derecho al pago de horas extras, además de que el hecho de que laboren más de doce o catorce horas no puede estimarse inverosímil pues, en atención a las actividades que desempeñan que no son predominantemente físicas, sino de vigilancia, es claro que sí pueden laborar durante ese lapso, pues tienen todo el día para reponer sus energías. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicadas en las páginas 479 y 237, Novena y Octava Épocas, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997 y Tomo XII, septiembre de 1993, que son del tenor siguiente: ‘HORAS EXTRAORDINARIAS. LA JORNADA DE DOCE HORAS QUE LABORAN LOS VELADORES NO CONSTITUYE UNA RECLAMACIÓN INVEROSÍMIL.’ (se transcribe). ‘HORAS EXTRAS. VELADORES.’ (se transcribe). Igualmente, es aplicable la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 1065, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCII, que es del tenor siguiente: ‘VELADORES.’ (se transcribe.). Por otra parte, aduce el peticionario de garantías que el Tribunal de Conciliación apreció indebidamente las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional, soslayando que los actores en su demanda laboral ostentaron la categoría de velador, la cual tiene dentro de sus funciones las de vigilar, resguardar y proteger los derechos del patrón, lo cual constituye una confesión que la responsable no ponderó; asimismo, sostiene que los veladores son trabajadores de confianza, por lo que están excluidos del derecho a la estabilidad en el empleo y a todas las demás prestaciones. Para una mejor comprensión de la conclusión a la que se arribará, conviene señalar que los trabajadores Florentino López Cruz, Fernando de la Cruz Hernández y Lenin López López, promovieron demanda laboral en contra del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Tacotalpa, Tabasco, o quien resultara responsable de la relación de trabajo, reclamándole el reconocimiento de que todos los actores son trabajadores de base, así como el pago de canasta, despensa, bono de puntualidad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, la entrega de dos uniformes completos cada seis meses y trescientas doce horas dobles de trabajo extraordinario laboradas durante el último año. En el capítulo de hechos de la demanda laboral los trabajadores manifestaron haberse desempeñado en las siguientes categorías: ‘a) Florentino López Cruz, ingresó el 16 de febrero de 1998 con la categoría de auxiliar general y horario de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde diariamente, de lunes a viernes de cada semana. b) Fernando de la Cruz Hernández, ingresó el 1o. de febrero de 1998, con la categoría de velador. c) Lenin López López, ingresó el 1o. de febrero de 1998, con la categoría de velador. (foja 1)’. Por su parte, la entidad pública demandada formuló su contestación mediante escrito presentado ante la responsable el diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el cual, entre otras defensas, adujo la falta de acción y derecho de los actores para reclamar que se les reconociera como trabajadores de base, toda vez que éstos manifestaron en su demanda laboral desempeñarse como veladores, por lo que su calidad es de confianza al desempeñar labores de vigilancia y cuidado de bienes del patrón. Planteada como fue la litis, la Junta responsable estimó que correspondía a la patronal la carga de la prueba de acreditar que los trabajadores tenían el carácter de confianza, considerando que la demandada con ninguna de las probanzas que se habían aportado al sumario laboral había logrado acreditar que los actores tenían ese carácter, por lo cual la condenó al reconocimiento reclamado. Ahora bien, la lectura del laudo impugnado pone de relieve que la responsable no hizo consideración alguna respecto de si era suficiente o no que los trabajadores se ostentaran como veladores para poder considerarlos con el carácter de confianza, con lo cual es obvio que dejó de considerar una de las defensas hechas valer por la patronal pues, como se recordará, opuso la excepción de falta de acción y derecho, basándose en que los trabajadores reconocieron desempeñarse con el carácter de veladores, por lo cual, al ser sus funciones de vigilancia, debía de considerárseles como de confianza. A efecto de estar en condiciones de determinar si la violación formal advertida resulta apta para modificar el sentido del laudo es necesario efectuar algunas consideraciones respecto de los lineamientos que