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Modo: Corpus Pro

LEYES TRIBUTARIAS. LA MODIFICACIÓN DE UN RANGO, TASA O CUOTA DE UNA TARIFA APLICABLE PARA LA DETERMINACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO QUE AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO DE LOS CONTRIBUYENTES. NÓMINAS. LA ESTRUCTURA DE RANGOS Y TASAS CONTENIDA EN LA TARIFA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 169 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL (DECRETO 108/98 DEL CONGRESO DEL PROPIO ESTADO). NÓMINAS. LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 169 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ESTABLECE UNA NUEVA TARIFA PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO RELATIVO, ES AUTOAPLICATIVA (DECRETO 108/98 DEL CONGRESO DEL PROPIO ESTADO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1188/99. · Registro digital (IUS): 6190
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: EMBOTELLADORA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, , Pág. 192.

AMPARO EN REVISIÓN 1188/99. EMBOTELLADORA DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Por principio, en relación con la incongruencia que las autoridades responsables atribuyen al fallo recurrido, derivada de que en éste no se tomaron en cuenta, en su totalidad, los argumentos que plantearon para demostrar la constitucionalidad de la norma reclamada, los agravios conducentes resultan infundados.

Así es, ha sido criterio reiterado de esta Segunda Sala que, al tenor de lo previsto en los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, no es obligatorio para el juzgador de garantías que en la sentencia constitucional haga referencia pormenorizada de las argumentaciones contenidas en el informe justificado, máxime cuando la inconstitucionalidad del precepto reclamado se advierte en forma palmaria, por vicios insubsanables, resultando innecesario analizar otras cuestiones que a nada práctico llevarían. Por lo que si los referidos preceptos legales no obligan al análisis detallado del contenido de los informes justificados, que tiende a sustentar la validez del acto de autoridad reclamado y en el caso, la Juez de Distrito del conocimiento estimó que ninguno de los argumentos planteados en los informes justificados afectarían el resultado de su fallo, no existe motivo alguno para sostener que su resolución es incongruente.

En apoyo de la anterior conclusión son aplicables las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"INFORME JUSTIFICADO. NO ES OBLIGATORIO QUE EN LA SENTENCIA SE HAGA REFERENCIA PORMENORIZADA A LAS ARGUMENTACIONES CONTENIDAS EN AQUÉL. No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a todas y cada una de las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, tesis 2a. XXV/98, página 414).

"INFORME JUSTIFICADO, NO ES OBLIGATORIA LA REFERENCIA A LAS ARGUMENTACIONES DEL, EN LA SENTENCIA. No existe obligación para el Juez de Distrito de referirse en su sentencia, necesariamente y de manera expresa, a las argumentaciones que se contengan en el informe justificado que rindan las responsables, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo." (Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, tesis CLXXII/89, página 237).

En cuanto a los agravios a través de los cuales las autoridades recurrentes se duelen del análisis de procedencia realizado en la sentencia recurrida, destaca que éstos se sustentan, en general, en la idea de que el acto legislativo que se impugna en el presente juicio de amparo únicamente se traduce en los rangos que se modificaron y adicionaron de la tarifa prevista en el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, sin que sea válido controvertir tal tarifa en su totalidad, pues ésta ya se encontraba vigente con anterioridad y su reforma únicamente implicó modificarle un rango y adicionarle otros.

Para demostrar que tal concepción resulta equivocada, conviene transcribir el Decreto Número 108/98 expedido por el Congreso del Estado de Chihuahua, cuya constitucionalidad se controvirtió en este juicio.

