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Modo: Corpus Pro

TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO). TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2005-PS. · Registro digital (IUS): 19101
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, , Pág. 595.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2005-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Ahora bien, con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir para su posterior análisis las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

Las consideraciones del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver los amparos en revisión 358/2003 y 106/2004, y el amparo directo 497/2003, en lo que interesan, son las siguientes:

Amparo en revisión penal 358/2003.

"QUINTO. Son infundados los agravios transcritos, sin que se advierta deficiencia de la queja que hace valer a favor del recurrente, acorde a lo previsto por el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo. En el primero de ellos, el revisionista esencialmente se inconforma, con la determinación de la Juez de Distrito, de estimar correcta la aplicación en el auto de formal prisión reclamado, de la fracción XVIII del artículo 194 del Código Penal del Estado (citado incorrectamente por el recurrente como 193), dispositivo que contenía uno de los tipos de fraude específico y cuya fracción fue derogada, con motivo de las reformas a ese ordenamiento, publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro, el veintitrés de agosto de dos mil dos; que en su estudio la a quo invocó el principio de ultractividad de la ley, que consiste en que una norma puede aplicarse a pesar de haber sido derogada, cumpliendo con ciertos requisitos, pero que disiente de la consideración de ésta, en el sentido de que el artículo 246-E de la propia ley sustantiva, establece la misma hipótesis que la disposición derogada, pues en su opinión contempla una diferente, dado que dice, la señalada fracción XVIII, establece como elementos: a) Al que por sí o por interpósita persona. b) Cause perjuicio público o privado. c) Al fraccionar o transferir. d) O prometer transferir la propiedad o posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico. e) Propio o ajeno, con o sin construcciones. f) Sin previo permiso de las autoridades administrativas correspondientes. g) O cuando existiendo éste, no se hayan satisfecho los requisitos señalados. En tanto que señala, que por su parte el artículo 246-E, establece una misma conducta, con las diferencias relativas a que no prevé la segunda parte de otro precepto, relativo a que se cause un perjuicio público o privado, así como que este nuevo dispositivo agrega que los predios sean destinados para vivienda, comercio o industria. Continúa manifestando el recurrente, que al resolverse que se trataba de normas exactamente iguales, se viola el principio de exacta aplicación de la ley penal, al existir diferencias sustanciales, además que, agrega, en el actual se protege el medio ambiente, ya no es de querella, es considerado delito grave y tiene mayor penalidad, en tanto que en el derogado, el bien jurídico tutelado era el patrimonio de los particulares, era de querella, no estaba considerado como grave y su sanción era mucho menor, por lo que afirma, se trata de una hipótesis diferente, que regula conductas parecidas pero no iguales y protegen bienes jurídicos distintos, de modo que derogada la norma anterior, no se puede insistir en darle vida, por tener una existencia temporal, que inicia con su vigencia y termina con su derogación, por lo que no se puede aplicar más, ni tampoco la nueva, concluye, por traer como consecuencia la retroactividad. Como se apuntó, lo anterior deviene infundado, ya que en principio, opuesto a lo que argumenta el inconforme, fue correcto que la Juez Federal, haya considerado que las conductas descritas en la derogada fracción XVIII del artículo 194, que se relaciona con el numeral 193 y la que actualmente prevé el artículo 246-E, ambas disposiciones del Código Penal del Estado, son las mismas, según se advierte de las siguientes transcripciones. ‘Artículo 193. Al que engañando a alguien o aprovechándose del error en que éste se halla, se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido, se le impondrán las siguientes penas: I. Prisión de 3 meses a 4 años y hasta 180 días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 600 veces al salario mínimo, y II. Prisión de 4 a 10 años y de 180 a 500 días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de 600 veces de salario mínimo.’