HONORARIOS. LA ACCIÓN DE PAGO DERIVADA DE UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA LA CÉDULA PROFESIONAL QUE ACREDITE SU CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, AHORA SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, al resolver el amparo directo civil 315/2004, promovido por Carlos Helio Vázquez Delfín, en lo que interesa a la presente denuncia de contradicción, sostuvo lo siguiente:
"SEXTO. En el concepto de violación el quejoso sostiene que la responsable no distinguió la naturaleza de la acción, ya que omitió considerar que la causa de pedir se apoya en la falta de pago de honorarios respecto de un contrato de prestación de servicios profesionales que se celebró con la demandada Patricia Zapata Martínez, cuyo objeto fue el de recibir por parte del actor asesoría y patrocinio legal respecto de la disolución del vínculo matrimonial que unía a la demandada con Sergio Prado Bueno y que el juicio correspondiente que se tramitó bajo el expediente 1074/2003 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar terminó satisfactoriamente; que la responsable declaró improcedente la acción basándose únicamente en una causa accidental y accesoria como es el hecho de que debe contar con título y cédula profesional.
"Tales alegaciones son infundadas, porque es inexacto que el juzgador haya omitido considerar que la acción se sustentó en la falta de pago de honorarios respecto de un contrato de prestación de servicios profesionales que se celebró con la demandada Patricia Zapata Martínez; pues de la sentencia reclamada se desprende que el juzgador decretó la improcedencia de la acción partiendo precisamente de la naturaleza del contrato, que lo es de prestación de servicios profesionales respecto del cual el actor pretendía el pago de honorarios ante el incumplimiento de la demandada con sus obligaciones, según puede constatarse en el siguiente segmento:
"‘En el caso presente, el actor Carlos Helio Vázquez Delfín justifica que la demandada Patricia Zapata Martínez solicitó sus servicios profesionales y que la asesoró con tal carácter en la causa civil número 1074/2003 del Juzgado Tercero de lo Familiar de esta capital, también que fue convenido como retribución la cantidad de cuatro mil quinientos pesos y que se cubrirían al concluir el procedimiento en dicho juicio, ha justificado igualmente que ya concluyó el juicio de referencia y además satisfactoriamente para la demandada, virtud a que en fecha veinte de octubre de dos mil tres el Juez de lo Familiar decretó disuelto por divorcio voluntario el vínculo matrimonial civil que unía a la hoy demandada con Sergio Prado Bueno. No obstante lo anterior se determina que el actor no acredita le asista derecho alguno para demandar el pago de honorarios por la tramitación del juicio antes señalado, pues no justificó contar con título profesional y que es uno de los elementos de procedibilidad de la acción para el pago de honorarios de acuerdo a lo que establece el artículo 2481 del Código Civil vigente para el Estado ...’
"Aunado a lo anterior, cabe mencionar que la responsable decretó la improcedencia de la acción al advertir oficiosamente, que no se demostró un requisito de procedibilidad de la acción de pago de honorarios, el cual está previsto en el artículo 2241 del Código Civil del Estado de Aguascalientes, en términos del cual debe acreditarse que se cuenta con título para ejercer la profesión de licenciado en derecho para reclamar el pago de honorarios.
"Por lo que es inexacto lo que sostiene el quejoso de que se trate de un requisito accesorio o accidental, ya que si bien es cierto que la acción de cumplimiento de contrato verbal de servicios profesionales no tiende a justificar la calidad de profesionista del actor, sino el pago de honorarios; de todas maneras al versar la prestación principal sobre el pago de honorarios profesionales, se involucra la necesidad de probar fehacientemente tal calidad, es decir, que se tiene título de abogado o licenciado en derecho, para poder cobrar esta prestación, pues así lo establece el artículo 2481 del Código Civil del Estado en relación con el 7o. de la Ley de Profesiones del Estado de Aguascalientes, que invocó la responsable, el cual dice lo siguiente: (se transcribe).
"Se aduce también en el concepto de violación que se examina, que la responsable no debió analizar la cuestión referente a si está acreditado o no que tenga título para ejercer la profesión de licenciado en derecho, pues el estudio oficioso sólo debe versar sobre la procedencia de la acción ejercitada o sobre el emplazamiento.