"Decreto No. 108/98 I P.O. El ciudadano contador público Patricio Martínez García, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso del Estado se ha servido expedir el siguiente: Decreto. La Quincuagésima Novena H. Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, reunida en su primer periodo ordinario de sesiones, dentro del primer año de ejercicio constitucional. Decreta: Artículo único. Se reforma el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, para quedar en los siguientes términos:

"Artículo 169. El impuesto se causará aplicando a la base que señala el artículo 168 la tasa que corresponda, de acuerdo al equivalente con las unidades de salario mínimo general elevado al mes del área geográfica en que se ubique el domicilio del contribuyente, conforme a la siguiente tarifa:

Ver tarifa 1

"Para efectos de la determinación del salario mínimo general elevado al mes, éste se considerará de 30.4 días."

"Transitorios:

"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero del año mil novecientos noventa y nueve."

"Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los veintiún días del mes de diciembre de 1998. Diputado presidente Sergio Martínez Garza. Diputado secretario Víctor Manuel Garay Corral. Diputado secretario José Bernando Ruiz Ceballos. Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. En la ciudad de Chihuahua, Palacio de Gobierno del Estado, a los veintitrés días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. C.P. Patricio Martínez García. El secretario general de Gobierno Lic. Víctor E. Anchondo Paredes."

Por otra parte, conviene tener presente lo dispuesto en los artículos del 166 al 172 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, incluyendo el texto anterior del diverso 169, los cuales, exceptuando este último, disponen a la fecha:

"Capítulo IV

"Impuesto sobre nóminas

"Del objeto

"Artículo 166. Son objeto de este impuesto los egresos en efectivo o en especie, que habitual o accidentalmente, se realicen por concepto de remuneración al trabajo personal, prestado bajo la subordinación a un patrón, siempre y cuando se generen dentro del territorio del Estado o los perciban personas domiciliadas en el mismo.

"Para los efectos de este impuesto quedan comprendidas en el concepto de remuneraciones al trabajo personal, todas las contraprestaciones cualquiera que sea el nombre con el que se les designe, ordinarias o extraordinarias, incluyendo sobresueldos, viáticos, gastos de representación, comisiones, primas, gratificaciones, rendimientos y otros conceptos análogos que se deriven de una relación laboral."

"Del sujeto

"Artículo 167. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las morales o las unidades económicas que realicen pagos por concepto de remuneración al trabajo personal en los términos a que se refiere el artículo anterior."

"De la base

"Artículo 168. Se tomarán como base para la aplicación de este gravamen el monto total de los pagos a que se refiere el artículo 166."

"De la tasa

"Artículo 169. El impuesto se causará aplicando a la base que señala el artículo 168, la tasa que corresponda de acuerdo al equivalente con las unidades de salario mínimo general elevado al mes que rija en la zona del domicilio del contribuyente conforme a la siguiente tarifa:

Ver tarifa 2

"Artículo 170. El impuesto se causará mensualmente y el pago deberá efectuarse dentro de los días 1o. al 20 del mes siguiente a aquel en que se hayan efectuado las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal, presentándose al efecto una declaración en la oficina recaudadora correspondiente, en las formas oficialmente aprobadas por la Dirección General de Finanzas del Estado, debiendo anexarse copia de la declaración del pago provisional del impuesto sobre la renta."

"De las exenciones

"Artículo 171. Están exentas del pago de este impuesto las erogaciones que se cubran por concepto de:

"a) Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas;

"b) Indemnizaciones por riesgos y enfermedades profesionales;

"c) Pagos por jubilaciones en los casos de invalidez, vejez, cesantía y muerte;

"d) Indemnizaciones por cese o separación;

"e) Pagos por gastos funerarios;

"f) Pagos por primas de antigüedad;

"g) Gastos de representación y viáticos que reúnan los mismos requisitos que para su deducibilidad requiera la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"h) Prestaciones de servicio de comedor, bono de transporte, uniformes de trabajo y deportivos, festejos y convivios, becas para los trabajadores y sus familias, que se otorguen con carácter general y sean pagadas totalmente por el patrón.

"i) Los provenientes de los fondos de ahorro cuando las aportaciones de la empresa sean iguales a las de los trabajadores. En los casos en los que el patrón aporte una cantidad superior, el excedente será considerado para integrar la base gravable del impuesto.

