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Modo: Corpus Pro

REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, POLICÍA JUDICIAL FEDERAL Y PERITOS. EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTRUIDOS EN SU CONTRA CONFORME A LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 4352/2001. · Registro digital (IUS): 7362
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JAIME FLORES MARTÍNEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, , Pág. 1257.

AMPARO EN REVISIÓN 4352/2001. JAIME FLORES MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.-Aduce la autoridad recurrente que la sentencia de la Juez de Distrito viola lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, porque al conceder la protección constitucional no apreció correctamente el acto reclamado tal y como apareció probado, ni tampoco interpretó adecuadamente el principio de legitimación procesal activa, la cual se entiende como la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional o instancia administrativa con la petición de iniciar un trámite, juicio o procedimiento, también conocido como legitimación ad procesum, y se produce cuando el derecho que se cuestiona en el juicio o instancia administrativa es ejercitado por quien tiene aptitud para hacerlo, a diferencia de la legitimación ad causam, que implica tener la titularidad de ese derecho por ostentarse como titular del mismo; que como se desprende del acto de audiencia de veinte de junio de dos mil del expediente administrativo instruido al quejoso, éste autorizó al licenciado José Alberto Ayala Bello, sólo para recibir todo tipo de notificaciones, aun las de carácter personal en el referido procedimiento; que la circunstancia de que el abogado se encontrara autorizado para recibir documentación en dicho procedimiento no significa que se encontrara facultado para interponer el recurso de rectificación en contra de la resolución que lo removió de su cargo, ya que se trata de otra instancia administrativa para la cual el abogado del quejoso no se encontraba legitimado para ejercer dicha potestad legal; que la sentencia recurrida infringe el principio de congruencia comprendido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, toda vez que de los autos que integran el juicio de garantías y en particular de los conceptos de violación, no se aprecia la circunstancia que en el procedimiento administrativo de remoción instruido al quejoso, se haya interpuesto, sustanciado y resuelto un recurso de apelación, como lo argumenta la Juez natural; que si bien es cierto el licenciado José Alberto Ayala Bello interpuso recurso de apelación en el procedimiento administrativo CZA/166/2000, y que el recurso de rectificación interpuesto contra la resolución que removió de su cargo al quejoso, le fue desechado por falta de legitimación procesal activa al tratarse de otra instancia administrativa, también lo es que el Juez natural al conceder el amparo infringe el principio de congruencia que deben contener las sentencias de amparo, porque expuso argumentos no señalados en la demanda de garantías, es decir, resolvió la litis constitucional sin atender estrictamente a lo planteado por las partes y añadiendo cuestiones no hechas valer por las mismas; que aun cuando se interpuso recurso de apelación en el procedimiento administrativo contra el auto que desechó pruebas ofrecidas en la audiencia de ley, el abogado del quejoso no se encontraba autorizado para interponer recurso de rectificación contra la resolución de remoción; que la voluntad para ejercitar un derecho o interponer algún medio de impugnación se manifiesta a través de la firma contenida en los escritos para tener la certeza de la voluntad del titular de ese derecho o, en su caso, delegando esa facultad a otra persona, lo que no acontece en la especie.

A juicio de este órgano colegiado resultan infundados los agravios de la autoridad recurrente, pues con independencia de que en el procedimiento administrativo, el quejoso haya autorizado al licenciado José Arturo Ayala Bello, para recibir todo tipo de documentación, aun las de carácter personal, lo cierto es que también lo designó como su abogado defensor, nombramiento que de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos de remoción, comprende la facultad de interponer recursos a nombre de su defendido.