. ‘Artículo 194. Se aplicarán las mismas penas previstas en el artículo anterior: ... XVIII. (Derogada). Al que por sí o por interpósita persona, cause perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin el previo permiso de las autoridades administrativas competentes o cuando existiendo éste no se hayan satisfecho los requisitos en él señalados. Este delito se sancionará aun en el caso de falta de pago total o parcial. Para los efectos penales se entiende por fraccionar la división de terrenos en lotes.’. ‘Artículo 246-E. Al que por sí o por interpósita persona transfiera o prometa transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o más lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorización para transferir expedida por las autoridades competentes, se le aplicarán de 2 a 8 años de prisión y de 120 hasta 400 días multa. No se considerará fraccionamiento irregular, para los efectos de este título, cuando un ascendiente transfiera la propiedad o posesión de partes de un inmueble a sus descendientes, pero éstos deberán cumplir las normas aplicables según el tipo de propiedad de que se trate, tanto para escriturarlas a su favor o para ceder sus derechos terceros (sic).’. De tales transcripciones se advierte que ambos preceptos legales, contemplan los siguientes elementos típicos: a) La forma de participación, que puede ser por sí o por interpósita persona. b) Diversas formas de acción típica y actualización alternativa, ya sea al fraccionar (dividir terreno[s] en lotes) y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier derecho sobre un terreno urbano o rústico. c) Un objeto material: un terreno urbano o rústico, con o sin construcción, propio o ajeno. d) Un elemento normativo, consistente en la ausencia del permiso previo de las autoridades competentes o la existencia de dicho permiso, sin que se hayan reunido los requisitos señalados en el mismo. Todos los elementos antes señalados, evidentemente, forman parte de ambas descripciones típicas, como se advierte de las normas respectivas y tal como conviene en señalarlo el propio inconforme, aunque es verdad que no aparece el consistente en el resultado, esto es, en la causación de un perjuicio público o privado, que no está expresamente previsto en el artículo 246-E del Código Penal del Estado, así como también lo advierte dicho recurrente, en este último se añade, que los lotes fraccionados sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria. Sin embargo, el hecho de que el elemento de causación de un resultado, no esté expresamente previsto en el numeral arriba citado, no es suficiente para considerar que se trata de un tipo penal distinto al que contenía la derogada fracción XVIII del artículo 194, pues en forma implícita sí se contempla dicho elemento, en la forma que la dogmática penal, conoce como un presupuesto de hecho del tipo. Así es, en todos los tipos penales existen presupuestos de hecho (lo que algunos renombrados autores equiparan con el concepto de tipo penal objetivo, que integra tanto la actualización de un delito, como el resultado, o bien, lo que otros autores llaman principio de lesividad o nulla poena, nullum crimen, nula lex poenalis, sine iniuria: ‘no existe pena, delito, ni norma penal que no contemple una lesión al bien jurídico tutelado)’ es decir, un bien jurídico que se ve afectado y cuya protección está garantizada en el tipo penal (véase Derecho Penal, parte general, de Eugenio Raúl Zaffaroni, Alejandro Plagia y Alejandro Blocar, Editorial Porrúa, México, 2001, páginas 415 y 461 a 469. En el mismo sentido Luigi Ferrajoli, en Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal, Editorial Trotta, Madrid, 2001, páginas 464 a 471). Desde esta óptica, todas las conductas que el derecho penal reputa como delictuosas, supone la causación de un daño, ya sea social o particular; pues de otro modo, no se justificaría la represión penal aplicada al responsable. En este sentido, no existe delito cuando la acción no afecta un bien jurídico, ya sea porque lo pone en riesgo (los llamados tipos penales de peligro o de mera conducta) o bien, porque afecta material, cultural o físicamente el bien protegido. En otras palabras, es ilógico que considere como delito, aquello que no causa ningún perjuicio a la sociedad o a uno de sus integrantes; luego, el derecho penal parte de la base de que, si la conducta es intrascendente para la convivencia social, entonces no debe ser castigada. Pero si la conducta está contemplada como delito en el Código Penal, es inconcuso que ello se debe, a que se trata de una conducta que ocasiona daños o pone en riesgo los bienes jurídicos tutelados y, por tanto, no hay un solo tipo, en los Códigos Penales modernos, que no presuponga la lesión a un bien protegido por la norma penal. En ese sentido, es claro que aun cuando el artículo 246-E del Código Penal, no