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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN. LA AUTORIDAD QUE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER AQUEL RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19865
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 651.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: BLANCA LOBO DOMÍNGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y el sentido de los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, no es necesaria la intervención del Tribunal Pleno.

En efecto, los dos últimos acuerdos anotados dicen, en la parte que interesa, lo siguiente:

Acuerdo 4/2002:

"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas."

Acuerdo 6/2003:

"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes:

"...

"e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto."

Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, subsiste la clara intención por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando al mismo los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional.

Lo anterior; se advierte de las partes considerativas de dichos acuerdos que señalan:

Acuerdo 4/2002:

"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;

"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;

"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido."

Acuerdo 6/2003:

"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."

Así, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala correspondiente, en el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, al ser formulada por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, órgano que sostiene la tesis denunciada como contradictoria de la sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

TERCERO. Previamente al estudio de las cuestiones planteadas en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.

Lo anterior encuentra respuesta en el contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que dicen a la letra:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

Ley de Amparo:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los preceptos transcritos, ha estimado que para la existencia de la materia sobre la cual debe pronunciarse, tratándose de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, deben concurrir los siguientes supuestos:

a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Así se desprende de la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, consultable a foja setenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de dos mil uno, que dice a la letra:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Conforme a las anteriores precisiones, debe establecerse si los criterios, cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos señalados en la jurisprudencia previamente transcrita. Para tal efecto, conviene destacar los antecedentes y consideraciones que informan las respectivas ejecutorias.

Así, de la ejecutoria correspondiente al incidente en revisión administrativo 253/2006, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, se advierte:

1. Que por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, Rosalía Vera Rodríguez y otros, por su propio derecho, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, jefe del Servicio de Administración Tributaria y administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria en León, Guanajuato, reclamando de los tres primeros, la aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil tres. En particular, la reforma al artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, así como el numeral segundo transitorio del citado decreto.

Mientras que del jefe del Servicio de Administración Tributaria y del administrador local de Recaudación se reclamaron la emisión de la Segunda resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal para dos mil cuatro y sus anexos 1, 7, 11, 15 y 21, publicada el veintinueve de junio de dos mil cuatro en el Diario Oficial de la Federación; así como el contenido de las reglas 5.8.1 a 5.8.9; la ejecución y aplicación material del artículo 2o. C reclamado, así como la emisión de requerimientos, la imposición de sanciones, la determinación y cobro de créditos fiscales a cargo de los quejosos, como consecuencia de la aplicación del citado precepto legal.

2. El veintiocho de noviembre de dos mil cinco, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien conoció del asunto, celebró la audiencia incidental y emitió resolución en la cual concedió la suspensión definitiva solicitada, que dijo, surtiría efectos previo depósito ante la Tesorería de la Federación, de la cantidad que corresponda por concepto de impuesto al valor agregado, en relación con fechas posteriores a la presentación de la demanda, de acuerdo a las reglas establecidas en las disposiciones reclamadas, lo cual se debería acreditar ante ese órgano jurisdiccional.

3. En contra de esa determinación, el administrador local de Recaudación de León del Servicio de Administración Tributaria, interpuso recurso de revisión que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito mediante ejecutoria del veintisiete de abril de dos mil seis, aprobada por mayoría de votos, en la que se modificó la resolución impugnada y negó la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados a la autoridad recurrente, basándose en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Son fundados los anteriores agravios.

"En efecto, para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, a Rosalía Vera Rodríguez, la Juez Cuarto de Distrito en el Estado consideró que:

"‘En sus informes de ley, las autoridades señaladas como responsables, Cámaras de Diputados y Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en México, Distrito Federal y administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, confiesan la certeza del acto que se les atribuye.

"‘Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, son presuncionalmente ciertos los actos que se le atribuyen al secretario de Gobernación con sede en México, Distrito Federal; tomando en cuenta que fue omiso en rendir su informe previo, no obstante que obra en autos el acuse de recibo del oficio por el cual se le requirió.’

