AMPARO CONTRA LEYES. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI NO SE LLAMÓ A JUICIO A UNA DE LAS CÁMARAS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AUN CUANDO EXISTA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA RECLAMADA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Con el propósito de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, cabe puntualizar que el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver el veintiséis de agosto de dos mil cuatro el amparo en revisión número 83/2004, en lo conducente, sostuvo:
"Mexicali, Baja California. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, correspondiente al día veintiséis de agosto de dos mil cuatro.
"VISTOS; para resolver el amparo en revisión toca número 83/2004, relativo al juicio de amparo número 117/2003-2; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de marzo de dos mil tres, ante la Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en la ciudad de Tijuana, Baja California, Jesús González Soto, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada Accesorios y Refacciones del Valle, Sociedad Anónima de Capital Variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del presidente de la República, Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director general del Diario Oficial de la Federación, todos con residencia en México, Distrito Federal, reclamando: ‘a. Del presidente de la República. La promulgación del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, en específico, las reformas efectuadas al último párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a los párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo del artículo tercero del impuesto sustitutivo del crédito al salario del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002. b. Del H. Congreso de la Unión. El proceso legislativo consistente en el inicio, discusión, aprobación y expedición del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, en específico, las reformas efectuadas al último párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a los párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo del artículo tercero del impuesto sustitutivo del crédito al salario del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002. c. Del secretario de Gobernación. El refrendo y rúbrica del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, en específico, las reformas efectuadas al último párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a los párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo del artículo tercero del impuesto sustitutivo del crédito al salario del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002, decreto que expidió el presidente de la República en cumplimiento del artículo 89, fracción I, de la Constitución Política del país. d. Del director del Diario Oficial de la Federación. La publicación del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, en específico, las reformas efectuadas al último párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a los párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo del artículo tercero del impuesto sustitutivo del crédito al salario del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002.’
"SEGUNDO. El mencionado Juez Sexto de Distrito en el Estado, residente en Tijuana, Baja California, por auto de diez de marzo de dos mil tres, tuvo por admitida la demanda de garantías, registrándola con el número 117/2003-2, y tramitada que fue, con fecha doce de agosto de dos mil tres, se llevó a cabo la audiencia constitucional, y posteriormente dictó sentencia concediendo el amparo solicitado a la parte quejosa.
"TERCERO. Inconforme con la anterior resolución, el subprocurador Fiscal Federal de Amparos, en representación del presidente de la República, por ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, y de los subsecretarios de Hacienda y Crédito Público, de Ingresos, de Egresos, oficial mayor, y del procurador fiscal de la Federación, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por este tribunal mediante auto de catorce de junio de dos mil cuatro, radicándolo con el número 83/2004, y tramitado que fue, con fecha veinticinco de junio del presente año, se turnó al Magistrado relator José Encarnación Aguilar Moya, para proyecto de resolución.
"CUARTO. El agente del Ministerio Público Federal adscrito, notificado que fue, no formuló pedimento.
"CONSIDERANDO:
"PRIMERO. Este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República; 82, 83, fracción IV, 85, 89 y 90 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme al Acuerdo General Número 23/2001, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco de abril de dos mil uno; así como el Acuerdo Número 31/2004, en relación a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en este Décimo Quinto Circuito y sede, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de abril de dos mil cuatro, y Acuerdo Número 5/2001, punto quinto, fracción I, inciso d), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, toda vez que sobre el problema de constitucionalidad planteado existe jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se verá en el considerando cuarto.
"SEGUNDO. Resulta innecesario el análisis tanto de la resolución recurrida como de los agravios expresados y, por ende, su transcripción, pues este Tribunal Colegiado advierte una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo, al dejar de oírse en el juicio a una de las partes que tiene derecho a ello conforme a la ley, lo que impone ordenar la reposición del procedimiento en los términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes:
"De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2o. de la ley de la materia, el juicio de amparo se debe sustanciar y decidir con sujeción a las formas y procedimientos previstos en el libro primero, denominado ‘Del amparo en general’.
