CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE SOBRESEERSE EN ELLA, AL ACTUALIZARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN VI, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SE EMITIÓ DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE NO HA CONCLUIDO, PORQUE A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 102/2003. MUNICIPIO DE PETATLÁN, GUERRERO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: JOSÉ LUIS RAFAEL CANO MARTÍNEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de abril del año dos mil cuatro.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Por oficio presentado el treinta y uno de octubre del año dos mil tres ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Francisco Javier Rodríguez Aceves, quien se ostentó como Presidente Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero, en representación de éste, promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de los actos y normas que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:
"Del H. Congreso Local del Estado de Guerrero, del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, del secretario de Gobierno del Estado de Guerrero, el primero con domicilio en Carretera Nacional Acapulco-Chilpancingo, Palacio del Poder Legislativo, el segundo y tercero en Plaza Primer Congreso de Anáhuatl, todos de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, de quienes demando las siguientes prestaciones: A) La declaración de inconstitucionalidad, ineficacia, invalidez de la norma, actos y nulidad de los artículos 94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero en vigor, ley expedida por la Quincuagésima Segunda Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a través de la cual se abrogó la Ley Orgánica del Municipio Libre número 675 de fecha cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, dada en el salón de sesiones a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, por todas y cada una de las razones que enseguida expreso. B) La declaración de inconstitucionalidad, ineficacia, invalidez de la norma, actos y nulidad del artículo 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero en vigor, pues este precepto fue adicionado a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero por decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el día trece de septiembre de mil novecientos noventa y uno, tal adición fue realizada por el honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por todas y cada una de las razones que enseguida expreso. Manifiesto que los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen antecedentes de los actos que fundamentan mi demanda, son los siguientes hechos y consideraciones de derecho."
SEGUNDO. En la demanda se señalaron como antecedentes los siguientes:
"1. Como está acreditado y lo expresé en el proemio de este escrito, soy Presidente Constitucional del Municipio de Petatlán, Estado de Guerrero y representante legítimo del Municipio, en términos del acta de sesión de Cabildo de fecha 26 de octubre del año en curso. 2. Tal como se acreditará con el informe que se sirva rendir el H. Congreso del Estado de Guerrero, mediante acuerdo de fecha 19 de septiembre del año en curso y notificado al suscrito el día 20 del mismo mes y año, fui emplazado a juicio de revocación de mandato, radicándose al efecto el expediente número JSRC/LVII/012/200 (sic). 3. Este procedimiento atenta contra la institución del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en tanto el fundamento legal para llevar a cabo el juicio de revocación y suspensión de mandato no es acorde a la voluntad plasmada en los artículos 14, 16, 41, 115, fracción I, párrafo tercero y 133 de la Constitución Federal mexicana, corriéndose el riesgo y temor fundado de que tal procedimiento sirva de base para burlar la voluntad del pueblo dada al emitir su voto y dejarlo sin los representantes que él mismo eligió, podría ser la totalidad del Ayuntamiento municipal, la institución del presidente, del síndico y de los regidores. 4. En el procedimiento de revocación de mandato que se ha iniciado, se me pretende juzgar aplicándose al efecto los artículos 94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, preceptos que considero contravienen los artículos 14, 16, 41, 115, fracción I, párrafo tercero y 133 de la Constitución Federal mexicana, lo que me obliga a nombre de mi representada, a ejercitar la acción intentada por las razones que enseguida expreso."