contempla, expresamente, la lesión a un bien jurídico tutelado (causar perjuicio público o privado), lo cierto es que ello no excluye la naturaleza de la conducta delictuosa, pues no es necesario que lo invoque, porque de todos modos debe causarse, pues ya se dijo que resulta ilógico que se considere como delito, aquello que no ocasiona ninguna lesión a un bien jurídico protegido, de ahí que, opuesto a lo argumentado por el inconforme, para establecer la similitud de las conductas descritas en la derogada fracción XVIII del artículo 194 y en el citado numeral 246-E, en nada trasciende que en este último, no se haya especificado la causación de un perjuicio público o privado, contemplado en la anterior disposición. Tampoco para establecer esa identidad existente entre ambas disposiciones, resulta relevante que en el nuevo dispositivo, se haya especificado que los lotes fraccionados, sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, pues al margen de que se trata de una modalidad de la conducta, con la que no altera la sustancia del tipo delictivo, ni los ya señalados elementos esenciales que ambas disposiciones contienen, es suficiente con analizar en su conjunto la fracción derogada, para advertir que también de manera implícita, incluía no sólo que la acción de notificar fuera con los fines apuntados, sino que abarcan cualquier supuesto para el que se destinaran o pudieran destinarse los lotes fraccionados, circunstancia que si bien es cierto no aparecía expresada en el concepto, ello no significa que no formara parte de la conducta antijurídica recogida en el tipo penal, puesto que en la descripción de los tipos penales, siempre intervienen elementos de alcance diverso, que es imposible que el legislador los incluya en la descripción respectiva, pero que es factible inferir de su análisis integral, por lo que en suma, la circunstancia de que como se dijo, en el nuevo artículo 246-E del Código Penal del Estado, se haya hecho referencia expresa a que los lotes, resultantes de fraccionar un predio, se destinen para vivienda, comercio o industria, no puede ser tampoco determinante para estimar que se trate de un tipo penal distinto al que se contenía en la fracción XVIII del artículo 194 del mismo ordenamiento legal. Si conforme a lo analizado, existe identidad sustancial entre la norma derogada y la vigente, el que se le haya dictado auto de formal prisión al inconforme, por el delito de fraude específico, previsto y sancionado por la citada fracción XVIII del artículo 194, en relación con el 193, fracción II, del Código Penal del Estado, que corresponde a la disposición que se encontraba vigente en la época de comisión del delito, como acertadamente lo consideró la Juez Federal, de ninguna forma se violó en su perjuicio el principio de exacta aplicación de la ley, habida cuenta de que no obstante por tratarse de una disposición derogada, fue jurídicamente posible su aplicación, acorde al principio de ultractividad de las leyes punitivas, que ciertamente, consiste en la aplicación de una ley o disposición derogada o ya no vigente, en la medida que sea la más favorable al reo, ante la existencia de una nueva, a la que se incorporó la conducta descrita en el precepto derogado, que como ya se vio, es el caso, principio que además, conjuntamente con el relativo a la no retroactividad de la ley, salvo también si es más favorable al reo, se encuentra perfectamente regulado en la citada ley sustantiva del Estado de Querétaro, en los artículos 3o., 4o. y 5o., que como incluso se señala en la exposición de motivos de ésta, no es contrario a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional y que en cambio, soluciona problemas relacionados en la aplicación de la ley penal en el tiempo. Tales numerales textualmente dicen: ‘Artículo 3o. Es aplicable la ley penal vigente en el tiempo de realización del delito.’. ‘Artículo 4o. Cuando entre la perpetración del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad se pusieren en vigor una o varias leyes aplicables al caso, las autoridades competentes estarán a lo previsto en la ley más favorable al reo.’. ‘Artículo 5o. La ley dictada para regir por tiempo determinado o en una situación excepcional, se aplicará a los hechos cometidos durante su vigencia y aun después de haber cesado ésta.’