ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS.
AMPARO EN REVISIÓN 2398/2003. JAIME CÁRDENAS GRACIA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, de oficio advierte que en el juicio de amparo origen del recurso de revisión que se resuelve, opera la causal de improcedencia en términos de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 9o. de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; lo que determina que deba sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de dicho ordenamiento.
Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: P./J. 122/99
"Página: 28
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
En principio, debe señalarse que el juicio de amparo origen del presente recurso de revisión, fue promovido por Jaime Cárdenas Gracia, por su propio derecho y en "mi condición de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral", en contra de diversas autoridades y actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, entre ellas, la fiscal especializada para la atención de delitos electorales de la Procuraduría General de la República, a quien reclamó la circular número FEPADE C/01/01, que contiene la negativa a proporcionar la información contenida en las diligencias de preparación del ejercicio de la acción penal número 314/FEPADE/2002, así como copia certificada de dichas actuaciones.
En relación con el juicio de amparo promovido por personas morales oficiales o funcionarios públicos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido lo siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVII, junio de 2003
"Tesis: 2a./J. 45/2003
"Página: 254
"PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado.
"Contradicción de tesis 4/2003-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 16 de mayo de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez.
"Tesis de jurisprudencia 45/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de mayo de dos mil tres."
"Quinta Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LXXV
"Página: 3573
"ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL. La Constitución, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo. Siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público, que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión, que el Estado no goza de garantías individuales, y, por lo mismo, que no puede promover juicios de garantías. A esta regla general le ha opuesto una excepción al artículo 9o., de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas’. El porqué de esta excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción previene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público. En la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas por el juicio constitucional. Ahora bien, debe dictarse el sobreseimiento por causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la misma Constitución, cuando el amparo sea promovido por el Ministerio Público Federal, en defensa de un acto realizado en el ejercicio de la potestad pública y no en defensa de derechos patrimoniales privados de la nación, pues tratándose de conflictos en que el Magistrado del primer circuito absolvió al presidente de la República de una demanda intentada en su contra y declaró fundada la reclamación contra la resolución de la Secretaría de Agricultura y Fomento, porque esta autoridad no tuvo competencia para dictarla, como la demanda de amparo presentada por dicho Ministerio Público se endereza contra la sentencia del expresado Magistrado del primer circuito, por cuanto declaró ilegal la referida resolución de la Secretaría de Agricultura y Fomento, es claro que tratándose de defender la legalidad de un acto de autoridad y no intereses patrimoniales de derecho privado, no es el caso de que el Estado acuda a la Justicia Federal, como persona de derecho privado.
"Amparo administrativo directo 3199/42. Agente del Ministerio Público Federal. 10 de febrero de 1943. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Manuel Bartlett Bautista. Relator: Gabino Fraga."
"Quinta Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LXXVI
"Página: 217
"ESTADO, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PEDIDO POR EL, EN LOS JUICIOS FISCALES. La Constitución, para proteger a los individuos contra la acción del Estado, que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo. Siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión, que el Estado no goza de garantías individuales, y, por lo mismo, que no puede promover juicios de garantías. A esta regla general le ha opuesto una excepción el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que dispone: ‘Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame, afecte los intereses patrimoniales de aquéllas’. El porqué de esta excepción radica en que el Estado puede obrar con un doble carácter; como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público, en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación, en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél, obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individuales, que están protegidas por el juicio constitucional. Ahora bien, debe dictarse sobreseimiento por causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal y 1o., fracción I, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la ley orgánica de los artículos 103 y 107 de la misma Constitución, cuando el amparo sea promovido por el Ministerio Público Federal, tratando de defender la legalidad de actos de autoridad y no intereses patrimoniales de derecho privado, pues en el caso, el juicio de oposición tiende a anular el cobro fiscal, y el hecho mismo de que el Ministerio Público se ostente como representante de la hacienda pública federal, revela que el caso cae dentro de la regla general de que se habló y no en la forma excepcional consignada en el artículo 9o. de la Ley de Amparo.
"Amparo administrativo en revisión 8647/41. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 de abril de 1943. Unanimidad de cinco votos. Relator: Octavio Mendoza González."