TERCERO. Los conceptos de invalidez que adujo la parte actora, son los siguientes:
"I. El H. Congreso del Estado de Guerrero, basado en los numerales 94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero en vigor, pretende infundada e inmotivadamente revocar al presidente Constitucional del Municipio de Petatlán, Guerrero, que es el suscrito, el mandato que en elecciones libres y legítimas le otorgó el pueblo de Petatlán, Guerrero, traduciéndose este acto de aplicación de la ley que se impugna en el propio procedimiento de revocación de mandato que consta en el expediente que ya he referido. En efecto, el acto de aplicación de la ley que se cuestiona, así como la ley y preceptos de la misma que considero inválidos, causa agravios a la institución del Municipio que represento, a la institución del presidente municipal, del síndico, de los regidores, en sí del Ayuntamiento municipal, ya que los normativos 94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, fueron hechos a modo y conveniencia de la demandada, H. Congreso Local del Estado de Guerrero, en tanto que como claramente se observa, los artículos 94 y 95 impugnados disponen que el Congreso del Estado por mayoría de sus miembros podrá suspender Ayuntamientos o revocar el cargo o el mandato a los miembros del Ayuntamiento, normatividad que contraviene flagrantemente el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal mexicana, ya que este último dispuso que las Legislaturas Locales por acuerdos de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convenga. Como es notable, los artículos 94 y 95 cuestionados no son congruentes con el artículo 115 que nos ocupa, ya que el Constituyente dispuso que para el procedimiento que tratan tales dispositivos, la controversia se resolviera por medio de las dos terceras partes del Congreso Local, mientras que en contravención los artículos 94 y 95 disponen lo contrario, es decir, no las terceras partes, sino por mayoría de miembros del Congreso, ante tal contradicción ha lugar a la presente controversia constitucional, a efecto de que los artículos 94 y 95 de la ley orgánica que nos ocupa sean declarados inconstitucionales, inválidos y nulos, ya que no debe permitirse que sigan en vigencia, puesto que contravienen nuestra máxima ley del país y pueden dar lugar a decisiones infundadas, inmotivadas y totalmente ilegales. II. De igual modo, el acto de aplicación de la ley que se cuestiona, así como la ley y preceptos de la misma que considero inválidos, causan agravios a la institución del Municipio que represento, a la institución del presidente municipal, del síndico, de los regidores, en sí del Ayuntamiento municipal, ya que los normativos 94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, fueron hechos a modo y conveniencia de la demandada, H. Congreso Local del Estado de Guerrero, en tanto que como claramente se observa, los artículos 94, 95 y 95 bis impugnados, no previenen ni califican de graves las causas que darían lugar a la suspensión de Ayuntamientos, declaración de que éstos han desaparecido, suspensión o revocación de mandato de algunos de sus miembros al no haberse estipulado lo anterior, los preceptos impugnados contravienen el párrafo tercero, fracción I, del artículo 115 de la Constitución Federal mexicana, pues en tanto este dispositivo de nuestra Carta Magna instruye al legislador local sobre la forma y modo en que deben proceder las sanciones que contempla, el Congreso Local legisló a su modo y conveniencia no acatando la orden del Constituyente, sino haciendo las cosas a su leal saber y entender, así al especificar en los preceptos impugnados causales que no reúnen los requisitos constitucionales, como al no distinguir qué causales originan una suspensión y cuáles una revocación, se contraviene el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal mexicana, ya que este último dispuso que las Legislaturas Locales, por acuerdos de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. Como es notable, los artículos 94 y 95 cuestionados no son congruentes con el artículo 115 multicitado, ya que el Constituyente dispuso terminantemente que para el procedimiento que tratan tales dispositivos, la Legislatura Local previamente señalaría esas causas graves, situación que a la fecha no se cumple, ante tal contravención ha lugar a la presente controversia constitucional, a efecto de que los artículos 94 y 95 de la ley orgánica que nos ocupa sean declarados inconstitucionales, inválidos y nulos, ya que no debe permitirse que sigan en vigencia, puesto que contravienen nuestra Máxima Ley del país y pueden dar lugar a decisiones infundadas, inmotivadas y totalmente ilegales. III. En efecto, a la fecha la Legislatura Local del Estado de Guerrero no ha creado ordenamiento legal alguno en donde se califiquen, clasifiquen, determinen y prevengan con precisión las causas graves por las que el Congreso del