AGUAS NACIONALES. EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIONES I Y VI, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2005, AL ESTABLECER EXENCIONES PARCIALES EN EL PAGO DEL DERECHO RELATIVO A FAVOR DE LAS INDUSTRIAS DE LA CELULOSA Y EL PAPEL, ASÍ COMO DE LA AZUCARERA, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 301/2007. EMBOTELLADORA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito, en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se adujo la inconstitucionalidad de los artículos 222, 223, 226 y segundo transitorio, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Derechos, vigente en el dos mil seis, y si bien subsiste en esta instancia la cuestión de constitucionalidad, es innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, en virtud de que existen tesis de jurisprudencia y precedentes que orientan el sentido de este fallo.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Esta Sala no se hace cargo de examinar la oportunidad en la presentación del recurso de revisión, en virtud de que el Tribunal Colegiado de Circuito, que previno en el conocimiento del asunto, ya hizo el estudio correspondiente, determinando que fue presentado en tiempo.
TERCERO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto:
I. Antecedentes:
a) La empresa quejosa es una sociedad mercantil, que para fines de su objeto social requiere del uso de agua, por lo que cuenta con título de concesión, registrado con el número 06CHI108267/24FMGE04, que le autoriza el uso, explotación y aprovechamiento de aguas nacionales.
b) El veinte de abril de dos mil seis, la quejosa presentó declaración de pagos provisionales en materia de aguas nacionales, correspondiente al primer trimestre del ejercicio de dos mil seis, siendo éste el primer acto de aplicación de los preceptos reclamados.
II. En su único concepto de violación, la quejosa, en síntesis adujo que:
a) El artículo segundo transitorio, en sus fracciones I y VI, de la Ley Federal de Derechos, vigente en el dos mil seis, es inequitativo, toda vez que exenta parcialmente del pago de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, sin alguna justificación objetiva, jurídica o social de trato diferente a los contribuyentes que son ingenios azucareros, así como a los que se dedican a la industria de la celulosa y el papel, no obstante que la empresa quejosa se encuentra en el mismo supuesto de causación que esos sujetos.
b) El artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, vigente en el año dos mil seis, viola el principio de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, al clasificar a los contribuyentes por el tipo de usos que se dé al agua nacional extraída del subsuelo, lo cual no se justifica, ya que si el pago de derechos se causa, en este caso, por el aprovechamiento del agua como bien nacional, es irrelevante la actividad que realice la persona que utiliza dicho bien. Ello es así, dado que en materia de derechos por el aprovechamiento de agua, el elemento esencial que incide en su causación, es la medida del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, es decir, quien aproveche más agua nacional deberá tributar en mayor medida, sin tomar en cuenta la actividad que realice.
Agrega que la clasificación aludida -por la cual se establecen tarifas reducidas a empresas concesionarias que prestan el servicio de agua potable o alcantarillada, así como a empresas que se dedican a la generación hidroeléctrica, a la acuacultura y a las actividades agropecuarias-, no se justifica en la ley, ni en la exposición de motivos relativa. La quejosa considera que se encuentra en un plano de igualdad con las empresas que se dedican a las actividades antes señaladas, puesto que al igual que ella aprovechan un bien de dominio público y, por ende, deben pagar derechos en la medida en que utilicen el agua nacional respectiva.
c) Que las disposiciones impugnadas permiten tanto a los contribuyentes que son ingenios azucareros, como a aquellos que forman parte de la industria de la celulosa y el papel, pagar los derechos relativos bajo un esquema con mayor beneficio económico, pues el primero de los contribuyentes pagará sólo el cincuenta y cinco por ciento de los derechos y el segundo el ochenta por ciento, siendo que todos los demás contribuyentes que no se ubiquen en esas categorías, como la quejosa, están obligados a pagar el cien por ciento de tales contribuciones.
d) Que no fue intención del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo beneficiar a las industrias que se dediquen al giro de ingenios azucareros o a la industria de la celulosa y el papel, por alguna razón extrafiscal, social o de interés nacional (por ejemplo, impulsar esa rama de la industria).
e) Que la exención parcial denunciada provoca una ventaja comercial a favor de las empresas a las que se les otorga una tarifa preferencial, al estar en posibilidad de ofrecer sus servicios o productos a un costo final inferior, dándose así un trato desigual a sujetos iguales.
f) Que el objetivo rector a que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, relativo a alcanzar el uso equilibrado del agua en cuencas y acuíferos, sólo se podrá lograr a través de tarifas uniformes de acuerdo a zonas de disponibilidad y no con tarifas preferenciales especiales aplicables sólo a ciertos sectores industriales.
