ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE OTORGA EL PLAZO DE 5 DÍAS PARA FORMULARLOS POR ESCRITO DEBE HACERSE POR LISTA A LAS PARTES, INCLUIDAS LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIO: ALBERTO MIGUEL RUIZ MATÍAS.
CONSIDERANDO:
TERCERO. El criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veinticinco de noviembre de dos mil dos, al resolver la revisión fiscal 276/2002, promovida por el titular del área de responsabilidades del órgano interno de control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Por cuestión de orden lógico, se procede al estudio del segundo concepto de agravio, en el que la recurrente argumenta que se cometió una violación procesal en el juicio de nulidad, toda vez que la Sala omitió notificar a las autoridades demandadas el plazo que tenían para formular alegatos, en contravención a lo previsto en los artículos 235 y 254 del Código Fiscal de la Federación. Es fundado el agravio sintetizado, en atención a que de las constancias que integran el juicio de anulación sujeto a revisión, se advierte lo siguiente. 1. El actor demandó la nulidad de la resolución de dieciséis de marzo de dos mil uno, emitida por el titular del Área de Responsabilidades de la Contraloría Interna en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el expediente administrativo QD-38/2000, mediante la cual le impuso una sanción consistente en suspensión de su empleo, cargo o comisión por el término de cinco días, así como una sanción económica por la cantidad de $18,395.00 (fojas 1-11). 2. En auto de veintinueve de agosto de dos mil uno, previo requerimiento, la Magistrada instructora de la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, admitió la demanda de nulidad y ordenó correr traslado a las autoridades demandadas (foja 112). 3. Mediante oficio número 06/110/397-VI-(MHO)-4594/01, recibido el veintisiete de noviembre de dos mil uno, en la oficialía de partes de la aludida Sala, las autoridades dieron contestación a la demanda de nulidad (fojas 158-163). 4. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil uno, la Magistrada instructora de la Sala del conocimiento, tuvo por contestada la demanda y corrió traslado a la parte actora para que en el plazo de cinco días desvirtuara la causa de improcedencia y sobreseimiento planteada por las demandadas (foja 171). 5. En diverso auto de trece de marzo de dos mil dos, la Magistrada instructora de la Sala a quo acordó lo siguiente: ‘Apareciendo de autos que a la fecha no existe cuestión pendiente que impida la resolución del juicio, dígase a las partes que cuentan con cinco días para presentar sus alegatos por escrito, conforme a lo previsto en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación. Notifíquese.’ (foja 219). Ahora bien, los artículos 235 y 254 del Código Fiscal de la Federación, son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 235. El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia. Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa.’. ‘Artículo 254. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán siempre por oficio o por vía telegráfica en casos urgentes. Tratándose de las autoridades, las resoluciones que se dicten en los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se deberán notificar en todos los casos, únicamente a la unidad administrativa a la que corresponda la representación en juicio de la autoridad señalada en el artículo 198, fracción III, de este código.’. Acorde con los preceptos transcritos, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, deben considerar en sus sentencias los alegatos que expresen las partes; por tanto, antes de emitir la sentencia respectiva, deben notificar a las partes el plazo legal que tienen para formular sus alegatos. En la especie, la Magistrada instructora de la Sala a quo, en proveído de trece de marzo de dos mil dos, otorgó a las partes un plazo de cinco días para que expresaran sus alegatos; sin embargo, de las constancias que obran en el expediente fiscal no se advierte que esa determinación hubiese sido notificada a las autoridades demandadas, no obstante que de acuerdo con el artículo 235, en relación con el diverso 254, ambos del Código Fiscal de la Federación, las Salas están obligadas a notificarles, por oficio, el plazo legal para formular alegatos. Si bien el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, establece que el Magistrado instructor debe notificar por lista a ‘las partes’ el proveído por el que se les concede el plazo para formular alegatos, conviene precisar que el diverso numeral 254 del citado ordenamiento legal, señala que las notificaciones a las autoridades administrativas deben hacerse siempre por oficio, regla que está prevista en el capítulo especial relativo a las notificaciones en el juicio administrativo y, por ende, debe prevalecer sobre el primero de los preceptos citados, conforme al principio general de derecho relativo a que la norma especial tiene aplicación preferente respecto de la general, aunado a que las normas deben interpretarse en forma sistemática y no contradictoria. En consecuencia, el proveído que conceda el plazo para formular alegatos, debe notificarse por oficio a las autoridades demandadas, a pesar de que el aludido numeral 235 se refiera en términos generales a ‘las partes’. Y, si en el caso, la Sala Fiscal emitió la sentencia recurrida, sin otorgar oportunidad a las autoridades demandadas para que si así lo deseaban formularan alegatos, se violan en su contra las reglas fundamentales del procedimiento, pues, se insiste, se hace nugatorio su derecho para realizar manifestaciones vía alegatos, máxime que si éstos se presentan oportunamente deben ser considerados al dictar sentencia, es decir, deben ser motivo de análisis en ella. En consecuencia, lo que procede es declarar fundado el recurso de revisión que nos ocupa, resultando innecesario el estudio de los restantes agravios, porque a nada práctico conduciría."
