CONCURSO DE DELITOS, FACULTAD EXCLUSIVA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA IMPOSICIÓN DE LAS PENAS.
VARIOS 12/2004-PS. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 5/93, DERIVADA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/91, ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. SOLICITANTE: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
México, Distrito Federal. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintitrés de febrero de dos mil cinco.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante oficio presentado el cuatro de junio de dos mil cuatro, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Magistrado Alejandro Sosa Ortiz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, formuló solicitud de modificación a la jurisprudencia número 1a./J. 5/93, de la Primera Sala de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. Por auto de veintitrés de junio de dos mil cuatro, la Ministra presidenta de esta Primera Sala admitió a trámite la solicitud de modificación de la jurisprudencia referida, formándose el expediente varios 12/2004-PS; asimismo, en dicho proveído ordenó dar vista al procurador general de la República para que expusiera su parecer dentro del plazo de treinta días, si lo estimaba conveniente.
TERCERO. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil cuatro, los Magistrados Manuel Baráibar Constantino y José Nieves Luna Castro, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, se adhirieron a la solicitud referida.
CUARTO. Por acuerdo de treinta de agosto de dos mil cuatro, se tuvo por expuesto el parecer del agente del Ministerio Público de la Federación, en el sentido de que sí procede la modificación de la jurisprudencia 1a./J. 5/93, propuesta por los Magistrados integrantes del citado Tribunal Colegiado de Circuito, y se ordenó turnar los autos al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
QUINTO. En sesión de diecinueve de enero de dos mil cinco, celebrada en esta Primera Sala de este Máximo Tribunal, se dio cuenta con el presente asunto, desechándose el proyecto por mayoría de cuatro votos, y se acordó retirarlo para que fuera remitido a la presidencia de la citada Primera Sala, para el efecto de que se returnara a uno de los Ministros de la mayoría para la elaboración del proyecto correspondiente.
SEXTO. Por acuerdo de veinte de enero de dos mil cinco, la presidenta de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ordenó se returnaran los autos al Ministro José Ramón Cossío Díaz para que formule el proyecto de resolución respectivo y con él dé cuenta a la Sala que preside.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, último párrafo, de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el veintiuno de junio de dos mil uno, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio siguiente, en atención a que se trata de una solicitud de modificación de jurisprudencia emitida en materia penal durante la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, por la anterior integración de la Primera Sala, y es de su exclusiva competencia.
SEGUNDO. La solicitud de modificación de jurisprudencia formulada por el Magistrado Alejandro Sosa Ortiz, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, es procedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo.
El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, al resolver en sesión de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, la contradicción de tesis 25/90, interpretó los alcances jurídicos del citado párrafo, bajo las siguientes consideraciones:
"Por su lado, el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, dispone:
"‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.’
"De lo anterior se deriva que por lo que hace a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas con posterioridad al quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, podrá reexaminarse cuando se formule la solicitud correspondiente por los órganos colegiados o funcionarios judiciales a que alude el cuarto párrafo del citado artículo 197.
"Recapitulando lo antes dicho puede sostenerse que respecto de la jurisprudencia de este Alto Tribunal establecida conforme al sistema actual, su reexamen no puede hacerse en vía de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, pues aun cuando pudieran llegar a darse, ello implicará que uno de los tribunales indebidamente desobedeció la jurisprudencia instaurada, lo que podrá dar lugar a hacerlo del conocimiento del Pleno a fin de que se estudie la posibilidad de imponer medidas disciplinarias.
"Debe decirse que esta situación no se presenta en el caso concreto, pues la Primera Sala, como se dijo con anterioridad, estableció la jurisprudencia relativa al resolver la contradicción de tesis 4/89 el doce de junio de mil novecientos ochenta y nueve, y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que sustentó el criterio contrario, lo hizo con anterioridad a aquélla, esto es, el veintiséis de agosto de mil novecientos ochenta y seis, al resolver la revisión incidental 337/86.
"A propósito del procedimiento de modificación de la jurisprudencia de este Alto Tribunal, que previene el dispositivo citado en último lugar, es conveniente destacar que de él se desprende lo siguiente:
"1. La solicitud relativa sólo puede provenir de las Salas de la Suprema Corte y los Ministros que las integren, de los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren;
"2. Deben ser con motivo de un caso concreto y en la solicitud respectiva se expondrán las razones que justifiquen la petición de modificación;
"3. La solicitud de modificación debe ser respecto de la jurisprudencia de alguna de las Salas o del Tribunal Pleno; y,
"4. Si se acepta la modificación solicitada, la resolución respectiva no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada.