III. Las consideraciones en que se sustentó la sentencia recurrida, en síntesis, son las siguientes:
a) Sobreseyó en el juicio, respecto de los actos de ejecución de los preceptos reclamados atribuidos al director general de la Comisión Nacional del Agua y al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ante la negativa de dichos actos sin prueba en contrario.
b) Precisó la certeza de los demás actos reclamados.
c) Desestimó la causal de improcedencia aducida por las autoridades responsables -la prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo-, considerando que, contrariamente a lo aducido por dichas autoridades, la quejosa demostró el acto de aplicación de la ley reclamada, por tanto, su interés jurídico para impugnar e intentar la vía de amparo.
d) Declaró infundados los conceptos de violación en contra, al decir del juzgador, de la exención prevista en los artículos 223 y segundo transitorio, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Derechos.
Para ello, después de sintetizar los conceptos de violación de la quejosa, adujo que las fracciones I y VI del artículo segundo transitorio de la Ley Federal de Derechos, son claras al exentar parcialmente del pago de dicho derecho a las empresas que se dedican a la industria azucarera de la celulosa y el papel. Que dicha exención se justifica por la necesidad de proteger a esas empresas nacionales.
Agrega que respecto a la exención de impuestos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido criterio -cita tesis de rubro: "EXENCIÓN DE IMPUESTOS."-, en el sentido de que dicha exención es constitucional cuando, por razones de interés social o económico, se establece a toda una categoría de personas por medio de leyes que tienen carácter general.
De ahí que haya concluido en el sentido de que si la Ley Federal de Derechos tiene carácter general y el artículo segundo transitorio, fracciones I y VI, se dirige a una categoría de personas (aquellos que se dedican a la industria azucarera, de la celulosa y el papel, así como a los enumerados en el artículo 223 de la citada ley), con una finalidad social y económica, en tanto que con ello, se pretende proteger a dichas industrias; es evidente que la misma es constitucional, ya que no viola el principio de equidad.
Esto es, que el trato diferenciado se justificaba razonable y objetivamente, ya que se trataba de proteger a las empresas nacionales a que se refieren los preceptos reclamados; por tanto, al ser diferentes supuestos de hecho -diverso objeto social de las empresas y del uso y aprovechamiento de las aguas nacionales-, no podían corresponder idénticas consecuencias jurídicas.
IV. En su único agravio, la recurrente aduce, sustancialmente:
a) Se violan en perjuicio de su representada las garantías de legalidad y audiencia, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, así como los preceptos 1o., 2o., 73, 74, 76, 77, 78, 79, 114, fracción I y 116 de la Ley de Amparo, y los integrantes del título quinto, capítulo único del Código Federal de Procedimientos Civiles, en especial el artículo 222, porque la Juez de Distrito no valoró ni analizó debidamente sus conceptos de violación junto con las pruebas ofrecidas, pues contrariamente a lo que resolvió, las normas cuestionadas sí violan el principio de equidad tributaria, contenido en la fracción IV del artículo 31 constitucional, al otorgar trato preferencial a las industrias azucarera y de la celulosa y el papel, respecto de las demás que igualmente utilizan agua nacional concesionada en sus procesos productivos, sin que exista razón objetiva, social o parafiscal que justifique dicho trato preferencial.
