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Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18753
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Marzo de 2005, , Pág. 316.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 168/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Las consideraciones que sustentan la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al fallar el amparo directo DT. 2/90 el nueve de marzo de mil novecientos noventa, son las siguientes:

"En cambio, los conceptos son fundados en lo referente a que de lo reconocido por el titular demandado en la contestación se establece que la relación que unía a las partes era de trabajo. Efectivamente, en el escrito referido el titular reconoció que tenía celebrado con la actora contrato de prestación de servicios, que tales servicios se realizaban invariablemente en el local que para ese fin le destinaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de sus propias instalaciones, que a la reclamante se le dieron instrucciones sobre la forma en que debía desarrollar el servicio teniendo que hacerlo dentro de las horas de oficina del consejo mencionado, que fue indispensable que de común acuerdo se estableciera un horario porque de lo contrario los estudiantes no hubieran tenido una certeza en cuanto a la hora de sus clases, que controlaba la entrada y salida diaria de la demandante (aclarando que ello lo hacía para no ‘contraer un riesgo en virtud del posible incumplimiento por parte de la actora’), así como que los cursos o clases que impartía estaban sujetas a un programa autorizado por el centro de idiomas del propio consejo. Ahora bien, aun cuando no se puede presumir la existencia de relación de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular por el solo hecho de la prestación de un servicio, porque para ser trabajador al servicio del Estado se requiere de la expedición del nombramiento o aparecer en la lista de raya, por lo que no es aplicable en forma supletoria el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo; en los casos en que no sólo se reconoce o acredita la prestación del servicio, sino además que hubo continuidad en éste, que el mismo se realizaba en virtud de un contrato y en el lugar señalado por el titular demandado, que al actor se le daban instrucciones sobre la forma en que debía desarrollar el servicio y que de común acuerdo se estableció un horario para su realización, es de considerar que la relación entablada es de carácter laboral, así como que el contrato aludido equivale al nombramiento exigido por la ley burocrática, pues al desempeñarse el servicio bajo esas condiciones es claro que existe subordinación por parte de quien lo presta al que lo recibe, que es precisamente lo que caracteriza a la relación de trabajo. Este criterio encuentra apoyo, por analogía, en lo sostenido por la Cuarta Sala en la tesis número 71, publicada en las páginas cincuenta y cincuenta y seis del Informe rendido por su presidente en el año de mil novecientos ochenta y siete, que a la letra dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONTRATO QUE HACE LAS VECES DE UN NOMBRAMIENTO. Cuando una persona labora en una dependencia del Estado mediante un contrato de trabajo por tiempo indefinido, en el que se señalan las condiciones conforme a las cuales se prestarán los servicios, según las reglamentaciones de la dependencia oficial, este contrato de trabajo hace las veces de un nombramiento legalmente expedido en términos del artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.’. En consecuencia, al haberse reconocido en el caso concreto que el servicio que realizaba la actora tenía las características antes aludidas, y no sólo eso, sino que además se reconoció que el titular le controlaba la entrada y salida diariamente, así como que las clases que impartía estaban sujetas a un programa autorizado por el propio demandado, se debe concluir que la relación existente entre las partes fue de naturaleza laboral, siendo por ello incorrecto que la Sala responsable no lo estimara así. No es obstáculo para lo antes considerando el hecho de que al contrato celebrado se le hubiere denominado ‘de prestación de servicios profesionales’, pues por las condiciones bajo las cuales se desempeñaba el servicio se llega a la conclusión de que realmente no era de ese tipo, y tampoco es óbice el que a la retribución se le llamara ‘honorarios’ y no salario, ya que la denominación de lo que se paga a cambio de las labores en forma alguna puede determinar la naturaleza del vínculo contractual. En este orden de ideas, se debe conceder a la quejosa la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la responsable dicte un nuevo laudo en el que, considerando que la relación que existió entre actor y demandado fue de índole laboral, analice los demás planteamientos de las partes, al igual que las pruebas aportadas al respecto, exponiendo las razones que tenga en cuenta para otorgarles o negarles eficacia demostrativa, y resuelva lo que conforme a derecho proceda en cuanto a las prestaciones demandadas."

Igual criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el amparo directo DT. 4262/89, el cuatro de abril de mil novecientos noventa.