"Lo anterior es infundado, ya que los requisitos de procedencia de la acción deben acreditarse ante el juzgador, y éste los debe examinar, aun de oficio, por ser de orden público su cumplimiento, con independencia de que haya o no alegación de la parte demandada en vía de excepción.
"Es aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 46/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 6 del Tomo XIV, noviembre de 2001, Materia Civil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: (se transcribe).
"En cambio, son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada los argumentos en los que el peticionario de garantías sostiene que probó los extremos base de su acción, ya que le fue admitida la documental pública consistente en las copias certificadas de las actuaciones del expediente 1074/2003 del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar, en las cuales consta que en el auto admisorio de la demanda se le tuvo por autorizado en los términos más amplios del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su carácter de licenciado en derecho, por lo que se prueba plenamente el carácter que tiene, así como el hecho de que posee cédula profesional, pues para que tuviera personalidad en el juicio señalado era necesario que su cédula profesional estuviera registrada; y en el caso lo está ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado razón por la cual se le tuvo como autorizado como abogado patrono de la demandada.
"En efecto, de las copias certificadas de las actuaciones del expediente 1074/2003, tramitado ante el Juzgado Tercero de lo Familiar, se desprende que en el auto de radicación la Juez Tercero de lo Familiar acordó tener por autorizado a Carlos Helio Vázquez Delfín para oír y recibir notificaciones, según puede apreciarse de la siguiente transcripción:
"‘Se autoriza para oír y recibir notificaciones dentro del presente procedimiento a los licenciados Carlos Helio Vázquez Delfín y Miguel Ángel Flores Salas, mas no así a Carlos Alberto Valencia Méndez y Víctor Manuel Díaz de León Alcalá, hasta en tanto se acredite ante esta autoridad el ser licenciado en derecho, exhibiendo su cédula profesional para su correspondiente inscripción ante este juzgado; hecho lo cual se acordará lo conducente en derecho ...’
"También consta que Carlos Helio Vázquez Delfín suscribió diversas promociones que fueron acordadas de conformidad por el Juez que conoció del juicio referido; lo que implica que se le autorizó en términos del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, como abogado patrono.
"Por tanto, dichas actuaciones tienen el alcance de acreditar que Carlos Helio Vázquez Delfín está facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que si se le autorizó como abogado patrono, significa que el juzgador se cercioró de que la persona mencionada efectivamente cuenta con tal facultad, lo que se corrobora, además, por el hecho de que en el propio auto que se menciona no se tuvo por autorizado a ‘Carlos Alberto Valencia Méndez y Víctor Manuel Díaz de León Alcalá, hasta en tanto se acredite ante esta autoridad el ser licenciado en derecho, exhibiendo su cédula profesional para su correspondiente inscripción ante este juzgado; hecho lo cual se acordará lo conducente en derecho’; por lo que es de concluirse que existe la fuerte presunción, sin prueba en contrario, de que Carlos Helio Vázquez Delfín tiene su título para ejercer la profesión de licenciado en derecho, lo que es suficiente para demostrar el requisito de procedibilidad aludido.
"Similar criterio fue sustentado por este órgano colegiado al resolver por unanimidad de votos, el amparo directo civil 601/2002, en sesión de treinta de agosto de dos mil, en el cual se sostuvo que es suficiente que el profesionista aparezca dentro de la secuela del procedimiento como patrono, apoderado jurídico o autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado para que pueda presumirse la existencia de la relación contractual de prestación de servicios profesionales de abogacía.
"Así como el criterio sustentado en el amparo en revisión civil 294/2000, por unanimidad de votos, en sesión del treinta de octubre de dos mil, en el cual se sostuvo que si dentro del juicio donde deriva el acto reclamado se advierte que se autorizó a determinada persona en términos de lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, y el juzgador se cercioró de que cuenta con la autorización respectiva y además existen otras constancias en las que se advierte la participación del aludido profesional, es de concluirse que existe una presunción legal de que dicha persona sí cuenta con la autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho.