Estado de Guerrero podría suspender o revocar el mandato a alguno o algunos de los miembros de un Ayuntamiento, todo lo cual causa agravios a la institución que represento. IV. Estimo violados en agravio de la institución que represento, los artículos 14, 15, fracción I, párrafo tercero, 16, 41 y 133 de la Constitución Federal mexicana, que a la letra dicen (se transcriben). V. En el procedimiento de revocación de mandato esgrimí los siguientes agravios y alegatos, los cuales me permito transcribir y solicitar se me tengan aquí por reproducidos, pues en ellos se desglosa la ilegalidad de los artículos 94, 95 y 95 bis de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero. Bajo el contexto anterior, si bien conforme al artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política mexicana, la Legislatura Local es la autoridad competente para conocer y resolver sobre la suspensión de Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, también es cierto que sobre el particular, la emisión de un acto de tan alta magnitud, como es la revocación de mandato del presidente municipal, requiere que además de ser debidamente fundado y motivado sea de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, situación que en la especie no podría suceder, en tanto, en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política del Estado de Guerrero ni en la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero existe precepto alguno que previamente enumere, describa y señale causas o conductas calificadas como graves, cuáles engendran una suspensión y cuáles una revocación, como fue el deseo del Constituyente. Válgase la redundancia, por mandato del Constituyente y disposición constitucional, se delegó esa facultad a la Legislatura Local y demás ordenamientos emanados de ésta para que en tiempo y forma se reglamentara sobre la suspensión de Ayuntamientos, declaración de que éstos han desaparecido y suspensión o revocación del mandato a alguno de sus miembros, facultándose a la ley local, como ya se dijo, para que legalmente calificara y previniera con precisión esas causas o conductas que considerara graves, causas y conductas graves que hasta la fecha la Legislatura Local y las leyes secundarias que de ella emanan no han especificado, originándose así en el caso concreto una causal de improcedencia de la acción ejercitada debido a su falta de motivación y fundamentación, por desacato al orden constitucional, sin que esa omisión y falta de calificación de gravedad otorgue, en consecuencia, facultades al Congreso del Estado para que ante esa falta, oficiosamente se abrogue el derecho y la facultad de hacerlo en rebeldía de la ley correspondiente y bajo su libre arbitrio, habida cuenta que ello equivaldría a contravenir las disposiciones del Constituyente, quien ordenó que fuera precisamente la Legislatura Local quien en ley, con toda precisión, señalara cuáles debían ser las causas graves que ameritaran las sanciones que nos vienen ocupando, en concreto la revocación de mandato. No es óbice para lo anterior, que la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Guerrero, en sus artículos 94, 95 y 95 bis, reglamenten lo relativo a la suspensión de Ayuntamientos y sus miembros, declaración de que éstos han desaparecido o revocación del mandato de alguno de sus miembros y normen parcialmente la sustanción (sic) del procedimiento que deba darse para ese fin, habida cuenta que ello no suple la deficiencia sustancial que nos ocupa, en tanto que, en tales preceptos, sólo se advierten simples causales de suspensión, revocación del cargo o el mandato a los miembros del Ayuntamiento, que a la postre no pueden considerarse como graves por no estar así catalogadas por la propia ley de la materia, luego entonces se concluye que en donde la ley no distingue no cabe hacer distinción, principio general de derecho que fue inobservado por el legislador. Curiosamente, en las diversas causales de revocación de mandato, así previstas en los numerales supracitados, la misma ley orgánica de aplicación las limita incuestionablemente a que éstas sean graves, de ahí que sea correcto concluir que lo preceptuado por los artículos 94 y 95 de la codificación orgánica municipal no purga la falta sustancial de que adolece la Constitución Política del Estado de Guerrero y la propia ley orgánica, relativa a la omisión del señalamiento con toda precisión de cuáles debían ser las causas graves que pudieran ameritar la suspensión o revocación de mandato. Habiendo disposición expresa en la Constitución Federal mexicana, concretamente en el arábigo 115, fracción I, párrafo tercero, sobre las formalidades esenciales del procedimiento que regula la suspensión y revocación de mandato, no es permisible a la Legislatura Local, aun dentro de juicio y erigida en Gran Jurado, hacer uso de su arbitrio personal, para determinar qué violaciones, causas o conductas son