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TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SUS DERECHOS EN VIRTUD DEL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO, ATENDIENDO A LA TEMPORALIDAD, DEBE CONSIDERARSE LA SITUACIÓN REAL EN QUE SE UBIQUEN Y NO LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA NULIDAD DE UN NOMBRAMIENTO, EN RELACIÓN CON SU NATURALEZA DE BASE O DE CONFIANZA, QUE PREVÉ EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INICIA HASTA QUE EL DOCUMENTO RESPECTIVO SE ENTREGA AL TRABAJADOR. TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS PODERES DE LA UNIÓN. LOS QUE POR ERROR SUFRAN DESCUENTOS POR CUOTAS SINDICALES, PUEDEN RECLAMAR SU DEVOLUCIÓN AL PATRÓN EQUIPARADO EN UN JUICIO LABORAL. TRABAJADORES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. REQUISITOS PARA ADQUIRIR EL DERECHO A LA INAMOVILIDAD.

Tipo de asunto: CONFLICTO DE TRABAJO 4/2005-C. · Registro digital (IUS): 19454
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADO ENTRE CLEMENTE GONZÁLEZ NUÑEZ Y EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y OTRO.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 303.

CONFLICTO DE TRABAJO 4/2005-C. SUSCITADO ENTRE CLEMENTE GONZÁLEZ NUÑEZ Y EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y OTRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver este conflicto laboral, según lo disponen los artículos 123, apartado B, fracción XII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 152, 153 y 160 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado que se trata de un juicio promovido por un trabajador de este Alto Tribunal con la finalidad de obtener una resolución en virtud de la cual se modifique la naturaleza de confianza del nombramiento que le fue conferido; y, además, la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación ya tramitó el procedimiento en términos de lo previsto en los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y emitió el dictamen a que se refiere el artículo 153 de este último ordenamiento legal y 1o. del Reglamento de Trabajo de dicha Comisión Substanciadora, aprobado en el Acuerdo 8/89 del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. Por principio, con base en el análisis integral de la demanda es pertinente señalar cuáles son las prestaciones principales que hizo valer el actor Clemente González Núñez, a saber:

1. Declaración de nulidad del nombramiento de técnico operativo adscrito al Almacén de Zaragoza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto de confianza.

2. Como consecuencia, se otorgue a favor del actor nombramiento de base que corresponde a su cargo como trabajador sindicalizado, por no encontrarse en los supuestos a que se refieren los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues las funciones que desempeña no son de dirección, inspección, vigilancia ni fiscalización.

3. La declaración de que el actor tiene laborando para el Poder Judicial de la Federación más de seis meses en el cargo de jefe de oficina.

4. Declaración de que no tiene nota desfavorable en su expediente.

5. Se efectúen las deducciones quincenales del salario del actor a favor del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

6. En caso de considerar improcedentes las anteriores prestaciones, solicita la devolución de las cuotas sindicales que se le dedujeron quincenalmente a partir del inicio de sus funciones como jefe de oficina (sic).

En cuanto a la devolución de cuotas sindicales cabe señalar que del análisis detenido de la demanda se advierte que el trabajador únicamente se refiere a las deducciones anteriores al otorgamiento del nombramiento del que se duele, dado que entre sus pretensiones se encuentra la relativa a que se le efectúen las deducciones quincenales de su salario a favor del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

A su vez, los demandados director general de Personal y director de Almacenes ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de sus representantes, opusieron las siguientes excepciones:

1. La de prescripción, ya que se hizo conocedor de la transformación de la plaza que ocupaba a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de catorce de febrero de dos mil cinco del Acuerdo Plenario 4/2005, y presentó su demanda el diecisiete de junio del año en curso, esto es, se excedió en el tiempo para la interposición de su demanda.

Además, en todo caso, prescribió su derecho a reclamar la nulidad de su nombramiento dado que el actor manifiesta que a partir del veinticinco de febrero de dos mil cinco tuvo conocimiento de la circular administrativa 1/2005 donde se informaba del cambio de nombramiento, por lo que al diecisiete de junio de dos mil cinco en que presentó su demanda, ya había transcurrido el plazo para la prescripción señalada.

2. Falta de legitimación para exigir que su plaza sea de base, pues el único facultado para arrogarse dicha atribución es el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, titular de las relaciones colectivas de los trabajadores.