"j) Las despensas que se otorguen a través de vales a los trabajadores, siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y estos sean otorgados en forma general.

"Para que los conceptos anteriores se excluyan como integrantes de la base del impuesto, deberán ser erogados por el patrón y estar debidamente registrados en contabilidad."

"Artículo 172. La Dirección General de Finanzas y Administración podrá determinar estimativamente las erogaciones de los sujetos de este impuesto cuando se den cualquiera de las hipótesis señaladas en el artículo 23 de este código."

Como se advierte de la comparación entre el texto anterior y el actual del artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, el decreto reclamado vino a establecer una diversa tarifa para el pago del impuesto sobre nóminas.

Al efecto, debe precisarse que la tarifa aplicable a un impuesto constituye un todo, es decir, una misma hipótesis jurídica. Así es, las tarifas impositivas se componen por una estructura de diversos rangos, donde se ubicará el contribuyente en razón de la magnitud en la que realice el hecho imponible, cuantificada mediante el parámetro que toma en cuenta el legislador para la medición de la base gravable, correspondiendo a cada rango una diversa tasa, cuota fija e inclusive, una diversa tasa para aplicar al excedente del límite inferior del respectivo rango.

En esa medida, destaca que a través de la estructura que contiene una tarifa, incluidos todos sus rangos y tasas o cuotas aplicables, el legislador puede plasmar fehacientemente el trato progresivo o regresivo que a través de la tarifa de un impuesto pretende dar a los contribuyentes de un mismo tributo, de ahí que cualquier leve modificación que reciba esa estructura conlleva un nuevo tratamiento fiscal, pues la simple adición de un rango o la modificación de una tasa genera un nuevo esquema de tributación, provocando una diversa tarifa que puede o no apegarse a los principios constitucionales de justicia tributaria.

Por ende, resulta inconcuso que la tarifa para el pago del impuesto sobre nóminas constituye una sola y precisa hipótesis jurídica cuya aplicación resulta indefectible como consecuencia de que algún gobernado realice el hecho imponible gravado por ese tributo, la erogación de salarios; de ahí que su más leve modificación, en tanto que constituye una expresión de la voluntad del legislador, conlleva la emisión de un nuevo acto legislativo.

En esos términos, la modificación de uno o más de los rangos que componen la tarifa prevista en el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, conlleva un cambio tanto formal como material de su texto anterior, en tanto que, por una parte, existe una nueva expresión de la voluntad del legislador derivada de la emisión de un decreto de reformas respecto de ese precepto legal y, por otra, mediante tal reforma se establece una nueva tarifa que establece un diverso tratamiento a los gobernados que realicen el hecho imponible, ya que con los nuevos rangos superiores que se le adicionan se crea un sistema que busca ser más progresivo, lo que repercute sobre la esfera jurídica de los gobernados que realizan el respectivo hecho imponible, en tanto que modifica el régimen bajo el cual contribuirán al gasto público, pues con independencia de que en el periodo respectivo se ubiquen en uno u otro rango de la tarifa, lo cierto es que ya tendrán la certeza de que el trato que reciban será diverso.

Ante ello, resulta indudable que el decreto reclamado, a través del cual se modifica la tarifa prevista en el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua constituye una nueva manifestación de la voluntad del legislador (como lo sostuvo la Juez de Distrito) y, por ende, la tarifa en sí y no solamente sus rangos que se vieron modificados en virtud de ese acto legislativo, constituyen un nuevo acto de autoridad, cuya constitucionalidad debe analizarse como un todo.

