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Modo: Corpus Pro

NÓMINAS. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, AL NO ESTABLECER EL MONTO DEL IMPUESTO A RECAUDAR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE DESTINO AL GASTO PÚBLICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NÓMINAS. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2004, AL ESTABLECER QUE EL IMPUESTO SE CAUSARÁ A LA TASA FIJA DEL 2% SOBRE EL TOTAL DE LAS EROGACIONES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. NÓMINAS. EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE EN 2004, AL NO INCLUIR DE MANERA EXPRESA COMO CAUSANTES DEL IMPUESTO RELATIVO A LAS UNIDADES ECONÓMICAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. NÓMINAS. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAYARIT VIGENTE EN 2004, AL EXENTAR DEL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO A LA FEDERACIÓN, AL DISTRITO FEDERAL O A LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o. Y 28 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NI EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 137/2004. · Registro digital (IUS): 18630
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EMBOTELLADORA DEL NAYAR, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 1541.

AMPARO EN REVISIÓN 137/2004. EMBOTELLADORA DEL NAYAR, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Los conceptos de agravio transcritos son infundados en una parte e inoperantes en el resto.

En efecto, la empresa recurrente por conducto de su apoderado, aduce que se vulneró el principio de exhaustividad de las sentencias, en virtud de que en la sentencia recurrida no se precisó por qué el impuesto sobre nóminas no viola la garantía de proporcionalidad tributaria, si está gravando con la misma tasa a contribuyentes que tienen mayor capacidad para el gasto, frente a los que tienen menor capacidad para ello, concepto de proporcionalidad que fue definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.", y que fue precisamente lo que se planteó en la demanda, es decir, que la tasa fija no permite que se grave diferencialmente a los contribuyentes, sino que grava con la misma tasa a quienes realicen mayor gasto en el pago derivado del trabajo personal subordinado, frente a los que realicen un menor gasto, de tal manera que, señala la recurrente, atendiendo a este argumento formulado en la demanda de amparo y no estudiado por el resolutor federal, bajo el mandato del artículo 94 constitucional y 192 de la Ley de Amparo, es procedente que se declare la inconstitucionalidad del artículo 4o. de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro (en relación con el artículo 13 de la Ley de Hacienda del Estado), que establece una tasa fija del 2% para gravar las erogaciones provenientes del pago al trabajo personal subordinado, en virtud de que no atiende al principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que grava con la misma tasa a quienes tienen mayor capacidad tributaria, atendiendo al mayor monto de erogaciones que realizan para el pago del trabajo personal subordinado, frente a aquellos que realizan menores erogaciones por el mismo concepto.

Es infundado lo anterior pues, contrario a lo sostenido por la inconforme, no es verdad que en la sentencia recurrida no se hubiera precisado el motivo por el cual se estimó que el impuesto sobre nóminas no transgredía la garantía de proporcionalidad tributaria, pues basta al efecto el análisis de la parte conducente de la sentencia impugnada, para advertir que el referido encargado del despacho estableció al respecto que el impuesto sobre nóminas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, ya que no grava el ingreso, el capital o el patrimonio de las personas (que son los casos en que la capacidad contributiva puede atenderse tomando en cuenta directamente la riqueza de los contribuyentes), sino que recae sobre el gasto o el egreso, por lo que si bien todo tributo debe atender a la capacidad contributiva, sin importar que sea concebido como directo o indirecto, lo que tiene cumplimiento tratándose del impuesto sobre nóminas, ya que por ser un impuesto indirecto atiende en forma mediata a la riqueza del contribuyente pues no se fija en función de los ingresos económicos, del capital o del patrimonio de las personas que hacen la erogación, sino solamente en la capacidad que tiene el sujeto para realizar esa erogación o gasto, porque conforme a la técnica tributaria que rige este tipo de impuestos debe suponerse la riqueza de las personas, mayor, igual o menor, según efectúen más, iguales o menores gastos por concepto de remuneraciones a los trabajadores, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la equidad en los impuestos exige que se respete el principio de igualdad, esto es, que se encuentren obligados a determinada situación los que se hallen dentro de lo establecido por la ley y que no se encuentren en esa misma obligación los que están en situación jurídica diferente, o sea, tratar a los iguales de manera igual; por tanto, agregó el resolutor federal, si la equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, debe entenderse que en la especie se cumple con tal requisito, toda vez que el artículo 11 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit, señala como sujetos del impuesto sobre nóminas a las personas físicas y morales en el Estado de Nayarit, que de conformidad con el artículo 10 del citado ordenamiento, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado.