Como se desprende de lo anterior, las garantías individuales consagradas en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos son prerrogativas creadas a favor de los gobernados con la finalidad de reconocer sus derechos mínimos y que los mismos sean respetados por el Estado en el ejercicio de poder que llevan a cabo las autoridades, siendo el juicio de amparo el medio legal para frenar la conducta desbordante de los órganos del Estado frente a los gobernados, y sólo cuando el Estado se ve afectado en sus intereses patrimoniales -personas morales oficiales-, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo, puede ocurrir en solicitud de amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, pero cuando la potestad pública ocurre en demanda de amparo a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder sin que su esfera patrimonial sufra alteración alguna, no procede el respectivo juicio de garantías, pues aun cuando el acto que se reclame no haya favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, pues no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio.
Ahora bien, en el presente caso, la parte quejosa en su demanda de amparo se advierte que expresó como antecedentes de los actos reclamados, entre otros, los siguientes:
"1. El suscrito se desempeña como consejero electoral desde el 31 de octubre de 1996, como lo demuestro con la copia certificada de mi nombramiento.
"2. El día 17 del mes de octubre del año 2002, el suscrito quejoso dio vista a la Procuraduría General de la República, con base en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, de hechos que pudieren ser constitutivos de delitos electorales, vinculados con el asunto conocido como ‘Amigos de Fox’.
"3. El día 25 del mes de abril el suscrito quejoso, mediante oficio número CEJCG/087/2003, solicité a la Fiscalía Especial en (sic) Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República información relacionada a los hechos de los cuales le dí vista a la autoridad responsable marcada con el número 6 de esta demanda.
"...
"5. Con fecha 7 de mayo de 2003, la autoridad denominada Fiscal Especial (sic) para la Atención de los (sic) Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, contestó mediante oficio la negativa de entregar la citada información en los términos siguientes:
"‘Téngase por recibido el oficio número CEJCG/087/2003, del 25 de abril de 2003, signado por Jaime Cárdenas Gracia, consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral ... hágase saber al consejero electoral que no es procedente acordar de conformidad su solicitud, ya que la averiguación previa 341/FEPADE/2002 (acumulada a la 314/FEPADE/2002 y 405/FEPADE/2002) actualmente se encuentra en integración ...’." (fojas 8 y 9 del juicio de amparo).
Asimismo, dentro de sus conceptos de violación, el quejoso sostuvo lo siguiente:
"... el suscrito quejoso forma parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral y que en ejercicio de mis funciones requiero dicha información como parte de mi obligación de estar informado de los asuntos que guardan relación con las quejas que se presentan ante el Instituto Federal Electoral, ocasionándome un perjuicio no sólo en mi esfera de derechos, sino también en la esfera de mi función pública ... La información que le pedí a las autoridades responsables fue en mi condición de consejero electoral del Instituto Federal Electoral, con el propósito de conocer el destino de una vista que con base en el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales le fue dada a la fiscalía especializada para que investigara si de los datos aportados se deduce responsabilidad penal. La negativa me causa perjuicio ya que limita mi capacidad de conocer hechos públicos de un expediente cuya información es determinante para valorar el sentido de mis decisiones con relación a la queja denominada ‘Amigos de Fox’ que se desahoga en el Instituto Federal Electoral. Aducir que los artículos 16, párrafo segundo y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 54, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 13, fracción V y 14, fracción III, de la Ley Federal de Transparencia, son el fundamento para la negativa es un error, ya que por encima de tales disposiciones se encuentra la obligación de aplicar la Constitución. Es olvidar el valor normativo de la Ley Fundamental lo que causa perjuicio personal y directo al impedirme acceder a la información que he solicitado y que guarda relación con mi trabajo de consejero electoral ... para la autoridad responsable el suscrito quejoso tiene la condición de denunciante cuando en mi carácter de consejero electoral no tengo tal condición, ya que en ejercicio de mi función comuniqué a la responsable una vista a la que estoy obligado en los términos del artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales ..." (fojas 11 a 17 del juicio de amparo).
Entre otras, como pruebas ofreció el quejoso las siguientes:
"1. Documental pública consistente en copia certificada de mi constancia de nombramiento como consejero electoral.