"Establecido lo anterior se está en condiciones de hacer las siguientes precisiones:
"a) Las Salas y los Ministros que las integren sólo pueden hacer valer la solicitud de modificación respecto de la jurisprudencia del Tribunal Pleno, pero no la establecida por alguna otra Sala.
"Esto es así porque de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, a las Salas sólo las obliga la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, mas no la establecida por otra de ellas, de manera que si una Sala en un asunto de su competencia llegara a estimar que no comparte el criterio jurisprudencial de otra diversa, está en aptitud de fallar desde luego el negocio de que se trate y sustentar una postura contraria, lo que se corrobora si se tiene en cuenta que en ese caso se dará lugar a que se denuncie y resuelva por el Tribunal Pleno la contradicción relativa acorde con lo previsto por el artículo 197, párrafos primero, segundo y tercero, de la propia ley.
"b) Los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, pueden formular la solicitud de modificación tanto de la jurisprudencia del Tribunal Pleno como de alguna de las Salas.
"Lo anterior encuentra justificación en el propio artículo 192 que expresamente señala que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno y la sustentada por las Salas obliga, entre otros, a los referidos Tribunales Colegiados, de aquí que si éstos están obligados a acatar la jurisprudencia que emitan las Salas o el Tribunal Pleno debe entenderse que también están facultados para pedir de cualquiera la modificación correspondiente.
"c) Previamente a la solicitud de modificación que formulen las Salas o los Ministros que las integren al Tribunal Pleno, a éste o a aquéllas al Tribunal Colegiado de Circuito o los Magistrados que los integren, debe resolverse el caso concreto que la origina aplicando la jurisprudencia cuya modificación se pida.
"Esta conclusión se obtiene a través de la interpretación armónica del artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, con otros preceptos de la propia ley. En efecto, ya se ha señalado que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 192 del citado ordenamiento, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno y la de ambos órganos, entre otros, para los Tribunales Colegiados de Circuito.
"Por otra parte, el mencionado artículo 197, párrafo cuarto, exige que la solicitud de modificación debe ser con motivo de un caso concreto, lo que debe interpretarse en el sentido de que en la Sala o en el Tribunal Colegiado de Circuito que pretenda formular, o uno de sus integrantes, la solicitud de modificación, se encuentre un negocio que tiene que resolverse observando la jurisprudencia que los obligue.
"La existencia de un asunto de amparo en la Suprema Corte de Justicia o en los Tribunales Colegiados de Circuito se rige, para su resolución, de acuerdo con lo que dispone sobre el particular la ley de la materia. Así basta observar lo previsto por los artículos 90, 182, 184 y 185 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para advertir los términos con que cuentan el Magistrado o el Ministro relator para formular el proyecto de resolución y los Tribunales Colegiados o las Salas para resolver el negocio después de que aquél se ha presentado.
"De esta suerte, no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado de Circuito que pretenda pedir por sí o de uno de sus integrantes al órgano respectivo la modificación de la jurisprudencia que lo obligue, retrasando la resolución del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los términos establecidos en la ley, sobrevendría otra situación grave que se traduciría en el rehusamiento del tribunal o la Sala a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 de la propia ley, a lo que debe sumarse que si de conformidad con el diverso 194 la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resolución con los votos necesarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe de acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se encuentren obligados en los asuntos que tienen para resolver.
"Así pues, mediante la facultad que a favor de los Tribunales Colegiados de Circuito prevé el artículo cuarto transitorio de la reforma de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, que entró en vigor a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, y del procedimiento establecido por el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se conserva el dinamismo en todas las tesis jurisprudenciales de esta Suprema Corte de Justicia, de manera que, como se indicó con anterioridad, las mismas no tienen, necesariamente, que permanecer inalterables."
Las anteriores consideraciones dieron lugar a las tesis aisladas cuyos rubros, textos y datos de identificación se transcriben a continuación:
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, enero de 1992
"Tesis: P. XXIX/92
"Página: 33
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGREN PUEDEN SOLICITAR SU MODIFICACIÓN TANTO DE LA PRODUCIDA POR EL TRIBUNAL PLENO, COMO POR ALGUNA DE LAS SALAS. El artículo 197, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, si de acuerdo con el artículo 192 de la citada ley, los referidos Tribunales Colegiados están obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas, debe entenderse que también están facultados para pedir de cualquiera de éstos, la modificación de la jurisprudencia que tuviesen establecida."