"Dentro de las reglas aludidas, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tienen el carácter de parte en el juicio de amparo, la autoridad o las autoridades responsables.
"Asimismo, conforme al artículo 11 del ordenamiento en cita, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.
"Por su parte, el artículo 147 de la ley reguladora de los artículos 103 y 107 constitucionales, establece que una vez admitida la demanda de amparo se pedirá a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del término de cinco días, de acuerdo al artículo 149 del propio ordenamiento.
"En el caso a estudio, se aprecia que la parte quejosa señaló como autoridad responsable, entre otras, al Congreso de la Unión, de quien reclamó: ‘El proceso legislativo consistente en el inicio, discusión, aprobación y expedición del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2002, en específico las reformas efectuadas al último párrafo del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y a los párrafos tercero, quinto, séptimo y octavo del artículo tercero del impuesto sustitutivo del crédito al salario del decreto por el que se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de enero de 2002.’
"De acuerdo con lo anterior, al constituir el acto reclamado del Congreso de la Unión, esencialmente, la expedición del decreto, y tener el carácter de autoridad responsable, es parte en el juicio constitucional, motivo por el que se debió llamar a juicio tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, pues conforme al artículo 50 de la Constitución General de la República, el Congreso de la Unión se compone por ambas Cámaras, a quienes en su conjunto les corresponde el desarrollo del proceso legislativo previsto en el artículo 72 del mismo ordenamiento, sin que se le hubiere citado a juicio.
"En efecto, de las constancias que integran el expediente del juicio de amparo, se aprecia que mediante oficio 6725 de fecha diez de marzo de dos mil tres, que obra a fojas noventa y tres, se solicitó el informe justificado al Congreso de la Unión; sin embargo, en autos no obra el acuse de recibo correspondiente de que hubiese recibido ese oficio, y si bien existen diversos acuerdos de primero y veinticuatro de abril y veintiuno de mayo de dicho año, mediante los que se difirió la audiencia constitucional (fojas 128, 146 y 196), y que esos diferimientos fueron notificados al Congreso de la Unión, según acuses de recibo que se encuentran agregados a fojas 197, 199, 220 y 223 de autos, también lo es que los mismos únicamente fueron recibidos por la Cámara de Diputados de dicho Congreso de la Unión, como así se desprende del matasellos que consta en esos acuses de recibo, por ende, en todo caso a quien se citó a juicio fue a la Cámara de Diputados, pero no así a la de Senadores dado que no existe ninguna evidencia de ello, y como dicha Cámara conforma el Congreso de la Unión responsable, al no habérsele llamado al juicio de garantías que se revisa, ello revela que, en el caso, no se entabló en forma legal la relación jurídico-procesal dentro del juicio de amparo, aun cuando en estas condiciones el Juez de Distrito, conforme al considerando segundo de la sentencia recurrida, tuvo por ciertos los actos reclamados al Congreso de la Unión, no obstante que para tener por emplazada debidamente a la autoridad responsable citada, es preciso que obre constancia de que se requirió efectivamente a la Cámara de Senadores para que rindiera su informe con justificación, o bien, que aun cuando no exista tal constancia se hubiera rendido el informe aludido por parte de esa Cámara, lo cual no se desprende de las constancias que integran el sumario de mérito, lo que trasciende al desarrollo del juicio, pues a dicha Cámara le corresponde el desempeño de actos específicos dentro del proceso legislativo y, por consecuencia, debe ser oída en defensa de la constitucionalidad de los actos que se le atribuyen, al formar parte del órgano denominado Congreso de la Unión.
"En virtud de lo anterior, conforme al artículo 91, fracción IV, última parte, de la Ley de Amparo, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, por haberse violado las reglas fundamentales que rigen el desarrollo del juicio de amparo, al no haberse oído en juicio de manera integral a una de las partes del mismo, para el efecto de que se reponga el procedimiento, y se emplace a la Cámara de Senadores, recabándose el informe con justificación de dicha Cámara, que forma parte de la autoridad responsable designada como Congreso de la Unión, por las razones citadas en esta ejecutoria.