3. Carece de acción y derecho el actor para impugnar su nombramiento, ya que fue otorgado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ser considerado en las plazas señaladas en el Acuerdo Plenario 4/2005, decisión que es definitiva e inatacable por ser actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

4. Carece de acción y derecho el actor para demandar la nulidad de nombramiento, ya que las funciones que desarrolla son de confianza, de ahí que su nombramiento deba ser de esa naturaleza, por lo que la transformación de aquél no transgrede lo previsto en el punto cuarto transitorio del Acuerdo General Plenario 4/2005.

5. El actor carece de acción y derecho en atención a que dada su calidad de trabajador de confianza se encuentra excluido del derecho para demandar la nulidad del nombramiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

6. Carece de acción y derecho el actor para reclamar la declaración de que tiene más de seis meses laborando para el Poder Judicial de la Federación en la plaza de chofer, así como de que no existe nota desfavorable en su expediente personal, dado que dichas cuestiones son de naturaleza administrativa y no son prestaciones laborales que deban reclamarse en un procedimiento jurisdiccional. Además, dadas las funciones desarrolladas por el actor, como es el manejo de inventarios, no puede sostenerse que el actor tenga un derecho adquirido a que se le basifique su plaza.

7. Carece de acción y derecho para la devolución de las cuotas sindicales que pretende, ya que una vez otorgado nombramiento de confianza no se le ha descontado cantidad alguna por dichas cuotas.

En ese orden de ideas, debe abordarse el estudio de la litis principal en el presente conflicto laboral, acorde con las pretensiones y excepciones antes sintetizadas, esto es, si asiste acción y derecho al actor para reclamar la nulidad del nombramiento de confianza otorgado en la plaza de técnico operativo adscrito al Almacén de Zaragoza, dado que a su juicio siempre ocupó un nombramiento de base.

TERCERO. En la demanda laboral el actor reclama como prestación principal la nulidad del nombramiento de técnico operativo adscrito al Almacén de Zaragoza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aduce que siempre se ha desempeñado como trabajador sindicalizado con el cargo de chofer, ya que las funciones que viene desarrollando no son propias de un trabajador de confianza.

Los demandados se excepcionaron en el sentido de que la acción se encuentra prescrita, toda vez que el actor se hizo conocedor de la transformación de la plaza que ocupaba a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de catorce de febrero de dos mil cinco del Acuerdo Plenario 4/2005, y presentó su demanda el diecisiete de junio del año en curso, esto es, se excedió en el tiempo para la promoción de su demanda.

Asimismo, aducen que prescribió el derecho del actor a reclamar la nulidad de su nombramiento dado que el mismo manifiesta que a partir del veinticinco de febrero de dos mil cinco tuvo conocimiento de la circular administrativa 1/2005, donde se informó del cambio del nombramiento, por lo que al diecisiete de junio de dos mil cinco en que presentó su demanda, ya había transcurrido el plazo para la prescripción señalada.

Ante ello, resulta conveniente precisar que se analiza, en primer lugar, la excepción de prescripción, pues el estudio de ésta es preferente a las diversas planteadas, ya que tiene carácter perentorio e impeditivo desde el punto de vista procesal y, por tanto, tiende a destruir la pretensión intentada, dado que de ser fundada haría innecesario el estudio de las demás que opusieron los demandados.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN, ESTUDIO PREFERENTE DE LAS EXCEPCIONES DE. Las excepciones de cosa juzgada, y de prescripción, tienen el carácter de impeditivas, desde el punto de vista procesal, supuesto que tienden esencialmente a destruir la eficacia de la acción, independientemente de su justificación intrínseca; por tanto, si la Junta responsable absolvió a la empresa demandada, porque consideró que se habían acreditado las excepciones de cosa juzgada y de prescripción opuestas por aquella, es indudable que en el amparo promovido contra el laudo de la Junta, deben estudiarse primeramente las excepciones mencionadas, y sólo en el caso de que se llegue a concluir que la autoridad debió considerarlas improcedentes, pueden estudiarse y decidirse las violaciones a las leyes de procedimiento, que se invoquen en la demanda de garantías." (Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXVI, página 1620)."

En ese orden de ideas, debe señalarse que en materia burocrática la prescripción del derecho a demandar en juicio la nulidad de un nombramiento se encuentra regulada en los artículos 112, 113, 116 y 117 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dichos numerales señalan:

"Artículo 112. Las acciones que nazcan de esta ley, del nombramiento otorgado en favor de los trabajadores y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo, prescribirán en un año, con excepción de los casos previstos en los artículos siguientes: ..."