Esto es, que es sujeto pasivo del mencionado tributo, toda persona que esté en los siguientes supuestos: 1. Que realice las erogaciones antes mencionadas; y, 2. Que las mismas las efectúe en el Estado de Nayarit; consecuentemente, todas las personas que se ubiquen en la hipótesis de causación citada son causantes del referido impuesto, razón por la que sí existe igualdad en la aplicación de tal gravamen, atento a que en el precepto legal reclamado que se cita en último término, hay universalidad y generalidad respecto de los sujetos que se sitúen en los supuestos señalados.

De igual forma, carece de razón la inconforme al señalar que el resolutor de amparo hubiera omitido el estudio correspondiente del argumento relativo a que el artículo 4o. de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro (en relación con el artículo 13 de la Ley de Hacienda del Estado), que establece una tasa fija del 2% para gravar las erogaciones provenientes del pago al trabajo personal subordinado, no atiende al principio de proporcionalidad tributaria.

En efecto, basta remitirse a las consideraciones vertidas por el resolutor de amparo en este aspecto para constatarlo, en las que adujo que la tasa fija del 2% sobre el total de las erogaciones para el cálculo del impuesto sobre nóminas establecida por el artículo 4 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes del impuesto sobre nóminas a que atiende este gravamen se encuentra en relación directa con los gastos o erogaciones que realicen por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, consecuentemente, como la capacidad contributiva deberá medirse sólo en relación con los gastos o erogaciones que realice el contribuyente, al establecerse en el artículo 4o. de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, la tasa fija del dos por ciento sobre el total de las erogaciones para la determinación del monto del tributo, el impuesto resulta proporcional.

Que ello es así, porque el objeto o hecho generador del impuesto sobre nóminas lo constituyen las erogaciones en dinero o en especie que realicen los patrones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado tomando como base el monto total de las erogaciones realizadas por ese concepto, estableciéndose una tasa fija del dos por ciento sobre el monto total de las mismas, esto es, que el contribuyente de tal impuesto que realice más erogaciones, tendrá que pagar más, en relación con otro causante que efectúe menos erogaciones, asimismo, pagarán igual cantidad quienes realicen similares gastos; añadió el resolutor federal que de esta congruencia entre el objeto y la base imponible debe inferirse la capacidad contributiva en el impuesto que se analiza, toda vez que la capacidad económica gravable o capacidad tributaria no es total, genérica o absoluta, sino relativa, referida al objeto del gravamen específico.

Que es la norma jurídica de cada gravamen la que configura, en cada caso la capacidad contributiva, y en consecuencia, en el impuesto sobre nóminas, dicha capacidad se halla en conexión con las cantidades erigidas por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, las cuales precisamente por ser el objeto de causación, revelan la capacidad económica de los propios contribuyentes, de ahí que resultan infundados los argumentos del recurrente, así como los diversos ejemplos que menciona para tratar de demostrar que el impuesto a examen es desproporcional, toda vez que la capacidad contributiva no tiene nada que ver con el mayor o menor número de trabajadores, sino por la cantidad total que se eroga por concepto de remuneración, independientemente del número de empleados a quienes se cubra, por lo que, concluyó el juzgador federal, la tasa fija del dos por ciento sobre el total de las erogaciones que efectúe un patrón por el pago de remuneraciones al trabajo personal subordinado, no viola el principio de proporcionalidad tributaria en estudio, puesto que al aplicarse se toma en cuenta la capacidad contributiva del causante.

