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Modo: Corpus Pro

NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL EL INCIDENTE PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ÚNICAMENTE PROCEDE EN CONTRA DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS CON VIOLACIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CAPÍTULO VII DEL TÍTULO CATORCE DE LA LEY CITADA. NULIDAD. EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ES IMPROCEDENTE EL INCIDENTE QUE SE INTERPONE CON APOYO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN CONTRA DE ACTUACIONES DISTINTAS A NOTIFICACIONES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18303
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, , Pág. 694.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 67/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por los órganos colegiados que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo con número de toca 316/2003, promovido por Pablo Hubbard López como apoderado de Tekojovichi, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en lo que aquí interesa, es de texto siguiente:

"TERCERO. El laudo reclamado, en su parte conducente, a la letra dice: ‘II. Pasando al análisis del presente juicio y toda vez que la parte demandada no contestó la demanda en los términos establecidos por el numeral 878, fracciones III y IV, de la Ley Federal del Trabajo, como se aprecia de autos y que por tal motivo se le tienen por aceptados los hechos de la demanda, sin que se le admita ninguna de sus probanzas, en este sentido y valorando las de la trabajadora, es procedente la acción de despido injustificado ejercitada y, por tanto, el laudo que se dicta es condenatorio a la demandada Tekojovichi, S.C. de R.L., Pablo Hubbar (sic) López, la persona o personas físicas o morales que resulten responsables y/o propietarios de la fuente de trabajo, a pagar a la actora las cantidades que resulten de las siguientes prestaciones: a) Indemnización constitucional, consistente en tres meses de salario; b) Prima de antigüedad; c) Vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo laborado; d) Aguinaldo por todo el tiempo laborado, a razón de 30 días por año; e) Salarios caídos; f) Días festivos: 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre, todos del año 2001; g) 4 horas extras diarias por el tiempo laborado; h) Días laborados del 1 al 16 de enero del año 2002. Para el pago de estas prestaciones, debe servir como base la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), cantidad de salario quincenal acreditado en autos. Además, deberá entregar la demandada las constancias de pago al IMSS, INFONAVIT y SAR. En razón de lo expuesto y fundado, con base en el artículo 889 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo en vigor, es de resolverse y se resuelve: PRIMERO. La parte actora acreditó sus acciones. SEGUNDO. La parte demandada no se excepcionó, en consecuencia. TERCERO. Se condena a la demandada Tekojovichi, S.C. de R.L., Pablo Hubbar (sic) López, la persona o personas físicas o morales que resulten responsables y/o propietarios de la fuente de trabajo, a pagar a la actora Verónica Camacho Salazar las cantidades que resulten de las siguientes prestaciones: a) Indemnización constitucional, consistente en tres meses de salario; b) Prima de antigüedad, consistente en 12 días de salario por cada año de servicios prestados; c) Vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo laborado; d) Aguinaldo por todo el tiempo laborado, a razón de 30 días por año; e) Salarios caídos, corridos y contados desde la fecha del despido y hasta que se cumplimente el laudo que se dicta; f) Días festivos, 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 25 de diciembre, todos del año 2001; g) 4 horas extras diarias de lunes a sábado por el tiempo laborado; h) Días laborados del 1 al 16 de enero del año 2002. Para el pago de estas prestaciones debe servir como base la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.), cantidad de salario quincenal acreditado en autos. Además, deberá entregar la demandada las constancias de pago al IMSS, INFONAVIT y SAR. CUARTO. Notifíquese personalmente y cúmplase.’ CUARTO. La parte quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación: ‘Primero. Resolutivos segundo y tercero del laudo del 1o. de abril del año en curso, dictado en el juicio laboral 41/2002, en los que se condena al suscrito y a mi poderdante «Tekojovichi», S.C. de R.L., al pago de todas y cada una de las prestaciones demandadas por la ahora tercera perjudicada. El laudo que se combate nos causa agravio toda vez que, según se advierte del considerando II, se nos tuvo por no contestada la demanda y por aceptados los hechos de la misma, no obstante que en una franca violación procesal la ahora responsable suprimió la etapa de excepciones, omitiendo concedernos el uso de la voz a los aquí quejosos para dar contestación a la demanda, lo que generó que fuéramos condenados al pago de las prestaciones demandadas. En el caso concreto, el desahogo de la audiencia a que hace referencia el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, se realizó de la siguiente forma: Concluida la etapa de conciliación y abierta la de demanda y excepciones, la actora, además de ratificar su demanda, planteó incidente de personalidad, motivo por el cual la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, abrió la audiencia incidental para su sustanciación, concediéndole el uso de la voz, en primer término, al actor incidentista y, en segundo término, a la demandada compareciente (sic) emitiendo continuamente (sic) un acuerdo en el que resolvió improcedente el incidente planteado, reconociéndole personalidad a Pablo Hubbard López como el apoderado de Tekojovichi, S.C. de R.L. (demandado incidentista). Acto continuo la Junta concede el uso de la voz al apoderado legal de la parte actora para que en vía de réplica realice sus manifestaciones y, posteriormente, también le concede el uso de la voz a la parte demandada (sic) para que en vía de contrarréplica manifestara lo que a su derecho conviniera. Posteriormente la Junta emitió el acuerdo en el que tuvo a la parte demandada (sic) por hechas sus manifestaciones en vía de contestación, así como por hecha la réplica y contrarréplica de ambas partes y por desahogada legalmente la presente etapa, misma que cerró para pasar a la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Es de explorado derecho que el incidente de personalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, es de previo y especial pronunciamiento, es decir, su tramitación suspende el procedimiento, hasta en tanto no se resuelva el incidente, esto es, la continuación de la etapa de demanda y excepciones debió llevarse a cabo precisamente después de que esa Junta resolvió el incidente, y en franca violación procesal la referida Junta omite reanudar el procedimiento en lo principal, limitándose a concederle el uso de la voz nuevamente a la parte actora para que en vía de réplica manifestara lo que a su derecho conviniera, sin haberle permitido a ninguno de los codemandados dar contestación a la demanda, lo que contraviene los más elementales principios de derecho, toda vez que es bien sabido que la personalidad de las partes, por tratarse de un presupuesto procesal indispensable para la tramitación de un juicio, debe de ser estudiado en primer término y si llega a la conclusión de que las partes en litigio efectivamente tienen personalidad, sólo entonces se debe ordenar la continuación del procedimiento para, de esta forma, evitar juicios que a la larga resultan inútiles. Cuestión que la Junta no tomó en consideración. De lo anterior, se desprende que por tratarse el incidente interpuesto de los considerados de previo y especial pronunciamiento, la Junta necesariamente debió suspender el procedimiento en lo principal, mientras se resolvía dicha cuestión y, por consiguiente, al encontrarse suspendido el juicio en lo principal las demandadas no se encontraban obligadas a dar contestación a la demanda. No debiendo surgir confusión alguna en cuanto al incidente de previo y especial pronunciamiento opuesto por la parte actora y las excepciones de previo y especial pronunciamiento, mismas que por tratarse de excepciones, siempre son opuestas por la parte demandada. Lo anterior tiene su fundamento en la tesis que a continuación se transcribe: Novena Época, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, mayo de 2001, tesis XVII, 1o.13 L, página 1109: «CONTESTACIÓN A LA DEMANDA LABORAL. LA PARTE DEMANDADA NO ESTÁ OBLIGADA A ELLO, SI EL ACTOR HACE VALER UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. (se transcribe).». Se señala que la Junta omitió conceder el uso de la voz al suscrito, como codemandado físico, durante el transcurso de la audiencia de fecha 10 de los corrientes y que, en lo que a mi respecta, no existe acuerdo de la Junta, lo que refleja las violaciones procesales en las que incurrió la responsable, limitándose exclusivamente a manifestar que le concedía el uso de la voz a «la parte demandada» y de ello, es imposible determinar quién es el autor de tales manifestaciones. Segundo. Proveído de fecha 30 de septiembre del 2002, dictado en el juicio laboral 41/2002, por el cual se desecha de plano el incidente de nulidad de actuaciones sin entrar a su estudio. El proveído que se combate nos causa agravio, toda vez que al quedar subsistentes