b) La tesis que la Juez de Distrito invocó no es jurisprudencia, como lo afirma, sino aislada; además, la aplicó en forma incorrecta, pues la misma se refiere al trato inequitativo que recibía el quejoso en el amparo, del cual surgió ese criterio, respecto al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en virtud que no era sujeto de la exención parcial que las normas que reclamó otorgaban a la industria de la celulosa y el papel, no obstante que él sí formaba parte de tal industria, sin que en ese asunto se haya analizado el trato diferencial e inequitativo reclamado por la recurrente, con relación a otros sujetos obligados al pago de derechos de que se trata, que igualmente utilizan el agua en sus procesos productivos, sin justificación social y objetiva.
c) La Juez Federal omitió, por una parte, fundar y motivar las razones por las que considera que las categorías a las que el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos les otorga trato diferencial, no son inequitativas; y por otra, señalar que la quejosa manifestó también que en el supuesto de que se llegara a la conclusión de que el artículo 223 citado es constitucional, ello reforzaría el argumento de que el cuestionado artículo segundo transitorio, fracciones I y VI, es inconstitucional por violar el principio de equidad tributaria.
d) La Juez de Distrito analizó en forma incorrecta el artículo 223 de la Ley Federal de Derechos, pues no advirtió que si, según su apreciación, dicho precepto es constitucional al establecer diferentes categorías de contribuyentes como la de quienes emplean el agua nacional para uso industrial, entonces debió concluir que la exención parcial establecida en las impugnadas fracciones I y VI del artículo segundo transitorio es inconstitucional, por violar el principio de equidad tributaria, pues es clara la intención del legislador, de que sólo la clasificación de contribuyentes contenida en el artículo 223 citado puede establecerse frente al pago de derechos de que se trata, no así la contenida en las disposiciones transitorias reclamadas, que clasifica supuestas categorías por giro industrial.
e) Contrariamente a lo manifestado por la juzgadora, los tipos de industrias no pueden considerarse como categorías frente a las normas reclamadas, pues el artículo 223 combatido establece una clasificación de contribuyentes, en atención al tipo de uso que le dan al agua nacional extraída: a) para actividades comerciales o industriales; b) para uso potable, generación hidroeléctrica, acuacultura y balnearios; y c) para uso agropecuario. La juzgadora de amparo no atendió a tales categorías de contribuyentes e intentó crear las suyas, diferenciando a las industrias azucarera y de la celulosa y el papel, siendo que forman parte de la misma categoría de contribuyentes, que dan uso industrial al agua nacional que utilizan. De ahí que las normas reclamadas sean inconstitucionales, al exentar parcialmente del pago del derecho de mérito, no a una categoría sino sólo a quienes se dedican a dos ramas industriales en específico, sin que la misma legislación o su exposición de motivos contengan justificación parafiscal alguna. La recurrente adiciona que no son justificables los gravámenes diferenciales reclamados, pues se trata de un mismo bien de la nación, al cual se le da el mismo uso industrial, lo que dice demostrar mediante el análisis de los procesos productivos de la industria azucarera, y concluye que la parte de su actividad que podría estar exenta del pago de derechos es la agropecuaria, no obstante, el uso de agua nacional destinado a esas actividades ni siquiera está gravado, en términos del artículo 224 de la Ley Federal de Derechos. La recurrente reitera que todos los contribuyentes que emplean agua nacional en sus procesos productivos o industriales, están en igualdad de circunstancias frente al pago de los derechos de que se trata.
f) Alega que el tipo de productos que produce la industria de la celulosa y el papel y la industria refresquera, son iguales en cuanto al uso que le dan al agua nacional y del mismo modo son integrantes de la canasta básica -al efecto, transcribe el cuadro que atribuye a la Procuraduría Federal del Consumidor-, y menciona que en el índice nacional de precios al consumidor, publicado por el Banco de México, se incluyen en la canasta básica los refrescos envasados, el azúcar y el papel, los que, según afirma, el Congreso del Trabajo incluye también en su lista de alimentos necesarios para la alimentación y nutrición de la población mexicana, por lo que, concluye, no existe justificación para el trato inequitativo.
g) Afirma que es de conocimiento general que la industria de la celulosa y el papel se ha caracterizado por ser altamente contaminante del agua, por lo que es ilógico que se pretenda que tal industria sea "protegida", como lo aduce la Juez Federal.
