TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
AMPARO EN REVISIÓN 560/2004. PATRICIA HERNÁNDEZ CORDERO.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Previo al estudio de los motivos de inconformidad vertidos por la recurrente, se estima necesario precisar que de las constancias que integran el juicio de amparo sujeto a revisión, específicamente del escrito inicial de demanda y del de ampliación a la misma, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en:
"1. El ilegal emplazamiento hecho tan solo a uno de los copropietarios afectados, realizado por las responsables, con fecha 17 de abril de 2001, dentro del juicio ordinario civil No. 620/2001, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, iniciado por un adeudo al cual, soy totalmente ajena (tercero extraño), pero derivado del cual se me afecta mi patrimonio en forma ilegal. 2. Las medidas de aseguramiento y embargo de las cuentas Nos. 09026007254 (actualmente 60508333667), 311-10495240 (actualmente 0451040278), y 4007764202, la primera, en la institución bancaria Banco Santander Serfín, S.A., la segunda en Banco BBVA Bancomer, S.A., y la última en Grupo Financiero Bital (actualmente Grupo Financiero HSBC), dictadas por las responsables dentro del juicio ordinario civil 620/2001, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz; cuentas de las cuales soy copropietaria, por un adeudo del cual soy totalmente ajena (tercero extraño), derivado de un juicio donde jamás he sido legalmente notificada y emplazada. 3. Como consecuencia del ilegal procedimiento anterior, la sentencia ejecutoriada dictada por las responsables dentro del juicio ordinario civil No. 620/2001, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, en donde se condena al pago de un adeudo del cual, por un lado, soy totalmente ajena (tercero extraño) y, por el otro, derivado de un juicio donde jamás he sido legalmente notificada y emplazada. 4. Como consecuencia de lo anterior, y en ejecución de la ilegal sentencia, el embargo y aseguramiento, de las cuentas bancarias Nos. 09026007254 (actualmente 60508333667), 311-10495240 (actualmente 0451040278), y 4007764202, la primera, en la institución bancaria Banco Santander Serfín, S.A., la segunda en Banco BBVA Bancomer, S.A., y la última en Grupo Financiero Bital (actualmente Grupo Financiero HSBC); así como una motocicleta marca Kawasaki con placas U-418A, tipo Champion 45, dos escritorios secretariales y dos sillas, un clima tipo minisplit marca Bryant, color blanco, una computadora marca Electrón Excellent, una fotocopiadora en color gris, una televisión de color de 26 pulgadas marca Samsung, un teléfono tipo fax, dentro del expedientillo de ejecución No. 428/02 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil No. 620/2001, del índice del juzgado responsable antes citado, en donde se embargaron dichos bienes, de los cuales soy copropietaria, por un adeudo del cual, por un lado soy totalmente ajena (tercero extraño) y, por el otro, derivado de un juicio donde jamás he sido legalmente notificada y emplazada. 5. Como consecuencia de todo lo anterior, la desposesión y confiscación de los bienes de mi copropiedad, ordenados dentro del expedientillo de ejecución No. 428/02 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil No. 620/2001, del índice del juzgado responsable antes citado, por un adeudo del cual, por un lado, soy totalmente ajena (tercero extraño) y, por el otro derivado de un juicio donde jamás he sido legalmente notificada y emplazada. 6. Las consecuencias legales que se deriven de los actos reclamados señalados con anterioridad, como lo son órdenes y requerimientos judiciales de entrega de los bienes embargados; imposición de multas, órdenes de arresto, etc." (foja tres) y "A. Las medidas de aseguramiento y embargo de todas las cuentas bancarias que en copropiedad tiene la suscrita con el tercero perjudicado Mario Germán Castrocerio Flores, en los bancos Scotiabank Inverlat, S.A., Banco del Norte, S.A., Grupo Financiero Mercantil del Norte, Banco Santander Serfín, S.A., Banco Internacional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, entre ellas las cuentas números 0442983850 y 0100274380 ambas del Banco BBVA, Bancomer, S.A., y la cuenta número 989-2825693 del Banco Nacional de México, S.A., dictadas dentro del expedientillo de ejecución No. 428/02 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil No. 620/2001, del índice del juzgado responsable antes citado, afectan gravemente en mi patrimonio ya que en ningún momento he sido llamada dentro del juicio antes mencionado, afectación que constituye una molestia en mis propiedades, derechos y documentos, mediante mandamientos que no se encuentran legalmente fundados y motivados, donde no se agotaron las formalidades esenciales del procedimiento. B. Como consecuencia de todo lo anterior, la desposesión y confiscación de todas las cuentas bancarias que en copropiedad tiene la suscrita con el tercero perjudicado Mario Germán Castrocerio Flores, en los bancos Scotiabank Inverlat, S.A., Banco del Norte, S.A., Grupo Financiero Mercantil del Norte, Banco Santander Serfín, S.A., Banco Internacional, S.A., Institución se Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, entre ellas las cuentas números 0442983850 y 0100274380 ambas del Banco BBVA Bancomer, S.A. y la cuenta número 989-2825693 del Banco Nacional de México, S.A., dictadas dentro del expedientillo de ejecución No. 428/02 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil No. 620/2001, del índice del juzgado responsable antes citado, por un adeudo del cual, por una lado, soy totalmente ajena (tercero extraño), y por el otro derivado de un juicio donde jamás he sido legalmente notificada y emplazada. C. Las consecuencias legales que se deriven de los actos reclamados señalados con anterioridad, como lo son órdenes y requerimientos judiciales de entrega de los bienes embargados; imposición de multas, órdenes de arresto, órdenes de nuevos embargos, etc." (foja trescientos veintinueve).