El criterio aludido quedó plasmado en la tesis publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, página 509, misma que establece:

"TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO. CASO EN EL QUE QUIEN HA PRESTADO SERVICIOS EN UNA DEPENDENCIA BUROCRÁTICA TIENE LA CALIDAD DE, AUNQUE NO SE LE HAYA EXPEDIDO NOMBRAMIENTO. Aun cuando no se puede presumir la existencia de relación de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular por el solo hecho de la prestación de un servicio, porque para ser trabajador al servicio del Estado se requiere de la expedición del nombramiento o de aparecer en la lista de raya, por lo que no es aplicable en forma supletoria el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, en los casos en que no sólo se reconoce o acredita la prestación del servicio, sino además que hubo continuidad en éste, que el mismo se realizaba en virtud de un contrato y en el lugar señalado por el titular demandado, que al actor se le daban instrucciones sobre la forma en que debía desarrollar el servicio y que de común acuerdo se estableció un horario para su realización, es de considerar que la relación entablada es de carácter laboral, así como que el contrato aludido equivale al nombramiento exigido por la ley burocrática, pues al desempeñarse el servicio bajo esas condiciones es claro que existe subordinación por parte de quien lo presta al que lo recibe, que es precisamente lo que caracteriza a la relación de trabajo."

CUARTO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 6906/2004, el veintiséis de agosto de dos mil cuatro, sostuvo lo siguiente:

"Lo infundado de los conceptos de violación resulta, porque la conclusión de la Sala responsable de considerar que no existió relación laboral durante el periodo del primero de marzo de mil novecientos noventa y cinco al quince de marzo de mil novecientos noventa y ocho fue correcta. Al respecto, el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente, señala: (se transcribe). De ahí que una relación laboral burocrática es definida y se establece cuando existe expedido nombramiento, esto es, que la prestación de servicios personal y subordinada no es suficiente para considerar que se estableció una relación laboral burocrática, pues además de satisfacer dichos requisitos, se hace necesaria la expedición del referido nombramiento; en el caso quedó demostrado con los contratos de prestación de servicios profesionales exhibidos tanto por el actor como por el organismo demandado, que no hubo nombramiento expedido sino hasta el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y que de forma previa se contrató civilmente al actor. En la especie, los contratos de prestación de servicios profesionales exhibidos desvirtúan que al trabajador se le haya expedido nombramiento alguno, pues de los mismos se desprende la naturaleza civil de la contratación primigenia, incluso, respecto de los periodos intermedios, pues no es posible considerar que se haya transmutado la naturaleza jurídica de la relación durante el periodo de tiempo comprendido entre los dos contratos civiles y hasta la expedición del nombramiento. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción número 96/95, entre las sustentadas por el Tercer y el Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, octubre de 1998, visible desde la página 569, consideró que la subordinación es un elemento esencial de la relación laboral burocrática en los siguientes términos: (se transcribe). Sin embargo, el Máximo Tribunal de la Nación acotó que el nombramiento es uno de los elementos esenciales de la relación laboral burocrática, y es el que la distingue de otro vínculo de trabajo. Sirve de fundamento a lo anterior, la tesis perteneciente a la Séptima Época, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 103-108, Quinta Parte, visible en la página 106, que textualmente dice: (se transcribe). En la especie, está probada la contratación de carácter civil, lo que de manera contundente desvirtúa la existencia de una relación laboral burocrática, esto es, que el Estado se encuentra facultado para realizar contrataciones de servicios profesionales de acuerdo a las necesidades propias del servicio público, y conforme a los lineamientos establecidos en el presupuesto designado para ello, el requisito del nombramiento para la existencia de la relación laboral surge debido a la necesidad para la asignación del presupuesto aprobado, y sólo mediante la aplicación de dicho presupuesto es que nace el vínculo laboral burocrático, esto es, mediante el nombramiento expedido, empero, el Estado también tiene la facultad de realizar contrataciones de carácter civil para la prestación de un servicio profesional con la finalidad de no interrumpir el servicio público y de no excederse del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados conforme a la facultad establecida en el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello debido a las necesidades de la función y a las limitaciones del presupuesto asignado, con el fin de mejor proveer en sus tareas asignadas en el servicio público, pues no se debe olvidar en ningún momento que la relación laboral burocrática está desprovista del conflicto entre el capital y el trabajo, ello porque no existe la necesidad ni el fin de la obtención de lucro; así, la actividad del Estado tiene como finalidad la de proveer el servicio público dentro del marco presupuestal. Lo anterior se desprende de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Instituciones de Crédito que a la letra dice: (se transcribe); en concordancia con los artículos 19 y 49 de la Ley Orgánica del Sistema Banrural, que textualmente dicen: (se transcriben). Por tanto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio que invoca el quejoso sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, perteneciente a la Octava Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, visible en la página 509, que textualmente dice: (se transcribe). Porque se considera que precisamente la existencia de un contrato civil desvirtúa la expedición del nombramiento que constituye un elemento esencial de la relación de trabajo burocrática, por ello aunque se acreditara el elemento de subordinación, éste por sí solo no es suficiente para establecer la relación de trabajo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se ordena denunciar la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y este Tribunal Colegiado."