"Es aplicable en lo conducente, y a contrario sensu, la tesis 1a./J. 11/2004, jurisprudencia emitida por la Primera Sala en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 265, cuyos rubro y texto dicen:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. AUN CUANDO EL HECHO DE NO LLAMAR A JUICIO A ALGUNA DE LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN PROCESAL, RESULTA INNECESARIO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI LO QUE PROCEDE ES NEGAR EL AMPARO O SOBRESEER EN EL JUICIO. Si se toma en consideración que conforme a los artículos 2o., 5o. fracción II, 11, 116, fracción III, 147 y 149 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías debe tramitarse y sustanciarse con arreglo a las formas y procedimientos determinados en la propia ley, y que a falta de disposición expresa se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles; que la autoridad responsable, es decir, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado es parte en el juicio de amparo; que el peticionario de garantías debe señalar en su demanda a la autoridad o autoridades responsables, indicando con precisión a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación cuando se trate de amparo contra leyes; así como que el juzgador que conozca del juicio de amparo debe llamar a la autoridad o autoridades responsables para que justifiquen la constitucionalidad de los actos que se les atribuyan, resulta indudable que siempre debe llamarse a juicio a la autoridad o autoridades responsables. En consecuencia, si de acuerdo con los artículos 73, 74, 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión cuenta con facultades legislativas exclusivas, diferentes, autónomas e independientes de las atribuidas a las Cámaras que lo integran en lo individual, es claro que en un juicio de amparo indirecto promovido contra una ley expedida por aquel órgano conforme a dichas facultades, debe llamarse a juicio a ambas Cámaras y no sólo a una de ellas, porque de lo contrario se violarían las reglas fundamentales que norman el procedimiento, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la legislación de la materia; sin embargo, dicha violación procesal sólo debe repararse cuando cause perjuicio a la propia autoridad, porque si en el fondo se advierte que habrá de negarse el amparo solicitado o sobreseerse en el juicio, resulta innecesario ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se llame a juicio a la Cámara inaudita, ya que esa medida sólo retrasaría inútilmente el trámite y solución del asunto.’
"Finalmente, y toda vez que en el caso se podría estar en la posibilidad de que se confirmara la resolución que en esta vía se recurre, conforme a la jurisprudencia 58/2003, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública del veintiocho de octubre de dos mil tres, que establece lo siguiente:
"‘CRÉDITO AL SALARIO. EL IMPUESTO SUSTITUTIVO DE AQUÉL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL TRES, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, POR INCURRIR EN EL MISMO VICIO A QUE SE REFIERE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 11/2003. Dicha jurisprudencia es aplicable al mencionado artículo transitorio vigente en el ejercicio fiscal de dos mil tres reformado en el artículo tercero, «Impuesto sustitutivo del crédito al salario», del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de treinta de diciembre de dos mil dos, dado que subsisten las razones fundamentales que dieron lugar a declarar la inconstitucionalidad del anterior precepto vigente en el año de dos mil dos, por violación al principio de proporcionalidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, constitucional. Esto es así, porque aquel precepto establecía la opción de que los contribuyentes que realizaran erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado en territorio nacional pagaran el impuesto sustitutivo del crédito al salario, mediante el entero de una cantidad equivalente a la que resultara de aplicar la tasa del 3% sobre el total de la base gravable, o bien, que podían no pagarlo, aunque en este supuesto se les impedía disminuir del impuesto sobre la renta a su cargo o del retenido a terceros aquellas cantidades que entregaron a sus trabajadores por concepto de crédito al salario, por un importe igual al que hubiesen tenido que pagar de no haber ejercido esta última opción. En relación con este sistema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte sostuvo que los contribuyentes quedaban obligados a tomar en cuenta no sólo las erogaciones que realizaran por la prestación de un servicio personal subordinado, sino también un elemento ajeno a su capacidad contributiva, como lo es el crédito al salario que en efectivo debían entregar a sus trabajadores, cuyo monto no depende del contribuyente sino de los sueldos que en forma individual percibían cada uno de sus empleados, así como de las tarifas que establecía el artículo 115 de la referida ley, desconociéndose con ello su potencialidad real para contribuir al gasto público. Tal vicio de inconstitucionalidad subsiste en las reformas al referido artículo tercero transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal dos mil tres, pues aun cuando se pretendió suprimir el requisito relativo a la «no disminución de crédito al salario», lo cierto es que dicho precepto establece como condición para ejercer la opción de «no pago», que los contribuyentes cumplan con lo previsto por el artículo 115 de dicha ley, esto es, que deberán «enterar conjuntamente con las retenciones que efectúen ... un monto equivalente al crédito al salario mensual que hubiesen calculado», lo cual evidencia que se sigue tomando en cuenta el crédito al salario pagado a los trabajadores, dado que no desaparece la consecuencia directa e inmediata de entregar al fisco federal el importe de ese crédito al salario, por lo que el vicio de inconstitucionalidad subsiste al considerarse de nuevo ese elemento que es ajeno a la capacidad contributiva de quienes realizan erogaciones por la prestación de un servicio personal subordinado.’. Atento a lo anterior, resulta evidente que se dejaría sin defensa a la diversa autoridad Cámara de Senadores y, por ende, al Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pues como quedó asentado en líneas precedentes, ambas Cámaras constituyen el Congreso de la Unión.
