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Modo: Corpus Pro

TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL ARTÍCULO 15-B DE LA LEY QUE REGULA EL IMPUESTO RELATIVO, EN VIGOR A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2003, QUE ESTABLECE UN FACTOR DE AJUSTE APLICÁNDOSE LA ACTUALIZACIÓN QUE SE OBTIENE CONFORME AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 329/2004. · Registro digital (IUS): 18518
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: MARÍA GUADALUPE ARANDA FRANCO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, , Pág. 332.

AMPARO EN REVISIÓN 329/2004. MARÍA GUADALUPE ARANDA FRANCO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO. Las consideraciones necesarias para resolver esta instancia son las que a continuación se sintetizan:

A) Argumentos centrales del Juez de Distrito.

1. Que debe sobreseerse en el juicio respecto de los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la firma y el refrendo del decreto mediante el cual se mandó publicar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en específico el artículo 15-B, en atención a que tales actos fueron negados, sin que el quejoso hubiera desvirtuado dicha negativa.

2. Que la quejosa en su primer, segundo y tercer conceptos de violación reclama que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos viola en su perjuicio las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias consagradas en la fracción IV del artículo 31 constitucional, en virtud de que los automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte de los denominados "taxis" reciben un tratamiento tributario distinto, y tienen una base gravable diversa a la de los demás automotores destinados al servicio particular, no obstante que los dos tipos de vehículos cuentan con las mismas características para ser objeto del tributo.

3. Que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos establece el procedimiento a seguir para obtener el impuesto a pagar para determinados vehículos, entre ellos los denominados "taxis"; y que los automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados "taxis", así como los que presten tal servicio, calcularán el impuesto de mérito de acuerdo a un factor que en porcentaje resulta ser menor a otro de iguales características.

4. Que por tanto, se advierte que dentro de ese régimen tributario se establece cierto beneficio únicamente para aquellos contribuyentes que sean tenedores o usuarios de vehículos que presten un servicio público, es decir, de los vehículos denominados "taxis", que consiste en que el valor total del automóvil se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, la cantidad obtenida se multiplicará por el factor de actualización y el resultado obtenido se multiplicará por 0.245%.

5. Que para determinar si el beneficio otorgado únicamente a las personas que tengan vehículos destinados a proporcionar el servicio público de transporte cumple con los principios de proporcionalidad y equidad, debe acudirse a las exposiciones de motivos enviadas en mil novecientos noventa y siete y en dos mil para reformar la ley impugnada; resultando que de una correcta interpretación de su contenido se colige que con el propósito de apoyar la reactivación de la actividad del transporte destinado a la carga y pasajeros, el Ejecutivo propuso al Congreso de la Unión la reducción del 50% en las tasas aplicables a dichos vehículos, es decir, que aun teniendo los vehículos destinados al servicio particular y los del servicio público las mismas características y valor comercial de agencia, se creó una categoría, clase o rama en la que se da un tratamiento diferente entre una y otra.

6. Que ese trato diferente se considera constitucional, pues tiene sustento en bases objetivas, toda vez que existe una causa, motivo o razón de índole económico y social que justifica esa diferencia.

7. Que la circunstancia establecida por el Ejecutivo en la exposición de motivos no obedece a cuestiones caprichosas o arbitrarias, o creadas únicamente para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, pues el objetivo es apoyar la reactivación del servicio de transporte de carga y pasajeros por ser una cuestión de orden social y para fomentar la economía.

8. Que además, la reforma para el ejercicio fiscal de dos mil tres del artículo impugnado sólo tuvo como objetivo el establecer con claridad el procedimiento para la determinación del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, tratándose de los que prestan el servicio público de transporte denominados "taxis", proponiendo la mecánica que se considera conveniente para tal efecto.

9. Que por tanto, es claro que la norma impugnada cumple con los principios de proporcionalidad y de equidad establecidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que existe una razón de índole social y económico para ubicar a los vehículos destinados al transporte público bajo un sistema de cálculo del impuesto reclamado diferente a aquellos que son destinados al servicio privado.

10. Que en tales condiciones, el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para el ejercicio fiscal de dos mil tres, no viola la garantía de equidad tributaria, por lo que procede negar el amparo solicitado.