QUINTO. Este órgano colegiado estima que sí existe la contradicción de tesis denunciada, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

Efectivamente, para que se genere una contradicción de tesis se requiere: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes, b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior deriva del criterio contenido en la jurisprudencia número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que establece:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Ahora bien, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene, en las consideraciones de sus respectivas ejecutorias, que si bien no puede presumirse la existencia de una relación de trabajo entre el titular de una dependencia y un particular por el solo hecho de que éste haya prestado un servicio a la dependencia, ya que para ser trabajador del Estado se requiere de la expedición del nombramiento o de la inclusión de la persona en las listas de raya, de suerte que no es aplicable supletoriamente el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que en los casos en que no sólo se acredita la prestación del servicio sino, además, que hubo continuidad en éste, que el mismo se realizaba en virtud de un contrato y en el lugar señalado por el titular de la dependencia, así como que a quien prestaba los servicios se le daban instrucciones respecto a la forma en que debía desarrollarlo y que de común acuerdo se estableció un horario para su realización, debe considerarse que la relación entablada es de carácter laboral y que el contrato de prestación de servicios equivale al nombramiento exigido por la ley burocrática, en la medida que al desempeñarse el servicio en las condiciones referidas, es claro que existe subordinación de quien lo presta al que lo recibe, que es precisamente lo que caracteriza la relación de trabajo.

Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo considera que no basta la prestación de un servicio con la característica de subordinación para estimar que existe la relación laboral burocrática, sino que se requiere del nombramiento, pues éste es un elemento esencial de tal relación y el que la distingue de cualquier otro vínculo de trabajo, por lo que si está probado que se efectuó la contratación de servicios profesionales, ello desvirtúa la existencia del nombramiento y, por tanto, de la relación laboral burocrática, ya que dicho nombramiento surge por la necesidad de la asignación del presupuesto aprobado y sólo mediante la aplicación del mismo nace el vínculo laboral burocrático.

Así, existe la contradicción de criterios denunciada, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron un mismo problema jurídico y a la luz de los mismos elementos y normas legales, esto es, se pronunciaron respecto a si la relación que se entabla entre una dependencia del Estado y un particular, tiene o no el carácter de relación laboral burocrática, cuando si bien existe firmado un contrato de prestación de servicios profesionales, los servicios se prestan con las características propias de la subordinación de quien presta el servicio al titular de la dependencia a la que se presta y, no obstante ello, dichos tribunales sostienen posturas discrepantes en las consideraciones de sus respectivas ejecutorias, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene que sí se da la relación laboral burocrática, pues lo que caracteriza a ésta es el elemento de subordinación, por lo que el contrato equivale al nombramiento que exige la ley burocrática, mientras que el Sexto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito considera que no se presenta la relación laboral burocrática, pues no basta la subordinación en la prestación del servicio, sino que se requiere necesariamente de la expedición del nombramiento.

SEXTO. Este órgano colegiado considera que debe regir con carácter jurisprudencial el criterio que se establece a continuación.