"Artículo 113. Prescriben:

"I. En un mes:

"a) Las acciones para pedir la nulidad de un nombramiento, y ..."

"Artículo 116. La prescripción se interrumpe:

"I. Por la sola presentación de la demanda respectiva ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y

"II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, por escrito o por hechos indudables."

"Artículo 117. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción; sino cumplido el primer día hábil siguiente."

De los preceptos transcritos se desprende que existe disposición expresa en el sentido de que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad de un nombramiento es de un mes.

En ese orden de ideas, el término para que opere la prescripción de la acción de nulidad de nombramiento, debe empezar a contar a partir de la fecha en que el trabajador recibe el documento en el que consta su nombramiento, pues sólo a partir de ese momento tendrá conocimiento pleno de las condiciones que le son fijadas en el mismo, en términos de lo previsto en el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho numeral señala:

"Artículo 15. Los nombramientos deberán contener:

"I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio;

"II. Los servicios que deban prestarse, que se determinarán con la mayor precisión posible;

"III. El carácter del nombramiento: definitivo, interino, provisional, por tiempo fijo o por obra determinada;

"IV. La duración de la jornada de trabajo;

"V. El sueldo y demás prestaciones que habrá de percibir el trabajador, y

"VI. El lugar en que prestará sus servicios."

Como se advierte de este numeral, el documento en el que conste el nombramiento debe contener datos de especial relevancia sobre los términos en que se desarrollará la respectiva relación laboral.

Por tanto, sólo a partir del momento en el que el trabajador conoce el contenido de su nombramiento puede iniciar el plazo de prescripción para impugnar su validez, ya que con anterioridad se encuentra imposibilitado para hacer valer sus defensas.

En esas condiciones, para estar en aptitud de pronunciarse respecto a si transcurrió el término prescriptivo a que se ha hecho referencia, debe atenderse a lo manifestado por las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, las constancias que obran en el expediente y a las pruebas ofrecidas por éstas en el presente conflicto de trabajo.

En ese tenor, cabe recordar que los demandados adujeron que el actor se hizo conocedor de la transformación de la plaza que ocupaba a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de catorce de febrero de dos mil cinco del Acuerdo Plenario 4/2005 y, además, que manifestó que a partir del veinticinco de febrero de dos mil cinco tuvo conocimiento de la circular administrativa 1/2005, donde se informaba del cambio del nombramiento, por lo que de esas fechas al diecisiete de junio de dos mil cinco en que presentó su demanda, ya había transcurrido el plazo de un mes para la prescripción señalada.

Lo anterior resulta infundado en atención a que para realizar el cómputo de la prescripción a que hace alusión la parte demandada, debe tomarse en cuenta la fecha a partir de la cual el actor tuvo conocimiento del documento en el que consta su nombramiento y no las diversas fechas que se adujeron en la contestación de la demanda.

Se estima así, pues si bien el actor supo que existiría un cambio en los nombramientos, incluso en el relativo a la plaza que él ocupaba, en ese momento aún no conocía el contenido preciso del nuevo documento en el que constaría su nombramiento, ya que ni la publicación del citado acuerdo general ni la entrega de la circular en comento se referían a todas y cada una de las condiciones señaladas en el artículo 15 antes transcrito, máxime que en el referido Acuerdo General Plenario 4/2005 no se hizo referencia a la naturaleza de base o de confianza del nombramiento correspondiente, cuestión de la que se duele en el presente juicio.

En ese orden de ideas, resulta infundada la excepción de la parte demandada en el sentido de que el término para computar la prescripción es a partir de que el actor se hizo conocedor de la transformación de la plaza que ocupaba dada la publicación en el Diario Oficial de la Federación de catorce de febrero de dos mil cinco del Acuerdo General Plenario 4/2005 o a partir del veinticinco de febrero de dos mil cinco, fecha en la que tuvo conocimiento de la circular administrativa 1/2005 pues, se insiste, en esas fechas aún no tenía conocimiento de la naturaleza de base o de confianza de su nuevo nombramiento.

CUARTO. La parte demandada hace valer en su contestación de la demanda la excepción de falta de legitimación del actor, ya que el único facultado para reclamar la naturaleza de base del nombramiento que ocupa el actor, es el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

Al respecto, cabe señalar que la legitimación en la causa implica la necesidad de que la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona, ya que debe accionarse por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional.