Que en tales condiciones, apuntó el resolutor, no es correcto afirmar que únicamente a través de tarifas progresivas se logra que un impuesto sea proporcional, toda vez que en los tributos que gravan la totalidad de los ingresos de las personas físicas o morales, como sucede, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, la capacidad contributiva del causante se advierte precisamente del total de sus ingresos, caso en que las tarifas progresivas son las adecuadas para que ese tributo sea proporcional, pues mediante ellas se evalúa la capacidad económica total del causante, mientras que en los gravámenes cuyo objeto impositivo no es globalizante de los ingresos de una persona, sino que se refiere a un renglón o aspecto de sus ingresos o de sus gastos, como acontece en la especie, en que se toma en cuenta únicamente lo que una persona eroga por concepto del pago de remuneraciones al trabajo personal subordinado, una base fija debe considerarse que cumple con el principio constitucional de proporcionalidad, ya que la capacidad contributiva del causante, en este caso, se advierte del objeto gravado, esto es, no se refiere a la totalidad de sus ingresos o de sus gastos, sino relativa al aspecto que se está gravando, por lo que, quien efectúe más erogaciones, obviamente va a pagar en mayor cuantía el impuesto sobre nóminas que quien realice erogaciones menores, pues la tasa fija del dos por ciento que señala el artículo 4o. impugnado, se aplicará a la cantidad que se erogue por concepto de pago de salarios.

En otro motivo de inconformidad la agraviada afirma que se contravino igualmente el principio de exhaustividad, por que el juzgador federal tampoco realizó un pronunciamiento del porqué soslayó las referencias del derecho positivo mexicano, (Estados de Chihuahua, Hidalgo y Sonora) que en sus respectivas legislaciones establecen tarifas progresivas para gravar la mayor o menor erogación relacionadas, pese a que las legislaciones citadas tienen como finalidad acreditar que no existe imposibilidad para que respetando el principio de proporcionalidad tributaria, se graven diferencialmente a través de tarifas progresivas, las erogaciones provenientes del trabajo personal subordinado.

Es infundado lo anterior, pues adverso a lo sostenido por la agraviada, no es verdad que el resolutor federal hubiera soslayado las referencias que hizo la inconforme de las diversas legislaciones de los Estados, que establecen tarifas progresivas para gravar la mayor o menor erogación, pues según se destacó con anterioridad, en la resolución impugnada, el encargado del despacho estableció claramente que resultan infundados los argumentos de la recurrente, así como los diversos ejemplos para tratar de demostrar que la tasa fija del dos por ciento sobre el total de las erogaciones que efectúe un patrón por el pago de remuneraciones al trabajo personal subordinado, viola el principio de proporcionalidad tributaria, en virtud de que al aplicarse se toma en cuenta la capacidad contributiva del causante.

Que en virtud de lo anterior, era incorrecto afirmar que únicamente a través de tarifas progresivas se logra que un impuesto sea proporcional, toda vez que en los tributos que gravan la totalidad de los ingresos de las personas físicas o morales, como sucede, por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, la capacidad contributiva del causante se advierte precisamente del total de sus ingresos, caso en que las tarifas progresivas son las adecuadas para que ese tributo sea proporcional, pues mediante ellas se evalúa la capacidad económica total del causante, mientras que en los gravámenes cuyo objeto impositivo no es globalizante de los ingresos de una persona, sino que se refieren a un renglón o aspecto de sus ingresos o de sus gastos, como acontece en la especie, en que se toma en cuenta únicamente lo que una persona eroga por concepto del pago de remuneraciones al trabajo personal subordinado, una base fija debe considerarse que cumple con el principio constitucional de proporcionalidad, ya que la capacidad contributiva del causante, en este caso, se advierte del objeto gravado, esto es, no se refiere a la totalidad de sus ingresos o de sus gastos sino relativa al aspecto que se está gravando, por ende, quien efectúe más erogaciones obviamente va a pagar en mayor cuantía el impuesto sobre nóminas que quien realice erogaciones menores, pues la tasa fija del 2% que señala el artículo 4o. impugnado, se aplicará a la cantidad que se erogue por concepto de pago de salarios.

Ahora bien, la recurrente sostiene que se contravino el principio de congruencia, en virtud de que en la sentencia no se dice porqué no es aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que precisamente atiende al concepto de proporcionalidad tributaria y proscribe que se trate igualmente a contribuyentes que tienen mayor potencialidad para el gasto, frente a quienes tienes menor potencialidad para esto mismo, por ello, al no haberse respetado el principio de congruencia de las sentencias, es procedente que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal.