establece la ley para considerar que un trabajador tiene la calidad de confianza. Los artículos 4o., 5o. y 6o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco catalogan a los empleados que prestan sus servicios para las entidades públicas como de base o de confianza, al señalar: (se transcriben). Como puede observarse, la ley burocrática estatal le otorga el carácter de trabajador de confianza a aquellos que desempeñen determinadas funciones; asimismo, en el numeral sexto prescribe que las entidades públicas podrán rescindir la relación laboral con estos trabajadores cuando exista una pérdida de confianza, aun en el caso de que hubiese una causa justificada para la terminación del nombramiento o contrato. También es importante puntualizar el contenido gramatical del artículo 5o. antes mencionado, pues de conformidad con este precepto las funciones que debe desempeñar un trabajador para que sea considerado de confianza son las de dirección, inspección, supervisión, policía, fiscalización y vigilancia, por lo cual resulta en extremo necesario precisar esos conceptos, para lo cual haremos uso de las definiciones que de cada uno de esos vocablos nos da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, Editorial Espasa Calpe, en los siguientes términos: ‘Vigilancia. (Del latín vigilantia) F. Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno. 2. Servicio ordenado y dispuesto para vigilar.’. ‘Vigilar. (Del latín vigilare) intr. Velar sobre una persona o cosa, o atender exacta y cuidadosamente a ella ...’. ‘Fiscalización. F. Acción y efecto de fiscalizar ...’. ‘Fiscalizar. Tf. Hacer el oficio de fiscal. 2. Fig. Criticar y traer a juicio las acciones y obras de otros.’. ‘Fiscal. (Del lat. Fiscalis) adj. Perteneciente o relativo al fisco o al oficio de fiscal. 2. V. Agencia, agente promotor zona fiscal. 3. Ant. V. Solicitador fiscal. 4. m. Ministro encargado de promover los intereses del fisco. 5. El que representa y ejerce el ministerio público en los tribunales. 6. Fig. Persona que averigua o delata operaciones ajenas.’. ‘Policía. (Del lat. Politia) f. Buen orden que se observa y guarda en las ciudades y Repúblicas cumpliéndose con las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. 2. Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.’. ‘Supervisión. F. Acción y efecto de supervisar.’. ‘Supervisar. Tr. Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros.’. ‘Inspección. (Del lat. Inspectio, -onis.) F. Acción y efecto de inspeccionar. 2. Cargo y cuidado de velar por una cosa. 3. Casa, despacho u oficina del inspector.’. ‘Inspeccionar. (De inspección). Tr. Examinar, reconocer atentamente una cosa.’. ‘Dirección. (Del lat. Directio, -onis) f. Acción y efecto de dirigir o dirigirse. 2. Camino o rumbo que un cuerpo sigue en su movimiento. 3. Consejo, enseñanza y preceptos con que se encamina a alguien. 4. Conjunto de personas encargadas de dirigir una sociedad, establecimiento, explotación, etc. 5. Cargo de director. 6. Oficina o casa en que despacha el director o los directivos. 7. Domicilio de una persona.’. ‘Dirigir. (Del. Lat. Dirigere.) tr. Enderezar, llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado. 2. Guiar, mostrando o dando las señas de un camino. 3. Poner a una carta, fardo, caja o cualquier otro bulto las señas que indiquen a dónde y a quién se han de enviar. 4. Fig. Encaminar la intención y las operaciones a determinado fin. 5. Gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o pretensión. 6. Aconsejar y gobernar la conciencia de una persona. 7. Orientar, guiar, aconsejar a quien realiza un trabajo. 8. Dedicar una obra de ingenio. 9. Aplicar a determinada persona un dicho o un hecho. 10. Conjuntar y marcar una determinada orientación artística a los componentes de una orquesta o coro, o a quienes intervienen en un espectáculo, asumiendo la responsabilidad de su actuación pública.’. Las anteriores definiciones nos permiten tener un concepto general sobre las funciones a que se refiere el precepto en comento, en la siguiente forma: ‘a) Dirección. Se refiere a aquellas funciones en las cuales una persona pueda no sólo tener bajo su mando a otras, sino dictar los lineamientos para que una entidad pública logre determinado fin, o bien aquellas personas que están encargadas de una entidad pública. b) Inspección. Son aquellas actividades que realiza una persona por las cuales puede examinar cosas u objetos, tal es el caso de las visitas que se realizan a determinadas negociaciones, o bien departamentos de las entidades de gobierno, con el fin de verificar la elaboración de alguna documentación. c) Supervisión. Implica la revisión del trabajo que otras personas realizan. d) Policía. Aquellas funciones que tienen que ver con velar por el orden público y la seguridad de los ciudadanos. e) Fiscalización. Aquella actividad que consiste en investigar la conducta de otras personas. f) Vigilancia. Se refiere a cuidar o velar por las cosas que se le ponen bajo su encargo.’