SUSPENSIÓN DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, MODIFICADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 4 DE FEBRERO DE 2004, ASÍ COMO EL TRANSITORIO PRIMERO DE DICHO DECRETO, POR NO SATISFACERSE EL REQUISITO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 397/2004. COCI HOMES, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-No es materia del presente recurso la negativa a conceder la suspensión definitiva solicitada en contra del refrendo, firma y publicación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de febrero de dos mil cuatro, mediante el cual fueron reformados y adicionados los artículos 1o., fracción IX, 10, párrafo segundo, 13, 24, fracciones XVI y XXI, 25 bis, 73, párrafo segundo, 73 bis, 73 ter, 82, 85, 86, 86 ter, fracción IV, 86 quater, 87, 87 bis, 87 ter, 92, 92 bis, 93, 94, 96, 97 bis, 97 ter, 97 quater, 98, 98 bis, 114, 114 bis, 114 ter, 117, 119, 121, párrafo tercero del 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128 bis, 128 ter, 128 quater, 129, 129 bis, 131, 132, 133 y el transitorio primero de la Ley Federal de Protección al Consumidor, atribuidos a los secretarios de Energía y de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal, contenida en la resolución recurrida, en virtud de que tales autoridades negaron la existencia de los actos a ellos atribuidos y la quejosa no desvirtuó esa circunstancia, toda vez que no perjudica a la autoridad aquí recurrente.
SEXTO.-En lo que es materia de la revisión, son fundados los agravios formulados por la autoridad recurrente.
En primer término, precisa destacar que el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados a la encargada de la Oficina Receptora de la Procuraduría Federal del Consumidor, en Mazatlán, Sinaloa, entre otros, la aplicación de los artículos 1o., fracción IX, 10, párrafo segundo, 13, 24, fracciones XVI y XXI, 25 bis, 73, párrafo segundo, 73 bis, 73 ter, 82, 85, 86, 86 ter, fracción IV, 86 quater, 87, 87 bis, 87 ter, 92, 92 bis, 93, 94, 96, 97 bis, 97 ter, 97 quater, 98, 98 bis, 114, 114 bis, 114 ter, 117, 119, 121, párrafo tercero del 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128 bis, 128 ter, 128 quater, 129, 129 bis, 131, 132, 133 y el primero transitorio de la Ley Federal de Protección al Consumidor reformados y adicionados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de febrero de dos mil cuatro, para el efecto de que hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto, las cosas permanecieran en el estado en que actualmente se encontraban y no se aplicaran en perjuicio de la parte quejosa las disposiciones legales que tildaba de inconstitucionales.
Para llegar a dicha conclusión, el Juez de amparo señaló que los preceptos reclamados con su sola entrada en vigor, le causaban perjuicios de imposible reparación a la quejosa; que constituían actos razonablemente futuros, respecto de los cuales se debía conceder la suspensión definitiva solicitada; que con ello no se contravenían disposiciones de orden público e interés social; que los preceptos cuestionados sólo involucraban a un sector al que pertenecía la quejosa y a las personas que contrataran con la misma, mas no se privaba a la colectividad de algún beneficio que otorgara la ley; asimismo, indicó que con dicha medida no se daban efectos restitutorios que eran propios del fondo del juicio de garantías; que el hecho de suspender la aplicación de los numerales combatidos llevaba consigo no causar daños de difícil reparación para la quejosa, de los que no podría restituírsele en caso de un fallo favorable, y que en caso de que fuera adverso, la quejosa tendría que soportar las consecuencias de no haber cumplido en su oportunidad con las disposiciones encaminadas a proteger los intereses de la clase constructora y consumidora en materia inmobiliaria y de autofinanciamiento de bienes inmuebles.
Sobre tales premisas, la autoridad recurrente esencialmente señaló en sus agravios, que el Juez de Distrito transgrede en su perjuicio el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que determinó conceder a favor de la quejosa la medida cautelar, sin que se haya cumplido con el requisito de procedibilidad establecido en la fracción II del numeral en cita, que establece que se concederá la medida suspensiva solamente cuando la misma no ocasione perjuicio al interés social y no transgreda disposiciones de orden público; que la quejosa reclama de esa autoridad señalada como responsable la aplicación de diversos preceptos del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero del año en curso; que dicha normatividad tiende a velar por el interés de la colectividad, además de ser de orden público, porque emana de la misma voluntad general.
Asimismo, sostiene que al concederse la suspensión se ven paralizados los procedimientos que lleva a cabo la procuraduría, encaminados a procurar los intereses de las personas que se encuentren en calidad de consumidores, al haber adquirido un bien o un servicio; que la sociedad está interesada en que se cumplan esta clase de normas, pues a través de ellas se garantizan los derechos que les asisten como consumidores, logrando así que los bienes o servicios por ellos adquiridos cumplan con las características descritas por sus proveedores, así como que éstos no eludan la responsabilidad una vez entregados los bienes o prestados los servicios; que el Juez no analizó debidamente el cumplimiento de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, al momento de pronunciarse sobre la suspensión definitiva, pues de haberlo hecho hubiese considerado que se originaría perjuicio al interés social; que el establecimiento de las facultades a favor de la Procuraduría Federal del Consumidor, se traduce en una salvaguarda imprescindible para el público consumidor en general, que al verse anulada mediante la medida cautelar otorgada, evidentemente les ocasiona una daño irreversible en sus derechos y que por ello no se cumple con el requisito de procedibilidad de la medida cautelar, contenido en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, ya que la concesión de la suspensión transgrede disposiciones de orden público y afecta el interés social.