h) La a quo omitió pronunciarse respecto del argumento de la quejosa, en el sentido de que la justificación objetiva, jurídica o social del trato diferente debería constar en el proceso legislativo de creación de las normas reclamadas o en las mismas disposiciones, pues existe criterio de este Alto Tribunal que para justificar un trato inequitativo de las normas tributarias, es necesario que el legislador precise en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la propia ley, el fin extrafiscal perseguido con determinada exención, con objeto de atender a la voluntad manifiesta del legislador y no a supuestas finalidades u objetivos no contemplados en la ley o en su exposición de motivos.
i) Además, las normas reclamadas son de vigencia anual, específicamente en el dos mil seis, por lo que las exenciones contempladas no atienden a circunstancias sociales o económicas permanentes, sino que se dirigen a beneficiar determinadas ramas de la industria, que supuestamente concuerdan con las condiciones económicas y sociales que prevalezcan en la época de su vigencia; luego, si desde mil novecientos noventa y tres las disposiciones transitorias de la Ley Federal de Derechos han contemplado exenciones similares, ello corrobora el fin de establecer condiciones periódicas acordes con la situación del país en cada momento en que se expiden. Así, en el proceso legislativo que dio origen al artículo segundo transitorio impugnado, el Poder Legislativo debió fijar la supuesta finalidad extrafiscal perseguida (proteger a las industrias azucarera y de la celulosa y el papel) con las exenciones que la Juez de Distrito dice que aquella norma tiene, así como sustentar las razones objetivas que lo justificaran, con base en la situación económica, política y social actual del país, en relación con tales industrias; sin que dicha motivación se obtenga de la propia norma ni de su interpretación, pues la situación o directrices políticas actuales relativas a aquellas industrias no son hechos notorios, ni puede considerarse en esta época que dichas ramas industriales sean marginales.
j) Incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Ejecutivo Federal manifestó como objetivo rector de la política nacional, alcanzar el uso equilibrado del agua en cuencas y acuíferos, lo cual podrá lograrse sólo a través de tarifas uniformes de acuerdo a las zonas de disponibilidad de su extracción y no mediante tarifas preferenciales aplicables exclusivamente a ciertos sectores industriales, sin justificación objetiva ni social alguna. Suponiendo que las industrias azucarera y de la celulosa y el papel necesitaran ser protegidas, el agua es un elemento vital que la nación debe proteger aún más, máxime que el Gobierno Federal ha expresado ese objetivo en el plan nacional de desarrollo.
V. Resolución del Tribunal Colegiado.
a) El órgano colegiado se ocupó de la oportunidad del recurso de revisión, estableciendo que éste se presentó en tiempo.
b) Dejó firme el sobreseimiento decretado por la Juez Federal en el considerando segundo de su sentencia, por no haber sido materia de impugnación por la parte a quien pudiera perjudicar.
c) Se declaró incompetente para conocer de los argumentos vertidos en el único agravio hecho valer por la recurrente, en los que se controvierte lo decidido por la Juez Federal, en relación con la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, específicamente el artículo segundo transitorio, fracciones I y VI, así como los artículos 222, 223 y 226 del mismo ordenamiento. En consecuencia, remitió los autos correspondientes a este Alto Tribunal para su estudio.
CUARTO. Previamente al estudio de los argumentos, que como agravios, hace valer la parte quejosa, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupa de oficio del estudio de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con la fracción V del artículo 116, ambos de la Ley de Amparo, la cual el órgano colegiado remitente no advirtió, respecto de los artículos impugnados 222 y 226 de la Ley Federal de Derechos, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil seis.
Esto es así, en virtud de que de las manifestaciones vertidas en el único concepto de violación planteado por la parte quejosa, se advierte que no formuló argumento alguno en contra de los referidos preceptos, a fin de demostrar su inconstitucionalidad, puesto que si bien los señala como acto reclamado en su demanda, sus argumentos los encamina únicamente a combatir el contenido de los artículos 223 y segundo transitorio, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Derechos, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil seis, al expresar fundamentalmente que tales normas vulneran el principio de equidad tributaria en razón de que el referido artículo 223 establece diversas categorías de forma inequitativa y que la disposición transitoria exenta parcialmente, sin justificación alguna, del pago de esos derechos a los ingenios azucareros y a los que se dedican a la industria de la celulosa y el papel.