graves, ni tal o cual son constitutivas de suspensión o revocación, pues la Suprema Ley del país dispuso muy claramente que sería la ley local quien prevendría esas causas graves, obrar en sentido contrario sería en detrimento de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y de justicia tuteladas en el marco constitucional, y el acto legislativo llevado a cabo de esa manera sería nulo a la luz de los artículos 14, 16, 41 y 133 del normativo constitucional que nos ocupa. Por mandato del artículo 14, párrafo tercero, de nuestra Carta Magna, en materia penal y aun en cualquiera otra materia del derecho, nadie debe ser sancionado por simple analogía y aun por mayoría de razón, imponiéndole con manifiesta falta de motivación y fundamentación penas o sanciones que no estén decretadas por una ley exactamente aplicable al asunto de que se trata; me explico, el artículo 20, fracción I, de la Constitución Federal mexicana expone que cuando se trate de delitos graves el inculpado no tiene derecho a la concesión de la libertad provisional bajo caución, al respecto y como debe ser, la norma reglamentaria y secundaria, en su artículo 70 del Código Procesal Penal del Estado facilitó y permitió la aplicación de ese precepto al señalar con precisión cuáles son esos delitos graves a los que la norma constitucional se refiere y sobre los que prohíbe el beneficio de la libertad provisional bajo caución, lo que no acontece en el caso que se trata. ‘Artículo 70. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, los siguientes: homicidio, previsto en los artículos 103, 104 y 108; ... secuestro, señalado por los artículos 128 y 129; ...’. Al no haberse precisado, señalado, clasificado y calificado con claridad, cuáles son las causas o conductas consideradas graves que originan una suspensión o revocación de mandato y cuáles conductas originan únicamente la suspensión de este mandato, el legislador local se encuentra impedido jurídicamente para aplicar la hipótesis de revocación y suspensión de mandato, ya que si el legislador federal dispuso que las conductas graves se determinan previamente en ley, fue precisamente para evitar que por cuestiones políticas o de diversa naturaleza, la Legislatura Local tergiversando el espíritu de la norma constitucional en cuestión, incurriera en tentaciones o en excesos, como podría ser que por interés de la mayoría o inclusive de las dos terceras partes del Congreso, se calificara como graves a conductas que en verdad no lo son y como no graves a conductas que en realidad lo son, lo que redundaría en una anarquía en el arbitrio legislativo y quizás en el abuso del sentido común y la fuerza mayoritaria en el seno de la Legislatura Local en beneficio de intereses mezquinos, que no hace nada bien a la buena fe de las instituciones. Bajo el contexto anterior, conviene precisar que los dispositivos 41 y 133 de la Constitución Federal mexicana, quienes establecen la supremacía constitucional, advierten que las Constituciones Particulares de los Estados y las leyes que de ellas emanen en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, que la Constitución Federal será la Ley Suprema de toda la nación y que los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución a pesar de las disposiciones en contrario que puedan existir en las Constituciones o leyes de los Estados, de suerte que, aun cuando la ley orgánica municipal, en sus artículos 94 y 95 establece que el Congreso del Estado, por mayoría de sus miembros, podrá suspender Ayuntamientos y sus miembros revocar el cargo o mandato, debe precisarse que tal ordenamiento es inaplicable en tanto contradice el espíritu legal del artículo 115 de la Carta Magna, que en lo que interesa expone: ‘Artículo 115. ... Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.’ Como es de observarse, para suspender o revocar el mandato de un miembro del Ayuntamiento, la Ley Suprema establece que deben decidirlo ‘las dos terceras partes de los integrantes del Congreso y no la mayoría de sus miembros’ como inexacta y contrariamente lo previene la ley orgánica municipal, en esa medida lo estipulado al respecto por los numerales 94 y 95 al pugnar con el texto constitucional correlativo, carecen de aplicación. Bajo esa tesitura, tampoco es admisible la aplicación de los ordinarios de examen para fundamentar y motivar una resolución en donde el sustento ineludible de la misma debe ser la comisión de una conducta o causa calificada previamente como grave por la ley local, por la simple y sencilla razón de que esas prevenciones son a la fecha inexistentes, no hay norma a ese respecto, la fracción XXVI del artículo 47 de la Constitución Política de Guerrero reitera que la suspensión o revocación de mandato a alguno de los miembros del Ayuntamiento debe ser conforme a las hipótesis previstas y al procedimiento de la ley correspondiente, en este caso