. Lo anterior implica que en el caso concreto, como bien lo continuó señalando la a quo, al surgir la nueva figura que contempla el mismo supuesto jurídico derogado y que como lo reconoce el propio inconforme, ya no se trata de un delito de querella sino de oficio, se encuentra considerado como delito grave y como se verá enseguida, puede considerarse que tiene mayor penalidad que el anterior, en el que se requería la querella, no se estimaba como grave y su sanción, también por las razones que se dirán era menor, fue acertado que atendiendo al contenido de los artículos transcritos, determinara que la ley que más favorece al aquí recurrente y que se aplicó ultractivamente en el auto de formal prisión, fue la derogada, pues si bien es cierto que la penalidad en la nueva, se precisa como de dos a ocho años de prisión y de ciento veinte a cuatrocientos días multa, que puede verse como menor, a la establecida para la fracción XVIII del artículo 184 (sic), que se sanciona conforme al numeral 193 del Código Penal del Estado, que es de tres meses a cuatro años y hasta ciento ochenta días multa y de cuatro a diez años de prisión y de ciento ochenta hasta quinientos días multa, según sea el caso respectivamente, de que el valor de lo defraudado exceda o no de seiscientas veces el salario mínimo, no menos cierto resulta que como lo señaló la resolutora, para el momento procesal en que se encuentra la causa, le beneficia al inconforme la aplicación de esta disposición, supuesto que en principio, la característica de no ser un delito grave y perseguirse por querella necesaria, podría por una parte solicitar el beneficio de su libertad provisional bajo fianza y por otra, ante el eventual perdón que otorgaran los ofendidos, traería como consecuencia la extinción de la acción penal, habida cuenta de los beneficios que le otorga la cuantía de lo defraudado y la reducción de penas a la mitad, conforme a lo previsto en el artículo 206 del mismo ordenamiento, beneficios a los que no se haría acreedor, de aplicarse el artículo 246-E del Código Penal en consulta. Las anteriores razones por las que no se puede convenir con el recurrente, en que por encontrarse derogada la norma anterior, ya no es posible aplicarla al haber concluido su vigencia, pues como se vio, por disposición de los artículos 3o., 4o. y 5o. del Código Penal del Estado, que contempla los supuestos de la aplicación de la ley penal en el tiempo, existen situaciones en las que habiéndose perpetrado los hechos calificados como delito, bajo el imperio de una norma posteriormente derogada, es factible aplicar ésta, debido al principio de la ultractividad de la ley, así como otras en las que es dable aplicar retroactivamente el nuevo dispositivo, que contenga el mismo supuesto que dejó de tener vigencia, siempre dependiendo de la norma que más le pudiera favorecer al reo, como es el caso en el que lo que ocurrió, fue sólo la reubicación del tipo de fraude específico, previsto por la fracción XVIII del artículo 194 del Código Penal del Estado, al artículo 246-E del mismo ordenamiento, contenido en el título de los Delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, lo cual no contraviene de ninguna forma el artículo 14 constitucional, pues el solo cambio de lugar del tipo, no implica que se haya despenalizado la conducta atribuida al recurrente, pues ésta continúa considerándose como delictiva por los legisladores, tanto es así que la reforma, según su exposición de motivos, tuvo por objeto depurar la forma en que se prevé y castiga la conducta y ubicar el tipo en forma correcta en el Código Penal, sin que se hiciera una declaración de que el objeto fuera, el de no considerar como delictuosa esa misma conducta; de ahí lo infundado de lo alegado por el revisionista. Por los conceptos jurídicos que contienen, se citan en apoyo de lo hasta aquí expuesto, las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números P. XLIII/2000 y P. XXXVI/96, visibles en las páginas 100 y 456 de los Tomos XI, marzo de 2000 y III, marzo de 1996, respectivamente, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: ‘NOTORIA INEPTITUD O DESCUIDO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. CONSTITUYE UN ERROR INEXCUSABLE DEJAR DE APLICAR UNA LEY DESACATANDO UNA DISPOSICIÓN QUE ESTABLECE EXPRESAMENTE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe). Y ‘LEYES PENALES. SU DEROGACIÓN NO NECESARIAMENTE PRODUCE LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Ahora bien, en relación con lo alegado en el segundo de los agravios que se proponen, debe decirse que en principio es inexacto que en la resolución combatida, no se hayan valorado las pruebas, con las que se acreditó que el recurrente intervino en la conducta que se le atribuyó, como tesorero de una asociación civil, pues contrario a ello, se advierte que la Juez de Distrito, para negar el amparo solicitado, advirtió que éste pertenecía con ese carácter a la denominada ... y que precisamente esa circunstancia, acreditada con la escritura pública ... de tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, pasada ante la fe del notario público número ... de esta localidad, aunado a