No obstante, es evidente que, como ya se precisó, la quejosa no expresó argumento alguno en contra de la obligación tributaria que establece el artículo 222, respecto del pago del derecho sobre agua a cargo de las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, ni en relación con la zona de disponibilidad de agua según la división territorial precisada en el diverso precepto 231 de la propia ley. Tampoco emitió planteamiento de inconformidad, respecto de la forma de enterar el tributo a que se refiere el artículo 226 de la Ley Federal de Derechos, a fin de demostrar su inconstitucionalidad.
En efecto, de la demanda de amparo, se colige que la empresa quejosa no se opone al pago del derecho, cuya obligación deriva de las concesiones que anexó, ni a la manera en que debe calcular el derecho, mucho menos a la forma de enterarlo en los plazos y ante la autoridad correspondiente, todo ello en los términos de los artículos 222 y 226 citados, sino que, como ya se dijo, sólo se inconforma en contra de las categorías que precisa el artículo 223 y respecto de las exenciones parciales en favor de aquellas industrias a que alude el artículo segundo transitorio en sus fracciones I y VI, lo que considera inequitativo.
Bajo esas condiciones, debe sobreseerse en el juicio respecto de los citados artículos 222 y 226 de la propia legislación federal, con apoyo en la siguiente jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 72, diciembre de 1993
"Tesis: 3a./J. 28/93
"Página: 38
"Genealogía: Apéndice 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 169, página 114.
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo."
QUINTO. Fijación de la litis. La litis en el presente recurso de revisión, se constriñe a determinar si los artículos 223 y segundo transitorio, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Derechos, vigente para el dos mil seis, violan o no el principio de equidad tributaria, previsto en la fracción IV del artículo 31 constitucional.
SEXTO. Estudio de fondo. De la reseña de los agravios expuestos por la recurrente, se advierte que esencialmente se atribuyen inconsistencias en la sentencia recurrida y se insiste que los artículos 223 y segundo transitorio, fracciones I y VI, de la Ley Federal de Derechos, son violatorios de la garantía de equidad tributaria consagrada en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los agravios de referencia devienen infundados, puesto que no obstante que en la sentencia recurrida no se realizó un análisis exhaustivo de los preceptos, cuya constitucionalidad se sostiene, lo cierto es que, como bien concluyó la Juez de Distrito, tales preceptos no son violatorios de la garantía de equidad tributaria.
Se afirma lo anterior, en atención a las siguientes consideraciones:
Antes de abordar el estudio de constitucionalidad de los artículos 223 y segundo transitorio (reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil cinco) de la Ley Federal de Derechos, es necesario tener presente lo siguiente:
De conformidad con el artículo 27 constitucional, las aguas nacionales son propiedad de la nación, el dominio de éstas es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes.
Por su parte, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación, los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio directo de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
En los mismos términos, la Ley Federal de Derechos en su artículo 1o., establece que los derechos que se prevén en ésta, se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público.
Los artículos 222 y 223 de la Ley Federal de Derechos se refieren a la clase de derechos que se pagan por la explotación, uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Los artículos de referencia establecen lo siguiente:
"Artículo 222. Están obligadas al pago del derecho sobre agua, las personas físicas y las morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, bien sea de hecho o al amparo de títulos de asignación, concesión, autorización o permiso, otorgados por el Gobierno Federal, de acuerdo con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción de conformidad a la división territorial contenida en el artículo 231 de esta ley."