. Los conceptos señalados nos permiten concluir que cada uno de los vocablos empleados por el legislador se refieren a actividades diferentes, pues no debe confundirse la inspección, que se refiere al examen de objetos o casos, con la supervisión, que se refiere a la facultad de revisar el trabajo realizado por otros, o con la vigilancia, que está relacionada con la función de cuidar o velar por determinados objetos. Aunado a lo anterior, conviene precisar que el legislador estatal adoptó una fórmula semejante a la empleada por la Ley Federal del Trabajo, la cual en su artículo 9o. dispone: (se transcribe). Como puede observarse, el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco es casi una reproducción de lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, conviene resaltar una diferencia sustancial, pues no obstante que ambos numerales se refieren a diversas funciones, la ley laboral incluye una restricción no contenida en la ley burocrática del Estado, pues añade la fórmula ‘cuando tengan carácter general’. De lo anterior se sigue que atendiendo a la redacción gramatical de lo dispuesto por la Ley del Trabajo (sic), no basta con que un trabajador desempeñe las funciones de inspección, dirección y vigilancia, sino que además esas actividades tienen que ser de carácter general, es decir, que afecten a gran parte de la negociación, mientras que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco no contiene esa restricción, es decir, basta con que se desempeñen las funciones enlistadas para que el trabajador sea considerado de confianza, sin que sea necesario que esas funciones tengan efecto en gran parte de la entidad pública que hace las veces de patrón, o bien, que tengan que revestir de particular importancia para la vida de la entidad pública, sin que de ninguna manera pueda ponerse en juego su existencia, pues los entes del Estado adquieren vida por disposición de la ley. Una razón más para estimar que las previsiones contenidas en la ley burocrática estatal son diversas a las de la Ley Federal del Trabajo, debe encontrarse en el origen que tuvieron esos ordenamientos para determinar la denominación de confianza, pues cada uno de ellos atiende a diversas finalidades. En efecto, no hay que perder de vista que las disposiciones respecto de los trabajadores de confianza al servicio del Estado surgieron con motivo de la exclusión de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de servicio que surgió del derecho administrativo y no laboral. Se trató entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilación de los antecedentes aislados que existían sobre el servicio público, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentación del artículo 89, fracción II, de la Constitución Federal, que establece las facultades del Ejecutivo para el libre nombramiento y remoción de los empleados públicos, cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en las leyes. De esta manera, se entiende que las disposiciones acerca de los trabajadores de confianza que se enlistan hasta nuestros días en las leyes burocráticas sigan una técnica legislativa que difiere en lo esencial de la clasificación que hace la Ley Federal del Trabajo, basada en la naturaleza de la actividad desempeñada por el trabajador, atento que el derecho burocrático aún en formación conserva rasgos característicos, como el sistema especial de clasificación de puestos de confianza, que atienden a aquellas facultades de libre nombramiento y remoción de algunos servidores públicos, quienes no se encuentran protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo por razones del servicio público. En esas condiciones, es claro que el contenido del artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado debe interpretarse tomando en cuenta que lo previsto por ese numeral obedece a la intención de que algunos servidores públicos no tengan estabilidad en el empleo, en razón de la