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, enero de 1992
"Tesis: P. XXVIII/92
"Página: 34
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. NO TIENE NECESARIAMENTE QUE PERMANECER INALTERABLE. De lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la reforma de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete a la Ley de Amparo, que entró en vigor el quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito pueden interrumpir y modificar la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta esta última fecha, en las materias cuyo conocimiento les corresponda. Por otra parte, de lo previsto por el artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se deriva que por lo que hace a la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal funcionando en Pleno o en Salas, con posterioridad a la fecha últimamente citada, podrá reexaminarse cuando se formule la solicitud de modificación correspondiente por los órganos judiciales o funcionarios a que alude. De ahí que, deba sostenerse que mediante la facultad que en favor de los Tribunales Colegiados establece el citado artículo transitorio y del procedimiento referido en el mencionado artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se conserva el dinamismo en todas las tesis de jurisprudencia de esta Suprema Corte, por lo que las mismas no tienen, necesariamente, que permanecer inalterables."
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IX, enero de 1992
"Tesis: P. XXXI/92
"Página: 35
"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA. El artículo 197, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en lo conducente señala que ‘Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los Ministros que las integren y los Tribunales Colegiados de Circuito y los Magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia o a la Sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación ...’. Ahora bien, una recta interpretación de este dispositivo lleva a concluir que no sería correcto que la Sala o el Tribunal Colegiado que pretenda pedir al órgano respectivo la modificación de la jurisprudencia que lo obligue, retrasara la solución del negocio del que haga derivar la solicitud en espera de que ésta se resuelva, en primer lugar porque no existe precepto legal que así lo autorice, y en segundo lugar porque independientemente de que se estarían contraviniendo las disposiciones relativas que constriñen a los órganos jurisdiccionales a fallar los asuntos de su competencia en los términos establecidos, sobrevendría otra situación grave que se traduciría en el rehusamiento, en su caso, del Tribunal Colegiado o la Sala, a acatar la jurisprudencia que lo obliga, con lo cual se vulneraría el artículo 192 de la propia ley. A lo anterior debe sumarse que si de conformidad con lo dispuesto por el diverso 194 del mismo ordenamiento, la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncia ejecutoria en contrario por catorce Ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno y por cuatro si es de una Sala, debe inferirse que mientras no se produzca la resolución con los votos mayoritarios que interrumpa una jurisprudencia, ésta debe de acatarse y aplicarse por los órganos judiciales que se encuentren obligados, todo lo cual permite sostener que previamente a elevar al órgano respectivo la solicitud de modificación de la jurisprudencia que tuviese establecida, debe resolverse el caso concreto que origine la petición aplicándose la tesis jurisprudencial de que se trate."
Ahora bien, en el caso a que este expediente se refiere, quedan debidamente acreditados los presupuestos de procedencia de la solicitud de modificación de jurisprudencia formulada por el Magistrado solicitante.
En efecto, por una parte el promovente está legitimado, por tratarse de un Magistrado en funciones adscrito, al momento de formular su solicitud, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. Además, los Magistrados compañeros de la misma adscripción, mediante escrito posterior se adhirieron a la petición referida.
La solicitud de modificación de jurisprudencia deriva sólo de un caso concreto, se trata del amparo directo 605/2003, del índice del Tribunal Colegiado aludido, en el que por unanimidad de votos se decidió conceder el amparo solicitado.