Para arribar a tal conclusión resultan aplicables, en lo conducente, las tesis de jurisprudencia y aislada, emitidas por el Pleno de esta Suprema Corte, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. De acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, por cuya virtud el efecto protector de aquéllas únicamente alcanza al texto legal que fue materia de análisis en el juicio, no así a sus reformas ni a una ley posterior que reproduzca su contenido, debe estimarse procedente el juicio de garantías que se intente en contra de la reforma de una ley ya declarada inconstitucional respecto del quejoso, cualesquiera que sean sus similitudes o diferencias esenciales o accidentales con el texto anterior pues, además de que se trata de actos legislativos diversos, en cuanto constituyen distintas manifestaciones de la voluntad del órgano respectivo, el principio de seguridad jurídica exige que sea el Juez Federal quien, en un nuevo proceso, califique la regularidad constitucional del texto reformado o sustituto del ya analizado, para evitar que esta cuestión quede abierta a la interpretación subjetiva de las partes y que el quejoso quede en estado de indefensión, en cuanto carezca de la vía adecuada para hacer valer la identidad esencial existente entre el texto original y el texto posterior, considerando que tal materia no podría ser objeto de análisis a través de los procedimientos previstos en la Ley de Amparo para decidir sobre el cumplimiento de una sentencia protectora, como son los referentes al incidente de inejecución, a la queja por defecto o exceso, o al incidente de repetición del acto reclamado, ninguno de los cuales permite censurar los nuevos actos de la autoridad legislativa, ya que ésta, en términos del citado principio de relatividad, no está limitada en su actuación por la sentencia de amparo." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, diciembre de 1997, tesis P./J. 89/97, página 10).

"LEYES, AMPARO CONTRA. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO EL PRONUNCIAMIENTO ESPECÍFICO DEL LEGISLADOR Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es la de que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos al respecto por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el pronunciamiento específico del legislador y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis P. LXXIV/98, página 250).

En ese contexto, en primer lugar, es incorrecto lo sostenido por las autoridades recurrentes en cuanto a que la reforma realizada a la tarifa prevista en el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, no constituye una disposición autoaplicativa.

Como quedó precisado, mediante la referida reforma se estableció una nueva tarifa del impuesto sobre nóminas de esa entidad federativa, por lo que si en virtud de su entrada en vigor se transformó la situación jurídica de los gobernados que realizan el hecho imponible generador del impuesto sobre nóminas, la erogación de salarios, modificándose los términos en los cuales deben realizar el cálculo del tributo a su cargo, obligación que ha de cumplirse indefectiblemente, con independencia de la mayor o menor cuantía en la que realicen tales erogaciones, es patente que el mencionado artículo 169 es de naturaleza autoaplicativa, pues la individualización de la precisa hipótesis jurídica contenida en él no se encuentra condicionada a un diverso acto de autoridad o del propio contribuyente, pues desde su entrada en vigor obliga a los gobernados a tributar bajo un sistema diferente. Los principios que sirven de apoyo a la anterior conclusión derivan de la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, julio de 1997, tesis P./J. 55/97, página 5).

Al respecto conviene señalar que la modificación legal de alguno de los elementos esenciales de un impuesto, que provoca una transformación del sistema conforme al cual se venía tributando, cuando no condiciona el nacimiento de la obligación relativa a la intervención de alguna autoridad o al cumplimiento por parte de un gobernado de determinados requisitos, da lugar a una disposición de naturaleza autoaplicativa, de individualización incondicionada, al contrario de lo que sucede cuando el legislador establece ciertos requisitos cuantitativos o temporales que de no acontecer impedirán la individualización de la nueva hipótesis jurídica, como sucede cuando se modifican elementos variables de un tributo cuya determinación es compleja.