De lo antes transcrito se pone de manifiesto que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son:
a) El ilegal emplazamiento realizado al juicio ordinario civil número 620/2001 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz.
b) La sentencia ejecutoria dictada en el juicio ordinario civil antes referido.
c) El embargo y aseguramiento de las siguientes cuentas bancarias: 1) 09026007254 actualmente 60508333667 aperturada en la institución de crédito denominada Santander Serfín, Sociedad Anónima; 2) 311-10495240 actualmente 0451040278 del Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima; y, 3) la número 4007764202, correspondiente a la institución bancaria HSBC, Grupo Financiero HSBC, dictadas en el juicio ordinario civil 620/2001, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, de las cuales se ostenta titular.
d) En ejecución de sentencia, el embargo y aseguramiento de las cuentas bancarias anteriormente referidas así como de una motocicleta marca Kawasaki con placas U-418A, tipo Champion 45, dos escritorios secretariales y dos sillas, un clima tipo minisplit marca Bryant, color blanco, una computadora marca Electrón Excellent, una fotocopiadora en color gris, una televisión de color de veintiséis pulgadas marca Samsung, un teléfono tipo fax, dentro del expedientillo de ejecución No. 428/2002 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil antes citado.
e) La desposesión y confiscación de los bienes ordenadas dentro del expedientillo de ejecución No. 428/02 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil No. 620/2001.
f) Las medidas de aseguramiento y embargo de todas las cuentas bancarias que en copropiedad dice tener la quejosa con Mario Germán Castrocerio Flores, en las instituciones de crédito denominadas Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Banorte, Grupo Financiero Mercantil del Norte, Santander Serfín, Sociedad Anónima, Banco Internacional, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Bital, sobre todo las cuentas bancarias identificadas bajo los números 0442983850 y 0100274380 ambas del Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima y 989-2825693 del Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, dictadas en el expedientillo de ejecución No. 428/2002 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de este distrito judicial, derivado del juicio ordinario civil No. 620/2001.
g) La desposesión y confiscación de todas las cuentas bancarias que en copropiedad dice la peticionaria de la protección constitucional, tiene con Mario Germán Castrocerio Flores, en las instituciones crediticias anteriormente citadas.
h) Las consecuencias legales que se deriven de los actos reclamados antes señalados, como son las órdenes y requerimientos judiciales de entrega de los bienes embargados; imposición de multas, órdenes de arresto, órdenes de nuevos embargos, etc.
Ahora bien, de la lectura de la sentencia reclamada se pone de manifiesto que el Juez de Distrito para sobreseer el juicio de amparo de que se trata se concretó a analizar los actos reclamados de manera genérica a los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, así como el embargo y aseguramiento de las cuentas bancarias anteriormente relacionadas, omitiendo efectuar pronunciamiento de manera específica respecto de los restantes actos reclamados, como son el ilegal emplazamiento al juicio ordinario civil número 620/2001 del índice del juzgado indicado, la sentencia ejecutoria pronunciada en el mismo, el embargo y aseguramiento de los demás bienes muebles, tales como una motocicleta marca Kawasaki con placas U-418A, tipo Champion 45, dos escritorios secretariales y dos sillas, un clima tipo minisplit marca Bryant, color blanco, una computadora marca Electrón Excellent, una fotocopiadora en color gris, una televisión de color de veintiséis pulgadas marca Samsung y un teléfono tipo fax, así como sus consecuencias legales; por lo que este Tribunal Colegiado ante la irregularidad advertida, en reparación de la misma, procede de manera oficiosa al estudio de dichos actos en los precisos términos en que fueron reclamados, en atención al criterio jurisprudencial cuyo tenor literal es el siguiente:
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Apéndice 2000
"Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN
"Tesis: 21
"Página: 18
"Genealogía: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 35, Segunda Sala, tesis 2a./J. 58/99.
"ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado no constituye una violación procesal porque no se refiere a la infracción de alguna regla que norme la secuela del procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse en definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el juicio que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la advertida incongruencia de una sentencia, se justifica la intervención oficiosa del tribunal revisor, dado que al resolver debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto que soslaye el estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una resolución incongruente y carente de lógica; además, si de conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es obligación del juzgador corregir los errores que advierta en cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las incongruencias que advierta en el fallo que es materia de la revisión."
En ese orden de ideas, este Tribunal Colegiado considera que con relación a los actos reclamados por Patricia Hernández Cordero, ostentándose como tercera extraña a juicio, consistentes en el ilegal emplazamiento realizado en el juicio ordinario civil número 620/2001 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz y sentencia ejecutoria pronunciada en el mismo, el juicio de amparo indirecto es improcedente, por las razones que a continuación se expondrán.
Primeramente, se estima necesario precisar algunos aspectos sobre la persona extraña a juicio en sentido estricto y por equiparación.
Así, la persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona (moral o física) distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; por otra parte, jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo.
En tales condiciones, se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar.
Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte; sino en su caso el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.
Asimismo, cabe puntualizar que de acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, ya que de otra suerte, su acción sería improcedente, pues el juicio de amparo sólo puede ser promovido por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad.
Son aplicables, por su contenido, los siguientes criterios jurisprudenciales:
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988
"Tesis:
"Página: 224
"Genealogía: Informe 1988, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 125, pág. 155.
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados."
"Tesis aislada
"Materia(s): Común
"Sexta Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: Tercera Parte, XCVII
"Tesis:
"Página: 34
"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Toda persona, legitimada en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, para ocurrir al juicio de garantías, debe asimismo tener interés jurídico para hacerlo, en virtud de haber sufrido un perjuicio por el acto de autoridad de que se queja, ya que, de otra suerte, su acción constitucional sería improcedente, de acuerdo con lo prevenido por el artículo 73, fracción V, de la propia ley reglamentaria. Y dentro de una correcta interpretación de la citada fracción V, se llega a la conclusión de que el juicio de garantías ha de ser solicitado, precisamente, por la persona que estime que se le han causado molestias por la privación de algún derecho, posesión o propiedad; ya que el interés jurídico de que habla dicha fracción, no puede referirse a otra cosa sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos, propiedades o posesiones conculcados."
Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo a que este toca se contrae, se pone de manifiesto que la acción ejercitada por Casa Cuesta, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Mario G. Castrocerio Flores y José A. Zafri Tapia, en el juicio ordinario civil número 620/2001 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se hizo consistir en:
"A) Que se declare por resolución judicial que el señor Mario Germán Castrocerio Flores agente aduanal con número de patente 3511 obró con negligencia en la encomienda otorgada el 1o. de noviembre de 2000 para la importación definitiva de un lote de telas propiedad de mi mandante consistente en 52 cajas que habían sido compradas en la India, ya que contrató servicio de transporte por su cuenta sin orden expresa de los apoderados de Casa Cuesta, S.A. de C.V., y no tomó la precaución, junto con el otro demandado de asegurar la mercancía o consultarme su envío. B) Como consecuencia de lo anterior, que se condene a pagar a ambos demandados indistintamente y solidariamente a favor de Casa Cuesta, S.A. de C.V., la suma de $889,667.70 (compuesto por $234,670.00 que son los impuestos que se pagaron, más $3,610.00 por gastos de tramitación y Usd 64,105.25 dólares americanos al tipo de cambio de 9.75 pesos por dólar, que fue el costo neto que se pagó al exportador, más $25,489.66 por el servicio de Icave, S.A. de C.V., $534.29 por el etiquetado de la mercancía y $337.75 por la desconsolidación del embarque), como importe de la mercancía facturada por The Arvind Mills Ltd, Khakharia Tappa, Tehsil Kalol (Shirting Fabrics) Mehsana-India el 22 de julio de 2000 y consistían en 52 cajas conteniendo 202 rollos de tela que fueron importadas a través del pedimento 3511-0000230 y el 7 de noviembre de 2000 a favor de mi representada y que fueron robadas por el chofer Luis Martínez Morales el cual trabaja para Mega Trasportes del Golfo, propiedad del señor José Antonio Zafri Tapia, mismo que fue contratado por el señor Mario Germán Castrocerio Flores, sin autorización, ni instrucción expresa de los representantes de mi mandante. C) El pago de los intereses legales del 9% anual sobre la suma citada en el párrafo anterior y que se generaron desde la fecha en que mi mandante liquidó la mercancía y hasta el momento en que se pague como importe de los perjuicios ocasionados a mi poderdante. D) El pago de gastos y costas de este juicio conforme al contrato de prestaciones profesionales que se anexa."