Es infundado lo anterior, al establecer el encargado del despacho del Juzgado de Distrito que el impuesto sobre nóminas cumple con el requisito de proporcionalidad tributaria, ya que no grava el ingreso, el capital o el patrimonio de las personas (que son los casos en que la capacidad contributiva puede atenderse tomando en cuenta directamente la riqueza de los contribuyentes), sino que recae sobre el gasto o el egreso, por lo que si bien todo tributo debe atender a la capacidad contributiva, sin importar que sea concebido como directo o indirecto, lo que tiene cumplimiento tratándose del impuesto sobre nóminas, ya que por ser un impuesto indirecto atiende en forma mediata a la riqueza del contribuyente, pues no se fija en función de los ingresos económicos, del capital o del patrimonio de las personas que hacen la erogación, sino solamente en la capacidad que tiene el sujeto para realizar esa erogación o gasto, porque conforme a la técnica tributaria que rige este tipo de impuestos, debe suponerse la riqueza de las personas, mayor, igual o menor, según efectúen más, iguales o menores gastos por concepto de remuneraciones a los trabajadores, lo que demuestra que con ello se acató plenamente el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 10/2003, de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES.", que refiere la inconforme.

Igualmente, la inconforme señala que se contravino el principio de exhaustividad de las sentencias, atendiendo a que el juzgador federal no dijo en la sentencia por qué la tasa fija del 2% del impuesto sobre nóminas, no genera inequidad tributaria, cuando grava con tasa igual a gastos diferentes, es decir, la inequidad fiscal se hizo consistir en que dicha tasa permite que trate igual a contribuyentes diferentes, vulnerando el principio de equidad, que fue fijado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL", de ahí que el legislador estatal contravino dicho principio, cuando no creó mecanismos (tarifas progresivas) para dar trato desigual a contribuyentes que son desiguales, pues como se dijo en la demanda de amparo, no puede ser tratado igual un contribuyente que paga de nómina cien mil pesos (aproximadamente 80 trabajadores), frente a otro que paga un millón de pesos (aproximadamente 800 trabajadores), precisamente porque son contribuyentes diferentes, por lo que es procedente se revoque la sentencia dictada y se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal declarando la inconstitucionalidad del artículo 4o. de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, así como el artículo 11 de la Ley de Hacienda estatal.

Es infundado lo anterior, porque si bien es cierto que el encargado del despacho expresamente no refirió que la tasa fija del 2% del impuesto sobre nóminas no contraviene el principio de equidad, sí estableció en la sentencia impugnada que la equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto, los que en esas circunstancias deben recibir un tratamiento idéntico en lo concerniente a la hipótesis de causación, por lo que debía entenderse que en la especie se cumple con tal requisito; asimismo, señaló que el artículo 11 de la Ley de Hacienda para el Estado de Nayarit, señala como sujetos del impuesto sobre nóminas, a las personas físicas y morales en el Estado de Nayarit, que de conformidad con el artículo 10 del citado ordenamiento, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado; dicho en otras palabras, es sujeto pasivo del mencionado tributo, toda persona que esté en los siguientes supuestos: 1. Que realice las erogaciones antes mencionadas; y, 2. Que las mismas las efectúe en el Estado de Nayarit; consecuentemente, todas las personas que se ubiquen en la hipótesis de causación citada, son causantes del referido impuesto, razón por la que sí existe igualdad en la aplicación de tal gravamen (que según se precisó, fue definición del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la equidad radica en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo impuesto) atento a que en el precepto legal reclamado que se cita en último término hay universalidad y generalidad respecto de los sujetos que se sitúen en los supuestos señalados. Por tanto, la tasa fija del 2% del impuesto sobre nóminas no contraviene el principio de equidad tributaria, toda vez que la capacidad contributiva de los causantes del impuesto sobre nóminas a que atiende este gravamen está en relación directa con los gastos o erogaciones que realicen por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, consecuentemente, como la capacidad contributiva deberá medirse sólo en relación con los gastos o erogaciones que realice el contribuyente, al establecerse en el artículo 4o. de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal del año dos mil cuatro, la tasa fija del dos por ciento sobre el total de las erogaciones para la determinación del monto del tributo, el impuesto resulta proporcional, por ende, equitativo, porque el objeto o hecho generador del impuesto sobre nóminas lo constituyen las erogaciones en dinero o en especie que realicen los patrones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado tomando como base el monto total de las erogaciones realizadas por ese concepto, estableciéndose una tasa fija del dos por ciento sobre el monto total de las mismas, esto es, que el contribuyente de tal impuesto que realice más erogaciones, tendrá que pagar más, en relación con otro causante que efectúe menos erogaciones, y pagarán igual cantidad quienes realicen similares gastos.