las actuaciones atacadas de nulidad, las mismas trascendieron al resultado de la resolución en la que según se advierte del considerando II, se nos tuvo por no contestada la demanda y por aceptados los hechos de la misma, no obstante que en una franca violación procesal, la responsable desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones que promovimos los ahora quejosos. De conformidad con la tesis de jurisprudencia que a continuación transcribo, el desechamiento de plano del incidente de nulidad de actuaciones constituye una violación a las leyes del procedimiento. «NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INCIDENTE.» (se transcribe tesis). En virtud de lo anterior, consideramos que resulta procedente se nos conceda el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se reponga el procedimiento desde la etapa de demanda y excepciones, específicamente en la de excepciones en que se le deberá dar uso de la voz a cada uno de los promoventes del presente juicio para que demos contestación a la demanda planteada en nuestra contra.’. QUINTO. Son infundados en parte y fundados pero inoperantes en otro los conceptos de violación esgrimidos. En primer lugar, los promoventes señalan que el laudo reclamado les causa agravio al tenerles por contestada la demanda en sentido afirmativo y por aceptados los hechos de aquélla, dado que no se consideró lo establecido por el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, pues al haber interpuesto el actor, en la audiencia relativa, un incidente de previo y especial pronunciamiento, como es el de personalidad, la etapa de excepciones debió continuarse al resolverse la incidencia, toda vez que su tramitación suspende el procedimiento, y al no hacerse así, suprimiendo dicha etapa, se les privó del derecho de contestar la demanda con la consiguiente condena. Tal argumento resulta infundado, ya que de conformidad con el propio artículo 878, fracciones III, IV y V, de la ley obrera, la contestación de la demanda debe producirse en un solo acto aunque se aleguen cuestiones de previo y especial pronunciamiento, pues las Juntas no pueden, válidamente, permitir que se suspenda la contestación, al expresar el actor alguna de ellas, con el propósito de que con posterioridad a su resolución se vierta aquélla, ya que este proceder además de fraccionar la aludida contestación, carece de fundamento legal, sin que sea obstáculo para considerarlo de esa manera lo previsto en los artículos 762 y 763 de la legislación invocada, que se refieren al trámite incidental de las excepciones de mérito, toda vez que dicha tramitación tiene lugar cuando el demandado ha agotado su contestación y no se trata de una simple objeción, como la invocada por la parte actora, que debe sustanciarse de plano, escuchándose a las partes. Por tanto, si de los autos del juicio laboral 41/2002 (fojas 37 y 38) se advierte que la Junta responsable previamente a la resolución de la falta de personalidad interpuesta por la parte actora inició la audiencia prevista en los numerales 873 y 875 de la Ley Federal del Trabajo, con la respectiva conciliación y posteriormente abrió la etapa de demanda y excepciones, en la que tuvo por ratificada a la parte actora de su demanda y por interpuesto el incidente de falta de personalidad, concediendo, incluso, de manera inmediata a la parte demandada el uso de la voz para expresar lo que a su derecho conviniera; resulta incuestionable que la falta de contestación a la demanda y a los hechos que le dieron origen no es atribuible a la autoridad, sino únicamente a los impetrantes, ya que habiendo tenido el uso de la voz en forma previa al fallo del incidente, debieron contestar tanto los hechos de la demanda como lo relativo a la incidencia planteada, puesto que, como se vio, la contestación no es fraccionable ni susceptible de suspensión; razón por la que resulta completamente infundada la pretendida violación procesal. Ilustra este criterio, la tesis 96, emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 68, Tomo V, Parte SCJN, Octava Época del Apéndice de 1995, con el rubro y texto siguientes: ‘CONTESTACIÓN A LA DEMANDA LABORAL. DEBE FORMULARSE EN UN ACTO CONTÍNUO, AUNQUE SE OPONGAN EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.’ (se transcribe). Así como la diversa tesis 2a./J. 31/2001, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, perteneciente a la Novena Época, publicada en la página 193, Tomo XIV, agosto de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el epígrafe: ‘PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. LAS OBJECIONES QUE AL RESPECTO SE REALICEN DEBERÁN RESOLVERSE DE PLANO, OYENDO A LAS PARTES EN LA AUDIENCIA DE LEY.’ (se transcribe). En otro orden, el promovente aduce que se vulneró el procedimiento, en términos del artículo 159, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que la Junta responsable, mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil dos, desechó de plano el incidente de nulidad de actuaciones promovido para combatir las irregularidades en los acuerdos tomados en la audiencia trifásica sin realizar el estudio correspondiente, lo cual sin duda les produce perjuicios, ya que se dejaron subsistentes la declaración de tener por no contestada la demanda y por afirmados los hechos que dieron origen a ésta, trascendiendo al resultado del fallo; citando en apoyo la tesis de rubro: ‘NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INCIDENTE.’. Dicha argumentación si bien es fundada, porque de las constancias que integran el juicio laboral 41/2002 se observa que la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, resolvió desechar el incidente de nulidad de actuaciones promovido por los impetrantes, en contra de los acuerdos dictados en la audiencia de fecha diez de septiembre de dos mil dos, sin seguir los lineamientos marcados por el numeral 763 de la Ley Federal del Trabajo; ello es inoperante para conceder el amparo, dada cuenta que aun siguiéndose los cánones establecidos para resolver una controversia de tal naturaleza, el resultado sería el mismo, esto es, declarar improcedente su pretensión, dado que el incidente de nulidad, previsto en la fracción I del artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo, es idóneo para combatir únicamente alguna notificación que se hubiera hecho de manera incorrecta, pero no para atacar determinada actuación pronunciada por una Junta de Conciliación durante la tramitación del juicio, puesto que ello pugnaría con lo preceptuado en el numeral 848 de la propia legislación. Cobra aplicación al caso particular la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 300 del Informe de Labores correspondiente a 1986, que expone: ‘INCIDENTE DE NULIDAD. SU PROCEDENCIA.’ (se transcribe). Amén de lo expuesto, las supuestas irregularidades cometidas en la audiencia trifásica, que se impugnaron a través del mencionado incidente de nulidad, como ya se vio, son infundadas al no ser correcto romper con la continuidad que debe prevalecer en la etapa de demanda y excepciones, aun bajo el supuesto de que se aleguen cuestiones de personalidad; por lo que en consecuencia, debe considerarse correcta también la determinación de la Junta de tener por no contestada la demanda y por afirmados los hechos contenidos en ella, así como el laudo respectivo, al no existir controversia alguna sobre el particular. En tales condiciones, siendo evidente que la actuación de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje en Cancún, Quintana Roo, no transgredió las reglas que rigen el juicio laboral, en perjuicio de los aquí impetrantes, lo procedente es negarles la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 76, 77, 78, 158, 184, 188, 190 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Pablo Hubbard López, en lo personal y como apoderado de Tekojovichi, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada, en contra del acto y la autoridad precisados en el resultando primero."

La ejecutoria antes transcrita dio origen a la tesis de rubro, texto y datos de publicación que enseguida se transcriben:

"INCIDENTE DE NULIDAD PREVISTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 762 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. SU DESECHAMIENTO DE PLANO NO VULNERA GARANTÍAS SI SE RECLAMÓ DETERMINADA ACTUACIÓN Y NO UNA NOTIFICACIÓN. Si bien puede considerarse que la Junta de Conciliación y Arbitraje, al desechar de plano el incidente de nulidad previsto en la fracción I del artículo 762 de la Ley Federal del Trabajo vulnera el artículo 763 de la propia legislación, por no sustanciarlo y resolverlo en sus términos; ello no da origen a conceder el amparo solicitado, ni a considerar transgredidas las garantías del promovente, si se advierte que lo que se impugnó a través de esa incidencia fue una determinada actuación de dicha Junta y no una notificación, ya que debe considerarse que aquélla es idónea para combatir únicamente alguna notificación que se hubiera hecho de manera incorrecta y no para atacar alguna actuación realizada por la susodicha Junta durante la tramitación del juicio, puesto que de asumir una postura opuesta se pugnaría con lo preceptuado en el numeral 848 de la compilación legal invocada, que prohíbe terminantemente a las Juntas laborales revocar sus propias determinaciones." (Novena Época. Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, abril de 2004. Tesis XXVII.7 L. Página 1427.)