"Por su parte, el recurrente, administrador Local de Recaudación de León, Guanajuato, en sus agravios, adujo que le agravia el otorgamiento de la medida a la quejosa, en virtud de que al rendir su informe previo mediante oficio número 325-SAT-11-III-2A-506454 datado el diecisiete de octubre de dos mil cinco, expuso que los actos reclamados que se le atribuyeron no son ciertos, sin que la quejosa aportara prueba en contrario para desvirtuar esa negativa; que la Juez Federal omitió señalar los motivos que la llevaron a determinar que la Administración Local de Recaudación de León, al rendir informe previo, confesó la certeza del acto que de esa autoridad se reclamó, no obstante que en la referida comunicación expuso que no eran ciertos, en virtud de que no los había ordenado ni ejecutado, en infracción al artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

"Asiste razón al inconforme cuando afirma que es ajeno a la realidad, que al rendir el informe previo correspondiente admitiera la certeza que se le atribuyó y que de acuerdo con el escrito de demanda de amparo, se hizo consistir en ... pues del informe previo que rindió a la Juez Cuarto de Distrito en el Estado, mediante oficio número 325-SAT-11-III-2A-506454, fechado el diecisiete de octubre de dos mil cinco, y que corre glosado a foja 104 del juicio, se advierte que, en relación al acto que se le atribuyó, manifestó al órgano de control constitucional que ‘No son ciertos los actos que se reclaman del administrador Local de Recaudación de León, del servicio de administración tributaria, toda vez que dicha autoridad no ha ordenado ni ejecutado los actos que se le reclaman.’

"No obstante, la Juez Federal inadvirtió dicha manifestación y, como ya se señaló, en la interlocutoria que se revisa expresó que, entre otras autoridades, el administrador Local de Recaudación con sede en León, Guanajuato, confesó la certeza del acto que se le atribuyó y a partir de esa consideración otorgó la medida suspensiva con carácter provisional (sic), de ahí lo acertado del argumento vertido por el disidente.

"En efecto, los artículos 124, 130 y 131 de la Ley de Amparo, regulan el incidente que debe tramitarse en aquellos casos en los que la suspensión del acto reclamado sólo procede por petición de parte y que es específico para los juicios de amparo indirecto.

"En esa incidencia destacan dos determinaciones que, precisamente, fijan el inicio y la determinación de ese procedimiento, pues el artículo 130 de la citada ley establece que si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el Juez de Distrito, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva.

"A la anterior providencia se le conoce como suspensión provisional del acto reclamado y como se precisa en el contenido del citado precepto, es una medida cautelar que el Juez de Distrito decreta de inmediato, sin más elementos que los hechos que en la demanda se narren bajo protesta de decir verdad y los documentos que se hubiesen aportado con el escrito de demanda.

"Para tomar esa decisión, el Juez de Distrito deberá presumir que es cierto el acto reclamado, porque la inmediatez de su resolución no le permite contar con la manifestación de la autoridad respecto de esa circunstancia, ni con otras pruebas que lo justifiquen.

"La segunda determinación mencionada que se destaca en el trámite del incidente de suspensión, es precisamente la resolución que le pone fin, en la que el juzgador decide si concede o niega la suspensión del acto reclamado durante la tramitación del juicio de amparo, que esencialmente se encuentra regulada en el artículo 131 de la citada ley y en esa decisión, a diferencia de la suspensión provisional, el juzgador federal ya cuenta con más elementos para emitirla, pues tiene a la vista el informe previo que rinden las responsables, en el que tendrán que afirmar si es cierto o no el acto que se les reclama y las pruebas que en su caso se hubiesen aportado durante la incidencia.

"Por ello, ya no tendrá la necesidad de presumir que es cierto el acto reclamado y además, podrá contar con más elementos de prueba para constatar, entre otras cosas, si puede atribuírseles el acto que se les reclama a las autoridades señaladas como responsables, para así, en caso de ser procedente, decretar la paralización del acto de esas autoridades.

"Entonces, es patente la importancia que tiene el informe previo en la tramitación del incidente de suspensión, pues la información que proporciona la propia autoridad, sobre la certeza o la inexistencia del acto que se le atribuye, precisamente servirá de punto de partida al juzgador para determinar si el acto realmente existe y por eso puede vincularse a la autoridad, a los efectos en los que se pronuncie la interlocutoria que resuelva la incidencia.

"Por la anterior razón y sumada a las particularidades que influyen en el incidente de suspensión que se rige por los principios de celeridad e inmediatez, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia que aparece publicada en la página 237, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, determinó que el informe previo que rinde la autoridad responsable goza de la presunción de certeza y por eso, si no existen pruebas que desvirtúen su contenido, en el caso de que en él se niegue el acto reclamado, el Juez de amparo debe negar la suspensión definitiva de ese acto, pues resulta palmario que no puede ordenarse la suspensión de algo que no existe y esto puede advertirse en el rubro y texto de la tesis mencionada, que son del tenor siguiente:

"‘INFORME PREVIO.’ (se transcribe).

