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Modo: Corpus Pro

PERICIAL MÉDICA. SI LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINA QUE EL DICTAMEN RENDIDO ES INCOMPLETO O INSUFICIENTE, DEBERÁ HACER A LOS PERITOS LAS PREGUNTAS QUE ESTIME CONVENIENTES (ARTÍCULO 825, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19059
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 356.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 11998/2004, promovido por Celsa Carmona Velazco, determinó conceder el amparo solicitado, apoyándose en las consideraciones siguientes:

"CUARTO. No se estudian los argumentos anteriormente transcritos, porque en el caso se advierte una violación de procedimiento, la cual se examina de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis de jurisprudencia número 39/95, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 333 y 334 del Tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de 1995, cuyo rubro es como sigue: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’

"En efecto, se advierte que la Junta responsable tuvo por desahogada la prueba pericial médica ofrecida en el apartado tres del escrito de pruebas de la actora, sin advertir que tanto el perito propuesto por dicha accionante como el tercero en discordia, al rendir sus respectivos dictámenes omitieron contestar en su integridad el cuestionario que se propuso para tal efecto, en los términos siguientes: ‘1) Que diga el perito médico si la C. Celsa Carmona Velazco. Se encuentra con los padecimientos consistentes en: 1. Artritis reumatoide seropositiva, clase funcional II «activa» sin respuesta al tratamiento. 2. Artrosis de articulación de chopart izquierda grado III, con discapacidad importante para la marcha. 3. Espondiloartrosis grado II-III, rectificación de la lordosis lumbar, discartrosis a todos los niveles, que condicionan síndrome doloroso lumbosacro crónico, con entorpecimiento de los movimientos. 4. Gonartrosis y genuvalgo bilateral grado II-III. 2. Que diga el perito médico si los padecimientos que presenta la parte actora son del orden general. 3) Que diga el perito médico en caso de que la parte actora presente los padecimientos enunciados en el inciso que antecede, dada la gravedad de éste, si tiene un proceso crónico y con tendencia a agravarse. 4) Que diga el perito médico en caso de que la parte actora presente los padecimientos ya enunciados, si los mismos dada su severidad limitan sus actividades en la vida diaria y como consecuencia en su vida laboral. 5) Que diga el perito médico, si los padecimientos de origen general que presenta la actora señalado en el inciso 1), en relación con el puesto de ayudante de cocina general, cuyas actividades consistían en: esfuerzos deambulación constante y bipedestación prolongada, subir, bajar escaleras, levantar objetos pesados de más de 20 kgs., movimientos constantes de articulaciones de manos, etcétera, dada la importancia de la profesión de la parte actora, estos padecimientos la imposibilitan para realizar sus actividades normales y profesionales. 6) Que diga el perito médico para el caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior por qué los padecimientos que presenta la actora le impiden desempeñar las actividades propias de la categoría desempeñada. 7) Que diga el perito médico si los padecimientos que presenta la parte actora le producen estado de invalidez. 8) Que diga el perito médico, en caso de que la parte actora se encuentre imposibilitada para procurarse una remuneración superior al 50% de la percibida hasta el mes de abril del 2002, si dicha imposibilidad se presenta por los padecimientos del orden general y para las actividades detalladas en el inciso 5) de este interrogatorio. 9) Que diga el perito designado en caso de que la actora presente los padecimientos del orden general y lo imposibiliten para procurarse una remuneración superior al 50% de la percibida hasta el mes de abril del 2002, si se encuentra en estado de invalidez, de conformidad con el artículo 128 de la Ley del Seguro Social. 10) Que diga el perito médico de qué medios técnicos y científicos se valió para emitir su dictamen. 11) Que diga el perito médico sus conclusiones médico legales.’, lo anterior, porque en cuanto al dictamen que rindió el perito de la actora, consta que, luego de referirse a los antecedentes personales y laborales, así como al padecimiento actual, exploración física y estudios complementarios realizados, concluyó que la misma presentaba los padecimientos siguientes: ‘1. Artritis reumatoide seronegativa, clase funcional II «activa», sin respuesta al tratamiento. 2. Artrosis de articulación de chopart izquierda grado III, con discapacidad importante para la marcha. 3. Espondiloartrosis grado II-III, rectificación de la lordosis lumbar, discartrosis a todos los niveles, que condicionan síndrome doloroso lumbosacro crónico, con entorpecimiento de los movimientos. 4. Gonartrosis y genu valgo bilateral grado II-III.’, respecto de los cuales, determinó: ‘La C. Celsa Carmona Velazco es portadora en la actualidad de los diagnósticos enunciados en párrafos correspondientes, se consideran del orden de enfermedad general por no tener relación directa causa-efecto-daño con su medio ambiente laboral, ni con accidente de trabajo alguno, por lo tanto sin lugar a valuación. Pero debido a la severidad, estado evolutivo e irreversible de los padecimientos del orden general y de la limitación funcional que le producen para el desempeño del trabajo en general, para la flexo-extensión de la columna vertebral, para realizar esfuerzos físicos o de carga, subir o bajar escaleras, para los movimientos constantes de columna vertebral, para bipedestación, deambulación y posición sedante por tiempos prolongados éstos le confieren estado de invalidez, en términos del artículo 128 anterior y 119 actual de la Ley del Seguro Social.’; mientras que el perito tercero en discordia emitió un dictamen con los siguientes diagnósticos y conclusiones: ‘1. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondiloartrosis grado II. 2. Gonartrosis bilateral. 3. Artrosis de articulación de chopart izquierda. 4. Enfermedad articular crónica degenerativa generalizada. ... La C. Celsa Carmona Velazco presenta en la actualidad los diagnósticos enunciados en el párrafo correspondiente padecimientos que corresponden a la rama de enfermedad general por lo tanto sin lugar a valuación, sin embargo, deberá de recibir los beneficios del artículo 128 anterior o 119 actual de la Ley del Seguro Social correspondiéndole estado de invalidez. A continuación se procede a dar respuesta al interrogatorio propuesto por la parte actora que obra dentro de su escrito de ofrecimiento de pruebas respecto de la pericial médica: Respuesta: A la 1) La hoy actora presenta solamente los siguientes diagnósticos: 1. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondiloartrosis grado II. 2. Gonartrosis bilateral. 3. Artrosis de articulación de chopart izquierda. 4. Enfermedad articular crónica degenerativa generalizada. A la 2) Sí. A la 3) Sí. A la 4) Sí. A la 5) Sí. A la 6) Por las limitaciones físico funcionales que presenta. A la 7) Sí. A la 8) Sí. A la 9) Sí. A la 10). En base al estudio y análisis de todas y cada una de las documentales enviadas al departamento de peritajes médicos en fotocopias y del estudio médico integral que se le practicó a la hoy actora el cual contiene su historia clínica completa, tomando en consideración sus antecedentes personales patológicos, sus antecedentes laborales y la sintomatología que presenta; corroborándolos con los datos que se encuentran en la exploración física y con los resultados de los estudios complementarios que se le enviaron practicar. A la 11) Conclusiones médico legales: La C. Celsa Carmona Velazco presenta en la actualidad los diagnósticos enunciados en el párrafo correspondiente padecimientos que corresponden a la rama de enfermedad general por lo tanto sin lugar a valuación, sin embargo deberá de recibir los beneficios del artículo 128 anterior o 119 actual de la Ley del Seguro Social correspondiéndole estado de invalidez.’, de donde se observa, por una parte, que el perito de la actora no contestó expresamente las preguntas que integraron el cuestionario sobre el que debía rendir su dictamen, y si bien el perito tercero en discordia, manifestó dar contestación al referido cuestionario, se advierte que se concretó a responder afirmativamente los puntos cuestionados, y a señalar nuevamente los padecimientos generales que diagnosticó a la actora así como los elementos físicos y médicos que tomó en cuenta para llegar a sus conclusiones, siendo que las respuestas al cuestionario formulado por la oferente debían ser en forma pormenorizada, justificando adecuadamente el estado de invalidez que los peritos médicos dictaminaron a la trabajadora, ya que para tener por acreditado dicho estado, es necesario la actualización de los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, anterior a la vigente, el cual dispone lo siguiente: ‘Artículo 128. Para los efectos de esta ley existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales ...’, y si bien es cierto que lo concerniente a que los padecimientos diagnosticados imposibiliten a la actora para procurarse, mediante un empleo, una remuneración superior al cincuenta por ciento del total de salarios obtenidos en el último año de servicios, también es posible acreditarlo mediante la prueba pericial médica, no menos lo es, que ello sólo es posible cuando de dicha prueba se desprenda, que por las particularidades del caso o la naturaleza de las enfermedades padecidas, el asegurado está impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la que exige el referido artículo, de conformidad con la jurisprudencia número 51/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265 del Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y seis, cuyo texto es el siguiente: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. Del artículo 128 de la Ley del Seguro Social se desprende que son dos los requisitos que han de satisfacerse para demostrar el estado de invalidez de un asegurado: que el mismo no esté en posibilidad de procurarse una remuneración laboral superior al cincuenta por ciento de la remuneración habitual que hubiere percibido en el último año de trabajo; y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. Si bien es exacto que para demostrar la existencia del segundo de los requisitos mencionados, resulta idónea la prueba pericial médica, en cuanto aporta a la Junta los conocimientos técnicos y científicos necesarios para conocer la existencia de un padecimiento o accidente y el origen no profesional del mismo, no ocurre sin embargo igual tratándose del primero de los requisitos mencionados, a saber, la imposibilidad del asegurado de obtener una remuneración en el porcentaje especificado, toda vez que para demostrar este hecho el interesado goza de la facultad de ofrecer todas las pruebas que estime necesarias para acreditar su dicho, siempre que las mismas no sean contrarias a la moral o al derecho, pruebas entre las cuales puede figurar incluso la prueba pericial médica, cuando de la misma se desprenda, por las particularidades del