Similares consideraciones a las preinsertas sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el veintisiete de septiembre de dos mil cuatro, al resolver la revisión fiscal 136/2004 promovida por el director de Asuntos Judiciales, por ausencia de la jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Economía, las cuales en obvio de repeticiones innecesarias no se transcriben.
De las consideraciones de mérito derivó la tesis cuyo texto y datos de localización son:
"ALEGATOS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ACUERDO QUE CONCEDE EL PLAZO PARA FORMULARLOS, DEBE NOTIFICARSE A LAS AUTORIDADES POR OFICIO O POR VÍA TELEGRÁFICA EN CASOS URGENTES. Una interpretación sistemática de los artículos 235 y 254 del Código Fiscal de la Federación, revela que aun cuando el primero de los preceptos citados establece que el Magistrado instructor debe notificar por lista a las partes el proveído por el que les concede el plazo para formular alegatos, debe prevalecer la regla prevista en el diverso numeral 254, el cual señala que las notificaciones a las autoridades deben hacerse siempre por oficio o por vía telegráfica en casos urgentes, toda vez que este último artículo está contenido en el capítulo especial relativo a las notificaciones en el juicio administrativo, y conforme a los principios generales del derecho, la norma especial tiene aplicación preferente respecto de la general." (Novena Época, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, tesis I.2o.A.36 A, página 1915).
CUARTO. El criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el diez de abril de dos mil dos, al resolver la revisión fiscal 587/2002, promovida por el contralor interno en el Servicio de Administración Tributaria, en representación del titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y a nombre propio, se apoyó en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Son inoperantes en parte e infundados por otra los agravios, de conformidad con las siguientes consideraciones: Por cuestión de método, se estudia en primer término el agravio en el que aduce la recurrente que, al dictar el acuerdo de veinte de junio de dos mil uno mediante el cual se otorgó a las partes el término de cinco días para que formularan sus alegatos fue notificado por lista, transgredió lo dispuesto por el artículo 254 del Código Fiscal de la Federación, dejándola en completo estado de indefensión al no tener la posibilidad jurídica de presentar los alegatos, por no haber sido emplazada legalmente a ello. Dicho argumento deviene infundado. Para ello es necesario transcribir el artículo 235 del ordenamiento legal en cita que en lo conducente establece: ‘Artículo 235. El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia ...’. Ahora bien, de fojas 385 de los autos del juicio de nulidad se desprende que en efecto el Magistrado instructor dictó acuerdo el veinte de junio de dos mil uno, concediendo a las partes el término de cinco días para que formularan sus alegatos a que se refiere el precepto transcrito, ordenando su notificación por lista, la que consta se practicó el veintisiete de junio de dos mil uno, por lo que se puede concluir que su actuar se ajustó a derecho, atendiendo precisamente a lo dispuesto por el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación anteriormente transcrito, precepto que en el caso es el aplicable, ya que es el que regula de forma expresa esta etapa del proceso de los juicios de nulidad que se tramitan en las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que, lo dispuesto por el artículo 254 del mismo ordenamiento legal se refiere a la forma en que deberán de practicarse las notificaciones a las autoridades administrativas en forma general, la que en el caso no es aplicable en atención a lo que reza el principio general del derecho en el sentido de que la norma de excepción debe prevalecer sobre la norma de carácter general, principios que sirven para la integración e interpretación del derecho, por lo que, con base en él y al propio contenido de los artículos en estudio se llega a la conclusión de que en el caso no existió la violación al procedimiento que se alega, ni mucho menos el actuar de la Sala del conocimiento implicó que se dejó en estado de indefensión a la hoy recurrente."
