MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA UNA SENTENCIA RELACIONADA CON UN DELITO PERSEGUIBLE POR QUERELLA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 124/2004-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:
A) El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo en revisión 164/2002, el veintitrés de septiembre de dos mil dos, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Resulta innecesario ocuparse de los argumentos que contiene la resolución recurrida, así como de los agravios vertidos por la parte recurrente, toda vez que debe desecharse el presente recurso de revisión, en atención a que la parte que lo interpone no se encuentra legitimada para ello. En efecto, en el caso, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Tampico, Tamaulipas, interpuso el recurso de revisión contra la sentencia pronunciada por el Juez de su adscripción, mediante la cual determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso ... contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal, residente en Ciudad Madero, Tamaulipas, que hizo consistir en el auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de fraude, cometido en agravio de ... al considerar que en el caso concreto no se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos que integran el cuerpo del delito en mención. Para arribar a la conclusión de que el recurso de revisión debe desecharse, es preciso transcribir el contenido de los artículos 5o., fracción IV y 88, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numerales que a la letra rezan (se transcriben). Una interpretación armónica de los preceptos anteriormente transcritos, permite colegir que si bien es cierto que el Ministerio Público Federal se encuentra facultado para, entre otras cosas, interponer los recursos que señala la ley de la materia, inclusive en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales; no menos cierto resulta que esta facultad se encuentra condicionada a que la resolución que se pretenda recurrir, le cause un agravio a su representación, es decir, se requiere que con el dictado de esa sentencia se cause una real afectación al interés público, que sólo se encuentra depositado en la sociedad, y cuya representación tiene, por mandato constitucional el Ministerio Público Federal; y ello no puede interpretarse de otra manera, al señalar expresamente el artículo 88, primer párrafo, de la ley citada, que en el recurso de revisión el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada, máxime que el artículo 107, fracción XV, constitucional, de manera categórica establece que el procurador general de la República o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo, y que podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público. Partir de otra hipótesis, llevaría a la conclusión falsa de que en todos los juicios de amparo existe un interés público de que se respete el orden constitucional a través de las garantías individuales, las que no deben contravenirse por ninguna autoridad; lo cual permitiría legitimar al Ministerio Público para promover los recursos conducentes, aun cuando se negara la protección de la Justicia Federal al impetrante, en cualquier materia, si estimara que la autoridad del amparo resolvió en forma inexacta y debería ampararse al justiciable; hipótesis inadmisible, dado los múltiples criterios jurisprudenciales en materias de estricto derecho. Por tanto, tratándose de asuntos en los que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, contra la resolución (orden de aprehensión, auto de formal prisión) dictada por una autoridad judicial del orden local, dentro de una causa seguida por la comisión de algún delito de los que se persiguen a instancia de parte agraviada, según el Código Penal para el Estado de Tamaulipas (abuso de confianza, fraude, fraude laboral, chantaje, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad), no puede considerarse que se afecta el interés público, a virtud de que en esta clase de delitos llamados patrimoniales, el bien jurídico protegido es la propiedad o posesión particular de cualquier clase de bienes, por lo que el mayor interesado en que se persiga y castigue al delincuente, es el propio afectado u ofendido; de ahí que aquel interés público cuya protección está encomendada al Ministerio Público Federal adscrito a los tribunales de amparo, no resulta afectado, y si bien dicha autoridad tiene el carácter de parte, su función se circunscribe únicamente a velar por el orden constitucional, es decir, procurar una pronta y expedita administración de justicia dentro del juicio de garantías, sin que de alguna manera le esté encomendada la defensa de la constitucionalidad del acto reclamado, como es el caso, lo cual correspondería a la propia autoridad responsable; ni la de perseguir y castigar a los delincuentes, responsabilidad del Ministerio Público investigador. En ese tenor, si en el caso a ... se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del auto de formal prisión dictado en su contra por el delito de fraude, que sólo afecta un interés de particulares, cometido en agravio de ... por parte de la Juez Segundo de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas; es obvio que si en la sentencia de amparo se estimó por el a quo que no se acreditaron los elementos del cuerpo de ese delito, con ello sólo se afecta el interés particular del ofendido, y no el de la sociedad; tan es así que se encuentra contemplado como de aquellos que sólo se persiguen a instancia de parte agraviada, según lo estipula el artículo 438 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, el cual dispone: (se transcribe). Por tanto, el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, residente en Tampico, Tamaulipas, no se encuentra legitimado para interponer el presente recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el Juez de su adscripción, por no afectarse el interés público que representa. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y precisamente al sustentar la jurisprudencia que enseguida se invoca. Jurisprudencia 337, publicada en la página 226, Tomo VI, Parte SCJN, Octava Época, Apéndice de 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ES PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS Y PUEDE INTERPONER LA REVISIÓN AUN EN AMPARO CONTRA LEYES, SÓLO CUANDO LA MATERIA DE LA LEY IMPUGNADA AFECTE SUS ATRIBUCIONES.’ (se transcribe). También se cita como apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 907, Tomo XII, diciembre de 1993, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, del siguiente rubro y contenido: ‘MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. ALCANCE DE LAS ATRIBUCIONES DEL, PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN.’ (se transcribe). No constituye obstáculo a lo anterior, que mediante acuerdo de presidencia de fecha cinco de agosto del año en curso, se haya admitido el recurso de que se trata; toda vez que ese tipo de autos sólo dan trámite al recurso, por lo que no causan estado, dado que existe la posibilidad de volver a examinar el caso y decidir si el mismo fue o no admitido conforme a la ley. Al respecto cabe citar el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, visible en la página 591, del Informe de 1987, Parte III, Séptima Época, que es del tenor literal siguiente: ‘AUTOS DE PRESIDENCIA DE ADMISIÓN DE DEMANDA O RECURSO DE REVISIÓN. NO CAUSAN ESTADO.’ (se transcribe)."
El criterio sostenido fue reiterado en los amparos en revisión 166/2002, de veintitrés de septiembre de dos mil dos, 10/2003, de veintiuno de febrero de dos mil tres y 117/2004, de veintiocho de abril de dos mil cuatro.
Las consideraciones anteriores, dieron origen a la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, diciembre de 2002
"Tesis: XIX.1o.21 P
"Página: 806
"MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LA FACULTAD DE INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN SE ENCUENTRA LIMITADA A QUE SE ACREDITE UNA REAL AFECTACIÓN AL INTERÉS PÚBLICO QUE REPRESENTA. Una interpretación armónica del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, permite colegir que si bien es cierto que el Ministerio Público Federal se encuentra facultado para, entre otras cosas, interponer los recursos que señala la ley, inclusive en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, no menos cierto resulta que esta facultad se encuentra condicionada a que la resolución que se pretenda recurrir le cause un agravio a su representación, es decir, se requiere que con el dictado de esa sentencia se cause una real afectación al interés público que sólo se encuentra depositado en la sociedad, y cuya representación tiene, por mandato constitucional, el Ministerio Público Federal; y no puede interpretarse de otra manera, al señalar expresamente el artículo 88, primer párrafo, de la ley citada, que en el recurso de revisión el recurrente expresará los agravios que le cause la resolución o sentencia impugnada, máxime que el artículo 107, fracción XV, constitucional, de manera categórica establece que el procurador general de la República o el agente del Ministerio Público Federal que al efecto designare, será parte en todos los juicios de amparo, y que podrán abstenerse de intervenir en dichos juicios, cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público. Partir de otra hipótesis llevaría a la conclusión falsa de que en todos los juicios de amparo existe un interés público porque se respete el orden constitucional a través de las garantías individuales, las que no deben contravenirse por ninguna autoridad, lo cual permitiría legitimar al Ministerio Público para promover los recursos conducentes, aun cuando se negara la protección de la Justicia Federal al impetrante, en cualquier materia, si estimara que la autoridad del amparo resolvió en forma inexacta y debería ampararse al justiciable; hipótesis inadmisible, dado los múltiples criterios jurisprudenciales en materias de estricto derecho. Por tanto, tratándose de asuntos en los que se concede el amparo y la protección al quejoso contra la resolución (orden de aprehensión, auto de formal prisión) dictada por una autoridad judicial del orden local, dentro de una causa seguida por la comisión de algún delito de los que se persiguen a instancia de parte agraviada, según el Código Penal para el Estado de Tamaulipas (abuso de confianza, fraude, fraude laboral, chantaje, despojo de cosas inmuebles o de aguas y daño en propiedad), no puede considerarse que se afecta el interés público, en virtud de que en esta clase de delitos llamados patrimoniales, el bien jurídico protegido es la propiedad o posesión particular de cualquier clase de bienes, por lo que el mayor interesado en que se persiga y castigue al delincuente, es el propio afectado u ofendido; de ahí que aquel interés público cuya protección está encomendada al Ministerio Público Federal adscrito a los tribunales de amparo no resulta afectado, y si bien dicha autoridad tiene el carácter de parte, su función se circunscribe únicamente a velar por el orden constitucional, es decir, procurar una pronta y expedita administración de justicia dentro del juicio de garantías, sin que de alguna manera le esté encomendada la defensa de la constitucionalidad del acto reclamado, como es el caso, lo cual correspondería a la propia autoridad responsable, ni la de perseguir y castigar a los delincuentes, responsabilidad del Ministerio Público investigador; por tanto, se puede concluir válidamente que en situaciones como la de la especie, en que no se afecta el interés público que represente el agente del Ministerio Público Federal adscrito al tribunal de amparo, debe desecharse el recurso de revisión interpuesto por carecer de legitimación.