B) El recurrente expresó como agravios, los que a continuación se resumen:

En el primer agravio:

1. Que la sentencia recurrida no está debidamente fundada y motivada, en virtud de que no se interpretan de manera adecuada los artículos 5o., fracción IV y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

2. Que el a quo interpretó erróneamente el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, resolviendo negar el amparo, pues considera que no viola la garantía de equidad tributaria, no obstante que hace una distinción indebida entre contribuyentes que están en la misma hipótesis normativa, al ser usuarios y poseedores de vehículos.

3. Que es claro que la causa por la que se le niega el amparo no se justifica, pues a pesar de que el legislador distinguió entre los diferentes sujetos con motivo de un supuesto apoyo en la reactivación del servicio de transporte de carga y de pasajeros, así como de fomento a la economía, esa diferenciación no encuentra sustento legal alguno que justifique el trato desigual a dos sujetos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, que son usuarios o tenedores de vehículos, provocando la infracción a la garantía de equidad tributaria.

4. Que en el caso, la sentencia recurrida viola lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en virtud de que el Juez de Distrito no comprendió que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos grava diferencialmente a los tenedores o usuarios de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados "taxis", de aquellos tenedores o usuarios ordinarios, al establecer una base gravable completamente distinta, aunque los contribuyentes pudieran estar en las mismas condiciones jurídicas.

5. Que por todo lo anterior, es claro que se vulnera lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con el 16 constitucional, toda vez que no se interpretaron adecuadamente los artículos 5o., fracción IV y 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos; y, por consecuencia, es claro también que las consideraciones por las que se negó el amparo son erróneas e ilegales, por lo que se viola la garantía de fundamentación y motivación debidas.

6. Que por lo anterior, resulta procedente revocar la sentencia recurrida para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

En el segundo agravio:

1. Que le causa agravio el hecho de que en la sentencia recurrida no se toma en cuenta la infracción cometida por el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos al principio de proporcionalidad tributaria, violándose de esa manera lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 16 constitucional.

2. Que de la lectura del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se puede apreciar que cuando se trate de automóviles usados, tanto de fabricación nacional como extranjeros, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se determina actualizando o indexando la inflación al monto del impuesto pagado en el ejercicio inmediato anterior, por los años de antigüedad del vehículo; y que al respecto, la Segunda Sala señaló, en la tesis que identifica, que el impuesto es inconstitucional por infringir el principio de proporcionalidad tributaria, dado que no se atiende a la capacidad económica de los contribuyentes, al no encontrarse el tributo en proporción al valor del vehículo, arrojando una mayor carga tributaria al usuario o tenedor de un vehículo usado que al que usa o tiene uno nuevo; y que tales argumentos, aplicados para el precepto vigente en mil novecientos noventa y siete, resultan aplicables al precepto en vigor actualmente, al contener los mismos vicios.

3. Que por lo anterior, es fundado su concepto de violación, en virtud de que el artículo reclamado no atiende a la capacidad económica de los contribuyentes, pues sujetos con menor capacidad económica son gravados con un impuesto mayor, puesto que los contribuyentes usuarios o tenedores de vehículos usados pagan un impuesto mayor que los usuarios o tenedores de vehículos nuevos.

4. Que por lo expuesto, es procedente revocar la sentencia recurrida y otorgarle el amparo, dada la clara violación al principio de proporcionalidad tributaria ocasionada por el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, que no fue debidamente interpretado en la sentencia recurrida, infringiéndose de esa manera lo establecido por el artículo 77 de la Ley de Amparo, en relación con el 16 constitucional; y que en esa virtud, si la sentencia recurrida carece de una debida fundamentación y motivación se le ocasiona un agravio, al dejarla en un claro estado de indefensión.

5. Que por lo anterior, procede revocar la sentencia recurrida, y que se le conceda el amparo solicitado.

En el tercer agravio se formulan argumentos tendientes a controvertir diversas consideraciones de legalidad, relativas a la falta de fundamentación y motivación del documento denominado "propuesta de declaración de impuestos".

C) Consideración de la resolución del Tribunal Colegiado necesaria para la total fijación de la litis.

Señaló que en atención a que de la lectura de la demanda de amparo se advertía que la recurrente planteaba la inconstitucionalidad del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente en dos mil tres, la competencia para su conocimiento correspondía a este Alto Tribunal, dado que no se surtía ninguno de los supuestos previstos en el Acuerdo Plenario 5/2001, para que correspondiera al Tribunal Colegiado.

D) Fijación de la litis.

La litis se constriñe a determinar si el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para dos mil tres, contraviene o no las garantías de equidad y de proporcionalidad tributarias, tuteladas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. Debe quedar firme el punto resolutivo primero de la sentencia recurrida, en el que se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que hace a los actos reclamados al secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la firma y el refrendo del decreto mediante el cual se mandó publicar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en específico el artículo 15-B, en virtud de que la recurrente no formula ningún agravio en contra de lo expuesto en el considerando segundo como sustento de dicho sobreseimiento.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de este Alto Tribunal:

"Octava Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Apéndice de 1995

"Tomo: VI, Parte SCJN

"Tesis: 471

"Página: 313

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente."

CUARTO. Los agravios hechos valer por la quejosa resultan infundados, de conformidad con las siguientes consideraciones:

En efecto, independientemente de si es o no correcta la consideración en la que el Juez de Distrito sustenta la determinación de que el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos no infringe las garantías de equidad y de proporcionalidad tributarias, consistente en que en la especie existe un fin extrafiscal que justifica el trato desigual que se da a los contribuyentes de ese tributo, lo cierto es que en la especie, el precepto legal impugnado no contraviene los referidos principios constitucionales, como se verá a continuación.

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.

Corroboran lo anterior las siguientes tesis de jurisprudencia que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen:

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 187-192, Primera Parte

"Página: 113

"PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."

"Séptima Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Volúmenes: 199-204, Primera Parte

"Página: 144

"IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución, establece los principios de proporcionalidad y equidad en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados recursos y uno inferior los de menores ingresos, estableciéndose, además, una diferencia congruente entre los diversos niveles de ingresos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, plazos de pago, etc., debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula."

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que para que un tributo sea proporcional es necesario que se respete la capacidad contributiva de los gobernados, esto es, que se atienda a su potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, tal como lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia que es del tenor literal siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: X, noviembre de 1999

"Tesis: P./J. 109/99

"Página: 22

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto."

Una vez precisado lo anterior, procede analizar si el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en vigor a partir del primero de enero de dos mil tres, transgrede o no la garantía de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A fin de estar en posibilidad de determinar esa cuestión, se estima necesario transcribir el contenido del artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en vigor a partir del primero de enero de dos mil tres, en el cual se señala lo siguiente:

"Artículo 15-B. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a los que se refieren los artículos 5o., fracción IV y 11, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste. Dicho factor será el que resulte de multiplicar el factor de actualización por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente:

Ver tabla 1

"Tratándose de automóviles de servicio particular que pasen a ser de servicio público de transporte denominados ‘taxis’, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos se calculará, para el ejercicio fiscal siguiente a aquel en el que se dé esta circunstancia, conforme al siguiente procedimiento:

"I. El valor total del automóvil establecido en la factura original o carta factura que hubiese expedido el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o empresas comerciales que cuenten con registro ante la Secretaría de Economía como empresa para importar autos usados, según sea el caso, se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla establecida en este artículo, y

"II. La cantidad obtenida conforme a la fracción anterior se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere este artículo; el resultado obtenido se multiplicará por 0.245%.

"El factor de actualización a que se refiere este artículo, será el correspondiente al periodo comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará el factor de ajuste en el Diario Oficial de la Federación, durante el mes de diciembre de cada año.

"Para los efectos de este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo."

De dicho numeral se desprende que tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, a los que se refieren los artículos 5o., fracción IV, y 11, excepto automóviles destinados al transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor de ajuste, el cual se obtendrá de multiplicar el factor de actualización por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente tabla:

Ver tabla 2

Bajo este orden de ideas, se pone de manifiesto que los contribuyentes del impuesto que posean vehículos de más de quince pasajeros o efectos, cuyo peso vehicular sea menor a quince toneladas (camiones, vehículos Pick-up, sin importar el peso vehicular, tractores no agrícolas quinta rueda, minibuses, microbuses y autobuses integrales cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular) a que hace referencia la fracción IV del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se encuentran obligados a determinar el monto del gravamen en cuestión, a partir del monto del impuesto causado en el ejercicio inmediato anterior, el cual se encuentra determinado en función del valor total del vehículo.

A fin de corroborar lo anterior, se estima necesario transcribir la parte conducente de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en la cual se señala:

"Artículo 5o. Tratándose de automóviles, omnibuses, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, el impuesto se calculará como a continuación se indica:

"...

"IV. Para automóviles nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o efectos cuyo peso bruto vehicular sea menor a 15 toneladas y para automóviles que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar el 0.245% al valor total del automóvil. Cuando el peso bruto vehicular sea de 15 a 35 toneladas, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil, por el factor fiscal que resulte de dividir el peso bruto máximo vehicular expresado en toneladas, entre 30. En el caso de que el peso sea mayor de 35 toneladas se tomará como peso bruto máximo vehicular esta cantidad."

Por tanto, los contribuyentes del impuesto que tengan o usen este tipo de vehículos, tal como sucede con la parte quejosa, se encuentran obligados a determinar el monto del impuesto a pagar en función del valor total del vehículo, el cual se encuentra definido en el artículo 1o. A de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos como el precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones, sin incluir los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo, al señalar:

"Artículo 1o. A. Para efectos de esta ley, se entiende por:

"...

"II. Valor total del vehículo, el precio de enajenación del fabricante, ensamblador o distribuidor al consumidor, incluyendo el equipo opcional común o de lujo, el impuesto al valor agregado y las demás contribuciones que se deban cubrir por la enajenación o importación, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

"En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo."

En tal virtud, se pone de manifiesto que los contribuyentes del impuesto determinarán el monto del impuesto a pagar en función del valor total del vehículo (establecido en la factura o carta factura expedida por el fabricante, ensamblador o distribuidor).

De esta forma, el monto del impuesto a pagar en cada uno de los ejercicios de que se trate estará en función del monto del impuesto pagado en el ejercicio fiscal inmediato anterior (cantidad ésta que estará en función del valor total del vehículo), multiplicado por el factor de ajuste, el cual se obtendrá de multiplicar el factor de actualización por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la tabla que señala el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

Así las cosas, uno de los elementos que se toman en cuenta para la determinación de la base gravable es el valor total del vehículo consignado en la factura, el cual pierde vigencia con el simple transcurso del tiempo, cuestión ésta que es reconocida por el propio legislador federal al momento de aplicar al monto del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior el factor de ajuste, con la finalidad de obtener una base gravable acorde con la riqueza que representa para el contribuyente en el momento en que se actualiza la hipótesis de causación del tributo.

En tal virtud, resulta incuestionable que la fórmula que prevé el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, para efectos de determinar la base del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, respeta la garantía de proporcionalidad tributaria que prevé la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a través de ella se atiende al valor promedio del bien cuya tenencia y/o uso es objeto del tributo.

Lo anterior es así, en virtud de que para efectos del cálculo del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos existe una base cierta, que es el valor del vehículo que aparece consignado en factura, del cual, una vez que se le aplican los diversos factores que prevé la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se obtiene el valor promedio del mismo, que es el que debe tomar en cuenta el legislador federal para efectos del pago del impuesto y no el relativo al valor de mercado del vehículo, toda vez que dicho valor depende de cuestiones variables, como podría ser el uso, kilometraje, estado de conservación, que sólo son relevantes al momento de venderlo o comprarlo.

En virtud de lo anterior, no es necesario que en el ordenamiento legal en comento se prevea mecanismo alguno que permita al contribuyente ajustar la base gravable de acuerdo a las condiciones particulares de su vehículo pues, como ya se dijo, el valor de factura del vehículo es el que constituye el elemento que sirve para la determinación de la base gravable del tributo, pues es a éste al que se le aplican los factores que prevé el ordenamiento legal en comento.

Una vez realizado lo anterior, procede analizar si el artículo 15-B de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos transgrede o no la garantía de equidad tributaria que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para tal efecto, se estima necesario precisar lo que este Alto Tribunal ha estimado, representa la garantía de equidad tributaria.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado en diversas tesis de jurisprudencia que la garantía de equidad exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que los regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de mane

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18518-43f3f830/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-articulo-15-b · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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