De las consideraciones preinsertas derivó la tesis cuyo texto y datos de localización son:
"ALEGATOS EN EL JUICIO FISCAL. LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE CITA A LAS PARTES PARA FORMULARLOS DEBE HACERSE POR LISTA, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 235 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. El proveído dictado por el Magistrado instructor para citar a las partes a formular alegatos por escrito, debe hacerse en términos de lo ordenado por el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, y no como lo prevé el diverso 254 del mismo ordenamiento legal, en cumplimiento al principio general de derecho que dispone que la norma de excepción debe prevalecer sobre la norma de carácter general, principio que sirve para la integración e interpretación del derecho, por lo que con base en él y al propio contenido de los artículos, debe aplicarse el que regula en forma expresa esta etapa del procedimiento." (Novena Época, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, julio de 2002, tesis I.7o.A.180 A, página 1240).
QUINTO. A fin de determinar si en el caso existe o no contradicción de criterios, se toma en cuenta la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que más adelante se transcribe, en virtud de que establece los elementos esenciales para la existencia de una contradicción de tesis, que son los siguientes:
a) Que al resolver los negocios jurídicos los Tribunales Colegiados hayan examinado cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
La jurisprudencia de mérito es del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, tesis P./J. 26/2001, página 76).
Precisado lo anterior, se procede a sintetizar las consideraciones sustentadas en las ejecutorias participantes en la presente contradicción de tesis.
1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver las revisiones fiscales 276/2002 y 136/2004, esencialmente, consideró lo siguiente.
Que el proveído por medio del cual se concede el plazo para formular alegatos debe notificarse por oficio a las autoridades demandadas a pesar de que el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año dos mil dos), se refiera a que la notificación relativa se debe hacer por lista a las partes.
Lo anterior, porque si bien es cierto que en el precepto 235 citado se establece que el Magistrado instructor debe notificar por lista a "las partes" el proveído por el cual se les concede el plazo para formular alegatos, también lo es que el numeral 254 del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año dos mil dos), señala que las notificaciones a las autoridades administrativas deben hacerse siempre por oficio, regla especial prevista en el capítulo específico a las notificaciones en el juicio administrativo, razón por la cual debe prevalecer sobre el artículo 235 del código indicado. Esto último conforme al principio general de derecho relativo a que la norma especial tiene aplicación preferente respecto de la general.
2. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la revisión fiscal 587/2002, sustentó las consideraciones siguientes.
Que el Magistrado instructor procedió conforme a derecho al haber notificado por lista a las partes el acuerdo por medio del cual les concedió el plazo de cinco días para formular alegatos, pues su actuar es acorde a lo establecido en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año dos mil dos), el cual es aplicable tratándose de la notificación indicada, porque en él se regula de forma expresa la etapa de alegatos de los juicios de nulidad tramitados ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto que lo dispuesto en el precepto 254 del código citado se refiere a la forma en la cual deberán practicarse las notificaciones a las autoridades administrativas en forma general, disposición no aplicable tratándose de la notificación del acuerdo citado, en atención al principio general de derecho consistente en que la norma de excepción debe prevalecer sobre la norma de carácter general.
De lo antes expuesto, se advierte que en el caso concreto se cumplen los presupuestos señalados con anterioridad, para declarar que existe la contradicción de tesis denunciada entre los Tribunales Colegiados de Circuito citados, acorde a lo siguiente.
I. Los Tribunales Colegiados Segundo y Séptimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al conocer el primero de ellos de las revisiones fiscales 276/2002 y 136/2004 y el citado en segundo lugar de la revisión fiscal 587/2002, se pronunciaron sobre cuestiones jurídicas esencialmente iguales, a saber si el acuerdo a través del cual se concede a las partes el plazo legal correspondiente para formular alegatos debe ser notificado por oficio a las autoridades administrativas en términos del artículo 254 del Código Fiscal de la Federación o por lista, conforme a lo señalado en el precepto 235 del mismo ordenamiento.
II. Al resolver la cuestión planteada, los órganos jurisdiccionales citados, establecieron conclusiones diferentes, pues el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el proveído por medio del cual se concede el plazo para formular alegatos debe notificarse por oficio a las autoridades demandadas, a pesar de que en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año dos mil dos), se disponga en términos generales que esa notificación se haga a "las partes" por lista. Por su parte, el Séptimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito razonó que el Magistrado instructor procedió correctamente al haber notificado por lista a las partes el acuerdo por medio del cual se les concedió el plazo de cinco días para formular alegatos, pues ese proceder está apegado a lo establecido en el artículo 235 citado.
Los criterios precisados parten del análisis de los mismos elementos, a saber.
Del auto por medio del cual los Magistrados instructores de las Salas responsables concedieron a las partes el plazo de cinco días para formular alegatos.
De la notificación del proveído de mérito hecha por lista a las partes, entre ellos, a las autoridades demandadas.