CUARTO. La parte considerativa de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo en revisión laboral con número de toca ARL. 86/2000, interpuesto por José Luis García Sámano, en lo que aquí interesa, es de texto siguiente:

"TERCERO. La sentencia recurrida se basa en las siguientes consideraciones: ‘... TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, oficiosamente se examina una causa de improcedencia que conduce al sobreseimiento del juicio, por lo que hace a los actos consistentes en el acuerdo de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en el cual se desechan las pruebas de inspección y pericial ofrecidas por el actor laboral en el incidente de nulidad de actuaciones y, por otro lado, declara improcedente el incidente de nulidad referido, cuya certeza ha quedado precisada en el considerando que antecede. Bajo este antecedente, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con los artículos 159, fracción V, y 161 fracciones I y II, de la Ley de Amparo, mismos que en lo conducente disponen: (se transcriben). En su libelo constitucional el quejoso esencialmente se duele del acto reclamado consistente (sic) acuerdo dictado por la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (folio 80), en el cual se desechan las pruebas de inspección y pericial ofrecidas por el actor laboral en el incidente de nulidad de actuaciones y, por otro lado, declara improcedente el incidente de nulidad referido, interpuesto por el apoderado de la parte actora Enrique Alfredo Meléndez Linares, en el juicio laboral número 234/98, promovido por José Luis García Sámano, en contra de Administradoras de Instalaciones Públicas de Playas, Sociedad Civil y otra, resolución de la que se advierte que la Junta responsable textualmente determina: «... En términos de la presente acta y por ofrecidas sus respectivas probanzas las cuales se admiten a excepción de la marcada con el número tres y cuatro consistentes en la pericial, así como la inspección respectivamente, por resultar inútiles y visto el incidente planteado el mismo se declara improcedente en virtud de que esta Junta ...». Es conveniente precisar que la resolución que declara improcedente un incidente de nulidad de actuaciones y no admite pruebas ofrecidas en el mismo, no es un acto que en el juicio, por regla general, tenga una ejecución que sea de imposible reparación, ya que sus efectos esencialmente son procesales, dado que la violación que llegare a cometerse con dicha resolución puede subsanarse con posterioridad ya en el laudo definitivo o resolución que ponga fin al juicio, si resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, y de no ser así, el amparista podrá reclamarla en el amparo directo que en su caso y oportunidad se interponga en contra del mencionado fallo; lo anterior se corrobora si tomamos en consideración que la resolución fundada o infundada del incidente de nulidad de actuaciones aludido entraña una violación a las leyes del procedimiento previstas en las fracciones III y V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo «cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley, y cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad»; habida cuenta de los términos genéricos en que está redactado el precepto legal en comento, resulta obvio que la legal o ilegal resolución del incidente de nulidad y las pruebas ahí ofrecidas pueden combatirse por vía de amparo directo, la cual puede consistir en la anulación de las actuaciones desfavorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquellas que lo agravian, así como la admisión o no de las pruebas que no le fueron admitidas por la responsable, toda vez que el precepto legal invocado no hace distingo alguno al respecto. En consecuencia, como se dijo con anterioridad, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, procediendo por ese motivo decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso que nos ocupa la tesis visible en la página 240, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo IX, febrero de 1992, que al rubro y texto rezan: «PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO, TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN ILEGAL DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES.» (se transcribe). Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis VI.2o. J/56, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, junio de 1996, Novena Época, consultable en la página 621 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: «INCIDENTE DE NULIDAD, DESECHAMIENTO DEL (ARTÍCULO 159, FRACCIONES V Y XI DE LA LEY DE AMPARO).» (se transcribe).’