caso o la naturaleza de la enfermedad o accidente, que el asegurado esté impedido para desempeñar alguna actividad con una remuneración como la establecida por el legislador, considerando que para resolver la cuestión propuesta, la Junta está obligada a analizar todas las pruebas que le rindan las partes, tanto en lo individual como en conjunto, a fin de establecer si está o no demostrado el estado de invalidez del asegurado.’, por lo que, con base en lo antes expuesto, debió contestarse el cuestionario pericial de que se trata, tomando en cuenta que en todo momento la actora refirió haber desempeñado en su vida laboral, los puestos de ayudante y auxiliar de cocina en diversos restaurantes, actividad que manifestó continuaba desempeñando a la fecha de presentación de su demanda, de modo que en los dictámenes médicos que se emitieran era necesario precisar por qué razón las enfermedades que fueron diagnosticadas impedían a la actora desempeñar plenamente las funciones propias de su actividad laboral, sobre todo cuando manifestó que continuaba trabajando, explicando en qué consistía la imposibilidad de la actora para procurarse, mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida durante el último año, conforme al cuestionario propuesto pues en el mismo, entre otras cuestiones, se solicitó dictaminar si los padecimientos del orden general que presentara la actora e imposibilitaban desarrollar el puesto de ayudante de cocina general y por qué razones, y si con base en lo anterior, se actualizaba en la trabajadora un estado de invalidez, al no estar en aptitud de procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual percibida, como se desprende de los puntos cinco, seis, siete, ocho y nueve del interrogatorio en comento; por ello, no era suficiente que el perito de la actora determinara el estado de invalidez refiriendo únicamente la existencia de enfermedades generales, su carácter evolutivo e irreversible así como la limitante que generaban para el desempeño de un trabajo en general, o que el perito tercero en discordia lo estableciera con la genérica respuesta afirmativa del cuestionario formulado, señalando los padecimientos diagnosticados y las limitaciones físicas que implicaban, pues en los términos expuestos, debieron detallar cómo y por qué, por las particularidades del trabajo de ayudante de cocina desempeñado por la actora y su calidad de trabajadora activa, así como por las enfermedades generales diagnosticadas, la naturaleza de las mismas y su influencia en las actividades desarrolladas, se actualizaba la imposibilidad de la asegurada para desempeñar esa actividad o alguna otra con una remuneración correspondiente a un trabajador sano, todo ello en apego al cuestionario rendido para tal efecto, pues sólo en esas condiciones la Junta responsable estaría en aptitud de resolver congruentemente la procedencia o improcedencia de la pensión de invalidez que la actora reclamó en términos del artículo 128 de la Ley del Seguro Social ya referido. Al caso, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número 2a./J. 36/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 163, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue: ‘PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. EL PERITO TERCERO EN DISCORDIA DEBE RENDIR SU DICTAMEN SUJETÁNDOSE AL CUESTIONARIO FORMULADO POR EL OFERENTE DE LA PRUEBA. Los artículos 821 al 826 de la Ley Federal del Trabajo, regulan el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial, estableciendo al efecto, que: a) dicho medio de convicción versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte, en la que deberán tener conocimiento los peritos propuestos por las partes, quienes además estarán obligados a acreditar que se encuentran autorizados conforme a la ley, en el caso de que la profesión o el arte de que se trate estuvieren legalmente reglamentados; b) deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que debe versar, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para cada una de las partes; c) éstas deberán presentar personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo en el caso de que el perito correspondiente al trabajador lo hubiere nombrado la Junta; d) los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente después rendirán su dictamen, excepto en el caso de que por causa justificada soliciten se señale nueva fecha para rendirlo; e) la prueba se desahogará con el perito que concurra, a no ser que por causa justificada se haya solicitado nueva fecha, pues en tal evento, la Junta deberá señalarla dictando las medidas necesarias para que comparezca el perito; f) las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que estimen convenientes y, g) en caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero en discordia. Lo anterior permite concluir, que aun cuando la designación de dicho perito tercero se hace en la última fase del desahogo de la prueba pericial, pues supone el desacuerdo en los dictámenes de los peritos designados por las partes, ello no significa que no les sean aplicables las reglas establecidas en los preceptos invocados, ya que no existe motivo para establecer que estén sujetos a un régimen procesal distinto; por tanto, el dictamen del perito tercero en discordia necesariamente debe versar sobre la misma materia respecto de la cual dictaminaron los peritos nombrados por las partes y, por ende, sujetarse al cuestionario formulado por el oferente de la prueba, en razón de que todo perito, ya sea designado por las partes o por la Junta, está obligado a emitir su dictamen conforme a las prescripciones legales.’