Esta cuestión no puede resolverse generalmente en el curso del juicio sino únicamente en la sentencia, por tratarse de una cuestión de fondo, es decir, perentoria, y si bien se ha manifestado por este Alto Tribunal que la legitimación puede estudiarse de oficio en cualquier fase del juicio, ello se refiere a la legitimación en el proceso y no a la legitimación en la causa.

Precisado lo anterior y a efecto de determinar si el actor tiene legitimación para demandar la nulidad del nombramiento otorgado, debe tomarse en cuenta que el mismo es el documento donde consta la designación de determinada persona para desempeñar un cargo o empleo público, y con éste se formaliza la relación laboral con el titular de la entidad respectiva o dependencia; máxime que el artículo 12 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado precisa que los trabajadores prestarán sus servicios en virtud de nombramiento expedido por el funcionario facultado para ello.

Además, este nombramiento debe contener los requisitos que señala el artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo que genera certeza al trabajador sobre las condiciones en las que deberá desarrollar las actividades que le serán encomendadas. La aceptación de ese nombramiento obliga a las partes, tanto a la que lo expidió como a la trabajadora, a cumplir con los deberes inherentes al mismo, tal como lo dispone el artículo 18 de la citada ley burocrática.

En ese contexto, dado que constitucionalmente la naturaleza de base o de confianza de un nombramiento implica el surgimiento de diversos derechos para el trabajador al servicio del Estado, principalmente el goce de la estabilidad en el empleo, es menester concluir que sí trasciende a su esfera jurídica y lo legitima para acudir a juicio el hecho de que al actor se le otorgue un nombramiento en el que se defina la naturaleza de base o de confianza del mismo, de ahí que resulta infundado lo aseverado por la demandada.

Por otro lado, también debe declararse infundada la excepción relativa a que fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cual mediante Acuerdo General Plenario 4/2005 determinó la naturaleza del nombramiento del actor.

En efecto, si bien en el Acuerdo General Plenario 4/2005 se creó la plaza 1459, de técnico operativo, debe señalarse que en dicho acuerdo general no se precisó si el nombramiento respectivo sería de base o de confianza, ya que mediante el referido acuerdo únicamente se creó la plaza en comento, mas no se emitió pronunciamiento alguno sobre si las funciones de esa plaza serían de confianza o de base.

Por tanto, resulta infundada la mencionada excepción dado que no fue el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el órgano que fijó la naturaleza de confianza del nombramiento aquí controvertido.

QUINTO. Por otra parte, en relación con la nulidad de nombramiento que solicita el actor, la demandada se excepcionó manifestando que aquél carece de acción y derecho para impugnar su nombramiento, ya que las funciones que desarrolla son de confianza, de ahí que su nombramiento deba ser de esa naturaleza, por lo que la transformación de aquel que tenía en su calidad de interino no transgrede lo previsto en el punto cuarto transitorio del Acuerdo General Plenario 4/2005, además, dada su calidad de trabajador de confianza se encuentra excluido del derecho para demandar la nulidad del nombramiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el diverso 180 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues sus funciones eran las de realizar inventarios en la Dirección de Almacenes.

Ante ello, para abordar las excepciones de la demandada es necesario, en primer lugar, analizar si como lo dijo ésta, el trabajador tenía un nombramiento en virtud del cual realizaba funciones propias de un trabajador de confianza, para lo cual se estima conveniente analizar la naturaleza del nombramiento que tenía antes de la entrada en vigor del Acuerdo General Plenario 4/2005, siendo oportuno precisar previamente el marco jurídico que regula los nombramientos en este Alto Tribunal, por lo que a continuación se reproduce el texto de los artículos 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción IV, 6o., 46, fracción II, 63, 64 y 65 de la citada ley burocrática, que establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"...

"XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:

"...

IV. En el Poder Judicial: los secretarios de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, los secretarios del Tribunal Pleno y de las Salas. ..."

"Artículo 6o. Son trabajadores de base:

"Los no incluidos en la enumeración anterior y que, por ello, serán inamovibles. Los de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de seis meses de servicios sin nota desfavorable en su expediente."

"Artículo 46. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por causa justa. En consecuencia, el nombramiento o designación de los trabajadores sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las dependencias por las siguientes causas:

"...

"II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación."

"Artículo 63. Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se moverá el escalafón; el titular de la dependencia de que se trate nombrará y removerá libremente al empleado interino que deba cubrirla."