el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, lo que nos da la razón en todos y cada uno de los comentarios que se vienen esgrimiendo. Ante la inexistencia del normativo correspondiente, al no existir fundamento legal específico al respecto, sea porque la Legislatura Local no haya cumplimentado la instrucción del Constituyente o porque habiéndolo hecho lo haya llevado a cabo defectuosamente, la verdad es que las causales así previstas en la ley orgánica municipal del Estado, para la suspensión o revocación de mandato, no son en nada alguna de aquellas causales que previó el Constituyente, es decir, aquellas causales que el Constituyente estimó como constitutivas de suspensión o revocación de mandato, debían ser graves y previamente calificadas así por las propias Legislaturas Locales, cabe señalarse que aun cuando en la ley orgánica multicitada existen causales para la suspensión y revocación de mandato, éstas no reúnen los requisitos y características de las previstas por el Constituyente, así las cosas la Legislatura Local al establecerlas se apartó de la intención del legislador federal, lo hizo a su manera, a su libre saber y entender y, por ende, los artículos 94 y 95 de la ley orgánica infinidad de veces invocada, opera en contradicción del párrafo tercero de la fracción I del artículo 115 de la Constitución Federal mexicana, en tanto ahí se específica muy claramente porqué las características y la forma en que debe procederse a la suspensión o revocación de mandato, formalidad que la Legislatura Local desatiende y, como ya se dijo, obra a su libre albedrío, señalando causales ajenas, impropias a las que le impuso el Constituyente, en razón de que previamente no específica cuáles son las conductas graves constitutivas de suspensión o revocación de mandato, tal desacuerdo con nuestra máxima Ley Federal, conforme a los artículos 41 y 133 de la Constitución Política mexicana, se sanciona con inaplicabilidad de la ley opositora imponiéndose al respecto la obligación de atender al párrafo tercero, fracción I, del artículo 115 constitucional, pues éste dispone que previamente la Legislatura Local debe señalar con precisión las causas graves que originen la suspensión o revocación de mandato ante la ausencia de esa exacta y oportuna reglamentación, son inaplicables al caso concreto, por inconstitucionales, los artículos 94 y 95 de la ley orgánica municipal del Estado de Guerrero y, en consecuencia, improcedente la acción de revocación de mandato intentada por el síndico procurador municipal. Sobre el aspecto toral que nos distrae, la doctrina constitucional introduce textualmente el siguiente criterio. ‘También se indujo a las entidades federativas para que en sus Constituciones Locales y leyes relativas, señalasen con toda precisión cuáles debían ser las causas graves que pueden ameritar el desconocimiento de los poderes municipales o de los miembros de los Ayuntamientos.’. Consultable en la página 535, párrafo cuarto, de la obra denominada La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Comentada. Editada por la Procuraduría General de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México 94. Quinta edición al cuidado de Raúl Márquez Romero. No sobra decir que en los supuestos en los que la Legislatura Local sustenta la suspensión y revocación de mandato, en concreto las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 94 y fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI (sic) de la ley orgánica municipal del Estado, no se especifican cuáles causales son constitutivas de suspensión y cuáles de revocación; hecho que agravia garantías individuales del activo, en tanto ello ocasiona un estado de incertidumbre en la aplicación de la ley al no haberse proporcionado al jurado legislativo el instrumento legal para sancionar en justicia esas conductas de controversia, pues en un supuesto no concedido, se podría llegar al extremo y manifiesto error de calificar como constitutiva de suspensión una causal que en verdad sea constitutiva de revocación y calificar como constitutiva de revocación una causal que en realidad sea constitutiva de suspensión, lo que sería grave en perjuicio del derecho. Así pues, al dejarse a salvo en la misma ley orgánica municipal la calificación de gravedad y clasificación de esas conductas, que especifica en los artículos 94 y 95, se genera un estado de indefensión y de incertidumbre legal que constitucionalmente es intolerable, cuanto más que al Congreso del Estado no le fue conferida constitucionalmente facultad procesal alguna para que dentro de la sustanciación del juicio de suspensión o revocación de mandato, llevara a cabo la calificación y clasificación de esas conductas graves o no, sino como ya se ha explicado en antelación, debió haberse legislado concreta y previamente sobre la determinación, calificación y clasificación de esas conductas graves, lo que a la fecha es inexistente."