. CUARTO. El recurrente expresó los siguientes agravios: ‘El juzgador del órgano jurisdiccional de primer grado, en la especie, al emitir la sentencia que se combate, no se ciñó estrictamente al alcance de la legislación de amparo en que descansan los fundamentos del juicio constitucional promovido por el quejoso, dado que, en su emisión, debió observar puntualmente las cuestiones planteadas en la demanda de mérito, que son el fundamento y delimitación del alcance y extensión del ordenamiento legal evocado, abordando el estudio de todos y cada uno de los argumentos esgrimidos, como los conceptos de violación, procedencia de la acción constitucional y demás capítulos de la demanda, con relación a los actos reclamados, resolviendo todos ellos, para determinar que no encontraba fundamento la causal de improcedencia que se alude y que le llevó a sobreseer. El Juez de Distrito, en transgresión a la normatividad que rige el juicio de amparo, omite requerir a la parte responsable que emitió el acto reclamado, del envío del expediente original marcado con el número 234/98, promovido por José Luis García Sámano, de donde emana aquel acto. Se contraviene al artículo 152 de la legislación de la materia, en tanto que llegar al conocimiento de la verdad es lo que exige la ley. Por ello, el mejor medio para lograrlo es el acercamiento y la estimación de todas las pruebas que aparezcan en autos de los juicios, natural y de garantías, no considerándolas aisladamente, sino adminiculándolas unas con otras, enlazando y relacionando a todas. Sin embargo, el a quo omitió requerir a la responsable de la exhibición del expediente natural en original por ser actuaciones concluidas, para advertir que es un juicio concluido, sin que se haya iniciado, es decir, que la Junta responsable lo mandó archivar sin tramitarlo, para que el Juez mismo pudiera tener una mejor apreciación de los actos reclamados, de los conceptos de violación, y dar en la certeza que, no era procedente el sobreseimiento decretado en autos, pues analizar y valorar pormenorizada y adecuadamente las pruebas aportadas al juicio de amparo, previo requerimiento del expediente original a la responsable era obligación legal del Juez de conformidad al precepto. En efecto, según constancias existentes en el juicio de amparo, aparecen ofrecidos, admitidos y relacionados, entre otros, el medio de convicción siguiente: «... 3. Instrumental pública de actuaciones, consistente en todas y cada una de las constancias que integran el expediente laboral marcado con el número 234/98, promovido por José Luis García Sámano, contra Administradora de Instalaciones Públicas de Playa, A.C. que tramitó la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Por tratarse de actuaciones concluidas, solicito se requiera a la autoridad responsable remita el expediente original para que obre en los autos del juicio de amparo, con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo ...». Ahora bien, de la lectura de la sentencia de sobreseimiento en pugna se advierte que el resolutor se basó y valoró incorrectamente la documental que emitió la Junta responsable a su informe con justificación, omitiendo por completo la prueba del número tres, antes citada, anunciada por el quejoso en la demanda de garantías (sic) necesario para establecer que no existía la causa de improcedencia que esgrime en su sentencia. Circunstancias éstas que debieron dilucidarse con base en el estudio y concatenando y recabando todas las pruebas ofrecidas al juicio por el quejoso, por lo que al dejar abandonada la judicatura la recabación (sic) y análisis de dicha probanza, produce la violación, pasándose por alto lo establecido por el precepto invocado. En ese orden de ideas, al ser deficiente la reunión, estructura y complemento, la estimación de las probanzas, es inconcuso que el Juez quebranta el precepto evocado, en detrimento del quejoso, dado que es facultad de esa autoridad recabar, aun de oficio, las pruebas pertinentes, sobre todo por tratarse de actuaciones concluidas prematuramente. El a quo con su sentencia viola en perjuicio del quejoso José Luis García Sámano las disposiciones esgrimidas en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo. Este precepto reza: (se transcribe). Pues bien, los actos ejecutados por el tribunal del trabajo, en el acto reclamado, consiste precisamente en la resolución y trámite del incidente de nulidad de actuaciones, pero no dentro del procedimiento, pues éste, ni siquiera se inició, sino que la autoridad del trabajo lo dio por terminado, lo mandó archivar sin siquiera emplazar a juicio a la parte demandada, por tal motivo se trata de actos ejecutados fuera de juicio y, por tanto, procede la vía indirecta, no como lo mal aprecia el Juez de Distrito, ya que no habrá más oportunidad donde pudieran purgarse las consecuencias de dichos actos. Es más, los actos reclamados constituyen actos ejecutados fuera de juicio porque ya la autoridad dio por concluido el mismo, al mandarlo archivar como asunto concluido, sin abrir a trámite por no haber proporcionado el domicilio de la demandada, ello es ilegal, como la sentencia de sobreseimiento. No puede hablarse jurídicamente de violaciones formales al procedimiento para que se actualicen las hipótesis que refiere el Juez de Distrito en la sentencia, porque la autoridad responsable ya no continuará procedimiento alguno. Al no darle a dicha disposición la interpretación debida, resulta antijurídica la resolución que se impugna. Resultando inaplicables los argumentos, los preceptos y la jurisprudencia en que el a quo pretende finca

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18303-078ac757/nulidad-en-el-procedimiento-laboral-el-incidente-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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