"No pasa inadvertido que el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis visible en la página 314 del Tomo XII, agosto de 1993, Materia Civil, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, emitió el criterio de que tratándose de la acción derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales a través de la cual se pretende obtener el pago de honorarios es un requisito la exhibición del título profesional para acreditar que el actor es licenciado en derecho, según puede constatarse en su texto que es el siguiente:
"‘ABOGADOS. OTORGAMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y PAGO DE HONORARIOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).’ (se transcribe).
"Lo propio debe decirse del criterio sostenido por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito en la tesis visible en la página 543 del Tomo XIII, junio de 1994, Materia Civil, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. PARA PODER ESTAR LEGITIMADO EN EL JUICIO ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXHIBA EL TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO SI LA ACCIÓN INTENTADA NACE DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).’ (se transcribe).
"Sin embargo, dichos criterios además de que no son de observancia obligatoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo por ser tesis aisladas de Tribunales Colegiados, no se comparte por este órgano de control constitucional, ya que para colmar el requisito de procedibilidad de la acción de pago de honorarios derivada de un contrato de prestación de servicios profesionales referente a que el actor cuenta con título para ejercer la profesión de licenciado en derecho, la exhibición de este documento no es la única prueba con la que puede demostrarse, sino que, como se ha visto, hacen prueba de ello las actuaciones del expediente del que deriva la prestación del servicio en el que aparezca que el juzgador lo autorizó como abogado patrono de la parte actora en términos de lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, denúnciese la posible contradicción con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
"Al no haberse estimado así por parte del Juez responsable se transgredieron en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad y de seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que se declaró la improcedencia de la acción bajo el argumento de que no estaba acreditado que el actor estuviera facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho.
"En estas condiciones, al ser fundado el concepto de violación lo procedente es conceder al quejoso la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y en su lugar dicte otra, en el que prescinda de las consideraciones que vertió en relación con que no estaba acreditado el requisito de procedibilidad aludido y con plenitud de jurisdicción decida lo que en derecho proceda."
Al resolver, el propio Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el amparo en revisión civil 294/2000, esencialmente consideró:
"QUINTO. El único agravio que se hace valer es fundado pero insuficiente para revocar el fallo sujeto a revisión.
"Le asiste la razón a la recurrente en cuanto aduce que el Juez de Distrito analizó deficientemente sus conceptos de violación, ya que de su lectura se constata que no se reclamó la existencia de la condena de gastos y costas vista de manera general como se plantea en la sentencia recurrida, sino lo que se argumentó fue que el acto reclamado vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que la reclamación de los honorarios no es procedente por el solo hecho de reclamarla sino que el juzgador debe tomar en cuenta que se acredite dicha facultad, es decir, que en el caso concreto, si los actores incidentistas manifestaron que contrataron un abogado para la tramitación del juicio natural, se debió tomar en cuenta que, efectivamente, dicha persona contaba con cédula profesional desde el inicio del juicio, a efecto de que tenga derecho a cobrar honorarios, aspecto que en la especie no aconteció y que, por tanto, no debió aprobarse la planilla de liquidación.
"De la lectura de los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, se advierte que ciertamente éstos no fueron analizados en la forma como se propusieron, pues en el caso concreto la recurrente no se está doliendo de que se le haya condenado al pago de las costas del juicio en forma general, sino lo que combate es que los actores incidentistas no demostraron, dentro del procedimiento de liquidación, que la cantidad que reclaman por pago de honorarios sea procedente, cuestión que sí formó parte de la litis en el juicio de origen; sin embargo no obstante lo fundado de su concepto de violación, éste resulta insuficiente para revocar el fallo recurrido.
"En efecto, el Juez Federal para negar la protección constitucional, se basó esencialmente en que no obstante que el artículo 2o. del Arancel de Abogados dispone que sólo aquellas personas que acrediten su carácter de abogados pueden cobrar honorarios con base en dicho arancel y que los terceros perjudicados hayan manifestado que la tramitación del juicio fue realizada por el licenciado en derecho Miguel Olvera Jiménez el cual, según se demostró con la documental que se exhibió, obtuvo su cédula profesional con posterioridad a la tramitación del juicio de origen, lo cierto era que la quejosa no quedaba liberada del pago de costas y gastos, porque esa obligación deviene de la sentencia definitiva, la cual no era materia de impugnación.