"Artículo 64. Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso escalafón; pero los trabajadores ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter de provisionales, de tal modo que si quien disfrute de la licencia reingresare al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa el escalafón y el trabajador provisional de la última categoría correspondiente, dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para el titular."

"Artículo 65. Las vacantes temporales mayores de seis meses serán las que se originen por licencias otorgadas a trabajadores de base en los términos del artículo 43 fracción VIII de esta ley."

También debe tomarse en cuenta que los artículos 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan:

"Artículo 180. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrán el carácter de servidores públicos de confianza, el secretario general de Acuerdos, el subsecretario general de Acuerdos, los secretarios de estudio y cuenta, los secretarios y subsecretarios de Sala, los secretarios auxiliares de Acuerdos, los actuarios, la persona o personas designadas por su presidente para auxiliarlo en las funciones administrativas, el coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, los directores generales, los directores de área, los subdirectores, los jefes de departamento, el personal de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y todos aquellos que tengan a su cargo funciones de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios."

"Artículo 182. Los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, no previstos en los dos artículos anteriores, serán de base."

De los artículos transcritos, por principio, se advierte que al establecerse en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional que "la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza", el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por su cargo, es decir, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social.

Así, resulta patente que conforme a lo previsto en el citado precepto constitucional, la determinación sobre qué trabajadores al servicio del Estado son de confianza y, por exclusión, cuáles son de base, quedó al arbitrio del legislador, precisándose en la propia Norma Fundamental que éste señalaría los cargos de confianza; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, no permite desconocer que, ocasionalmente, puede no suceder con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza.

Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, ya que de considerarse exclusivamente la denominación de éste, se podría sujetar la voluntad soberana a lo determinado en el acto administrativo mediante el cual el patrón equiparado nombra a un servidor público, cuando es el patrón el que debe someterse a la majestad de la Constitución General de la República y de las leyes emanadas de ésta.

Ante ello, de la interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 5o. y 6o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 180 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcritos, se arriba al convencimiento de que con independencia de que a los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se les otorgue algún nombramiento de los previstos en los citados artículos 5o. y 180, es menester atender a la naturaleza de las funciones que desarrollan y no a la denominación del nombramiento, por tanto, debe estimarse que en este Alto Tribunal son servidores públicos de confianza los que realizan las atribuciones propias del secretario general de Acuerdos, del subsecretario general de Acuerdos, de los secretarios de estudio y cuenta, de los secretarios y subsecretarios de Sala, de los secretarios auxiliares de Acuerdos, de los actuarios, de auxilio al presidente en sus funciones administrativas, de coordinador de Compilación y Sistematización de Tesis, de director general, de director de área, de subdirector, de jefe de departamento, de apoyo y asesoría de los servidores públicos de nivel de director general o superior, y de vigilancia, control, manejo de recursos, adquisiciones o inventarios.

En tal virtud, para determinar cuándo un servidor público de este Alto Tribunal es un trabajador de confianza o de base, debe atenderse a las funciones que le corresponde desarrollar, con independencia de la denominación del puesto que ocupe, pues si tal distinción resulta relevante para efectos constitucionales en virtud de que el trabajador de base goza de estabilidad en el empleo y el de confianza no, para arribar a una conclusión sobre la existencia de esa prerrogativa debe adoptarse un criterio que atienda a la esencia de las cargas de trabajo y no a la mera formalidad de la denominación del puesto, ya que de lo contrario se dejaría de lado lo dispuesto en la Constitución General de la República y precisado por el legislador en ejercicio de la potestad conferida en el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de esa Norma Fundamental, quedando al arbitrio del patrón equiparado determinar qué funciones de los trabajadores al servicio del Estado son propias de los de confianza y cuáles de los de base.

En relación con lo anterior, resulta aplicable la tesis P. XXXII/2004, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, que lleva por rubro, texto y datos de identificación:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘a ley determinará los cargos, que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo, ya que de considerarse exclusivamente la denominación de éste, se podría sujetar la voluntad soberana a lo determinado en el acto administrativo mediante el cual el patrón equiparado nombra a un servidor público, cuando es aquél quien debe someterse a la majestad de la Constitución General de la República y de las leyes emanadas de ésta." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, junio de 2004, tesis P. XXXII/2004, página 7).

En abono a lo anterior y para estar en posibilidad de pronunciarse sobre las consecuencias jurídicas de la situación laboral en la que se encontraba el actor antes de la expedición de su nuevo nombrami

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19454-d56ac192/trabajadores-al-servicio-del-estado-para-determinar-si · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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