"Finalmente, no escapa a este tribunal que en el Tomo XX, julio de 2004, Novena Época, sección Tribunales Colegiados de Circuito y acuerdos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aparece en la página 1331 la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, en cuyo rubro se dice: ‘AMPARO CONTRA LEYES. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO DE UNA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES INNECESARIO CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA QUE DEFINE EL TEMA DEL ASUNTO EN TRATO.’. Sin embargo, este Tribunal Colegiado disiente de tal criterio, en primer lugar, porque la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que se transcribió en el párrafo precedente, indica que la reposición del procedimiento es innecesaria cuando se niega o sobresee en el juicio de amparo contra leyes, pero de ningún modo incluye el caso de cuando se concede el amparo. En segundo lugar, aun cuando la tesis referida no distingue si la reposición es innecesaria aun cuando haya o no jurisprudencia sobre la constitucionalidad de la ley que se discute en el juicio de amparo de que se trate, este órgano colegiado estima que no se incluyó este último supuesto, en razón de que, el llamamiento a juicio a la autoridad responsable persigue el irrestricto cumplimiento a la garantía de audiencia establecida en la Constitución de nuestro país, para que las partes estén en posibilidad de ejercer sus derechos procesales y sobre todo para preservar los derechos de quienes puedan verse afectados por una sentencia concesoria del amparo en un juicio de garantías; por ello, esta garantía constitucional está por encima del principio de economía procesal que enarbola la jurisprudencia del Tribunal Colegiado que se contradice.
"De acuerdo a lo anterior, es claro que el criterio que aquí se sustenta es contradictorio con el que sostiene el Cuarto Tribunal Colegiado, en la tesis de jurisprudencia que emitió y que ya quedó precisada en el párrafo anterior, lo cual obliga a denunciar la contradicción de tesis sustentada entre dicho tribunal y este Cuarto Colegiado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, a fin de que el Máximo Tribunal de Justicia determine el criterio que debe imperar."
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito al resolver el tres de junio de dos mil cuatro el amparo en revisión número 204/2004, en los mismos términos que los amparos en revisión números 162/2004, 357/2004, 95/2004 y 305/2004, en lo conducente, sostuvo:
"Saltillo, Coahuila. Acuerdo del Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, correspondiente al día tres de junio de dos mil cuatro.
"VISTOS; para resolver los autos del amparo en revisión número 204/2004, relativo al juicio de amparo indirecto número 287/2003; y,
"RESULTANDO:
"PRIMERO. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil tres en la Oficialía de Correspondencia del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Monclova, Coahuila, Vic de Monclova, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal Rolando Marcelo Villarreal Cereceres, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos que a continuación se transcriben:
"Autoridades responsables.
"a) H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en Avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15969, México, Distrito Federal.
"b) Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio en la residencia de los Pinos, puerta número 1, colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, Distrito Federal.