actividad que desempeñan; en esas condiciones, si en el caso concreto la ley dispone que aquellas personas que tengan funciones de vigilancia se considerarán de confianza, debe entenderse que aquellas personas que tengan como actividad principal la obligación de cuidar o salvaguardar bienes u objetos de la entidad pública demandada deben considerarse de confianza, ello con independencia del valor económico de las cosas a su cuidado, pues no se trata de una cuestión pecuniaria, sino en todo caso el nombramiento debe recaer en una persona respecto de la que no se tenga duda de que cuidará y velará de los objetos a su cuidado pues, en caso contrario, la relación entre la entidad y el trabajador se torna imposible en caso de dudarse de su actuación, pues precisamente es la certeza o confianza que se tiene en el empleado lo que origina que se le encargue el cuidado de inmuebles u objetos de la entidad pública contratante. En el caso concreto, es de singular importancia que se analicen las manifestaciones que hicieron los actores Fernando de la Cruz Hernández y Lenin López López, respecto de que se desempeñaron en la categoría de velador, pues ello podría implicar que desempeñaban funciones de vigilancia, en ese supuesto debería estimárseles como trabajadores de confianza. Consecuentemente, ante lo fundado del concepto de violación en análisis, lo que en la especie procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el tribunal responsable, al momento de resolver respecto del reconocimiento de que los actores son trabajadores de base, tome en cuenta que Fernando de la Cruz Hernández y Lenin López López, en su demanda inicial, manifestaron desempeñarse con la categoría de veladores, y una vez hecho lo anterior resuelva el conflicto laboral con plenitud de jurisdicción conforme a derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ..."
Con motivo de la anterior resolución se originó la tesis número X.3o.45 L, publicada en la página 1169, del Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente:
"VELADORES. SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DENTRO DEL TÉRMINO ‘VIGILANCIA’ A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO. El artículo 123 de la Constitución General de la República fue dividido por el Constituyente Permanente en dos apartados, a fin de distinguir la naturaleza de la relación de trabajo dependiendo de quien tuviera el carácter de patrón, en el apartado A comprendió las relaciones de trabajo que se entablan entre particulares, mientras que en el apartado B se incluyó la relación que se establece entre empleados y el Estado-patrón. Cada una de las relaciones enunciadas reviste ciertas peculiaridades pues, en principio, debe distinguirse entre los trabajadores al servicio del Estado y los obreros en general, pues en este supuesto la regulación que existe ha evolucionado a partir del derecho administrativo, a fin de equiparar en ciertos derechos a los empleados públicos con el resto de los trabajadores; sin embargo, la técnica empleada en éste difiere esencialmente de la Ley Federal del Trabajo, pues en la legislación burocrática se atiende a las facultades de libre nombramiento y remoción de algunos servidores públicos, quienes no se encuentran protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo. En esas condiciones, para determinar si un trabajador al servicio del Estado tiene carácter de confianza es necesario ponderar que la legislación burocrática regula una relación entre el Estado-patrón y trabajadores que prestan un servicio público, lo cual es sustancialmente diverso a la relación de trabajo que se entabla entre particulares, toda vez que el sistema especial de clasificación de puestos de confianza que contienen las leyes burocráticas evolucionó a partir del derecho administrativo, por lo que se atiende a aquellas facultades de libre nombramiento y remoción de algunos servidores públicos, quienes no se encuentran protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo por razones del servicio público que desarrollan, ello encuentra explicación en los altos fines del Estado, quien en términos generales no persigue la explotación económica, sino atender a las funciones que le son propias. Ahora bien, toda vez que los trabajadores que desempeñan una categoría de velador tienen a su cargo el cuidado de diversos bienes muebles e inmuebles propiedad de una entidad pública, es claro que debe entenderse que se encuentran incluidos dentro del término ‘vigilancia’ a que alude el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, concepto que, según el Diccionario de la Lengua Española, significa: ‘Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno.’