De lo anterior se colige que a Patricia Hernández Cordero le asiste el carácter de tercera extraña a juicio en stricto sensu, si se tiene en cuenta que no fue parte demandada en el controvertido natural y, por ende, los actos procesales relacionados con el mismo, tales como el ilegal emplazamiento y la sentencia con que concluyó no le causan perjuicio a su interés jurídico, máxime, que la litis en dicho juicio se circunscribió a determinar la existencia o no de los daños y perjuicios ocasionados con el proceder de Mario G. Castrocerio Flores y Luis Martínez Morales, empleado de la empresa denominada Megatransportes del Golfo, propiedad de José A. Zafri Tapia, al realizar el trámite aduanal y transportación de un lote de telas propiedad de la accionante Casa Cuesta, Sociedad Anónima de Capital Variable, esto es, se dirimió lo concerniente a una acción personal que no guarda relación con algún derecho, propiedad o posesión de la quejosa Patricia Hernández Cordero; en todo caso, la afectación a su esfera jurídica se produciría de llegar a demostrarse que los bienes embargados y asegurados en la contienda judicial son de su propiedad y no de quienes fueron parte, lo cual trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ende, conlleva al sobreseimiento del mismo en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción III, de la ley en cita, por cuanto hace a los actos reclamados analizados.
En tales condiciones, resultan inatendibles los argumentos vertidos por la recurrente en torno a la figura del tercero extraño a juicio y la violación a su garantía de audiencia en el controvertido de origen.
Por otra parte, con relación al embargo y aseguramiento de los bienes muebles consistentes en una motocicleta marca Kawasaki con placas U-418A, tipo Champion 45, dos escritorios secretariales y dos sillas, un clima tipo minisplit marca Bryant, color blanco, una computadora marca Electrón Excellent, una fotocopiadora en color gris, una televisión de color de veintiséis pulgadas marca Samsung y un teléfono tipo fax, así como sus consecuencias legales, llevado a cabo el dieciocho de septiembre de dos mil tres, según se advierte de la constancia relativa a dicha diligencia, visible a fojas de la doscientos treinta y dos a doscientos treinta y cinco del tomo III del cuaderno de pruebas relativo al juicio de amparo a que este toca se contrae, este órgano colegiado advierte que el juicio de amparo biinstancial es improcedente en atención a lo siguiente.
En efecto, como se indicó con antelación, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por quien estime que por la ley o con motivo de un acto de autoridad se le ha causado un perjuicio, una molestia o privación de algún derecho, posesión o propiedad, por tanto, quien acude al mismo debe acreditar fehacientemente la afectación de su interés jurídico.