las querellas presentadas por cada uno de los ofendidos, a los contratos de promesa de compraventa celebrados con éstos, en relación con lotes objeto del delito, a las cesiones de derechos relativas a los mismos, así como a las documentales públicas, que demostraban la falta de los permisos correspondientes para fraccionar el terreno propiedad de ... hacía que se encontraran acreditados los elementos del tipo penal de fraude específico y que quien probablemente desplegó ese antijurídico, fue dicho inconforme, probanzas que además con acierto la a quo, estimó correctamente valoradas por la autoridad responsable en el auto de formal prisión reclamado, pues ciertamente, de ellas se desprende que quien ofreció directamente a algunos de los ofendidos, la venta de los lotes de terreno en la denominada colonia ... firmando incluso la documentación respectiva y a quien además le hicieron entrega de diversas cantidades de dinero con ese motivo, lo fue el propio recurrente de manera que para el momento procesal, ello es suficiente para estimar su probable responsabilidad, pues incluso, aunque es verdad que la Juez Federal no consideró que dentro de las constancias aportadas por la autoridad responsable, obra un acta notarial de dieciséis de octubre de dos mil, relativa a la protocolización de la asamblea general extraordinaria, celebrada por la asociación el veinticinco de marzo de dos mil, donde aparece que en uso de la palabra el inculpado, procedió a distribuir un estado financiero de ingresos y egresos, manifestando que terminaba sus gestiones como tesorero de la aludida asociación, el mismo como bien lo estimó el Juez responsable en el auto de término constitucional, no es suficiente para desvirtuar las demás probanzas que lo inculpan, ya que el engaño de que hizo víctima a los ofendidos, se llevó a cabo durante el tiempo que el inconforme perteneció a la asociación, dado que todos los compradores, hicieron la adquisición antes de la conformación, en los términos de esa acta, de la nueva mesa directiva además de constar que en los documentos relativos a las cesiones de derechos, obra la firma del inculpado, conclusión alcanzada por la autoridad responsable que debe estimarse correcta, pues tal documento no adminiculado con ningún otro medio de prueba, es insuficiente para desvirtuar las imputaciones, así como para acreditar que no participó en los ingresos de la sociedad por serle entregados a ésta, en razón de que como ahora lo alega, su actividad la desempeñaba a título de trabajador, habida cuenta que para el dictado del auto de formal prisión, no se requiere la demostración plena de su responsabilidad, así como del dolo a que se refiere dicho inconforme, pues no es sino hasta la sentencia definitiva, cuando el juzgador debe entrar al estudio de los aspectos moral o subjetivo del ilícito, entre los que se encuentran, el mencionado dolo, así como cualquier circunstancia, relacionada con lo que asevera, en torno a que la asociación de mérito, en la que actuó como tesorero, fue conformada para procurar y dotar de vivienda a un precio bajo a personas con escasos recursos, lo que refleja un fin altruista o a la honestidad, con la que se sostiene se condujo, al señalar en los contratos, que los terrenos se otorgaban sin servicio, dado el precio en que se vendían y en fin, al daño que con su conducta hubiera causado, o bien, si el hecho que argumenta, de que no hay detrimento económico por encontrarse los ofendidos en posesión de lotes, sin que se haya visto interrumpida esa posesión, es suficiente para estimar que no lo causó. En suma, del análisis integral del fallo recurrido, no se advierte que le cause algún agravio al peticionario de garantías, ya que la Juez Federal, de manera acertada y conforme a las constancias de autos, negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, al considerar que el auto de formal prisión reclamado, cumple con los extremos previstos en el citado artículo 19 de la Carta Magna, habida cuenta que como se dijo, la ley no exige, que para el dictado de ese auto inicial del proceso, se cuente con pruebas plenas de culpabilidad del reo, siendo suficiente con que los datos que arroje la indagatoria, sean bastantes para la integración de los elementos del tipo delictivo y hacer probable la responsabilidad del indiciado, esto es, como lo informa la jurisprudencia identificada con el número 440, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 257 del Tomo II, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD.’ (se transcribe). En las relacionadas circunstancias, al encontrarse ajustada a derecho la resolución impugnada, se impone confirmarla en sus términos y negar el amparo solicitado."

Amparo en revisión penal 106/2004.