"Ahora bien, con independencia de lo considerado por el resolutor federal, debe decirse que el hecho de que la cédula profesional expedida a Miguel Olvera Jiménez, sea de fecha posterior a la terminación del juicio de origen, ello es insuficiente para declarar improcedentes las pretensiones de los actores (ahora terceros perjudicados), en atención a lo siguiente:
"Los artículos 2o. y 3o. del Arancel de Abogados del Estado de Aguascalientes disponen:
"‘Artículo 2o. Las personas que sin tener título y cédula con efectos de patente para ejercer la profesión de abogados, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Política de la Federación, no podrán cobrar honorarios con base en este arancel.’
"‘Artículo 3o. Los pasantes de derecho que estén autorizados para ejercer la profesión de abogados, sólo podrán cobrar las cuotas que regula este arancel.’
"Por su parte, los artículos 26 y 30 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 4o. y 5o. Constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el distrito y territorios federales, en lo que interesa dicen:
"‘Artículo 26. Las autoridades judiciales y las que conozcan de asuntos contencioso-administrativos rechazarán la intervención en calidad de patrones o asesores técnicos del o de los interesados de personas que no tengan título profesional registrado.’
"‘Artículo 30. La Dirección General de Profesiones podrá extender autorización a los pasantes de las diversas profesiones para ejercer la práctica respectiva por un término no mayor de tres años.’
"De la lectura de los preceptos antes transcritos, se concluye que no sólo las personas que tengan título y cédula con efectos de patente para ejercer la profesión de abogados puede cobrar honorarios con base en el arancel de abogados, sino también los pasantes de derecho que estén autorizados legalmente para ejercer la aludida profesión, autorización que será expedida por la Dirección General de Profesiones, como se vio.
"Ahora, si bien es cierto que de las constancias de autos se advierte que la cédula profesional del licenciado Miguel Olvera Jiménez fue expedida con posterioridad a la terminación del juicio del que deriva el acto reclamado; sin embargo, como ya se dijo, ello es insuficiente para declarar infundadas las pretensiones de los ahora tercero perjudicados, pues debe tomarse en consideración que, conforme al artículo 30 de la ley reglamentaria antes referida, se pueden extender autorizaciones a los pasantes de las diversas profesiones para ejercerla y conforme al artículo 3o. del Arancel de Abogados, por lo que es suficiente con que se demuestre esa circunstancia para que se les cubran sus honorarios.
"Así las cosas, si dentro del juicio de donde deriva el acto reclamado se advierte que mediante auto de diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y siete (foja 82) se autorizó al licenciado Miguel Olvera Jiménez en términos del artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el juzgador se cercioró de que el profesional mencionado contara con la autorización respectiva, lo que se infiere por el hecho de que líneas más adelante manifiesta que no se tiene por autorizado al licenciado José Juan Flores en virtud de que en la secretaría de ese juzgado ‘no existe documento alguno que lo faculte para ejercer la profesión’ y además existen constancias en las que se advierte la participación del aludido profesional en las que se le reconoció el carácter de abogado de la parte demandada, es de concluirse que existe una presunción legal de que Miguel Olvera Jiménez, sí cuenta con autorización para ejercer la profesión de licenciado en derecho, la cual se corrobora con el simple hecho de que el Juez del conocimiento, lo tuvo por autorizado sin objeción alguna, puesto que de haber existido objeción la autoridad responsable no lo hubiese autorizado en términos del artículo 116 del ordenamiento legal antes invocado.
"Por tanto, como los únicos extremos que debe comprobar el litigante que exige el pago de costas son: a) La existencia de la resolución judicial que decrete tal pago; y b) La existencia de los trabajos por los que se exige, realizados por abogados legalmente autorizados; supuestos que quedaron debidamente demostrados, es por lo que la resolución que se impugna no vulnera las garantías individuales de la recurrente pues la misma se ajusta a derecho."
En tanto que al resolver el amparo directo civil 601/2000, el mismo Tribunal Colegiado antes identificado, en lo que interesa, señaló:
"SEXTO. ... En cuanto al primer concepto de violación aducido, también se estima ineficaz.