Debe partirse por señalar que tratándose del cumplimiento de los requisitos de permanencia en la corporación policiaca de la que fue removido el quejoso, en todo caso comprende la responsabilidad administrativa en que pudiera incurrir el servidor público sujeto al procedimiento respectivo, el cual forma parte del marco normativo de responsabilidades de los servicios públicos que nace del título cuarto de la Constitución Federal, pues involucra la conducta del servidor público en la medida en que ésta es fundamental en la práctica de las evaluaciones periódicas a que se ve sujeto, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que tales funciones deben observar en el ejercicio de su cargo, y en estas condiciones, debe aplicarse la Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos, y atender en consecuencia, lo dispuesto por el artículo 45 del propio ordenamiento, el cual establece que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas por dicha ley, así como en la apreciación de las pruebas, deben observarse las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales.

Las consideraciones anteriores se ven reforzadas con el criterio sustentado por este órgano colegiado, en las tesis que derivaron de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión RA. 1872/2001, fallado en sesión de dieciséis de marzo del año en curso (pendientes de publicar), que llevan por rubro y texto, los siguientes:

"REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, POLICÍA JUDICIAL FEDERAL Y PERITOS. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTRUIDOS EN SU CONTRA BAJO LAS NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME AL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.-Conforme al principio de especialidad de las normas, la norma especial tiene aplicación preferente respecto de la norma general y, en ese sentido, se dice que la deroga, o también que la desplaza en cuanto a su aplicación; es decir, que cuando en la regulación de una determinada figura o situación jurídica confluyan diversas normas de igual jerarquía, una con características de generalidad y otra de naturaleza especial, en la medida en que ésta regule y resuelva la situación jurídica concreta, deja de tener aplicación aquélla, pero si a la inversa, la norma especial no resuelve la cuestión concreta planteada, entonces conserva su vigencia y aplicabilidad la norma general. Según el principio aludido, la relación existente entre la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Federal de Procedimientos Penales, se da en función de la relación que a su vez existe entre la primera de ellas y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece obligaciones a cargo de los agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y peritos, y la conducta que deben observar en el desempeño de su función, las relativas a su ingreso y permanencia en la institución del Ministerio Público, así como los mecanismos para determinar su responsabilidad, y las sanciones correspondientes, por lo que debe reconocerse que, en todo caso, aquellos funcionarios, como servidores públicos, son sujetos de las responsabilidades a que se refiere el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera que los procedimientos que se instruyan en su contra para determinar su remoción, constituyen procedimientos administrativos de responsabilidad."

"-Sobre los procedimientos administrativos de remoción de agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y peritos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República nada prevé sobre las normas reguladoras de la prueba, particularmente sobre su ofrecimiento, desechamiento, desahogo, la impugnación de pruebas, el examen y valoración de las mismas, y el alcance probatorio de cada una de ellas, en cuyo caso, debe acudirse al ordenamiento jurídico de igual jerarquía que regule y resuelva tales cuestiones procesales. Los procedimientos administrativos instruidos contra agentes del Ministerio Público de la Federación, de la Policía Judicial Federal y peritos, para removerlos de su cargo, implican su responsabilidad como servidores públicos y, en tal virtud, es aplicable en dichos procedimientos la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; de manera que si el artículo 45 de esta ley señala que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en aquel ordenamiento federal, así como en la apreciación de las pruebas, deben observarse las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, y que en lo conducente deben atenderse las del Código Penal, es claro que en los procedimientos administrativos previstos por la ley orgánica, también le resultan aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, pues los preceptos normativos referentes a las obligaciones a cargo de los servidores públicos en el desempeño y permanencia en el ejercicio de su función, implica necesariamente salvaguardar la legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez de la función pública, principios consagrados por el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Así, de las constancias que integran el expediente administrativo de remoción, se observa el acta levantada el veinte de junio de dos mil con motivo de la audiencia a que se refiere el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (foja 181 del legajo de pruebas), en la que se hizo constar la comparecencia del hoy quejoso Jaime Flores Martínez, quien nombró al licenciado José Alberto Ayala Bello, para recibir todo tipo de documentación, aun la de carácter personal, nombrándolo también su abogado para que lo asesorara como persona de su confianza, profesional que acreditó encontrarse autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho y haber aceptado y protestado el cargo conferido.