"A mayor abundamiento, si los extremos que han sido detallados no fueron precisados por el perito de la actora o el tercero en discordia en sus respectivos dictámenes, es claro que la Junta responsable tenía la obligación de formular las preguntas que considerara pertinentes para dilucidar tales aspectos, pues además de que debe contar con los elementos necesarios que le permitan resolver congruentemente la litis planteada, no puede dictar un laudo absolutorio con apoyo en deficiencias contenidas en los dictámenes médicos que se rindan, siendo aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis número 2a. I/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 233, Tomo XIX, febrero de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue: ‘PRUEBA PERICIAL MÉDICA. SI LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DETERMINA QUE EL DICTAMEN ES INCORRECTO, DEBERÁ HACER A LOS PERITOS LAS PREGUNTAS QUE ESTIME PERTINENTES EN EL MOMENTO DE SU DESAHOGO O UNA VEZ RECIBIDO EL PROYECTO DE LAUDO CORRESPONDIENTE.’ (se transcribe).

"Por tanto, al convalidar la Junta responsable el desahogo deficiente de la prueba de que se trata, actualizó la violación de procedimiento prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, que dejó sin defensa al ahora quejoso al no poder demostrar los extremos de sus reclamaciones.

"En esas condiciones, habiéndose dictado el laudo reclamado en presencia de la violación al procedimiento apuntada, el mismo resulta violatorio de las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que se solicita, para el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente y en reposición del procedimiento ordene al perito médico de la actora y al tercero en discordia que complementen sus respectivos dictámenes, contestando debidamente y en su integridad los puntos del cuestionario propuesto para el desahogo de dicha prueba, y en caso de que las respuestas rendidas sean deficientes o incompletas, formule la responsable las preguntas pertinentes que permitan dilucidar si existe o no estado de invalidez en la actora, en los términos expuestos en la presente ejecutoria, resolviendo lo que proceda en derecho y con libertad de jurisdicción, sobre la continuación del procedimiento."