De ahí que, en el presente asunto, al tratarse del decreto que reforma la tarifa que necesariamente debe aplicarse para el cálculo del impuesto sobre nóminas, con independencia de la cuantía en que se realice el hecho imponible, al contrario de lo aducido por las recurrentes, sí resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial citada por la Juez de Distrito del conocimiento, que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"NÓMINAS. TIENE EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA LA LEY QUE CREA EL IMPUESTO RELATIVO (LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL, ARTÍCULOS 45-G, 45-H Y 45-I). El decreto que establece el impuesto sobre nóminas, tiene la naturaleza de autoaplicativo, ya que por su sola entrada en vigor, sin necesidad de acto posterior de aplicación, obliga a todas las personas físicas o morales que en el Distrito Federal realicen erogaciones en dinero o en especie, por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado." (Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, tesis 3a./J. 25 8/89, página 391).

En ese orden de ideas, para que lo dispuesto en el artículo 169 del mencionado código tributario local se individualice en perjuicio de los gobernados que en el pasado venían realizando erogaciones para el pago de salarios, no es necesario que se realicen nuevas erogaciones, ni que se ubiquen en los nuevos rangos de la tarifa contenida en ese dispositivo ni, menos aún, que se presente la declaración respectiva, pues como quedó definido párrafos atrás, a partir de la vigencia de ese numeral se ve modificado el sistema conforme al cual los gobernados que ya realizaban ese hecho imponible, deben cumplir con la obligación de contribuir al gasto público.

Debiendo señalarse que no se está en un caso análogo al plasmado en la tesis citada por las autoridades recurrentes, que lleva por rubro, texto y datos de identificación, los siguientes:

"RENTA. PAGOS PROVISIONALES Y DECLARACIÓN ANUAL. LOS ARTÍCULOS 80, 86 Y 141 DE LA LEY DEL IMPUESTO, NO SON AUTOAPLICATIVOS (1986). El artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 1986, establece que a los contribuyentes que obtengan ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado superiores a $332,320.00, se les deberán efectuar retenciones mensuales de sus sueldos con el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual conforme a las tarifas ahí previstas; el numeral 86 dispone que las personas físicas que perciban ingresos por la prestación de un servicio personal independiente en determinada cantidad deberán efectuar pagos provisionales a cuenta del impuesto anual durante los meses de mayo y septiembre de 1986 y enero de 1987; finalmente, el artículo 141 establece la obligación de presentar la declaración anual para aquellas personas que hayan percibido ingresos superiores al mínimo en él establecido. Por consiguiente, estos dispositivos legales no pueden reclamarse en juicio de amparo como autoaplicativos, pues no causan perjuicios a sus destinatarios por su simple vigencia, sino que requieren que se cumplan determinadas condiciones, a saber: a) que se obtengan determinados niveles de ingresos, que, desde luego, aún no podían haberse percibido cuando inició la vigencia de estos preceptos, y b) tratándose del artículo 80, que quien realice los pagos por salarios y en general por la prestación de servicios personales subordinados, efectúe la correspondiente retención mensual del sueldo para cubrir el impuesto; tratándose del artículo 86, que la persona física que perciba ingresos independientes realice el pago provisional respectivo; y, tratándose del numeral 141, que se presente la declaración anual una vez transcurrido el ejercicio fiscal, o bien que las autoridades fiscales requieran coactivamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos numerales." (Octava Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, página 338. Nota: En el Informe de 1988, esta tesis aparece bajo el rubro: "IMPUESTO SOBRE LA RENTA. LOS ARTÍCULOS 80, 86 Y 141 NO SON AUTOAPLICATIVOS.").

De la simple lectura de este precedente se advierte que la naturaleza heteroaplicativa de los preceptos de la Ley del Impuesto sobre la Renta allí citados, se sustentó en que su individualización se encontraba condicionada por el legislador a diversos requisitos cuantitativos y temporales, por lo que lo contenido en ellos no transformaba, por su simple entrada en vigor, las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes de ese tributo, circunstancias que precisamente no se suscitan respecto de la tarifa prevista en el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, la que por su simple entrada en vigor sí crea un nuevo sistema de tributación para todos los contribuyentes que antes de su vigencia realizaban el hecho imponible de este último tributo, la erogación de salarios.