Como ya se adelantó, dichos motivos de inconformidad son esencialmente fundados.
El artículo 107 de la Constitución Federal establece, entre otras cosas, en su fracción X, que para suspender los actos reclamados en los juicios de amparo deberá vigilarse que no se contravengan disposiciones de orden público.
A su vez el artículo 124 de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el agraviado.-II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.-Se considerará, entre otros casos, que si se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando, de concederse la suspensión se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares.-III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.-El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
De lo anterior se advierte que la fracción II del citado artículo 124 de la Ley de Amparo, exige entre otros requisitos para decretar la suspensión, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Respecto del interés social o público a que alude el artículo en cita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, sostuvo la tesis del rubro, texto y datos de localización siguientes:
"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.-De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Informe 1973, Parte II. Tesis 8. Página 44).
De la citada jurisprudencia se observa que se estableció que el orden público y el interés social resultan conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución.
Luego, en virtud de que los numerales reclamados de la Ley Federal de Protección al Consumidor, someten al gobernado a las obligaciones procesales que en ella se establecen, así también someten a aquellos sujetos inconformes con una acción de comercio a la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor, contrario a lo estimado por el Juez de amparo, con el otorgamiento de la suspensión solicitada en relación con las disposiciones legales que se impugnan de inconstitucionales, se afectaría el funcionamiento de la Procuraduría Federal del Consumidor, encargada de velar por los derechos y cultura del consumidor, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, de tal manera que se afectaría el orden público al permitir a la quejosa que acuda a los tribunales previamente establecidos cuando así convenga a sus intereses y se le permita intentar cualquier acción judicial, no sometiéndose a la jurisdicción de la Procuraduría Federal del Consumidor, cuando de la propia ley impugnada se desprende que se estimó necesario reformar y modificar de forma generalizada para direccionar y concentrar la equidad, certeza y seguridad jurídica de las relaciones entre proveedores y consumidores; situación que en todo caso deberá ser analizada al dirimirse la cuestión de fondo en el juicio principal, debiendo en este incidente únicamente prevalecer el interés social por encima del particular.
Por tanto, por ser la Procuraduría Federal del Consumidor y sus órganos administrativos, los únicos encargados de promover y proteger los derechos del consumidor, la suspensión de sus disposiciones a una persona en lo particular, traería como consecuencia el detrimento en pro de la equidad en las relaciones entre proveedores y consumidores, situación ésta que es una cuestión de orden público que afectaría los intereses de la comunidad que requiere de esta tutela por parte de la institución en cita; de ahí que, contrariamente a lo estimado por el Juez de amparo, de decretar la suspensión que solicita la quejosa, se estarían menoscabando intereses de la sociedad, mismos que se encuentran por encima de los del particular y respecto de los cuales los tribunales federales están obligados a vigilar preferentemente en beneficio de la sociedad; es decir, que al decretar esa medida, se ocasionaría un daño mayor reflejado en el resto de la población que requiere de la tutela establecida en la Ley Federal de Protección al Consumidor.
No se desatiende que el Juez de amparo también haya argumentado para conceder la medida cautelar, que el hecho de suspender la aplicación de los numerales combatidos, llevaba consigo no causar daños de difícil reparación a la quejosa, de los que no podría restituírsele en caso de un fallo favorable, y que en caso de que fuera adverso, la quejosa tendría que soportar las consecuencias de no haber cumplido en su oportunidad con las disposiciones encaminadas a proteger los intereses de la clase constructora y consumidora en materia inmobiliaria y de autofinanciamiento de bienes inmuebles; sin embargo, aun cuando la suspensión de los actos reclamados es una medida cautelar cuyo presupuesto es tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo cierto es que el examen que se haga del acto reclamado, deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión (que son los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo), pues si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir de la parte quejosa, deberá negarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público y del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.
En esas condiciones, debe concluirse que la concesión de la suspensión definitiva que otorgó el Juez de amparo, contra actos de la encargada de la Oficina Receptora de la Procuraduría Federal del Consumidor en Mazatlán, Sinaloa, consistentes en la aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, lleva consigo una afectación a disposiciones de orden público e interés social; por tanto, al no cumplirse con el requisito contenido en el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es revocar la interlocutoria impugnada en revisión, donde se concedió la medida cautelar por cuanto hace a la autoridad recurrente antes mencionada.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se revoca la interlocutoria recurrida.
SEGUNDO.-Se niega a la quejosa Coci Homes, Sociedad Anónima de Capital Variable, la suspensión definitiva de los actos reclamados a la Encargada de la Oficina Receptora de la Procuraduría Federal del Consumidor en Mazatlán, Sinaloa, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución.
Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución, vuelvan los autos del incidente de suspensión al Juzgado de Distrito que los remitió y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Raymundo Veloz Segura (presidente), Luis Rubén Baltazar Aceves y Silverio Rodríguez Carrillo, bajo la ponencia del último de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18515-97501916/suspension-definitiva-es-improcedente-cuando-se-reclama-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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