"Amparo en revisión 164/2002. 23 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Loreto Martínez. Secretaria: Graciela Robledo Vergara.
"Amparo en revisión 166/2002. 23 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Vélez Martínez. Secretario: Pedro Gutiérrez Muñoz."
B) El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 87/2004, fallado el dos de septiembre de dos mil cuatro, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Previo a determinar si es de entrarse al estudio de la resolución impugnada, es pertinente primeramente dilucidar si la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado de garantías, tiene legitimidad para interponer el recurso de revisión hecho valer. Por ser necesario para resolver lo planteado, se citarán algunos antecedentes del caso. a) Al impetrante del juicio de garantías se le atribuye como probable responsable del delito previsto por el artículo 113, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, y sancionado por el primer párrafo de dicho precepto, en relación con el 7o., fracción III, 8o. (hipótesis acción dolosa), 9o., párrafo primero (hipótesis conocer y querer) y 13, fracción III, del Código Penal Federal; ilícito que sólo procede a petición de parte ofendida, atento a lo dispuesto por el diverso numeral 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. b) El quejoso en el juicio de amparo indirecto ... señaló como autoridad responsable al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Tijuana, Baja California, y como acto reclamado la interlocutoria dictada en autos de la causa penal 235/2003, de fecha veintiséis de enero de dos mil cuatro, en que declaró infundado el recurso de revocación que a su vez fue hecho valer en contra del auto de fecha veintinueve de diciembre de dos mil tres, en la parte en que dicho Juzgado Penal informaba a los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito, con sede en Tijuana, Baja California, constituidos como órganos de control constitucional que el monto del quebranto para los efectos de la suspensión ascendía a veintiséis millones ochocientos treinta y siete mil trescientos setenta y ocho pesos con seis centavos moneda nacional. Argumentando el quejoso que el delito que se le atribuye no produce como resultado un daño material y que por ello se conculcaban sus garantías individuales. c) El Juzgado Octavo de Distrito, con sede en Tijuana, Baja California, que por razón de turno le correspondió conocer del juicio de garantías 97/2004-4, previa sustanciación del juicio, celebró la audiencia constitucional el veintidós de marzo que terminó de engrosar el siete de mayo de dos mil cuatro, en que por una parte determinó que la resolución dictada por la responsable carecía de motivación al no expresar los motivos y circunstancias por las cuales a su vez consideró que el ilícito atribuido al quejoso era de daño o de resultado material, y por ello no se ajustaba a la ley (falta de fundamentación); pero por otra parte entra al estudio de fondo del asunto, y concluye que el referido ilícito no produce tal daño material, y por ello concede el amparo al impetrante. Este cuerpo colegiado considera que la representación social de la Federación adscrita al Juzgado de Distrito constituido en órgano de control constitucional, sí tiene legitimidad para interponer el recurso de revisión como en el presente caso. En efecto, basta ver que el artículo 5o. de la Ley de Amparo literalmente dice (se transcribe). Luego entonces, si por disposición de dicho precepto el Ministerio Público es parte en el juicio de amparo, y además lo faculta expresamente para interponer los recursos que señala la citada ley reglamentaria, con excepción de los asuntos en materia civil y mercantil (sin incluir por supuesto la materia familiar), entre los que se encuentra precisamente el recurso de revisión, también por disposición expresa del artículo 82 del mismo ordenamiento legal, que a la letra dice (se transcribe). Ahora bien, no es válido sostener que el Ministerio Público sólo tenga legitimidad para interponer recursos en materia penal, cuando lo que motive su intervención derive de un proceso en que el ilícito sea de los perseguibles de oficio, en base a que el fin de dicha figura en el juicio de amparo es preservar y guardar el interés social, bajo el argumento absurdo de que en los delitos que se persiguen a petición de parte o querella necesaria, sólo involucra a los particulares, en que en nada le afecta a los valores que representa el Ministerio Público de la Federación, pues sostener tal criterio trastocaría lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que obliga al órgano investigador a perseguir los delitos tan luego como tenga conocimiento de ellos, esto es, actuar de manera oficiosa, así como por el numeral 113 del