"QUINTO. Los agravios que hace valer el recurrente son, en una parte, ineficaces para el fin que su expresión procura y en otra, fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida y conceder el amparo. Ante todo cabe destacar que de las constancias de autos se advierte lo siguiente: Mediante oficio 1179/2003, el agente del Ministerio Público investigador adscrito a la Coordinación de la Investigación de Delitos Patrimoniales Ejecutados sin Violencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, consignó sin detenido, la averiguación previa penal número DP/043/2003, ejerciendo acción penal y de reparación del daño contra ... por considerarlo probable responsable en la comisión del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto y sancionado en el artículo 246-E del Código Penal del Estado, en agravio de ... Del asunto correspondió conocer a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, quien lo registró bajo la causa penal número 311/2003, siendo que el veintinueve de septiembre de dos mil tres, libró orden de aprehensión contra ... por considerarlo probable responsable en la comisión del delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto y sancionado en el artículo 246-E del Código Penal del Estado, en agravio de ... Contra la mencionada orden de captura y su ejecución ... presentó demanda de amparo indirecto de la que tocó conocer por turno al Juez Segundo de Distrito 'B' en el Estado, quien luego que la admitió y que prosiguió el juicio por sus trámites legales, el treinta de enero del presente año, en la audiencia constitucional, dictó sentencia en la que resolvió negar la protección federal solicitada. Inconforme con lo anterior el quejoso interpuso en el presente recurso. Precisado lo anterior, pasamos al estudio de los agravios que hace valer el recurrente. En principio, viene discutiendo, lo siguiente: 1. Que el a quo no analizó y resolvió el concepto de violación en el que indicó que se está ante la presencia de la 'sucesión de leyes en el tiempo', pues, no analizó, ni verificó qué diferencias y similitudes existen entre el precepto derogado (194, fracción XVIII) y el nuevo precepto en vigor (246-E), pues, simplemente se cerró a considerar la 'traslación del tipo', pero sin entrar al análisis comparativo mencionado como si la redacción literal del original artículo 194, fracción XVIII, fuera exactamente la misma que la del nuevo artículo 246-E; situación que sería indispensable para estar ante una genuina y auténtica traslación de tipo penal. Que el a quo, afirma que el delito es exactamente el mismo, como si sólo se le hubiera cambiado el número del artículo que lo contiene, pasando por alto el cuadro comparativo de los elementos y circunstancias de los tipos penales que él incluyó en su demanda de garantías. Lo anterior es infundado. Ciertamente, como se advierte de la lectura detenida de la sentencia recurrida, y de la demanda de garantías el Juez de Distrito sí se ocupó de los conceptos de violación que hizo valer el recurrente y, en especial, de aquel donde expuso las diferencias, que a su juicio, existen entre el ya derogado artículo 194, fracción XVIII, del Código Penal del Estado y el actual 246-E del citado ordenamiento; considerando para ello el cuadro comparativo de los elementos y circunstancias de los tipos penales que el recurrente incluyó en su demanda de garantías; tanto es así que al respecto el juzgador de amparo sostuvo: ‘... Ahora bien, en cuanto su primer motivo de inconformidad consistente en que el Juez responsable viola en su perjuicio lo contenido en el artículo 14 constitucional, toda vez que ha girado en su contra una orden de aprehensión, fundamentándose en un precepto legal que no estaba vigente en la época de los hechos, pues los mismos ocurrieron antes del mes de agosto de dos mil dos, cuando los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, aún no existían legalmente, debiendo observar lo establecido en el artículo 4o. del Código Penal para el Estado, en el sentido de que cuando al momento de la perpetración del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, se pongan en vigor dos o más disposiciones aplicables al mismo caso, deberá aplicarse la que resulte más favorable al imputado, siendo que en el caso no se le está aplicando la más favorable, pues considera que los elementos para la integración del tipo penal descritos en el derogado artículo 194, fracción XVII (sic), del Código Penal para el Estado, al ser mayores le favorecen aunado a que establece una menor penalidad. Lo anterior deviene infundado toda vez que, debe tomarse como punto de partida que la conducta delictiva que constituye el delito contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, previsto por el artículo 246-E del Código Penal en vigor para el Estado de Querétaro, ya se encontraba contemplada por el artículo 194, fracción XVIII, del Código Penal, vigente hasta el día 23 de agosto de dos mil dos, para el Estado de Querétaro. En efecto, el artículo 246-E del Código Penal en vigor para el Estado, a la letra dice: ‘Artículo 246-E. Al que por sí o por interpósita persona transfiera o prometa transferir la posesión, la propiedad o cualquier otro derecho sobre uno o más lotes resultantes de fraccionar un predio, para que sean o puedan ser destinados para vivienda, comercio o industria, sin contar con la autorización para transferir expedida por las autoridades competentes.’. Por su parte, la fracción XVIII del artículo 194 del Código Penal vigente hasta el día veintitrés de agosto de dos mil dos, decía: ‘XVIII. Al que por sí o por interpósita persona, cauce perjuicio público o privado al fraccionar y transferir o prometer transferir la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho sobre un terreno urbano o rústico, propio o ajeno, con o sin construcciones, sin previo permiso de las autori

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19101-4405a2c0/traslacion-del-tipo-es-legalmente-posible-entre-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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