Igualmente, resulta infundado lo aducido por las responsables en cuanto a estimar que los preceptos que establecen una nueva tarifa o una tasa sí son de naturaleza autoaplicativa a diferencia de aquellos que solamente modifican una tarifa, pues como se precisó esto último también conlleva la creación de una nueva tarifa, ya que trasciende en su totalidad y no sólo en algunos de sus rangos, al respectivo sistema tributario, incluido el grado de progresividad que contiene y el respectivo procedimiento de determinación tributaria.

Destacando, inclusive, que la tarifa en su conjunto es la que trasciende a la esfera jurídica de los contribuyentes y no solamente el rango en el que se ubiquen una vez calculada la base correspondiente, pues a través de una tarifa se grava el mismo hecho imponible, pero en diferente proporción, por lo que para determinar si el respectivo tributo cumple los principios constitucionales de justicia tributaria debe analizarse el tratamiento que da el legislador al mismo hecho imponible, con independencia de que se establezca una sola tasa o una estructura de rangos y tasas para su cálculo, pues en ambos casos el tratamiento integral que se otorga es el que llevará a concluir si un específico impuesto atiende a la capacidad contributiva de los gobernados y da un trato igual a los que realicen el hecho imponible en la misma cuantía y en análogas circunstancias.

Por otra parte, si bien asiste la razón a las autoridades recurrentes en cuanto a que la juzgadora de garantías erróneamente llegó a la conclusión de que la empresa quejosa sí se ubicaba en la hipótesis de la norma reclamada por el hecho de ser una persona moral, tal equivocación no trasciende al resultado del fallo recurrido, ya que no pasa inadvertido para esta Suprema Corte que la peticionaria de garantías acreditó fehacientemente ubicarse en la hipótesis de la norma autoaplicativa reclamada, el artículo 169 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, pues tal como lo reconocen las autoridades en sus agravios, al ocurso de garantías se acompañó copia certificada de la declaración para el pago del impuesto sobre nóminas, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, de donde deriva que la quejosa ya venía realizando el hecho imponible gravado por el referido tributo.

Sirve de apoyo a esta conclusión la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación los siguientes:

"NÓMINAS, IMPUESTO SOBRE. INTERÉS JURÍDICO. NO BASTA ACREDITAR SER PERSONA MORAL PARA DEMOSTRARLO, SI SE RECLAMAN LOS ARTÍCULOS CORRESPONDIENTES COMO AUTOAPLICATIVOS. La persona moral que solicita amparo en contra de los artículos que establecen el impuesto sobre nóminas, con motivo de su entrada en vigencia y solamente exhibe su escritura constitutiva, acredita su existencia y su objeto social, pero no que dichos preceptos afecten su interés jurídico, pues para ello es necesario que pruebe que realiza erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, las cuales constituyen el objeto del impuesto." (Octava Época, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, tesis 4a./J. 12/90, página 241).

Ahora bien, en relación con los agravios a través de los cuales se controvierte la determinación de fondo adoptada en el fallo recurrido, por principio, resulta infundado lo sostenido en aquéllos en cuanto a que en éste no se precisó cuál o cuáles conceptos de violación son los que dan lugar al estudio de constitucionalidad realizado en él, pues en adición a que no existe disposición legal o jurisprudencial que obligue al juzgador a actuar en esos términos, en el caso basta la lectura del primer concepto de violación para advertir que en respuesta a él se emitió la sentencia protectora.

Tampoco asiste razón a las recurrentes en cuanto a que la quejosa pretende evidenciar la inconstitucionalidad de una ley a la luz de situaciones hipotéticas. Al respecto, destaca que los ejemplos numéricos que planteó la empresa quejosa, para efectos del análisis de constitucionalidad de la tarifa impugnada, aun cuando const

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/6190-64f7ccfe/leyes-tributarias-la-modificacion-de-un-rango-tasa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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