"Por otra parte, es cierto que tratándose de las autoridades ejecutoras, la simple negativa de los actos que se les atribuye no basta para que automáticamente se determine que los actos de ejecución no existen y por eso se niegue la suspensión definitiva solicitada por el peticionario de amparo, pues en los hechos frecuentemente ocurre que cuando rinden su informe previo, la autoridad ordenadora aún no les informa de la obligación que tienen de ejecutar su mandato o en los juicios en los que se reclama la constitucionalidad de disposiciones legales, niegan los actos porque en ese instante no han realizado alguna conducta tendiente a aplicar esos preceptos, a pesar de que jurídicamente pueden hacerlo.

"Por tanto, en estos supuestos el juzgador de amparo deberá analizar si el acto imputado a las autoridades ordenadoras existe, pues de ocurrir ello, no será necesario ofrecer otras pruebas para desvirtuar la negativa de las autoridades ejecutoras porque material y jurídicamente pueden ejecutar el acto que se les reclama, pero siempre y cuando, por las funciones que les han sido encomendadas o por las facultades que les confieran las leyes aplicables al caso, sean las autoridades encargadas de ejecutar el mandamiento de la autoridad ordenadora o de aplicar los preceptos cuestionados en forma destacada en el juicio de amparo, porque si no ocurren estos supuestos, ninguna trascendencia tiene el que la autoridad ordenadora haya manifestado que es cierto el acto reclamado por el quejoso, por el solo hecho de que éste no será ejecutado por la autoridad que desde un inicio negó hacerlo.

"En estas condiciones, también es correcta la segunda afirmación de la recurrente, en cuanto a que la negativa de su informe previo no ha sido desvirtuada, pues la sola afirmación de las autoridades ordenadoras encargadas de expedir esas leyes, de que son ciertos los actos que se les atribuyen, no puede servir de sustento para desvirtuar la negativa que la autoridad recurrente vertió en su informe.

"No pasa inadvertido para este cuerpo colegiado, que sobre el tema que se aborda en el presente asunto existe un pronunciamiento que resulta sustancialmente opuesto al criterio que se sustenta en la presente ejecutoria, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de que no causa agravio a la autoridad la decisión de un Juez de Distrito de conceder la suspensión contra actos que negó, al resultar inofensiva la medida contra actos inexistentes, criterio que se plasmó en la tesis de jurisprudencia número I.2o.A. J/44, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, relativa a la Octava Época, tomo 84, diciembre de 1984, página 37, que dice:

"‘SUSPENSIÓN. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LA CONCEDA CONTRA ACTOS QUE SEGÚN LA AUTORIDAD SON INEXISTENTES, NO IRROGA A ÉSTA AGRAVIO ALGUNO, POR LO CUAL DEBE DESECHARSE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE INTERPONGA.’ (se transcribe).

"Sin embargo, la opinión plasmada en la tesis que se reproduce no es compartida por este Tribunal Colegiado, en razón de que la determinación que ordena suspender el acto, invariablemente influye en el ámbito jurídico de la autoridad que se identificó como responsable, porque independientemente de que vaya o no a ejecutar el acto que se ordenó suspender, la resolución del Juez de amparo jurídicamente la vincula y la sujeta a las consecuencias que prevé la ley al respecto.

"Por eso, las autoridades responsables tienen el derecho procesal para impugnar la resolución correspondiente que las constriñe a respetar un mandamiento con el que no tienen ninguna relación, a fin de que se corrijan las irregularidades en que se hubiese incurrido y ese derecho está en la misma medida en que existe la obligación del juzgador de amparo, de analizar la certeza de los actos para así determinar si debe o no ordenar su suspensión.

"Sostener el criterio de que debe confirmarse la concesión de la suspensión definitiva, porque no le perjudica esa resolución a pesar de que la autoridad en su informe previo negó la existencia del acto y de que esa negativa no fue desvirtuada, implica considerar que resulta ocioso el ejercicio que necesariamente debe realizar el juzgador de amparo, en cuanto a verificar que los actos que reclama el quejoso existen, para que así se justifique la concesión de la propia medida cautelar, porque entonces basta que todos los actos los considere ciertos, aun ante la negativa de las autoridades responsables, para que su decisión sea definitiva, porque éstas tendrían vedada la posibilidad de inconformarse con esa resolución.