En esa tesitura, si la quejosa adujo que con el embargo y aseguramiento de los bienes enumerados, se lesionaba su derecho de propiedad y posesión que ejerce sobre aquéllos, era del todo indispensable demostrar la existencia de los derechos alegados, para establecer la afectación de su interés jurídico, por tanto, si la peticionaria de la protección constitucional, para acreditar el extremo apuntado, se limitó a exhibir la copia certificada del acta de matrimonio número mil quinientos noventa y uno del Registro Civil del Distrito Federal y diversas constancias expedidas por instituciones bancarias relacionadas con las cuentas bancarias cuyo embargo también reclamó, es inconcuso que dichas documentales resultan insuficientes, pues aun cuando en el acta respectiva se hizo constar que el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad conyugal, con la misma no se demuestra que los bienes muebles embargados sean propiedad de alguno de los cónyuges ni tampoco la fecha de su adquisición, para establecer que los mismos forman parte de la sociedad conyugal y, por ende, que la amparista tiene interés jurídico para acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo de la Justicia de la Unión en contra del embargo y aseguramiento decretado sobre una motocicleta marca Kawasaki con placas U-418A, tipo Champion 45, dos escritorios secretariales y dos sillas, un clima tipo minisplit marca Bryant, color blanco, una computadora marca Electrón Excellent, una fotocopiadora en color gris, una televisión de color de veintiséis pulgadas marca Samsung y un teléfono tipo fax y sus consecuencias legales; y las constancias emitidas por las instituciones de crédito no guardan relación con los bienes inmediatamente listados.
Además, de la lectura del escrito inicial de demanda de amparo se advierte que la quejosa reclamó, entre otros, el embargo de "... una computadora marca Electrón Excellent ... una televisión de color de 26 pulgadas marca Samsung ..." mientras que de las copias certificadas deducidas del juicio ordinario civil número 620/2001 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, se pone de manifiesto que los bienes embargados el dieciocho de septiembre de dos mil tres, a Mario G. Castrocerio Flores fueron, entre otros "... una computadora blanca Daewood ... una T.V. para color de 21 pulgada (sic) ..."
Razones por las cuales, se concluye que el supracitado embargo y aseguramiento de los bienes muebles indicados, así como sus consecuencias legales, no afectan el interés jurídico de la quejosa, configurándose así, la hipótesis normativa contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseer el juicio de garantías con relación a los mismos, acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 74, fracción III, de la mencionada ley.
En otro aspecto, es infundado el agravio alegado por la recurrente en torno al sobreseimiento decretado por el juzgador de amparo respecto de los actos reclamados a los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Lo anterior es así, pues si bien es cierto que de las copias certificadas deducidas del toca número 3271/2002 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, integrantes del tomo I de pruebas relacionadas con el juicio de amparo sujeto a revisión, se aprecia que el cuatro de octubre de dos mil dos, dicha autoridad dictó sentencia en el toca de referencia, confirmando la sentencia emitida en el juicio ordinario civil número 620/2001 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, generador de los actos reclamados, no menos lo es que en cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, en el juicio de amparo directo número 256/2003, dejó insubsistente la sentencia dictada el cuatro de octubre mencionado y desechó por extemporáneo el recurso de apelación que dio origen al toca número 3271/2002; motivo por el cual, no puede estimarse desvirtuada la negativa manifestada por los integrantes de la Sala señalada como responsable al rendir su informe justificado, de ahí que, este Tribunal Colegiado comparta el criterio sostenido por el a quo al sobreseer el juicio de garantías respecto de los actos reclamados a dicha autoridad, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
De igual forma, es infundado el agravio atinente a que a la secretaria de Acuerdos del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, sí le asiste el carácter de autoridad responsable, pues entre sus atribuciones está realizar emplazamientos y notificaciones cuando así lo establezca la ley o se lo ordene el Juez, acorde a lo dispuesto por el artículo 72, inciso a, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, además sí intervino de manera directa en los actos reclamados al ordenar el embargo y secuestro de los bienes de su propiedad.
Ello es así, pues aun cuando es cierto que conforme a lo previsto por el artículo 72, inciso A), fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, los secretarios de Acuerdos están facultados para realizar emplazamientos y notificaciones cuando así lo dispongan las leyes o lo ordene el Juez, no menos lo es que de las constancias procesales visibles a fojas veinte del tomo II del cuaderno de pruebas relacionado con el juicio de amparo de que se trata, sesenta y dos, ciento veintiuno, doscientos treinta y dos a doscientos treinta y cinco, del tomo III del mencionado cuaderno, se advierte que los acuerdos de nueve de abril de dos mil uno y doce de noviembre de dos mil dos, mediante los cuales, respectivamente, se decretó el embargo precautorio y en su momento definitivo de las cuentas bancarias números 09026007254 actualmente 60508333667 aperturada en la institución de crédito denominada Santander Serfín, Sociedad Anónima, 311-10495240 actualmente 0451040278 del Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima y, por último, la número 4007764202, correspondiente a la institución bancaria HSBC, Gru
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18937-491e3aa2/tercero-extrano-stricto-sensu-y-por-equiparacion-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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