"...
"3. La documental consistente en el oficio número CEJCG/087/2003, de fecha 25 de abril de 2003, por medio del cual solicité a la fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa número 341/FEPADE/2002." (foja 25 del juicio de amparo).
El oficio mencionado en último lugar dice:
"Al margen un Escudo Nacional con la leyenda Instituto Federal Electoral. Rubro: Consejo General. Consejeros electorales. Oficio No. CEJCG/087/2003. En el texto: Ciudad de México, abril 25, 2003. Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel. Fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales. Procuraduría General de la República. Presente. En atención a su oficio No. 1868/FEPADE/2003 de fecha 23 de abril del año en curso y con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución, por este conducto me permito solicitar muy atentamente me proporcione copia certificada de todo lo actuado en la averiguación previa No. 341/FEPADE/2002. Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Atentamente. Dr. Jaime Cárdenas Gracia. Consejero electoral. Rúbrica. C.C.P. C.C. Integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentes." (foja 39 del juicio de amparo).
Por otro lado, el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, conforme al cual el quejoso, sostiene en su demanda, dio vista a la Procuraduría General de la República con hechos que pudieran ser constitutivos de delitos electorales vinculados con el asunto conocido como "Amigos de Fox", establece:
"Artículo 117. Toda persona que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo inmediatamente al Ministerio Público, transmitiéndole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los inculpados, si hubieren sido detenidos."
De todo lo relacionado, se desprende que Jaime Cárdenas Gracia, en su calidad de consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral y en cumplimiento a la obligación que como servidor público le impone el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, dio vista al Ministerio Público Federal con hechos presumiblemente constitutivos de delito, de los cuales tuvo conocimiento precisamente en el ejercicio de su función pública. Asimismo, con esa calidad de consejero electoral y mediante comunicación oficial, solicitó a la fiscal especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República copia certificada de lo actuado en la averiguación previa número 341/FEPADE/2003, iniciada con motivo de la vista por él dada a la representación social.
También se desprende que la negativa a proporcionar la copia certificada solicitada le fue comunicada al quejoso, no como particular, sino en su calidad de "consejero electoral del Instituto Federal Electoral" (foja 40 del juicio de amparo); controvirtiéndose tal negativa en la demanda de amparo, en cuanto se considera que afecta la función pública que desempeña precisamente como servidor público.
Por tanto, si en el presente caso el quejoso afirma y reitera en su demanda de amparo y escrito de agravios correspondiente, y de las documentales exhibidas se corrobora que en su calidad de servidor público -consejero electoral del Consejo General del Instituto Federal Electoral-, denunció un hecho presumiblemente constitutivo de delito, solicitó copias certificadas de las actuaciones que integraban la averiguación previa correspondiente y con motivo de la negativa a acceder a dicha petición, presentó demanda de amparo (también con el mismo carácter de consejero electoral), haciendo valer violaciones que afectan la función pública que desempeña, resulta claro que aun cuando en la demanda de amparo sostenga que también la promueve por su propio derecho y reclame la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales, los actos reclamados, en su caso, sólo afectan el ejercicio de la actividad de un funcionario público, como parte de la estructura estatal federal, mas no así atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene el quejoso, siendo por esta razón que en términos de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. y 9o. de la Ley de Amparo, carece de legitimación para promover el juicio de amparo; máxime cuando los actos reclamados no se impugnan como atentatorios de intereses patrimoniales de un órgano del Estado, del cual el quejoso pudiera, en su caso, ser representante legal, única hipótesis en la que la ley establece la procedencia del juicio de amparo que promuevan entidades estatales o funcionarios públicos.
Consecuentemente, el juicio de garantías resulta improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la propia Ley de Amparo, en relación con los mencionados preceptos, debiendo sobreseerse en el mismo con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la propia Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.-Se sobresee en el juicio de amparo número 927/2003.
Notifíquese; cúmplase, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al Tribunal Colegiado remitente y, en su oportunidad, archívese este expediente como concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y presidenta Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente).
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19254-69ec0544/organo-del-estado-que-promueve-amparo-es-improcedente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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