"Lo anterior hace inocua la necesidad misma del informe previo, que es precisamente lo que lo justifica, pues ningún caso tendría requerir un informe que tiene como único fin informar al Juez de Distrito si son o no ciertos los actos que se reclaman, si éste puede conceder la suspensión a pesar del contenido del mismo informe, dado que nadie podría cuestionar esa resolución, pues las autoridades que negaron el acto y que jurídicamente no lo van a ejecutar, no tendrían legitimación para combatir esa resolución, ante una supuesta falta de agravio. De ahí que no sea viable confirmar una resolución que jurídicamente es incorrecta, basada en el argumento de que materialmente no tiene ningún efecto.

"En las anotadas condiciones, la negativa plasmada por la autoridad responsable, administrador local de Recaudación de León, Guanajuato, al rendir su informe previo, inadvertida por el Juez Federal que concedió la medida cautelar, impone modificar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva de los actos que le fueron atribuidos."

Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció la referida tesis de jurisprudencia I.2o.A. J/44, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número VI, Materia Común, página 544, con el rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN. EL HECHO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO LA CONCEDA CONTRA ACTOS QUE SEGÚN LA AUTORIDAD SON INEXISTENTES, NO IRROGA A ÉSTA AGRAVIO ALGUNO, POR LO CUAL DEBE DESECHARSE EL RECURSO DE REVISIÓN QUE INTERPONGA. Ningún agravio le irroga a la autoridad la decisión de un Juez de Distrito al conceder la suspensión contra actos que aquélla negó, pues dicha medida resulta inocua, al no restringir en nada su libertad de acción, ya que, en esa hipótesis, la decisión del Juez se reduce a un aserto ideal, sin repercusión práctica alguna, en virtud de que, aunque el juzgador así lo resuelva, la nada, es decir, los actos inexistentes, no se pueden suspender. Por ende, lo procedente es desechar el recurso de revisión, si el escrito que lo contenga se concreta a hacer valer la inexistencia del acto."

Esa jurisprudencia se integró con los incidentes en revisión 662/89, 882/89 y 2382/89, promovidos, respectivamente, por Inmuebles Payno, Sociedad Anónima, Arturo Escamilla Herrera y coagraviados y José Félix García; además de las quejas 72/91 y 362/94, que hicieron valer el delegado del Departamento del Distrito Federal en Iztacalco y otras autoridades, así como la empresa Posadas de México, Sociedad Anónima de Capital Variable.

De esas ejecutorias, a continuación, se relatan los antecedentes y consideraciones de la primera, correspondiente al incidente en revisión 662/89, promovido por Inmuebles Payno, Sociedad Anónima, de la cual se observa:

1. Que en escrito presentado el veintiuno de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, Inmuebles Payno, Sociedad Anónima, por conducto de su representante legal, Jorge Jiménez Cázares, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, secretario de Gobernación, secretario de Programación y Presupuesto, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, jefe del Departamento del Distrito Federal y director general de Servicios Legales del Departamento del Distrito Federal.

A las tres primeras autoridades, la quejosa reclamó la expedición, promulgación y refrendo de la Ley de Expropiación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de noviembre de mil novecientos treinta y seis.

En tanto que al secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, jefe del Departamento del Distrito Federal y al director general de Servicios Legales del propio Departamento del Distrito Federal, atribuyó la promulgación y refrendo del decreto expropiatorio de diez de octubre de mil novecientos ochenta y cinco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de ese mismo mes y año, reformado en su artículo 2o., por acuerdo del dieciocho de octubre de ese mismo año, publicado los días veintiuno, veintidós y veintitrés del mismo mes y año, así como la tramitación del recurso de revocación y la resolución dictada en el mismo, de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, relativo al inmueble ubicado en la calle de Manuel Payno número 71, colonia Obrera en el Distrito Federal.

2. De la demanda de amparo conoció el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien el veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho celebró la audiencia incidental y pronunció resolución, mediante la cual negó la suspensión definitiva respecto de la expedición, promulgación y refrendo de la Ley de Expropiación reclamada; y concedió dicha medida cautelar "para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, o sea para que no se prive de la posesión a la quejosa del inmueble que defiende, ni se lleve a efecto la demolición del mismo, hasta en tanto se comunique la resolución del fondo del amparo, siempre y cuando dicha construcción no ponga en peligro la integridad física de quienes la habit

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19865-04c664a3/revision-la-autoridad-que-niega-la-existencia-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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