Código Federal de Procedimientos Penales que en lo conducente literalmente dice (se transcribe). Luego entonces, una vez llenado el requisito de procedibilidad como en el caso a estudio, el actuar del Ministerio Público retorna a su naturaleza oficiosa de origen, y como consecuencia inmersa la de representante de la sociedad, para salvaguardar el interés social y las disposiciones de orden público, sin que obste por supuesto que se trate del adscrito a un juzgado de garantías, dada también la indivisibilidad de la institución. Cobra aplicación por su espíritu y por las razones que informa la tesis aislada que aparece en la Sexta Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Segunda Parte, página 41, del rubro y texto siguientes: ‘DENUNCIA POR MEDIO DE APODERADO (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).’ (se transcribe). Corrobora la naturaleza oficiosa de los delitos perseguibles a petición de parte, lo dispuesto por el artículo 107 del código procesal en cita que a la letra dice: (se transcribe). En consecuencia, en los delitos de querella necesaria aun cuando sean de aquellos denominados patrimoniales (abuso de confianza, fraude, daño en propiedad ajena, etcétera), no implica que sólo los particulares involucrados sean los que estén facultados e interesados para interponer el recurso de revisión en cita cuando el acto afecte la reparación del daño, sino como se dijo, también el Ministerio Público, quien debe formular los agravios que a su representación social cause la resolución constitucional que impugne, pues hasta la actualidad sus funciones dentro del juicio de amparo, no son sólo la de velar por la pronta y expedita impartición de justicia, sino también la de hacer valer los recursos que prevé la propia ley reglamentaria del juicio de amparo. Además, no existe razón, motivo o argumento que autorice a declarar la falta de legitimidad del Ministerio Público de la Federación para interponer el recurso de revisión en los supuestos citados, amén de que en el caso no se interpretaría la norma, sino que se iría en contra de ella, pues no deja margen de duda, ya que el artículo 5o. de la Ley de Amparo, expresamente lo autoriza y faculta para interponer dicho recurso en los asuntos penales y no es válido que con la facultad y obligación que tenemos los juzgadores de resolver los asuntos planteados, interpretemos una norma que es clarísima en su redacción y sentido. Respecto al tema amerita parafrasear al ex-Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino V. Castro y Castro, en el ensayo titulado ‘Réquiem para el Ministerio Público en el amparo’, que a su vez retoma de su obra ‘El Ministerio Público en México’, cuando se refiere a la discrecionalidad que otorga la fracción XV del artículo 107 constitucional, tanto al procurador general de la República como al agente del Ministerio Público de la Federación, para abstenerse de intervenir en los juicios de amparo, cuando a su juicio el caso carezca de interés público, al efecto dice: ‘... De ahí se ha llegado frecuentemente a la exótica conclusión de que hay juicios de amparo con interés público, y juicios de amparo que carecen de él, y que por ello sólo en los primeros tiene legitimación activa el procurador y sus agentes, interpretación bastarda ...’. Palabras fuertes, que denotan la aguerrida defensa a tan noble institución en su creación y fines, que como siempre lamentablemente quienes la representan en muchos de los casos demeritan su valía. Pues si bien, la tendencia de la nueva Ley de Amparo, es que la figura del Ministerio Público sólo tenga intervención como parte en los juicios de amparo contra normas generales, y en todo lo demás desaparezcan sus facultades, también lo es que mientras esté vigente la actual Ley Reglamentaria del Artículo 107 de la Constitución General de la República, la institución del Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo tiene legitimidad activa para interponer los recursos que prevé dicho ordenamiento en materia penal, al no existir disposición alguna que estipule lo contrario, dado que en donde la ley no distingue el juzgador no debe de hacerlo, pues de lo contrario en el presente caso no estaría interpretando, sino creando una ley, que sólo es facultad del órgano legislativo. Por otra parte, toda vez que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la tesis XIX.1o.21 P, que aparece en la página 806 del Tomo XVI, diciembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostiene diverso criterio al vertido en esta ejecutoria, que por supuesto no se comparte, procédase a denunciar la contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
El criterio contenido en la ejecutoria transcrita también fue sostenido al resolverse el amparo en revisión 95/2004, fallado en la fecha de referencia.