CUARTO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo DT. 1747/2005, promovido por Imelda Santamaría González, determinó negar amparo apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

"QUINTO. Los conceptos de violación expresados por la quejosa, resultan infundados, en atención a las siguientes consideraciones.

"Imelda Santamaría González, demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, el otorgamiento y reconocimiento de una incapacidad parcial permanente y el de una pensión de invalidez por los padecimientos del orden profesional y general que dice padece, en consecuencia, el pago de una indemnización global equivalente a cinco anualidades en cuanto a la primera, incrementos que se otorguen a la pensión de invalidez y a la categoría que desempeña, aguinaldo y prestaciones en especie previstas en los artículos 63, 92 y 129, fracciones II, III y IV, de la Ley del Seguro Social; que se deberá tomar como base para el pago de dichas pensiones el salario promedio de las últimas 52 y 250 semanas de cotización, respectivamente.

"Como hechos de su demanda, manifestó que se encuentra inscrita en el régimen obligatorio que imparte el instituto demandado, con número de afiliación 8980520146-7, adscrita a la clínica número 79, del Estado de México; que presta servicios para la empresa Berol, S.A. de C.V., como ayudante de empacadora, con salario diario integrado de $97.58, que ha cotizado 1164 semanas aproximadamente; que inicia su vida laboral a los veintiocho años de edad en Berol, Fábrica de Lápices, S.A. de C.V., el catorce de mayo de mil novecientos ochenta, con la categoría de ayudante general por seis meses colocando banda, contando los marcadores y empaquetándolos; operaria de máquina llenadora de marcadores, llenando y vigilando la salida del material por dieciocho años; ayudante de ensamble manual de bolígrafos por tres meses, ayudante de empaque manual de marcadores y ayudar a la máquina para el producto por tres años; que estuvo expuesta a sonidos de gran magnitud que impedían la comunicación verbal, inhalación de solventes, agentes mecánicos, factores psicosociales, esfuerzos de cargar con rotaciones de columna que es tratada de manera conservadora por trombosis de pierna derecha, actualmente presenta problemas de insuficiencia venosa bilateral grado II.

"El Instituto Mexicano del Seguro Social al contestar la demanda, negó acción y derecho a la actora para hacer sus reclamos; porque no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley del Seguro Social para merecer las pensiones que solicita y opuso las excepciones que estimó pertinentes, entre ellas, la de falta de cumplimiento del requisito de procedibilidad previsto en los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social.

"Las partes con el objeto de acreditar la procedencia de las acciones ejercitadas, así como las excepciones opuestas, ofrecieron como prueba de su parte, entre otras, la pericial médica y al haber resultado contradictorios los dictámenes rendidos por los peritos propuestos por las partes, se nombró un perito tercero en discordia.

"En audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas de fecha ocho de octubre del dos mil tres, la parte actora, ratificó su escrito inicial de demanda (f. 27).

"La Junta del conocimiento con fecha ocho de septiembre de dos mil cuatro, dictó el laudo motivo de la presente instancia constitucional, en el cual por una parte condenó al instituto demandado al reconocimiento, otorgamiento y pago a la actora Imelda Santamaría González de la pensión por el grado de incapacidad valuada en 15% de la incapacidad parcial permanente, que se sustituye por una indemnización global de cinco anualidades en términos de la fracción III del artículo 65 de la Ley del Seguro Social, que equivale a la cantidad de $22,067.53 (veintidós mil sesenta y siete pesos 53/100 M.N.), salvo error u omisión de carácter aritmético, así como a otorgar a la actora las prestaciones en especie a que se refieren los artículos 63 y 92 de la Ley del Seguro Social, por otra parte, absolvió a dicho instituto del otorgamiento y pago a favor de la actora de la pensión de invalidez e incrementos y prestaciones accesorias, así como al pago de aguinaldo tomando en cuenta que ya le ha sido otorgada una indemnización global.