TERCERO. La solicitud de modificación se refiere a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 5/93, emitida por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y datos de publicación se transcriben a continuación:
"Octava Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Número: 75, marzo de 1994
"Tesis: 1a./J. 5/93
"Página: 11
"CONCURSO DE DELITOS POR DOBLE HOMICIDIO, RESULTA INAPLICABLE POR EL JUEZ, CUANDO NO LO SOLICITÓ EL MINISTERIO PÚBLICO. Cuando en la secuela procesal se estima demostrada la existencia de un concurso real de delitos, cualquiera que sea el carácter de éste, para que el juzgador de instancia se encuentre en la aptitud de imponer las que correspondan, sólo por el de mayor entidad o bien acumularlas por cada ilícito demostrado hasta por un monto que queda a su criterio, es evidente que conforme a una correcta técnica procesal, dicha actuación judicial debe sustentarse a los lineamientos del pliego de conclusiones del Ministerio Público, quien es el titular indiscutible de la acción penal, mismo que por ser un órgano técnico, no corresponde al Juez subsanar sus deficiencias u omisiones, de manera que si en la acusación omite esgrimir pedimento alguno para sancionar al procesado como responsable de un concurso real de delitos, a pesar de la prueba de éste, es obvio que dicho funcionario judicial se encuentra legalmente impedido para sancionar por ese concepto, por no existir acusación de parte de quien correspondía hacerla. En efecto, conforme al artículo 21 constitucional, el juzgador tiene una amplia potestad sancionadora, la cual constituye una de sus funciones inmanentes, sin embargo, la misma no puede ser absoluta, oficiosa, ni arbitraria, pues atento a los principios de legalidad, exacta aplicación de la ley penal, de defensa para un procesado y de equilibrio procesal de las partes, que se deducen de los preceptos 14, 20 y 21 de la Carta Magna, esa actuación punitiva judicial debe ser consecuencia de previa petición por parte del titular de la acción penal; de modo que, cuando éste omita efectuar consideración a ese respecto, no cabe justificar la imposición de las penas, subsanando la deficiencia ministerial, en detrimento a las garantías del acusado pues el argumento de que solamente corresponde a la autoridad judicial la imposición de las penas, deviene ineficaz en razón de que ésta, como se ha dicho, no es arbitraria, sino acorde y consecuente a una normatividad y a un Estado de derecho en vigor, pues admitir lo contrario equivaldría a trastocar el sistema penal vigente hacia una postura eminentemente inquisitiva.
"Contradicción de tesis 12/91. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito. 31 de mayo de 1993. Mayoría de cuatro votos, en contra del Ministro Samuel Alba Leyva. Ponente: Samuel Alba Leyva. Secretario: Rubén Arturo Sánchez Valencia. Engrosó Ministra Victoria Adato Green.
"Tesis de jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión del nueve de agosto de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de votos de los señores Ministros: presidente Ignacio M. Cal y Mayor Gutiérrez, Samuel Alba Leyva, Victoria Adato Green, Clementina Gil de Lester y Luis Fernández Doblado."
Las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia que antecede, en la parte conducente, son las siguientes:
"En principio, conviene destacar que los ordenamientos legales en los que se apoyaron los órganos de control constitucional contendientes, son los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, tanto del Distrito Federal como del Estado de Guerrero, cuyos preceptos legales ante el tema del concurso real de delitos prevén:
"El artículo 21 del Código Penal del Estado de Guerrero, define el concurso real delictivo de la siguiente manera:
"‘Artículo 21. ... Existe concurso real cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.’
"En el propio ordenamiento sustantivo estatal, en cuanto a la punibilidad, establece en el segundo párrafo de su artículo 67:
"‘Artículo 67. ... Tratándose de concurso real, se impondrá la penalidad correspondiente al delito que tenga señalada la mayor, misma que podrá aumentarse hasta la suma de las sanciones establecidas para cada uno de los demás delitos.’
"Por su parte, el numeral 18 del Código Penal para el Distrito Federal prevé:
"‘Artículo 18. ... Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos.’
"En cuanto al aspecto punitivo, el ordenamiento local para el Distrito Federal señala en el segundo párrafo de su precepto 64, que:
"‘Artículo 64. ... En caso de concurso real, se impondrá la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, la cual podrá aumentarse hasta la suma de las penas correspondientes por cada uno de los demás delitos, sin que exceda de los máximos señalados en el título segundo del libro primero.’
"De las anteriores transcripciones, se deduce que existe idéntica regulación en derecho positivo, entre los Códigos Penales para el Estado de Guerrero y del Distrito Federal, ya que coinciden en esencia con los elementos requeridos para tener por demostrado un concurso real de delitos, por demás acorde también con los lineamientos de la doctrina jurídico-penal, esto es, ante la demostración de cuando un sujeto activo comete varias acciones, temporal y fácticamente distinguibles entre sí, las que de manera causal y eficiente producen diversas infracciones penales, con resultados a la vez independientes. Por lo que, ante esa diversidad de actos y de resultados lesivos a bienes jurídicos, se ocasiona la actualización de una pluralidad de delitos que, de acuerdo a la doctrina, da origen a un concurso real homogéneo (cuando versa en ilícitos iguales), o heterogéneo (al tratarse de delitos de distinta naturaleza).