Los anteriores asuntos originaron la emisión de la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XX, diciembre de 2004
"Tesis: XV.4o.2 P
"Página: 1376
"MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. COMO PARTE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN ASUNTOS EN MATERIA PENAL, AUN EN DELITOS PERSEGUIBLES A PETICIÓN DE PARTE. Conforme al artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, el Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito que conoce del juicio de amparo indirecto es parte en el mismo y, por consiguiente, está facultado para interponer los recursos que prevé la citada ley, sin que sea válido sostener que el Ministerio Público sólo tenga legitimación para interponer recursos en materia penal, cuando lo que motive su intervención derive de un proceso en que el ilícito sea de los perseguibles de oficio, pues resulta absurdo que cuando se trate de delitos que se persiguen a petición de parte o querella necesaria, sólo involucra a los particulares y que en nada afecta a los valores que representa el Ministerio Público de la Federación, pues sostener tal criterio trastocaría lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, que obliga al órgano investigador a perseguir los delitos tan luego como tenga conocimiento de ellos, esto es, actuar de manera oficiosa, así como por el numeral 113 del Código Federal de Procedimientos Penales, que prevé que una vez llenado el requisito de procedibilidad, como en el caso a estudio, el actuar del Ministerio Público retorna a su naturaleza oficiosa de origen y, como consecuencia, inmersa la de representante de la sociedad para salvaguardar el interés social y las disposiciones de orden público, sin que obste por supuesto que se trate del adscrito a un juzgado de garantías, dada también la indivisibilidad de la institución. En consecuencia, en los delitos de querella necesaria, aun cuando sean de aquellos denominados patrimoniales (abuso de confianza, fraude, daño en propiedad ajena, etcétera), no implica que sólo los particulares involucrados sean los que estén facultados e interesados para interponer el recurso de revisión en cita cuando el acto afecte la reparación del daño sino, como se dijo, también el Ministerio Público, quien debe formular los agravios que a su representación social cause la resolución constitucional que impugne, pues hasta la actualidad sus funciones dentro del juicio de amparo no son sólo de velar por la pronta y expedita impartición de justicia, sino también la de hacer valer los recursos que prevé la propia Ley de Amparo. Además, no existe razón, motivo o argumento que autorice a declarar la falta de legitimación del Ministerio Público de la Federación para interponer el recurso de revisión en los supuestos citados, amén de que en el caso no se interpretaría la norma, sino que se iría en contra de ella, pues no deja margen de duda, ya que el artículo 5o. de la Ley de Amparo, expresamente lo autoriza y faculta para interponer dicho recurso en los asuntos penales y no es válido que con la facultad y obligación que tenemos los juzgadores de resolver los asuntos planteados, interpretemos una norma que es clarísima en su redacción y sentido, pues si bien la tendencia de la nueva Ley de Amparo es que la figura del Ministerio Público sólo tenga intervención como parte en los juicios de amparo contra normas generales, y en todo lo demás desaparezcan sus facultades, también lo es que mientras esté vigente la actual Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, la institución del Ministerio Público de la Federación en los juicios de amparo tiene legitimación activa para interponer los recursos que prevé dicho ordenamiento en materia penal, al no existir disposición alguna que estipule lo contrario, dado que en donde la ley no distingue el juzgador no debe hacerlo, pues de lo contrario, en el presente caso, no estaría interpretando, sino creando una ley que sólo es facultad del órgano legislativo.
"Amparo en revisión 87/2004. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro Alonso Rabanales Sevilla.
"Amparo en revisión 95/2004. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro Alonso Rabanales Sevilla."
CUARTO. Como una cuestión previa, cabe precisar que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197 de la Ley de Amparo, ha considerado que dichos preceptos regulan lo relativo a la contradicción de tesis sobre una misma situación jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, y que por tesis debe entenderse la posición que, manifestada mediante una serie de proposiciones que se expresan con el carácter de propias, adopta el tribunal en la solución de un negocio jurídico.
Asimismo, este Alto Tribunal ha considerado que para que exista materia a dilucidar respecto a un criterio que prevalezca debe existir, cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que son las fuentes primordiales de las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurran los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
QUINTO. Precisado lo anterior, lo que procede es examinar si en la especie existe o no la contradicción de tesis sustentadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito.
Analizadas las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí existe la contradicción de criterios denunciada.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, interpretando los artículos 5o., fracción IV y 88, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18834-3ed2b889/ministerio-publico-de-la-federacion-tiene-legitimacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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