Que las autoridades recurrentes en los agravios hechos valer en el recurso de revisión fiscal adujeron violación al artículo 254 del Código Fiscal de la Federación, pues conforme a éste la notificación del auto por medio del cual se les concedió el plazo de cinco días para formular alegatos se les debió haber hecho por oficio y no por lista, aun cuando este último esté ordenado en el artículo 235 de dicho código.
En esta tesitura, el punto de contradicción de tesis consiste en determinar si conforme a lo dispuesto en el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación, vigente en el año dos mil dos, la notificación del auto que otorga plazo de cinco días para formular alegatos se debe hacer por lista a las partes en su integridad (gobernados y autoridades administrativas), o por oficio a las autoridades administrativas en términos del artículo 254 del propio código.
SEXTO. Conforme a las consideraciones que a continuación se exponen, el criterio que debe prevalecer es el sustentado por esta Segunda Sala, el cual coincide esencialmente con el sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Para una mejor comprensión de esta resolución, es conveniente atender y precisar lo dispuesto en el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé:
"Artículo 5o. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.
"Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."
Conforme a lo establecido en este numeral, para desentrañar el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, como es el caso de la exención, las respectivas hipótesis jurídicas deben aplicarse en forma estricta, y la interpretación del resto de las disposiciones fiscales, entre ellas las de aspecto puramente procesal, podrá realizarse aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica.
Ante tal disposición, esta Suprema Corte de Justicia estima conveniente señalar que la interpretación jurídica descansa en dos etapas.
La primera etapa de la interpretación jurídica tiene por objeto precisar cuál es el significado de la norma que se estudia, para lo cual debe acudirse a su análisis gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros, lo que permite determinar con precisión qué dice la norma, cuál es la proposición que ella contiene, cuál es su exacto significado y, por ende, dejar al descubierto la voluntad e intención del legislador.
Una vez concluida esa etapa debe abordarse la siguiente, a través de la cual se aplicará o concretará a un caso específico la hipótesis cuyo sentido se desentrañó, para lo cual debe atenderse a otros criterios interpretativos, que se encuentran diseminados en el orden jurídico y permiten que prevalezca la estructura orgánica del sistema normativo y su aplicación no puede tener lugar cuando se desentraña el significado de la disposición de observancia general sino, únicamente, cuando se realiza su aplicación al caso concreto.
Entre esos criterios interpretativos destacan:
a) A las hipótesis jurídicas que prevén excepciones, el intérprete debe darles una aplicación estricta, es decir, circunscrita a la situación específicamente regulada por el legislador, por lo que cuando la norma jurídica está prevista para regir una específica situación de hecho, el que pretenda aplicar la norma al caso concreto está constreñido a realizarlo únicamente en el caso de que se actualice esa o esas precisas circunstancias.
b) La ley especial prevalece sobre la general, una vez desentrañado el alcance de las normas general y especial que aparentemente regulan una misma situación, la especial será la aplicable al caso concreto siempre y cuando éste se ubique en la precisa hipótesis que se regula por ella, aun cuando pudiera encuadrar en lo dispuesto en la diversa norma general.
c) Cuando la ley no distingue no es dable al intérprete distinguir, precisado el alcance de la disposición solamente podrá aplicarse a los casos concretos que encuadran en ella, mas no a situaciones que no se rigen por la misma.
d) El que está facultado por la norma para realizar lo más está facultado para realizar lo menos, por lo que una vez desentrañado el alcance de la norma, el intérprete podrá aplicarla a casos no previstos en ella, cuando la autorización que contiene lleva implícita la potestad para realizar otros que por su naturaleza y por orden lógico se encuentran inmersos en aquella autorización.
e) Cuando el caso concreto se asimila en lo accesorio y no en lo esencial al supuesto de hecho previsto en la norma, tendrá lugar una aplicación negativa de la consecuencia jurídica que prevé esta última; procedimiento lógico conocido como interpretación en sentido contrario o a contrario sensu.
Existen diversos criterios para realizar esta segunda etapa de la interpretación de una hipótesis jurídica, debiendo destacar que la distinción en comento no queda en una mera apreciación teórica, pues trasciende a la aplicación cotidiana del derecho y tiene entre otras finalidades, distinguir entre los métodos que se utilizan en el procedimiento interpretativo abstracto cuyo objeto es desentrañar el significado de una norma jurídica y los criterios que orientan al procedimiento interpretativo concreto, el cual tiene como propósito aplicar al caso preciso la hipótesis jurídica cuyo justo alcance se fijó.