"En dicho laudo, la Junta del conocimiento determinó que la carga de la prueba correspondía a la actora y una vez que relacionó las pruebas ofrecidas por las partes, determinó negar valor probatorio a los dictámenes emitidos por el perito de la accionante y al del instituto demandado y otorgárselo a la pericial médica tercero en discordia, en cuanto al padecimiento del orden profesional denominado bronquitis crónica industrial secundaria a inhalación de vapores de disolventes orgánicos, porque aporta los elementos de carácter científico necesarios para emitir su dictamen, al considerar que el padecimiento sufrido por la actora es del orden profesional, haber llevado a cabo la exploración física y tomar en cuenta los antecedentes del padecimiento, para concluir que lo padece y es considerado del orden profesional, por tener relación de causa efecto con el ambiente laboral que refiere la actora; que el referido dictamen fue elaborado por un médico dependiente de una institución oficial de lo que se presume su imparcialidad y falta de interés para alguna de las partes, por tal razón le otorgó un porcentaje respecto al mencionado padecimiento valuado del 15% de disminución orgánico funcional total; que dicha incapacidad deberá pagarse a partir de la fecha de dicho laudo, la que de conformidad con el artículo 65 de la Ley del Seguro Social sustituyó por una indemnización global consistente en el pago de cinco anualidades, tomándose como base el salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización, la cual asciende a la cantidad de $22,067.53, así como a otorgarle prestaciones en especie previstas en los artículos 63 y 92 de la referida ley. Por otra parte determinó absolver a dicho instituto del pago de aguinaldo por no encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 65 de dicho ordenamiento, así como de la pensión de invalidez, porque en el caso, la actora no acreditó los extremos contenidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social.

"En el primer concepto de violación, la quejosa alega que el laudo reclamado es violatorio de los artículos 840 y 841 de la Ley Federal del Trabajo en correlación con el numeral 128 de la Ley del Seguro Social, porque indebidamente la responsable, absuelve al demandado del reconocimiento del estado de invalidez, no obstante que reúne los requisitos exigidos por el mencionado precepto legal, pues no existe controversia en cuanto a las actividades profesionales que desempeñó (señala categorías, actividades y contaminantes narrados en su demanda laboral); que atento a lo diagnosticado tanto por su perito como por el tercero en discordia, las enfermedades del orden general le imposibilitan para procurarse un trabajo que le reporte ingresos superiores al 50% de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo; que la Junta se equivoca al negar valor probatorio a los dictámenes periciales que refiere, puesto que es incontrovertible que dichas dolencias lo limitan considerablemente para ejecutar de manera normal y habitual sus actividades profesionales.

"Lo antes alegado, resulta infundado, pues la autoridad responsable resolvió la controversia laboral planteada, con base en las pretensiones del accionante en relación con las excepciones y defensas del demandado así como con las pruebas rendidas en autos, además, contiene un extracto tanto de la demanda como de su contestación, con la precisión debida en lo tocante a las peticiones y a los hechos y una vez fijada la litis, determinó que la carga probatoria corría a cargo de la actora; en consecuencia, la citada autoridad resolvió el conflicto sometido a su jurisdicción a verdad sabida y buena fe guardada, acorde a los principios de claridad, precisión y congruencia, apreciando los hechos en conciencia, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

"Los argumentos anteriores, también resultan infundados, pues el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, dispone que existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.

"Ahora bien, la responsable al dictar el laudo reclamado estableció que era improcedente la pensión de invalidez solicitada por la actora, porque ésta no acreditó los extremos contenidos en el artículo 128 de la Ley del Seguro Social, el cual comprende dos supuestos: que la actora se encuentre imposibilitada para allegarse de una remuneración al 50% de la percibida durante el año anterior y que dicha imposibilidad derive de una enfermedad del orden general, que la trabajadora únicamente acreditó el segundo de los elementos y apoyó su determinación en la jurisprudencia número 51/96 bajo el rubro: ‘INVALIDEZ, ESTADO DE. PRUEBAS QUE EL TRABAJADOR PUEDE RENDIR PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 128, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.’; y la actora no demostró con ninguna otra prueba la mencionada imposibilidad.

"La anterior determinación, este Tribunal Colegiado la considera correcta, porque en efecto, con la prueba pericial la asegurada no acreditó encontrarse imposibilitada para procurarse mediante un trabajo, una remuneración superior al 50% de la habitual percibida del último año de labores, requisito establ

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19059-b33dfe18/pericial-medica-si-la-junta-de-conciliacion-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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