Al resolver la contradicción de tesis 96/95, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Séptimo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en sesión de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y ocho, esta Segunda Sala estableció la jurisprudencia 2a./J. 76/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, octubre de 1998, página 568, que textualmente establece:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI DEMUESTRAN QUE HAN VENIDO PRESTANDO SERVICIOS A LA DEPENDENCIA ESTATAL POR DESIGNACIÓN VERBAL DEL TITULAR, TIENEN ACCIÓN PARA DEMANDAR LA EXPEDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO O SU INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE RAYA Y, EN SU CASO, TODAS LAS DEMÁS ACCIONES CONSECUENTES. Esta Suprema Corte ha establecido que la relación jurídica entre el Estado y sus servidores es sui generis, pues aunque se equipara a la laboral, no puede, válidamente, confundirse totalmente con ella por varias razones, entre las que sobresalen la naturaleza imperativa del Estado y la clase del acto jurídico que genera la relación, pues tanto el nombramiento como la inclusión en listas de raya, según establece el artículo 3o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, constituyen la condición que permite, que al individuo designado se le apliquen automáticamente una serie de disposiciones generales que le atribuyen una determinada situación jurídica fijada de antemano en cuanto al tipo de su puesto o cargo, sus obligaciones y derechos, la forma de su desempeño, la temporalidad de sus funciones, las protecciones de seguridad social y otros conceptos más, puesto que su entrada como servidor del Estado está regulada en el presupuesto de egresos; de lo anterior se infiere la importancia que tiene el nombramiento (o la inclusión en las listas de raya) a que se refiere el citado artículo 3o., así como el artículo 15 del mismo ordenamiento, que establece los requisitos que debe contener el nombramiento. No obstante lo anterior, cuando el titular de la dependencia o el autorizado legalmente para ello, designa a una persona para desempeñar un puesto de manera verbal o sin llenar las formalidades necesarias, tal situación irregular no debe perjudicar al servidor ni conducir al desconocimiento de la existencia de esa relación de trabajo con el Estado, por lo cual, conforme a los principios deducidos del artículo 123, apartado B, constitucional y a los artículos 43, 118, 124 y demás relativos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el servidor tiene acción para demandar la expedición del nombramiento o la inclusión formal en las listas de raya, pudiendo demostrar los extremos de su acción con cualquier medio de prueba; sólo entonces, demostrado el nombramiento, procederán, en su caso, las demás acciones que el servidor pueda tener."

Las consideraciones que sustentan la jurisprudencia transcrita son las siguientes:

"La actual integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que conforme a la evolución constitucional y legislativa de la regulación de la relación entre el Estado y quienes le prestan sus servicios, debe asumirse que ésta, en principio, fue de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, transformó la naturaleza de dicha relación, equiparándola a una de carácter laboral y consideró al Estado como un patrón sui generis; con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, que establece que los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias leyes. Desde esta perspectiva, debe considerarse que conforme al texto de los artículos 2o., 3o. y 44, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la subordinación del servicio prestado es un elemento que determina la naturaleza laboral del vínculo entre el Estado y sus trabajadores. Dichos preceptos disponen: ... (se transcriben). De esos artículos se deduce que el vínculo entre el Estado y quienes le prestan sus servicios, es definido expresamente por el legislador como una ‘relación jurídica de trabajo’, establecida entre los titulares de las dependencias enumeradas en el artículo primero de la citada ley y los trabajadores de base a su servicio; la actividad desarrollada por el trabajador es ‘un servicio físico, intelectual o de ambos géneros’, que el trabajador debe desempeñar con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos. Tales características evidencian la facultad de mando de los titulares de las dependencias estatales y el deber de obediencia de los trabajadores al servicio del Estado, aun cuando ello esté predeterminado por la propia ley. Los elementos que componen la relación de trabajo que nos ocupa, se encuentran en el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que dice: ... (se transcribe). Entre los elementos indicados en ese artículo, destaca la necesidad de determinar con la mayor precisión posible los servicios que deben prestarse; la temporalidad o duración de éstos según el carácter del nombramiento; la jornada de trabajo; el sueldo y demás prestaciones que deba percibirse; y, el lugar de prestación de servicios. Evidentemente esos elementos no derivan de la libre voluntad de las partes, sin embargo, esto no desvirtúa la naturaleza de la relación de trabajo, por el contrario, su establecimiento en la ley es garantía para los trabajadores al servicio del Estado, de los términos y condiciones en que deben desarrollar sus labores, con entera independencia del arbitrio de los titulares de las dependencias estatales. Cierto que, acorde con lo estatuido en los artículos 3o., 12 y 18 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la prestación de los servicios parece derivar de nombramiento expedido o por figurar en listas de raya de los trabajadores temporales, pues disponen: ... (se transcriben). Incluso, el propio artículo 15 de la legislación en consulta, establece que los elementos descritos de la relación de trabajo deben contenerse en el nombramiento. La literalidad de los artículos 3o., 12, 15 y 18, no requiere de mayor esfuerzo interpretativo, pues basta reproducir su texto para afirmar que la relación de trabajo nace de nombramiento expedido o por inclusión en listas de raya de trabajadores temporales; sin embargo, una verdadera labor de interpretación debe tener presente que la existencia de aquel vínculo no depende indefectiblemente de la expedición arbitraria de nombramiento o de inclusión en listas de raya, porque eso podría conducir al exceso en perjuicio de los trabajadores al servicio del Estado, de estimar inexistente la relación jurídica de trabajo, establecida entre los titulares de las dependencias estatales y sus trabajadores, no obstante que éstos desarrollen un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, con sujeción a la dirección de sus jefes, a las leyes y reglamentos respectivos, respecto de servicios precisados, de temporalidad o duración definidos, bajo una jornada de trabajo y a cambio de un sueldo y prestaciones que deban percibirse y en el lugar destinado para ello. Tampoco debe soslayarse que el artículo 14, fracción V, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone: ... (se transcribe). Bajo la tutela de este precepto, ha constituido práctica reiterada en las dependencias estatales, cubrir a sus trabajadores el sueldo y demás prestaciones económicas cada 15 días; eso significa que en ocasiones el nombramiento no es expedido al inicio de ese plazo o que la lista de raya o nómina, es elaborada al finalizar. En estas condiciones, puede ocurrir cualquiera de estas hipótesis: a) Que antes de concluir dicho lapso, el titular de la dependencia estatal decida no expedir el nombramiento con la consecuencia de no reconocer la relación laboral que incluso redundaría en perjuicio no sólo del servidor público, sino del mismo Estado que por ausencia de nombramiento no podría exigir la posible responsabilidad en que aquél pudiese haber incurrido durante el tiempo que desempeñó su servicio; b) que un trabajador temporal sin nombramiento provisional o interino no figurara en listas de raya o nómina, con idénticas consecuencias. Por otra parte, exigir el nombramiento expedido o la inclusión en listas de raya de trabajadores temporales, como único medio de demostración de la relación de trabajo, implicaría el desconocimiento de la existencia del régimen probatorio en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, previsto particularmente en el artículo 132 de esa legislación, que establece: ... (se transcribe). Y el desconocimiento del régimen probatorio de la materia, podría llegar al absurdo de que en el ejercicio por el trabajador de una acción de otorgamiento de nombramiento, en que el titular de la dependencia estatal negara la relación de trabajo, se declarase la improcedencia de la acción con el argumento de que el trabajador no exhibió el nombramiento expedido, lo que obviamente constituiría el objeto de la propia acción. Así, debe estimarse que la relación jurídica entre el Estado y quienes le prestan sus servicios, debe acreditarse en principio con el nombramiento expedido o por la inclusión en listas de raya de trabajadores temporales; sin embargo, la ausencia de esa formalidad no impide que esa relación subordinada pueda demostrarse por cualquier medio de prueba, siempre que no sea inconducente, contrario a la moral o al derecho o no tenga relación con la litis y, el servidor público pruebe necesariamente que ha venido prestando servicios a la dependencia estatal por designación verbal del titular, porque de esa designación verbal nace la acción para demandar la expedición del nombramiento o la inclusión en listas de raya, así como todas las demás acciones que sean consecuencia de la citada relación subordinada; de lo contrario, el vínculo jurídico invocado será inexistente."

Deriva de la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, que en ellas sostuvo esta Segunda Sala, en esencia, lo siguiente:

a) Conforme a la evolución constitucional y legislativa de la regulación de la relación entre el Estado y quienes le prestan sus servicios, debe asumirse que ésta, en principio, fue de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, transformó la naturaleza de dicha relación, equiparándola a una de carácter laboral, y consideró al Estado como un patrón sui generis, con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, respecto de los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como respecto del personal del servicio exterior.

b) De lo dispuesto por los artículos 2o., 3o. y 44, fracción I, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado deriva que el vínculo entre el Estado y quienes le prestan sus servicios es definido expresamente por el legislador como una relación jurídica de trabajo, establecida entre los titulares de las dependencias enumeradas en el artículo 1o. de la ley citada y los trabajadores de base a su servicio, que la actividad desarrollada por el trabajador es un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, que el trabajador debe desempeñar con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos, características que evidencian la facultad de mando de los titulares de las dependencias estatales y el deber de obediencia de los trabajadores al servicio del Estado, aun cuando ello esté predeterminado en la propia ley. Los artículos citados expresamente disponen:

"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo las directivas de la Gran Comisión de cada Cámara asumirán dicha relación."

"Artículo 3o. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18753-a8689198/trabajadores-al-servicio-del-estado-el-vinculo-laboral · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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