"Ahora bien, por lo que hace al aspecto de las normas de procedimiento que rigen el actuar del Ministerio Público y del órgano judicial, debe destacarse que los artículos 316, de los Códigos de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero y para el Distrito Federal, respectivamente dicen:
"‘Artículo 316. El Ministerio Público formulará sus conclusiones por escrito, haciendo una relación sucinta y metódica de los hechos conducentes, propondrá las cuestiones de derecho que de ellos surjan y citará las leyes, jurisprudencia, ejecutorias y doctrinas aplicables, terminando su pedimento en proposiciones concretas.’
"‘Artículo 316. El Ministerio Público, al formular sus conclusiones, hará una exposición sucinta y metódica de los hechos conducentes, propondrá las cuestiones de derecho que de ellos surjan, citará las leyes, ejecutorias o doctrinas aplicables y terminará su pedimento en proposiciones concretas.’
"Asimismo el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su artículo 317, adicionalmente establece diversos requisitos que debe satisfacer el pliego de conclusiones del representante social, sin que exista precepto análogo en el ordenamiento adjetivo del Estado de Guerrero, donde se establece:
"‘Artículo 317. En las conclusiones, que deberán presentarse por escrito, se fijará en proposiciones concretas los hechos punibles que se atribuyan al acusado, solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes, incluyendo la reparación del daño y perjuicio, con cita de las leyes y de la jurisprudencia aplicables al caso. Estas proposiciones deberán contener los elementos de prueba relativos a la comprobación del cuerpo del delito y los conducentes a establecer la responsabilidad penal.’
"Ahora bien, de una interpretación sistemática del contenido de los artículos 316 transcritos, respecto de los requisitos técnicos que deben satisfacer las conclusiones del órgano de acusación, se advierten los siguientes: 1) Que el Ministerio Público debe formular sus conclusiones por escrito; 2) Que en ellas deberá efectuar una relación de los hechos demostrados durante el proceso; 3) Deberá proponer las cuestiones de derecho aplicables, a través de la cita de leyes, jurisprudencias, ejecutorias y doctrina aplicables; y, 4) Terminará su pedimento en proposiciones concretas.
"Es de reiterar el consenso existente en la teoría del proceso penal, así como en las disposiciones válidas de derecho positivo de la materia, en cuanto a que el acto procesal de la acusación, que se atribuye de manera singular, única y circunscrita al agente del Ministerio Público, constituye el momento culminante y definitivo de la acción penal, la que se actualiza en la etapa final del proceso, y propiamente durante la llamada etapa de juicio, durante la cual deben satisfacerse ciertos requisitos con la finalidad de otorgar al juzgador los elementos indispensables para decir el derecho y resolver la controversia de carácter penal puesta a su consideración, asimismo, en atención al imperio del Estado de derecho en el que se actúa, así como en irrestricto acatamiento a los principios de legalidad, seguridad jurídica, defensa y estricta aplicación de la ley penal, a que se refieren los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución General de la República, es que deben adecuarse los parámetros establecidos en la petición ministerial, puntualizada en el pliego acusatorio, respecto a lo que decida el juzgador al momento de dictar sentencia definitiva que ponga fin a la instancia, de modo que, en prioridad técnica, es indispensable que en las conclusiones se contengan los elementos de prueba relativos a la comprobación del cuerpo del delito, para establecer la responsabilidad penal del procesado, con las circunstancias, modificativas o agravantes, que maticen su actuación típica, para terminar su pedimento en la forma prevista en los artículos 316, de los Códigos de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero y para el Distrito Federal, es decir, en proposiciones concretas, que no significa otra cosa, en que la penalidad se encuentre prevista por la ley y sea exactamente aplicable como consecuencia de la conducta atribuida al procesado destacando en forma relevante que la punición a aplicar sea expresamente solicitada por el Ministerio Público; siendo este último aspecto, no obstante el carácter público de la pena, ya que el interés común que sustenta la imposición de sanciones de naturaleza penal no autoriza, ni da margen para el actuar independiente del juzgador, ya que, acorde a los principios de división de la carga procesal, la autoridad judicial se encuentra imposibilitada para imponer en forma oficiosa la pena, la cual técnicamente corresponde solicitarla al Ministerio Público conforme a lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, pues de lo contrario se llegaría a confundir el sistema procesal de acusatorio a inquisitorio, al permitir al órgano jurisdiccional aplicar sanciones no solicitadas por el Ministerio Público, convirtiéndose con ello la autoridad judicial en Juez y parte al mismo tiempo, lo cual no debe ser, ya que los juzgadores no están capacitados leg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18818-3df08664/concurso-de-delitos-facultad-exclusiva-de-las-autoridades · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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