"Artículo 223. Por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere este capítulo, se pagará el derecho sobre agua, de conformidad con la zona de disponibilidad de agua en que se efectúe su extracción y de acuerdo con las siguientes cuotas:
Ver cuotas
"Las empresas públicas y privadas que tengan asignación o concesión para explotar, usar o aprovechar aguas nacionales y suministren volúmenes de agua para consumo doméstico a centros o núcleos de población, cubrirán el derecho respecto de los volúmenes de agua suministrada, con las cuotas establecidas en el apartado B, fracción I, de este artículo; para tales efectos, deberán contar con medidor que contabilice exclusivamente el volumen de agua que proporcionen para el citado uso.
"De los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, 300 millones de pesos tendrán destino específico para el Fondo Forestal mexicano para el desarrollo y operación de programas de pago por servicios ambientales. Estos recursos ampliarán el presupuesto que se asigne a la Comisión Nacional Forestal.
"B. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, se pagará el derecho sobre agua por cada mil metros cúbicos, destinadas a:
"I. Uso de agua potable:
"a) Asignada a entidades federativas, Municipios, organismos paraestatales, paramunicipales.
"b) Concesionadas a empresas que presten el servicio de agua potable o alcantarillado y que mediante autorización o concesión, presten el servicio en sustitución de las personas morales a que se refiere el inciso a).
"c) Concesionada a colonias constituidas como personas morales que por concesión de las personas morales a que se refiere el inciso a), presten el servicio de suministro de agua potable de uso doméstico.
"Para los efectos del uso de agua potable, se considerará:
Ver tabla
"Los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales a que se refiere esta fracción, que paguen los Municipios, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para obras de infraestructura hidráulica.
"Las tarifas a que se refiere esta fracción, serán aplicables a los sujetos que en las mismas se señalan cuando el consumo de agua en el periodo sea inferior o igual a un volumen equivalente a los 300 litros por habitante al día, de acuerdo con la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior, referidos exclusivamente a población, provenientes del último Censo General de Población y Vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, actualizado con las proyecciones de población publicadas por el Consejo Nacional de Población.
"En aquellos casos en que el consumo no exceda de los volúmenes a que se refiere el párrafo anterior, se aplicarán las siguientes tarifas:
Ver tarifas 1
"En aquellos casos en que el consumo sea superior a los volúmenes que se mencionan en el párrafo anterior, se aplicarán las siguientes tarifas sobre el volumen de consumo excedente:
Ver tarifas 2
"Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a hoteles, centros recreativos de acceso exclusivo o privado y campos de golf.
"C. Por las aguas provenientes de fuentes superficiales o extraídas del subsuelo, a excepción de las del mar, destinadas a uso agropecuario, se pagará el derecho sobre agua por cada metro cúbico que exceda el volumen concesionado a cada distrito de riego o por cada metro cúbico que exceda el volumen concesionado a los usuarios agropecuarios restantes, conforme a las siguientes cuotas:
"Zona de disponibilidad 1 a 9. $0.1039
"El derecho a que se refiere este apartado, se pagará mensualmente mediante declaración que se presentará en las oficinas autorizadas por el servicio de administración tributaria, dentro de los primeros 17 días del mes inmediato posterior a aquél por el que corresponda el pago.
"Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a que se refiere este apartado, se destinarán a la Comisión Nacional del Agua para la instalación de dispositivos de medición y tecnificación del propio sector agropecuario."
De los preceptos acabados de reproducir, se desprende que están obligadas al pago del derecho sobre agua las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales.
Se infiere, por tanto, que los sujetos del derecho en cuestión, son las personas físicas o morales que de hecho o al amparo de un título, concesión o aut
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20532-b0d6ade2/aguas-nacionales-el-articulo-segundo-transitorio-fracciones-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- ESTÍMULOS FISCALES. EL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE MARZO DE 2003, Y REFORMADO PO (AMPARO EN REVISIÓN)
- VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 2004, AL INCLUIR LA EXPRESIÓN "Y CUALQUIER OTRO CONCEPTO", NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. (AMPARO EN REVISIÓN)
- VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONDICIONA A LA EMISIÓN DE UNA NUEVA ORDEN, LA CONCLUSIÓN DE LA YA INICIADA (TEXTO VIGEN (AMPARO EN REVISIÓN)
- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD. (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- LEY REGLAMENTARIA DEL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis