AGUA Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LOS DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE SUS REDES, O BIEN PARA MODIFICAR LAS CONDICIONES DE ÉSTAS, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 171/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen a la letra:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. ..."
Ley de Amparo
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los preceptos transcritos, ha estimado que para existir la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Así se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios cuya aparente contradicción se denuncia se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita.
Para tal efecto conviene destacar los antecedentes y consideraciones que informan las respectivas ejecutorias:
1. Alonso Belmond Olmedo demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de diversos actos, entre ellos, el artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, reformado el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, que establece los derechos por autorización para usar las redes de agua y drenaje.
2. De esa demanda conoció el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien la radicó con el número 281/2003-IV, y al dictar sentencia, por un lado, sobreseyó en el juicio respecto de unos actos y, por otro, concedió el amparo en contra del artículo 204-B reclamado, al considerar que infringe las garantías de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución.
3. Inconforme con esa sentencia, el secretario de Gobierno del Distrito Federal interpuso recurso de revisión registrado con el número RA 318/2003, en el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que mediante ejecutoria del dos de septiembre de dos mil tres, en la materia de la revisión revocó la sentencia recurrida y negó el amparo al quejoso, con base en las siguientes consideraciones:
"En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha sentado criterios distintos tratándose de derechos fiscales de naturaleza diferente, atendiendo al objeto real del servicio prestado por el ente público y que trasciende, tanto al costo del servicio como a otros elementos, e incluso a razones de tipo extra fiscal.
"El objeto real del servicio prestado, tratándose del estudio de una solicitud por el uso de las redes de agua y drenaje, y de la documentación técnica, administrativa y legal, no sólo atiende al acto en sí mismo considerado del estudio, esto es, no a la simple correlación entre el costo del servicio-monto de la cuota, sino también a los beneficios recibidos por los usuarios, a las posibilidades económicas de éstas y otras razones de tipo extrafiscal. De otra manera no se entendería que el legislador haya previsto diversas cuotas dependientes del destino y extensión del inmueble.
"En tales condiciones, es claro que el despliegue técnico que comprende diversos costos asociados a recursos humanos, materiales y financieros, tales como estudios ambientales, práctica de inspecciones oculares para verificar que la construcción a realizar o análisis correspondientes a la capacidad y tipo de descarga de agua, entre otros, que requiere realizar el órgano del Estado para verificar si procede o no otorgar la autorización, debe satisfacer condiciones de disponibilidad de agua, de demanda, conveniencia y, por lógica, deben realizar diversos actos materiales a fin de determinar la forma en que se prestará el servicio, la demanda de él, el costo de la captación, conducción y distribución de agua; no resulta lo mismo cuando se trata de un inmueble de cincuenta metros cuadrados, que de otro de mil metros cuadrados, por ejemplo, o cuando la construcción tiene un nivel que cuando tiene cinco, ni cuando tal construcción se destinará al uso habitacional o al uso comercial o de servicios. En cada caso las condiciones por cumplir por parte de los constructores son distintas y, por tanto, la verificación de los requerimientos técnicos que habrán de necesitarse para la conexión a las redes de agua y drenaje implican para el órgano del Estado un costo diverso.
"En esa medida, es claro que el costo de estudiar, tramitar y autorizar el uso de las redes de agua y drenaje depende del número de metros cuadrados de construcción y del número de metros cuadrados de estacionamiento, pues es diferente el estudio que se hiciere por el fin del uso del inmueble.
"Ahora bien, al haber quedado establecido que tratándose del cobro de cuotas de derechos derivados del estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el trámite de la obtención de la autorización para usar las redes de agua y drenaje, o modificar las condiciones de uso, tratándose de nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios y demás edificaciones de cualquier tipo, implica un despliegue técnico diverso, dependiente del destino del inmueble y de su superficie, se concluye, contrario a lo aducido por el Juez de Distrito, que el precepto controvertido sí respeta los principios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal.
"En tales circunstancias, el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal no es violatorio de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, porque impone al gobernado el pago de derechos por el estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal necesaria para la expedición de la autorización para usar redes de agua potable y drenaje, atendiendo al número de metros cuadrados de construcción y al uso de los inmuebles que el propio precepto prevé (nuevos fraccionamientos o conjuntos habitacionales, comerciales, industriales o de servicios y demás edificaciones de cualquier tipo).
"En efecto, los elementos consistentes en el número de metros cuadrados de construcción nueva y del uso que habrá de darse al inmueble correspondiente, al incidir directamente en el costo del servicio que presta el ente público, pues ello implica un estudio técnico, administrativo y legal, son acordes con el principio de proporcionalidad previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues atienden a la necesaria correlación entre la prestación de servicio y el monto de la cuota.
"Además, esos elementos reflejan la capacidad económica del contribuyente, pues es indiscutible que el costo de la construcción que habrá de requerir los servicios de agua y drenaje varía en función del número de metros cuadrados y del número de niveles que deberá tener. Por ello, son acordes también con el principio de equidad previsto en el citado artículo 31, fracción IV, pues originan el trato desigual a quienes se ubican en planos distintos.
"El elemento consistente en el uso a que se destinará la construcción (habitacional o no habitacional), incide también en el costo que representa para el Estado el estudio de la solicitud de autorización para el uso de las redes de agua y drenaje pues, se insiste, son diversos los despliegues técnicos que se requieren realizar para verificar las condiciones a satisfacer en las construcciones y los estudios de impacto ambiental, ya que no es lo mismo la verificación de estas condiciones para una casa habitación o para un centro comercial.
"Por todo lo anterior, es dable considerar que contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, la fracción I del artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, no transgrede los principios de proporcionalidad y equidad previstos en el aludido artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
"Es aplicable al caso, en lo conducente y por analogía, el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 28/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 36/2000 PL, entre la sustentadas por sus Salas Primera y Segunda, publicada en la página 19 del Tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘LICENCIAS PARA CONSTRUCCIÓN. EL ARTÍCULO 206 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES, RESPETA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD (GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL DEL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).’ (Se transcribe).
"No es óbice para llegar a esa conclusión, la jurisprudencia 2a./J. 46/2000 invocada por el Juez de Distrito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, mayo de dos mil, página seis, que es del tenor siguiente:
"‘REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LAS CUOTAS RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN PARA USARLAS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1999).’ (Se transcribe).
"Lo anterior es así, porque si bien es cierto que en ella la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y nueve es inconstitucional al transgredir los principios de proporcionalidad y equidad consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, porque establecen cuotas diferentes por el pago de derechos por la autorización para usar las redes de agua potable y drenaje, considerando el fin a que se destina el inmueble y los metros cuadrados de construcción, elementos que son ajenos a la prestación del servicio y que propician un trato desigual para personas colocadas en la misma situación, no menos lo es que analizó ese texto normativo vigente en el año de mil novecientos noventa y nueve y no la fracción I del artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal adicionado a partir del treinta de diciembre de dos mil dos vigente para dos mil tres, que regula una hipótesis diversa, puesto que ya no establece el pago de derechos por la expedición de una autorización para el uso de redes de aguas y drenaje, sino el pago de los derechos para el estudio de una solicitud de autorización y de la documentación técnica, administrativa y legal que debe efectuarse antes de la obtención de la autorización.
"En tales condiciones, resulta incorrecta la concesión del amparo respecto del mencionado artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el treinta y uno de diciembre de dos mil dos, vigente para dos mil tres, por lo que procede revocar la sentencia impugnada, en lo que fue materia de revisión, y negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso.
"Por otra parte, siendo fundados los argumentos antes analizados, tocantes a que el costo por el estudio de la solicitud y de la documentación técnica, administrativa y legal para el trámite de obtención de una licencia para usar redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso de una autorización ya otorgada, guarda relación con el número de metros cuadrados y destino que vaya a darse al respectivo inmueble, resulta innecesario analizar los planteamientos aducidos por la parte recurrente, en el sentido de que la fracción I del artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal es inconstitucional porque el importe de los derechos por la prestación del mencionado servicio no sólo tienen un propósito recaudatorio para sufragar el gasto público sino también un fin extrafiscal, puesto que los argumentos analizados demuestran por sí la constitucionalidad de ese normativo, según lo antes precisado."
4. Por otro lado, Inmobiliaria Danfar, Sociedad Anónima de Capital Variable también demandó el amparo en contra el referido artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, reformado en decreto que se publicó el treinta y uno de diciembre de dos mil dos.
5. La demanda se radicó con el número 2048/2003 en el Juzgado Quinto de Distrito "B" en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cuyo titular dictó sentencia concediendo el amparo a la quejosa.
6. Esa sentencia fue confirmada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de revisión R.A. 111/2004, que interpuso contra ella el secretario de Gobierno del Distrito Federal.
Las consideraciones que sustentan esa determinación son las siguientes:
"Se dice que los anteriores argumentos son ineficaces, en virtud de que mediante ellos la recurrente pretende justificar la equidad del precepto legal tildado de inconstitucional, basándose en la diferencia de metros cuadrados de construcción y en el uso que se le da al inmueble; sin embargo, con ello en nada controvierte las consideraciones del Juez de Distrito por las cuales concluyó que, precisamente, el hecho de que el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, base sus tarifas en la diferencia de metros cuadrados de construcción o en el uso que se le da al inmueble, y no en el costo que representa la prestación del servicio de autorización para usar las redes de agua y drenaje, produce la inequidad de dicho precepto legal, porque produce como consecuencia el que por un mismo servicio se paguen cuotas diversas atendiendo a elementos ajenos al servicio que presta el Estado, consideraciones de la Juez de Distrito que literalmente consistieron en: (se transcribe).
"Asimismo, es ineficaz lo que refiere la recurrente en relación con que los inmuebles destinados a usos diversos al habitacional ven incrementada su plusvalía en un mayor porcentaje que aquellos inmuebles que se destinan a casa habitación, lo cual constituye un mayor beneficio para los sujetos pasivos de los derechos por la autorización para usar las redes de agua potable y drenaje, por lo que el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal sí trata igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque no es justo ni equitativo que quienes se benefician en una mayor proporción cubran la misma cuota que quienes lo hacen en un menor porcentaje.
"Lo anterior se colige, en virtud de que al contemplar el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, el pago de un derecho por concepto de derechos por la autorización para usar las redes de agua y drenaje o modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite que implica esa autorización, debe de respetar las garantías de proporcionalidad y equidad tuteladas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, y para lograr ello debe existir un razonable equilibrio entre la cuota del derecho y la prestación del servicio, debiéndose dar el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, tomando en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio.
"Al respecto, resulta aplicable la tesis IX/89, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y siete del Tomo III, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la Octava Época, cuyos rubro y texto son del siguiente orden literal:
"‘DERECHOS FISCALES. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y EL MONTO DE LA CUOTA.’ (Se transcribe).
"Así las cosas, las circunstancias que aduce la recurrente, referentes a que los inmuebles destinados a usos diversos al habitacional ven incrementada su plusvalía en un mayor porcentaje que aquellos inmuebles que se destinan a casa habitación, lo cual constituye un mayor beneficio para los sujetos pasivos de los derechos por la autorización para usar las redes de agua potable y drenaje, evidentemente atienden a aspectos relacionados con el fin para el que se destina el inmueble y el beneficio que de él obtiene el sujeto pasivo del derecho, lo que ninguna relación guarda con el objeto del servicio que presta el Estado que, en esencia, consiste en la recepción de la solicitud y el trámite de la autorización correspondiente, por lo que en tales circunstancias resultan ineficaces para estimar que el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, sí respeta los principios establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.
"En relación con lo anterior, cobra aplicabilidad por analogía la jurisprudencia 2a./J. 46/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de dos mil, página ciento noventa y ocho, cuya literalidad es la siguiente:
"‘REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE ESTABLECE LAS CUOTAS RELATIVAS A LA AUTORIZACIÓN PARA USARLAS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1999).’ (Se transcribe).
"Asimismo, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 45/2000 de la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página doscientos veinticinco del Tomo XI, mayo de dos mil del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente orden literal:
"‘REDES DE AGUA Y DRENAJE. EL ARTÍCULO 204-B, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS CUOTAS DE DERECHOS POR AUTORIZACIÓN PARA USARLAS RESPECTO DE NUEVOS FRACCIONAMIENTOS O CONJUNTOS HABITACIONALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS Y DEMÁS EDIFICACIONES DE CUALQUIER TIPO, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DE 1999).’ (Se transcribe).
"Las consideraciones de una de las ejecutorias que dieron motivo a las anteriores jurisprudencias, en la parte que interesa, son del siguiente texto: ‘En tales condiciones, resultan inatendibles los argumentos en el sentido de que la autorización de uso de redes de agua y drenaje incrementan el valor de los inmuebles y que los particulares se benefician en distintas condiciones, lo que justifica un trato diverso, así como que es indispensable la inversión del Estado para descubrir, expropiar, conducir, captar y suministrar más agua, pues tales elementos no atienden al objeto real del servicio prestado por el ente público ...’
"En otro orden de ideas, resulta ineficaz lo que manifiesta la recurrente, en cuanto a que el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal no vulnera el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque la razón de que se cubra una cuota mayor si el inmueble se destina a un uso no habitacional y una cuota menor si el uso es habitacional obedece a fines extrafiscales, consistente en un interés que persigue el legislador para satisfacer las necesidades de vivienda de la población, y de esta forma dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional, porque entre más alto sea el costo de los derechos, cuando el inmueble se destina a uso no habitacional, propicia que la industria de la construcción se enfoque hacia los usos habitacionales.
"Lo anterior es así ya que el que una contribución, como en el caso concreto lo constituye el derecho en análisis, pueda perseguir un fin extrafiscal no justifica que pueda resultar violatoria de los principios consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues el fin extrafiscal es un elemento más que debe analizarse para determinar la constitucionalidad de una contribución, por lo que si en el caso ya se determinó que el derecho contemplado en el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, resulta contrario al precepto constitucional en comento, por no respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, independientemente de que su fin extrafiscal pudiera ser correcto o no, no lograría subsanar la inconstitucionalidad decretada.
"En relación con lo anterior deviene aplicable por analogía la tesis P. CIV/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de mil novecientos noventa y nueve, página quince, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor literal:
"‘CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’ (Se transcribe).
"Finalmente, deviene ineficaz lo argumentado por la recurrente en cuanto que no se viola el artículo 31, fracción IV, constitucional, en razón de que el costo del servicio en el caso de un inmueble cuyo uso sea no habitacional es mayor que el de un inmueble destinado a uso habitacional pues, en el caso del primero, para poder autorizar el uso de las redes de agua y drenaje se lleva a cabo un análisis de impacto ambiental, el cual tiene como objetivo determinar el grado de contaminación de agua que se descarga en la red de drenaje, en virtud de que existen mayores contaminantes en el agua que se descarga en el drenaje por parte de un inmueble no habitacional que uno de uso habitacional, lo que implica un mayor costo respecto de los primeros en relación con los segundos, aunado a que con ésta se persigue también otro fin extrafiscal, consistente en dar seguridad a los habitantes de que la red de drenaje es segura y eficiente.
"Se colige lo anterior ya que, como se determinó en párrafos precedentes, la invocación de un posible fin extrafiscal del derecho controvertido no justifica la inconstitucionalidad que sobre el mismo se ha demostrado, además de que el hecho de que se cobre más a los sujetos pasivos del derecho cuando su inmueble lo destinen a un uso diverso al habitacional no garantiza, como pretende hacer valer la recurrente, que las redes de agua y drenaje sean seguras por ese solo hecho.
"Aunado a lo anterior, la recurrente invoca aspectos tendientes a justificar la diferencia en las cuotas que deben pagar por el multicitado derecho, que realmente no se encuentran contenidos en el precepto legal reclamado y que, por tanto, resultan ineficaces para acreditar la constitucionalidad de dicho numeral, ya que éste se analiza en cuanto a su observancia de los preceptos constitucionales atendiendo a su texto y contenido.
"En efecto, el artículo 204-B, fracción I, del Código Financiero del Distrito Federal, es de la siguiente literalidad:
"‘Artículo 204-B.’ (Se transcribe).
"Como se advierte de la transcripción realizada con antelación, no se aprecia que el precepto legal tildado de inconstitucional tome en cuenta, para establecer la diferencia de cuotas por el pago de derechos, la diferencia de niveles de contaminación que puede contener el agua que se pretende vaciar a la red de drenaje y que, por tanto, implique el que se tenga que realizar un estudio de impacto ambiental que eleve el costo del servicio que presta el Estado, pues en cuanto a uso de inmuebles únicamente hace una distinción entre uso habitacional, no habitacional y bodegas o estacionamiento de vehículos, lo que no implica que realmente se esté tomando en cuenta el costo de un estudio de impacto ambiental respecto de los contaminantes que pueda contener el agua que se pretende verter a las redes de drenaje, máxime que seguiría subsistiendo el motivo de inconstitucionalidad consistente en que se toma en cuenta para fijar la tarifa del derecho, los metros cuadrados de construcción y el hecho de que el inmueble destine áreas a estacionamiento de vehículos, lo que, como se dijo, nada tiene que ver con el servicio que presta el Estado.
"Por las razones apuntadas, es que este órgano jurisdiccional no comparte el criterio citado por la recurrente, esto es, el contenido en el amparo en revisión RA. 318/2003, dictado por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, además de que dicho criterio no obliga al que resuelve.
"Similar criterio adoptó a este Tribunal Colegiado al resolver en sesión de treinta de junio de dos mil tres, el amparo en revisión RA. 54/2003.
"En virtud de las anteriores consideraciones, y ante la ineficacia de los agravios expuestos, lo procedente es, en la materia de la revisión, confirmar la sentencia recurrida. ..."
El análisis de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en los juicios de amparo señalados precedentemente, revela que existe la oposición de criterios denunciada.
En efecto, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene, en esencia, que los derechos previstos en el artículo 204-B del Código Financiero del Distrito Federal, vigente en dos mil tres, respeta los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, pues el costo previsto por la actividad que debe desarrollar la autoridad administrativa antes de determinar si procede la autorización para la conexión a las redes de agua y drenaje, o bien modificar las condiciones de uso, así como por el estudio y trámite que implica esa autorización, sí guarda relación con el número de metros cuadrados y el destino que vaya a darse al respectivo inmueble (uso habitacional, no habitacional y bodegas o estacionamiento de vehículos).
Que lo anterior es así, porque para otorgar esa autorización se requiere de un despliegue técnico que comprende diversos costos asociados a recursos humanos, materiales y financieros, tales como estudios ambientales, práctica de inspecciones oculares en la construcción a realizar o análisis correspondiente a la capacidad y tipo de descarga de agua, entre otros, que requiere realizar el órgano del Estado para verificar si procede esa autorización, debe satisfacer condiciones de disponibilidad de agua, de demanda, conveniencia y, por lógica, realizar diversos actos mat
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18613-9a9f0ae2/agua-y-drenaje-el-articulo-204-b-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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