De la constancia examinada se advierte que si bien el agraviado facultó al profesional mencionado para recibir toda clase de documentos, aun los de carácter personal, también es verdad que fue designado como su defensor en el procedimiento administrativo en cuestión, y con tal nombramiento deben entenderse conferidas las facultades de representación, incluidas las necesarias para interponer recursos, conforme lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales, ordenamiento legal de aplicación supletoria en el procedimiento de remoción.

Encontramos ejemplificativamente en el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, que cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante la autoridad ministerial, debe procederse inmediatamente a hacerle saber los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguación previa, de los siguientes:

"Artículo 128. ...

"b) Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio;

"c) Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguación;

"d) Que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguación, para lo cual se permitirá a él y su defensor consultar en la oficina del Ministerio Público y en presencia del personal, el expediente de la averiguación previa;

"e) Que se le reciban los testigos y demás pruebas que ofrezca y que se tomarán en cuenta para dictar la resolución que corresponda, concediéndosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca en entorpecimiento de la averiguación y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde aquélla se lleva a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolverá sobre la admisión y práctica de las mismas. ..."

Por su parte, el diverso numeral 160 del propio código procesal penal, establece que el inculpado puede designar a personas de su confianza para que lo defiendan, pero en caso de que la designación no recaiga sobre quien tenga cédula profesional de licenciado en derecho o autorización de pasante, conforme a la ley que reglamente el ejercicio de las profesiones, el tribunal dispondrá que intervenga, además del designado, un defensor de oficio que oriente a aquél y directamente al propio inculpado en todo lo que concierne a su adecuada defensa.

El artículo 388, prevé que debe ordenarse la reposición del procedimiento por alguna de las causas siguientes:

"Artículo 388. ...

"VII bis. Por existir omisiones graves de la defensa en perjuicio del sentenciado; se reputan como omisiones graves de la defensa:

"a) No haber asesorado al inculpado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos imputados en el proceso;

"b) No haber asistido a las diligencias que se practicaren con intervención del inculpado durante la averiguación previa y durante el proceso;

"c) No haber ofrecido y aportado las pruebas necesarias para la defensa del inculpado;

"...

"XIV. Por haberse negado a alguna de las partes los recursos procedentes, o por haberse resuelto la revocación en forma contraria a derecho; y ..."

También cabe considerar lo dispuesto por el artículo 391 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que cuando el tribunal de apelación notare que el defensor faltó a sus deberes por no haber interpuesto los recursos que procedían; por haber abandonado los interpuestos, cuando de las constancias de autos apareciere que debían prosperar; por no haber alegado circunstancias probadas en el proceso y que habrían favorecido notablemente al inculpado, o por haber alegado hechos no probados en autos, podrá imponerle una corrección disciplinaria o consignarlo al Ministerio Público si procediere; y que si el defensor fuere de oficio, el tribunal deberá, además, dar cuenta al superior de aquél, llamándole la atención sobre la negligencia o ineptitud de dicho defensor.

Como se ve, el contexto de las disposiciones procesales señaladas, permite concluir que la institución de la defensa debe entenderse en su acepción más amplia y no limitada, en atención a que se privilegian valores fundamentales en los que para un acusado es latente la afectación de bienes jurídicos tan relevantes como su libertad e incluso la de su vida como acontece en los asuntos emanados del fuero militar, de manera que es posible considerar que el defensor o la persona de confianza designada por el inculpado o responsable para que lo represente, no tan sólo tiene amplias facultades para interponer los recursos que procedan, sino que constituye una grave omisión que puede dar lugar a fincarle responsabilidad, no interponer los recursos procedentes, o abandonar los que haya interpuesto a nombre de su representado.

De ahí que con certeza se afirme que el sistema de recursos establecido por el Código Federal de Procedimientos Penales, faculta a los defensores para hacer valer a nombre de sus defendidos o representados, los recursos contra las resoluciones que le sean desfavorables, según proceda en cada caso en particular.