CUARTO. Los preceptos que la parte actora considera violados son el 14, 16, 41, 115, fracción I, párrafo tercero y 133 de la Constitución Federal.
QUINTO. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil tres, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional bajo el número 102/2003, y por razón de turno designó como instructor al Ministro Juan Díaz Romero.
Mediante proveído de tres de noviembre de dos mil tres, el Ministro instructor admitió la demanda de controversia constitucional, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. El Congreso del Estado de Guerrero, al formular su contestación manifestó, en síntesis, lo siguiente:
1. Que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues Francisco Javier Rodríguez Aceves carece de facultades para representar al Municipio de Petatlán, Guerrero, ya que la representación jurídica del mismo corresponde a los síndicos procuradores, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero; de ahí que no se surta lo que dispone el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, que establece los medios para acreditar la representación y capacidad de los promoventes.
Que Francisco Javier Rodríguez Aceves, presidente municipal de Petatlán, Guerrero, comparece en la presente controversia constitucional en representación de dicho Municipio, sin que las normas que rigen la organización, funcionamiento y atribuciones del Ayuntamiento y sus integrantes, le confieran la facultad de representar al ente público, máxime que en este asunto no se admite ninguna forma diversa de representación a la prevista en el primer párrafo del artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia.
Que "en el expediente de suspensión o revocación del cargo o mandato, el denunciante es el síndico municipal, por lo que pareciera tener un conflicto de intereses, empero la denuncia contra el presidente municipal se funda en presuntas violaciones a diversas normas que perjudican al Municipio, por lo que si el síndico tuviere un conflicto de intereses, no menos cierto resulta que el presidente municipal también los tiene, en razón de que es el servidor público denunciado dentro del expediente de revocación o suspensión del cargo, ello es evidente cuando se advierte que a instancia de él mismo, obtuvo un acuerdo del Cabildo por el cual se le confiere poder, representación y autorización legal para que hiciera valer la acción constitucional que nos ocupa, mismo que consta en el acta de fecha dieciséis de octubre de 2003 ..."
Que se reitera que la representación del Municipio le corresponde exclusivamente al síndico procurador, quien tiene la representación originaria, no así al presidente municipal, tanto porque la supuesta representación que ostenta deriva de un simple acuerdo de Cabildo que carece de fundamento legal como por el conflicto de intereses que tiene, pues en el juicio de revocación o suspensión del cargo o mandato, resulta ser el servidor público denunciado, esto es, la persona que resultará directamente afectada con la revocación, en su caso. Que ello es así, que presentó demanda de garantías ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, el que se radicó con el número 1234/2003, en el que reclamó la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, en particular su artículo 95, mismo que fue sobreseído por sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil tres y en su contra interpuso recurso de revisión.
Que por lo anterior, el presente asunto debe sobreseerse, pues existe una causa de improcedencia en términos del artículo 11 en relación con los diversos 20, fracción II y 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia.
Que al respecto son aplicables la jurisprudencia plenaria y la tesis de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubros: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES PARA REPRESENTAR AL ENTE PÚBLICO LEGITIMADO EN LA CAUSA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO." y "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18230-09916041/controversia-constitucional-debe-sobreseerse-en-ella-al-actualizarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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