"c) C. Secretario de Gobernación, con domicilio en Bucareli número 99, primer piso, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06699, México, Distrito Federal.
"d) Director general del Diario Oficial de la Federación, con domicilio en Abraham González número 48, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal.
"e) C. Secretario de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Palacio Nacional, Primer Patio Mariano, tercer piso, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06066, México, Distrito Federal.
"f) Subsecretario de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Avenida Hidalgo número 77, módulo 1, primer piso, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, Distrito Federal.
"g) C. Tesorero de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en Avenida Constituyentes número 1001, colonia Belén de las Flores, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, Distrito Federal.
"h) Presidente del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Avenida Hidalgo número 77, módulo 1, primer piso, colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, Distrito Federal.
"i) C. Administrador local de Recaudación de Saltillo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Venustiano Carranza No. 2845, Col. La Salle, C.P. 25240.
"j) C. Administrador local de Auditoría Fiscal de Saltillo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Boulevard Venustiano Carranza No. 2845, Col. La Salle, C.P. 25000.
"k) C. Administrador local Jurídico de Saltillo, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Privada Andrés Saucedo No. 985, esq. Abasolo, Col. Topo Chico, C.P. 25000.
"V. Actos reclamados.
"A. Del H. Congreso de la Unión, o sea el Poder Legislativo Federal, integrado por un Congreso General dividido en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, lo siguiente:
"1) La expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002; en cuanto a que establece inconstitucionalmente, que dentro de los ingresos que percibirá la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, se encuentra comprendido un impuesto sustitutivo del crédito al salario (se transcribe).
"2) La expedición del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002; principalmente de su artículo tercero transitorio y del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dichos dispositivos establecen lo siguiente: (se transcribe).
"B. Del C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
"1) La promulgación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, y del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, especialmente, de su artículo tercero transitorio y artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicados estos dispositivos en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002.
"2) El acuerdo por el que dicho C. Presidente ordenó al C. Secretario de Gobernación, la publicación para su observancia de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2003 y del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, especialmente, del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del artículo tercero transitorio.
"3) Los acuerdos, órdenes y todo acto de ejecución que el C. Presidente emita; artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; que tengan por objeto la ejecución de las leyes que se reclaman mediante el presente juicio de garantías.
"Estos actos del C. Presidente, al ser derivados de actos (leyes inconstitucionales), adolecen de los mismos vicios de inconstitucionalidad; por lo que violan en perjuicio de la quejosa las garantías que les otorgan los artículos 14, 16, 31, fracción IV, 73, fracción VII y 74, fracción IV, constitucionales.
"C. Del C. Secretario de Gobernación.
"1) El refrendo, en términos del artículo 13 de la administración pública federal, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, y del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, especialmente del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del artículo tercero transitorio de dicha ley publicados estos actos en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de diciembre de 2002.
"2) Las órdenes para que el C. Director del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación, publicara estos decretos en el Diario Oficial de la Federación.
"Actos éstos que al ser derivados de leyes inconstitucionales adolecen de los mismos vicios; en violación a las garantías a que se refieren los artículos 14, 16, 31, fracción IV, 73, fracción VII, 74, fracción IV y 92, constitucionales.
"D. Del C. Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente del C. Secretario de Gobernación.
"La publicación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003, y del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, especialmente del artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del artículo tercero transitorio de dicha ley, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002; acto de publicación que adolece de los mismos vicios de inconstitucionalidad de las leyes referidas.
"E. De los CC. Secretario de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Ingresos, presidente del Servicio de Administración Tributaria, tesorero de la Federación, administrador local de Recaudación de Saltillo, administrador local de Auditoría Fiscal de Saltillo y administrador Local Jurídico de Saltillo, se reclaman:
"Todos y cada uno de los actos de ejecución de las leyes que se reclaman mediante el presente juicio de amparo: Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003 y del decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del impuesto sustitutivo del crédito al salario, en cuanto a los preceptos de éstas, que específicamente se reclaman; actos de ejecución, entre otros, el fincar (liquidar) un crédito a car
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19400-3d949403/amparo-contra-leyes-debe-ordenarse-la-reposicion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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