"Aduce la peticionaria de amparo que no bastan las constancias de los juicios motivo de la demanda de prestación de servicios profesionales, para determinar que con base en las autorizaciones que se hicieron al tercero perjudicado conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, quedó demostrada la relación contractual entre aquél y el banco quejoso; porque de las pruebas que obran en autos en específico de los documentos relativos a los resguardos de caja que exhibió la impetrante, y de la propia confesional desahogada a cargo del actor, se advierte que el actor Edgardo Valdivia Gutiérrez no contrató con el banco demandado, la prestación de servicios profesionales sino que tal relación contractual fue hecha entre la institución bancaria y María Teresa Pérez Pardo.
"Es infundado lo anterior, por las siguientes razones:
"Contrario a lo que afirma la quejosa, el hecho de que el actor Edgardo Valdivia Gutiérrez se encuentre autorizado en los juicios que son materia de la demanda de pago de honorarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, para oír y recibir notificaciones, así como para realizar promociones de trámite, interponer y continuar los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, y alegar en las audiencias; es un indicativo de que existe una relación contractual con el banco demandado de prestación de servicios profesionales, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley del Arancel de Abogados del Estado de Aguascalientes, el cobro de honorarios que deriva de esa prestación, tiene que acreditarse mediante la intervención profesional de un abogado: (se transcribe).
"Consecuentemente, es suficiente que el profesionista aparezca dentro de la secuela del procedimiento como patrono, apoderado jurídico o autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como acontece en la especie, para que pueda presumirse que existe la relación contractual de prestación de servicios profesionales de abogacía.
"Refuerza lo anterior, en lo conducente la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, localizable en la página 1105, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de 1998, Novena Época que dice: ‘HONORARIOS DE ABOGADO. PARA HACER EFECTIVO SU COBRO SE REQUIERE QUE SE ACREDITE SU INTERVENCIÓN EN EL JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe)."
Las ejecutorias referidas dieron origen a la siguiente tesis:
"CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. LA ACCIÓN DE PAGO EJERCITADA CON BASE EN ÉL NO REQUIERE PARA SU PROCEDENCIA QUE EL ACTOR EXHIBA NECESARIAMENTE EL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL DEMUESTRE QUE CUENTA CON TÍTULO PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO. La procedencia de la acción de pago de honorarios profesionales ciertamente está sujeta a que el accionante demuestre que cuenta con título para ejercer la profesión de licenciado en derecho, pero la acreditación de ese hecho no solamente puede realizarse mediante la exhibición del documento que justifique que el actor cuenta con autorización para ejercer esa profesión, como pueden ser el título o la cédula profesionales, pues esa calidad puede demostrarse también con las actuaciones del expediente en el que el profesionista prestó sus servicios, ya que si de ellas se advierte que la autoridad correspondiente lo tuvo por autorizado para recibir notificaciones en nombre de su cliente y suscribió diversas promociones con base en esa facultad, las cuales fueron acordadas de conformidad, significa que el Juez que conoció de la controversia en la que el abogado prestó sus servicios se cercioró, mediante el control de cédulas que al efecto lleva, de que cuenta con la documentación necesaria que lo faculta para ejercer la referida profesión, de ahí que las citadas actuaciones arrojan la fuerte presunción, sin prueba en contrario, de que el abogado cuenta con título para ejercer su profesión, la que es suficiente para demostrar el requisito de procedibilidad aludido."
CUARTO. Las consideraciones expuestas por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, ahora Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 41/1992, consistieron en lo siguiente:
"QUINTO. Son infundados en parte e inoperantes en lo demás los conceptos de violación.
"En el inciso a) de dichos conceptos, la quejosa alega que se infringieron los artículos 14 y 16 constitucionales, en su perjuicio, pero omite expresar razonamiento alguno para demostrar tal aseveración, por lo que esa simple manifestación no puede considerarse como un verdadero concepto de violación. Al caso es aplicable la jurisprudencia número 50 de este tribunal, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES.’ (se transcribe).