De lo anterior se aprecia entonces, que el nombramiento de defensor efectuado por el quejoso en el procedimiento administrativo de remoción, conlleva la facultad de interponer a nombre del defendido o representado el recurso de rectificación a que se refiere el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, pues el profesional así designado goza de la capacidad procesal necesaria para realizar a nombre del autorizante cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de éste, sobre todo si se trata de una resolución desfavorable a los intereses del representado, lo que se corrobora por la circunstancia de que la interposición de un recurso encuadra dentro del cúmulo de facultades encaminadas a sustentar una adecuada defensa, de lo que deviene inexacto lo sustentado por la autoridad recurrente en el agravio examinado, que el nombramiento realizado por el servidor público únicamente fue para recibir documentación, en razón de que la copia certificada del acta levantada con motivo de la audiencia de ley, el veinte de junio de dos mil, demuestra que el nombramiento referido no se limitó a la simple recepción de documentos.

Por otra parte, no asiste la razón a la autoridad recurrente cuando alega que la sentencia de amparo carece de congruencia, porque la Juez de amparo concedió la protección constitucional exponiendo argumentos no señalados en la demanda de garantías, y resolvió la litis constitucional sin atender estrictamente lo planteado por las partes, añadiendo cuestiones no hechas valer por las mismas.

En oposición a lo que sostiene la autoridad responsable, la parte quejosa alegó a título de conceptos de violación, entre otras cuestiones, que las responsables sin fundar ni motivar el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil, emiten el desechamiento del recurso de rectificación, violando el artículo 16 constitucional al no señalar el precepto legal en que se basaron para emitir el acuerdo reclamado, y que el abogado designado en el procedimiento administrativo de remoción sí tenía personería dentro del mismo, pues desde la primera audiencia la autoridad le reconoció tal carácter. A su vez, la Juez de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, por considerar que la persona que interpuso el recurso de rectificación resultó ser el abogado que el quejoso señaló para que lo representara en el procedimiento administrativo de remoción, misma persona que interpuso en su oportunidad recurso de apelación en contra de un diverso auto de veinte de junio de dos mil, el cual fue resuelto por la autoridad, con lo que resultaba evidente que la autoridad transgredió las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en el artículo 16 constitucional, apartándose de los lineamientos del principio de congruencia que debe regir en todo procedimiento, pues en éstos no se deben contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí, lo cual sucede en la especie pues, por una parte, la responsable admitió y resolvió un recurso de apelación que promovió el abogado de la parte quejosa y, posteriormente, desechó un diverso medio de impugnación promovido por dicha persona. De lo anterior, se aprecia que la concesión del amparo solicitado por el quejoso se debió a que el auto reclamado no se encontraba debidamente fundado y motivado, lo que sí fue alegado por el agraviado, de manera que no es exacto que la Juez de amparo haya expuesto argumentos ajenos a la litis planteada por las partes y añadiendo cuestiones no hechas valer por las mismas.

Las razones antepuestas ponen en evidencia lo infundado de los agravios de la autoridad recurrente, en virtud de lo cual las consideraciones que sustentan la sentencia inconformada deben quedar intocadas para seguir rigiendo el sentido de la misma.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 83 a 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.-En la materia del recurso, se confirma la sentencia dictada el ocho de diciembre de dos mil, terminada de engrosar el veinticinco de enero del año en curso, por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en los autos del juicio de amparo número 709/2000.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Jaime Flores Martínez, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución, y vuelvan los autos al juzgado de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el toca.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: presidente Roberto Avendaño, Hilario Bárcenas Chávez y Jorge Arturo Camero Ocampo, lo resolvió el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo ponente el último de los nombrados.

Nota: Las tesis de rubros: "REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, POLICÍA JUDICIAL FEDERAL Y PERITOS. LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INSTRUIDOS EN SU CONTRA BAJO LAS NORMAS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONFORME AL TÍTULO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas con los números I.2o.A.4 A y I.2o.A.5 A, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, páginas 758 y 757, respectivamente.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7362-20d0dbe4/remocion-de-agentes-del-ministerio-publico-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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