De la misma manera, aduce la inconforme que es evidente que el juzgador tergiversa su argumentación con la finalidad de justificar la falta de precisión del monto a recaudar por concepto del impuesto sobre nóminas, ya que nunca se alegó la falta de determinación en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal dos mil cuatro, del monto de los impuestos a recaudar en forma genérica, sino que se expresó la inconstitucionalidad exclusivamente respecto al impuesto sobre nóminas, de manera que lo expresado por el encargado del despacho corrobora la procedencia del concepto de violación y, por ende, evidencia la inconstitucionalidad señalada, en virtud de que la Ley de Ingresos no contiene el monto a recaudar del impuesto sobre nóminas, toda vez que sólo contiene el monto de los impuestos a percibir por parte de la autoridad responsable, sin embargo, como se manifestó en el primer concepto de violación, el Estado de Nayarit grava a los contribuyentes además del impuesto sobre nóminas con diversos impuestos, entre otros, el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal en forma independiente, el impuesto al hospedaje, el impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, impuesto sobre adquisición de bienes muebles; por tanto, al establecer en la Ley de Ingresos, que se estima como ingresos para el ejercicio de dos mil cuatro, la cantidad de ($172,154.000.00) ciento setenta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos, por concepto de impuestos, no significa que se cumpla con la garantía consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, relativa al destino del gasto público de la contribución cuya inconstitucionalidad se invoca, dado que se carece de certeza jurídica relativa a cuánto asciende el monto a recaudar del impuesto sobre nóminas; es decir, de la cantidad estimada de ($172,154,000.00) ciento setenta y dos millones ciento cincuenta y cuatro mil pesos, se desconoce cuánto corresponde al impuesto sobre nóminas, lo que sin duda le confiere el carácter extrafiscal a dicho tributo.

Es inoperante lo anterior, en virtud de que la inconforme se limita a reiterar esencialmente los argumentos que hizo valer en el concepto de violación respectivo, sin controvertir, mucho menos superar, las consideraciones torales en que se apoyó el encargado del despacho del Juzgado de Distrito para negar la protección federal solicitada, en las que estableció que, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, precisa el ingreso a recaudar para el ejercicio fiscal dos mil cuatro, por concepto de impuestos, rubro al que corresponde el impuesto sobre nóminas, como se advierte de la fracción I, inciso b), del precepto legal en cita, motivo por el cual no contradice a la Constitución, pues el gasto público doctrinaria y constitucionalmente tiene un sentido social y un alcance de interés colectivo; y será siempre gasto público el importe de lo recaudado a través de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que se destine a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades colectivas o sociales o los servicios públicos, pues sostener otro criterio o apartarse en otros términos de este concepto, es incidir en el unilateral punto de vista de que el Estado no está capacitado ni tiene competencia para realizar sus atribuciones públicas y atender a las necesidades sociales y colectivas de sus habitantes, en ejercicio y satisfacción del verdadero sentido que debe darse a la expresión constitucional "gastos públicos de la Federación, Estados y Municipios"; que el anterior concepto material de gasto público está comprendido en su cabal integridad si se le aprecia también a través de su concepto formal; que la fracción VII del artículo 73 de la Constitución General de la República, prescribe que el Congreso de la Unión tiene facultad para imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto, a su vez la fracción VI del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Nayarit establece que corresponde al Congreso de esa entidad fijar anualmente, a propuesta del gobernador, los gastos de la administración pública del Estado y decretar las contribuciones para cubrirlos, determinando la duración de éstas y el modo de recaudarlas. Por tanto, si en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, señala que la Hacienda Pública del Estado percibirá durante el ejercicio fiscal del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, ingresos por concepto de impuestos estimados en la cantidad de $172,154,000.00, aun cuando no establece el porcentaje del mismo que habrá de destinarse al gasto público, ello no contraviene el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, puesto que únicamente establece una obligación a cargo de los particulares mediante el pago de impuestos que deben satisfacer dos requisitos: los de proporcionalidad y equidad determinados en la ley, obligación que tiene como objeto el de la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad, por lo que si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que los impuestos se destinen a fines diferentes a los del gasto público; por ende, se estima que dichos agravios resultan ineficaces para modificar o revocar la sentencia que se recurre, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos sobre los que descansa el sentido del fallo impugnado, lo cual, según se vio, en la especie no aconteció, motivo por el cual tales consideraciones deben seguir rigiendo el sentido del fallo impugnado.

Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 595, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, que se comparte, publicada en la página 395, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917-1995, que dice:

"AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE REVISIÓN. Son inoperantes los agravios cuando en éstos no se formula objeción alguna contra los lineamientos que rigen el fallo recurrido, o bien, cuando son varias las consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, resultando ineficaces para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito sobre los que descansa el sentido del fallo."

Igualmente resulta inoperante el argumento atinente a que en la especie eran aplicables las argumentaciones sobre el carácter extrafiscal de la contribución, contenidas en el voto concurrente emitido por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel sobre la jurisprudencia 10/2003, ya que tratándose del impuesto sobre nóminas del Estado de Nayarit, no se indica el monto específico a recaudar, lo que implica que no se previó ninguna estimación respecto de ese impuesto en particular y, por ende, se actualiza la inconstitucionalidad expresada en la demanda de garantías, dado que por tal motivo tampoco existe correlación con los gastos programados en el presupuesto de egresos del Estado de Nayarit, para demostrar lo equívoco e infundado de la conclusión del a quo, en el sentido de que el legislador estatal de Nayarit, cumplió con el mandato legal de establecer el monto a recaudar del impuesto sobre nóminas en el ejercicio fiscal del dos mil cuatro, en relación con el gasto público a que los contribuyentes deben contribuir y de que no existe impedimento legal, financiero, presupuestal o de otra índole para que el legislador estatal cumpla con la obligación de determinar por cada uno de los impuestos locales el monto a recaudar, así como el argumento relativo a que en las leyes de ingresos de los Estados de Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los legisladores estatales cumplieron con el contenido de los artículos 6o. y 31, fracción IV, constitucionales, al precisar el monto a recaudar por cada uno de los impuestos locales en el ejercicio fiscal de dos mil cuatro, de lo que se concluye que el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal del dos mil cuatro, contraviene el mandato constitucional del artículo 31, fracción IV, al no establecer el monto a recaudar del impuesto sobre nóminas (establece el monto genérico a recaudar de impuestos), vinculado con el gasto público a contribuir y además, contrario a lo aseverado por el a quo, se contraviene la garantía constitucional del derecho a la información del artículo 6o. constitucional, al no precisarse desde la Ley de Ingresos, el monto a recaudar del impuesto aludido.

Lo anterior es así, en virtud de que los agravios deben estar en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral del fallo que se combate, con vista a los motivos de inconformidad que plantean los recurrentes; sin embargo, como lo expuesto en el agravio que se examina, en relación al voto concurrente emitido por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel sobre la jurisprudencia 10/2003, así como lo relativo a que las leyes de ingresos de los Estados de Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, los legisladores estatales cumplieron con el contenido de los artículos 6o. y 31, fracción IV, constitucionales, al precisar el monto a recaudar por cada uno de los impuestos locales en el ejercicio fiscal del dos mil cuatro, constituyen aspectos que no fueron planteados ante el Juzgado de Distrito en la demanda de garantías, y que, por ende, no fue abordado en la sentencia recurrida para negar la protección constitucional a la quejosa, ahora recurrente, e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18630-2900d2b1/nominas-el-articulo-1o-de-la-ley-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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