. Conviene destacar que si bien el artículo 9o. de la Ley Federal del Trabajo contiene la fórmula ‘cuando tengan carácter general’, no ocurre lo mismo con la ley burocrática estatal, lo que debe interpretarse en el sentido de que tratándose de trabajadores al servicio del Estado de Tabasco no es necesario que la función de vigilancia tenga efecto en gran parte de la entidad pública que hace las veces de patrón, ni debe revestir de particular importancia para la vida de la entidad pública, pues no puede perderse de vista que en ninguna forma se puede poner en juego la existencia de un órgano estatal, los cuales adquieren vida por disposición de la ley; además, de estimarse lo contrario se estaría distinguiendo donde la ley no distingue."
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en el amparo directo con número de toca 583/2003, promovido por Joselino Pérez Cornelio y Miguel Ángel Sosa Sánchez, en lo que aquí interesa, es del texto siguiente:
"TERCERO. El laudo reclamado comprende, entre otros, los considerandos y puntos resolutivos que a continuación se transcriben: (Los reproduce parcialmente). CUARTO. Los conceptos de violación que hacen valer los quejosos, a la letra dicen: (transcribe). QUINTO. Previamente cabe precisar que con anterioridad los actores, hoy quejosos, promovieron el diverso juicio de amparo directo número 468/2002, así como la aquí tercera perjudicada, Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental del Estado, correspondiéndole el número 469/2002 del índice de este Primer Tribunal Colegiado, el que con fecha dieciséis de enero de dos mil tres resolvió concederles la protección federal, quedando como sigue en el primero de los nombrados: ‘... PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo directo número 468/2002, promovido por Miguel Ángel Sosa Sánchez, en contra del acto y autoridad que se puntualiza en el resultando primero de esta ejecutoria. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Joselino Pérez Cornelio para el efecto de que el tribunal del conocimiento deje insubsistente el laudo impugnado y dicte otro en el que reiterando la condena decretada en cuanto al pago de horas extras prescinda de la valoración que hizo, aprecie de nueva cuenta el material probatorio ofrecido por la demandada y decida si quedó o no demostrada la terminación de la obra y si se surte o no el despido injustificado; y siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria determine lo relativo a las demás prestaciones derivadas de la relación laboral, hecha excepción de la condena del tiempo extraordinario sobre la cual deberá quedar subsistente dicho laudo; y con plenitud de jurisdicción resuelva a verdad sabida y buena fe guardada.’; y respecto al juicio de amparo directo 469/2002, se concedió en los siguientes términos: ‘... para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo impugnado y dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de este fallo, con plenitud de jurisdicción, analice todos y cada uno de los puntos de la controversia planteados, tanto en los escritos de demanda, aclaración y contestación a la misma, así como todas y cada una de las pruebas, a efecto de demostrar si Miguel A. Sosa Sánchez es la misma persona de nombre Miguel Ángel Sosa Sánchez, y si tuvo relación laboral con la parte demandada, aquí quejosa, o no; y mantenga intocada la condena en contra de la Dirección de Obras Públicas, al pago de horas extras, en lo referente al aquí tercero perjudicado Joselino Pérez Cornelio ...’. En cumplimiento a las ejecutorias anteriores, el tribunal del conocimiento dictó el laudo el veintiocho de febrero de dos mil tres, en el que consideró que la parte actora probó su acción y la demandada justificó parcialmente sus defensas y excepciones; absolvió a la Dirección de Obras Públicas de pagar a Joselino Pérez Cornelio tres meses de salario por concepto de indemnización constitucional, así como los salarios caídos; condenó a la Dirección de Obras Públicas al pago de horas extras al actor Joselino Pérez Cornelio; absolvió a la entidad pública demandada, Dirección de Obras Públicas, de pagar al actor Joselino Pérez Cornelio prima de antigüedad, días de descanso semanales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo proporcional y salarios retenidos; se absolvió a la Secretaría de Desarrollo Social y Protección Ambiental (Sedespa), de pagarle a los actores todas y cada una de las prestaciones reclamadas, en virtud de que con quien existió la relación obrero patronal fue con la Dirección de Obras Públicas; absolvió a la Dirección de Obras Públicas de pagar al actor Miguel Ángel Sosa Sánchez todas y cada una de las prestaciones que reclamó en su escrito inicial de demanda. Inconformes con dicho laudo, los actores Joselino Pérez Cornelio y Miguel Ángel Sosa Sánchez promovieron el juicio de amparo que ahora nos ocupa. Atento lo anterior y analizados los conceptos de violación que formula el quejoso Joselino Pérez Cornelio, se estiman sustancialmente fundados por lo siguiente: En efecto, contrariamente a lo aseverado por el tribunal laboral responsable, asiste razón al mencionado quejoso cuando afirma en sus conceptos de violación que: el laudo que se dictó lo hizo sin apreciar los hechos en conciencia y buena fe guardada, como lo señala el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria; que es incongruente porque en ningún momento la responsable entra al estudio del fondo del asunto y que por eso no analiza todas las pruebas ofrecidas por el quejoso, ya que toma como base para absolver a la demandada la confesión del actor Joselino Pérez Cornelio, en cuanto a que al relatar los hechos de su demanda afirmó que fue contratado con la categoría de velador, y que las labores que desempeñaba al servicio de la persona oficial demandada, consistían en vigilar las máquinas, así como las herramientas de trabajo; que no por el hecho de que el trabajador haya expresado tener categoría de vigilante quiere decir que es trabajador de confianza, e invoca tesis para sostener su argumento bajo el rubro de: ‘VELADORES. NO DEBEN SER CONSIDERADOS COMO TRABAJADORES DE CONFIANZA NI QUE PERTENECEN A UN CUERPO DE SEGURIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).’. Ahora bien, el artículo 5o. de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco establece que son trabajadores de confianza los que realicen funciones de dirección, inspección, supervisión, policía, fiscalización, vigilancia y los que efectúan trabajos personales o exclusivos de los titulares o altos funcionarios de las entidades públicas; además, los que las leyes orgánicas de dichas entidades les asigne esa categoría. De esta disposición se advierte que el legislador local indicó cuáles son los cargos que deben ser catalogados de confianza, por tanto, cuando un trabajador desempeñe un cargo de los señalados en el artículo 5o. de la citada ley es incuestionable que debe ser considerado de confianza por disposición expresa de la ley, por lo que sólo debe demostrarse en el juicio cuál era la función que desempeñaba el trabajador para que la autoridad jurisdiccional esté en posibilidad de determinar si se encuentra comprendido entre los señalados concretamente como de confianza, de ahí que resulta imprescindible determinar qué debe entenderse por la función de ‘vigilancia’, a que se refiere el citado artículo, para aclarar si la actividad de ‘vigilante o velador’ de herramientas de trabajo y maquinaria en una construcción de la entidad pública demandada queda comprendida o no dentro de aquel concepto de ‘vigilancia’; y para llegar a determinar esa cuestión, al no comprenderse específicamente la función de ‘vigilante o velador’, concretamente como cuidador o custodio de cosas, en la referida disposición legal, es necesario ocurrir al análisis objetivo de la naturaleza de la función desempeñada, que es lo que realmente produce la condición del trabajador; por lo que si bien el trabajador quejoso confesó, como lo afirma la responsable, que su función era de velador y que consistía en vigilar los mencionados enseres, esta actividad no es dable considerarla apta para que encuadre dentro del concepto ‘vigilancia’ referido, en atención a que esta función debe revestir particular importancia para la vida de una empresa cuando está en juego la existencia de la misma, sus intereses fundamentales, su éxito, su prosperidad, la seguridad de sus establecimientos o el orden esencial que debe reinar e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18215-95377934/trabajadores-de-confianza-tienen-ese-caracter-los-veladores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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