Hechas las anteriores precisiones es útil señalar que el texto original de los artículos 235 y 254 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del primero de octubre de mil novecientos ochenta y dos, eran del tenor siguiente:
"Artículo 235. El Magistrado instructor declarará cerrada la instrucción diez días después de que se haya contestado la demanda o la ampliación de la misma cuando proceda o se hayan desahogado las pruebas, resuelto los incidentes de previo y especial pronunciamiento o el de recusación, o practicado la diligencia que el Magistrado instructor hubiese ordenado. Las partes podrán presentar alegatos por escrito dentro de los cinco días siguientes a la fecha que surta efectos el acuerdo que declare cerrada la instrucción del juicio."
"Artículo 254. Las notificaciones que deban hacerse a las autoridades administrativas se harán siempre por oficio o por vía telegráfica en casos urgentes. Las notificaciones de sentencia definitiva, además de efectuarse a los órganos representativos de la autoridad demandada, se notificarán al titular de la secretaría de Estado, departamento administrativo u organismo descentralizado, precisamente en su sede."
Ahora bien, del estudio de los preceptos transcritos, en lo interesante, se advierte lo siguiente:
a) Que no se especificó la forma de cómo debía notificarse el auto por medio del cual se concedía a las partes el plazo para formular alegatos. Únicamente se precisó que ese derecho se podía ejercer dentro de los cinco días siguientes a la fecha que surtiera efectos el acuerdo a través del cual se declaraba cerrada la instrucción.
b) Se estableció la regla general de que las notificaciones se debían hacer siempre por oficio a las autoridades administrativas y la excepción consistía en que en casos urgentes se podían hacer por vía telegráfica.
El texto del artículo 235 preinserto estuvo en vigor hasta el catorce de enero de mil novecientos ochenta y ocho, pues el quince del propio mes entró en vigor la reforma al mismo, cuyos antecedentes legislativos son los siguientes:
I. El titular del Poder Ejecutivo Federal, el trece de noviembre de mil novecientos ochenta y siete, envió a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión iniciativa de ley para reformar diversos preceptos del Código Fiscal de la Federación y en la exposición de motivos, entre otros razonamientos, externó los siguientes:
"Es propósito principal de la iniciativa dar realización efectiva, en el ámbito de lo fiscal, a los postulados constitucionales de impartición de justicia pronta, completa y oportuna, mediante un sistema sencillo pero respetuoso de las formalidades esenciales del procedimiento, y que permita impartirla regionalmente. Las reformas que se proponen serán el punto de convergencia y culminación de dos aspectos importantes de la política de la presente administración: el desarrollo del sistema hacendario y el mejoramiento del sistema de impartición de justicia. ... En modificaciones constitucionales recientes, promovidas sucesivamente por el Ejecutivo Federal a mi cargo, se ha dado un notable y moderno impulso en el perfeccionamiento de dichas garantías, mediante tres medidas diversas. En la primera de ellas se complementan los postulados de la justicia previsto por el artículo 17 de nuestra Constitución, al quedar establecido que los tribunales estarán expeditos para impartirla de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. ... La consecuencia político-social de estas reformas será un impulso importante para lograr una expedita impartición de justicia, la simplificación de los procesos jurisdiccionales y una contribución importante a la descentralización de la vida nacional. ... Es oportuno poner al día la impartición de justicia relativa al sistema federal de contribuciones. ... Ahora, la reforma constitucional a que se alude propicia que el Tribunal Fiscal de la Federación quede engarzado con el Poder Judicial de la Federación, y el proceso fiscal se simplifique y regionalice integralmente. Por todo ello, la presente iniciativa plantea la actualización de varias instituciones jurídicas establecidas en los ordenamientos legales antes mencionados, para adecuarlas a los postulados y finalidades de las reformas constitucionales y al avance del sistema fiscal al que nos hemos referido. ... El marco más acabado y completo de la garantía constitucional de la justicia, propugna por varias cualidades que deben tener las resoluciones que dicten y los procedimientos (sic) es necesaria para hacer la justicia más asequibles (sic) las personas, y las resoluciones de los propios tribunales tienen que darse en forma completa, imparcial y pronta, para asegurar que se imparta cabalmente. Estos atributos de la justicia constituyen principios de la presente iniciativa propone consolidar y fortalecer en las disposiciones que rigen el sistema de impartición de justicia fiscal. La iniciativa plantea la simplificación y regionalización integral de la justicia fiscal; la supresión del ciclo procesal que se forma por la impugnación de la notificación de los créditos fiscales, en f
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18890-08e4b754/alegatos-en-el-procedimiento-contencioso-administrativo-la-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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