"En el inciso b) de los conceptos de violación de que se trata, la quejosa afirma que tiene título profesional que la acredita como abogada y que se encuentra registrado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado; que los demandados no lo objetaron y que además de que se le reconoció personalidad en el auto admisorio, no fue recurrido; y que el motivo de la demanda no se refiere a que si tiene o no título profesional, sino que lo que reclamó fue el otorgamiento de contrato de prestación de servicios profesionales.
"Sin embargo, con tales aseveraciones no rebate ni mucho menos destruye las consideraciones de la Sala responsable, en el sentido de que para tener derecho a cobrar honorarios por la prestación de servicios profesionales, es elemento sine qua non contar con título profesional expedido por autoridad competente. Que en la especie la actora no acreditó su profesión de abogada, ya que no exhibió con la demanda ni ofreció como prueba su título profesional, por lo que no acreditó el carácter de abogada con el que se ostentó. Que aun cuando en autos obraba copia certificada del título de la actora, éste no había sido adjuntado a su demanda como documento fundatorio de la acción, de tal suerte que no podía considerarse como parte integrante de la demanda ni como una constancia de autos porque no había acuerdo alguno que la tuviese por ofrecida.
"Ante tal situación, es evidente que los conceptos de violación carecen de razonamiento jurídico concreto tendientes a rebatir y destruir las consideraciones de la Sala responsable y por consecuencia este Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, no está en posibilidades de examinar la constitucionalidad de los razonamientos expresados por dicha Sala. Sobre este aspecto es aplicable la jurisprudencia número 101 de este propio tribunal, que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INSUFICIENTES.’ (se transcribe).
"Por otra parte, relacionando tanto el inciso anterior como el inciso c) de dichos conceptos, se desprende que la quejosa alega fundamentalmente que su título profesional obra en autos y que por ello debió tomarse en cuenta. No obstante, esta aseveración es infundada porque como bien lo observó la Sala responsable, Magda Carrillo Tejeda no adjuntó a su demanda el título que la acreditara como abogada o licenciada en derecho, puesto que en ninguna parte de su demanda hizo mención a ese respecto, así como tampoco lo hizo en el escrito de dieciocho de junio de mil novecientos ochenta y siete, al cual aparentemente se adjuntó el título profesional cuya copia certificada obra a fojas catorce y quince del expediente de origen, de tal manera que no podría tener aplicación el artículo 329 del código procesal de la materia, que establece que los documentos que se presenten con la demanda o con la contestación, serán tenidos como prueba sin necesidad de ulterior gestión de los interesados. Independientemente de que en casos como el de la especie el título profesional constituya o no documento fundatorio de la acción, cuestión esta que no puede examinarse por este tribunal en razón de que no se dan las bases para ello, como acertadamente lo advirtió la Sala responsable dicho documento no fue ofrecido formalmente como prueba para acreditar el carácter de abogada de la actora, de tal suerte que tampoco se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 278 del código procesal en cita, es decir, que ese documento no se recibió con citación de la parte contraria y por las razones expresadas por la Sala responsable, existe duda en cuanto a que el documento en cuestión se hubiese ofrecido en el momento procesal oportuno, esto es, dentro de la dilación probatoria, tan es así que el Juez del conocimiento ni siquiera lo relacionó ni mucho menos lo valoró en los resultandos y considerandos de la sentencia de primera instancia, sino que fue hasta en el punto resolutivo cuarto de dicho fallo, en que en forma inexplicable manifestó que Magda Carrillo Tejeda, justificó ser profesional del derecho con título registrado, cuya copia certificada había sido ‘exhibida’ con su escrito de demanda.
"Es cierto que Magda Carrillo Tejeda manifestó en el proemio de su demanda inicial, que contaba con cédula profesional número doscientos setenta y siete mil cuatrocientos dieciocho expedida por la Dirección General de Profesiones y con título debidamente registrado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, sin embargo ninguna de estas aseveraciones quedaron probadas en autos, pues formalmente no ofreció como pruebas los originales ni copias certificadas de dicha cédula y título profesionales.
"El solo hecho de que existan circulares giradas por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el sentido de que todo litigante debe tener título de abogado registrado ante ese órgano judicial, no implica que la actora se encuentre en tal hipótesis, máxime que esta cuestión no ha
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18772-547154a2/honorarios-la-accion-de-pago-derivada-de-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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