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Modo: Corpus Pro

LEY MONETARIA. LA EXPRESIÓN EN MONEDA NACIONAL CONTENIDA EN LEYES, REGLAMENTOS, CIRCULARES U OTRAS DISPOSICIONES EN VIGOR CON ANTERIORIDAD AL 1o. DE ENERO DE 1993, DEBEN CONVERTIRSE A LA NUEVA UNIDAD MONETARIA VIGENTE A PARTIR DE ESA FECHA, PARA PAGARLAS, COMPUTARLAS O EXPRESARLAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2004-PL. · Registro digital (IUS): 18668
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 66.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2004-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

CUARTO. La Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veintidós de noviembre de dos mil dos la contradicción de tesis 60/2002-PS, suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, respecto del tema materia de contradicción, sostuvo:

"SEXTO. Una vez precisado lo anterior y, correlativamente a las consideraciones de fondo, conviene para mejor comprensión del tópico que nos ocupa iniciar nuestro análisis haciendo referencia a los distintos métodos de interpretación jurídica que admite nuestro sistema jurídico nacional, y así determinar cuál debe prevalecer y ser el aplicable para dirimir la controversia central que nos ocupa. Este Supremo Tribunal y la doctrina mexicana han admitido en su devenir histórico a diversos sistemas de interpretación jurídica, partiendo de la base de que interpretar una ley es desentrañar el sentido de lo que su normatividad encierra o subyace en su contenido. Luego, si bien puede válidamente afirmarse que existen tantos sistemas de interpretación de la ley como autores o estudiosos del derecho hay, también es de estimarse como factible el que se puedan resumir como métodos de interpretación legal más comunes y aceptados -mismos que responden generalmente a la necesidad de regir la realidad jurídica en que se encuentra inmerso un pueblo determinado y, por ello, su fuente de inspiración procede rigurosamente de fenómenos sociales, económicos y políticos preexistentes en una época y lugar también determinado, o bien, para que dicha normatividad se ajuste a las exigencias impuestas por la sociedad a que se encuentra dirigida para poder alcanzar su conveniente y efectiva aplicación-, a los sistemas de interpretación gramatical, comparativo, deductivo, lógico, teleológico, histórico o sistemático, entre otros. Por lo que, en esta ocasión y por obvias razones, limitaremos nuestro análisis tanto al método gramatical como al sistema histórico de interpretación jurídica, por haber sido éstos los utilizados por los tribunales contendientes y constituir -como se dijo- la razón fundamental para que hubiesen arribado a conclusiones diferentes y contradictorias sobre el tópico que nos ocupa. Así, se tiene que el método o sistema de interpretación histórico progresivo se encuentra basado, como su nombre lo indica, en el análisis histórico de las leyes e instituciones adecuadas a la manera de ser que cada pueblo tiene o debe tener en determinada época de su vida, esto es, este sistema pretende reflejar o desentrañar el espíritu del pueblo que rige, el cual basa sus leyes en los usos, costumbres y tradiciones inherentes a la idiosincrasia que aquél representa. En cambio, el método gramatical o filológico considera las palabras y a las frases contenidas en las normas, aisladamente, esto es, analiza las palabras o frases desconectadas del resto del ordenamiento jurídico que interpreta para así establecer cuál debe ser su significado, sea que se esté en el caso de simples palabras o la redacción o la puntuación si se trata de frases. Es verdad que este Supremo Tribunal al respecto ha sustentado el criterio que cuando se trate de fijar el alcance de una disposición contenida en un ordenamiento legal, ante la insuficiencia de elementos que deriven de un análisis literal, sistemático, causal o teleológico, debe acudirse tanto a una interpretación histórica tradicional como a la histórica progresiva; sin embargo, también ha sostenido que cuando de la literalidad de dichos preceptos se desprenda cuál es la intención del legislador al plasmar un principio que regule una disposición vigente, es incuestionable que dicha interpretación deberá basarse en lo que en forma expresa y con meridiana claridad se desprende de los términos, frases o palabras utilizadas, desde luego, sin que ello signifique que este método deba siempre aplicarse y en forma absoluta. Esto es así, pues si la redacción de los preceptos permiten la adecuación de su sentido a las circunstancias que pretenden regir, sean éstas jurídicas o de cualquier otra índole, y fijan su alcance sin que ese hecho les imprima un cambio sustancial, es inconcuso que en tal supuesto el intérprete debe atender en exclusiva al sentido de las palabras o términos utilizados, pues lo que se busca es evitar desconocer o desnaturalizar los propósitos perseguidos con la promulgación de la normatividad aludida. Es por ello que, para poder determinar legalmente los fines perseguidos por el legislador ordinario en la controversia que nos ocupa, nace la necesidad ineludible del intérprete de recordar lo que al respecto establece el artículo 14 constitucional, directamente, en lo concerniente a los sistemas admitidos por el Constituyente para resolver una controversia judicial de carácter civil, al ser ésta la materia de los debates litigiosos de los cuales provienen las ejecutorias de amparo que dieron origen a los criterios encontrados que conforman la contradicción de tesis aquí denunciada. Así, se tiene que el artículo 14 de la Constitución General de la República expresamente establece: (se transcribe). Lo que significa que el Constituyente de Querétaro, otorgando especial preponderancia a los principios de legalidad y seguridad jurídica, establece textualmente como sistema de interpretación a seguir en las controversias de orden civil o para todas aquellas relaciones o actos jurídicos de esa índole celebrados por particulares como producto de sus actividades cotidianas, al método de interpretación literal o gramatical. Ello, al establecer con meridiana claridad como lineamiento ineludible el que todo intérprete o encargado de decir el derecho en controversias judiciales civiles debe ceñirse con primacía a la expresión gramatical que contengan las leyes, y sólo a falta de ésta o de que resulte confusa u oscura, sólo entonces, podrán estar autorizados para acudir y, de ser el caso, aplicar cualesquiera otros métodos de interpretación jurídica o, en su defecto, a los principios generales de derecho. De esta forma, a la interpretación literal de la ley que implica el extraer su sentido atendiendo a los términos gramaticales que en su texto se encuentren concebidos, se le debe otorgar total validez legal cuando su expresión literal sea clara y precisa, sin que sea dable eludirla bajo el pretexto de penetrar al espíritu de la ley, puesto que la actividad del intérprete en tales casos debe ceñirse a otorgarle el alcance que conforma su contenido al no presumirse que el legislador, para expresar su objetivo, se haya apartado de las reglas normales y usuales del lenguaje, por lo que, a contrario sensu, cuando el texto de la ley sea equívoco o conduzca a conclusiones contradictorias o confusas, es inconcuso que tal literalidad no puede ni debe ser fuente de las decisiones jurisdiccionales sino que, en tales casos, debe acudirse a otro sistema de interpretación jurídica que permita desentrañar su contenido en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional. Tal apreciación se robustece con los criterios establecidos por este Supremo Tribunal, en las tesis cuyos rubros, texto y demás datos de identificación son del tenor literal siguiente: Quinta Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XVIII. Página 894. ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe). Quinta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXI. Página 2244. ‘LEY INTERPRETACIÓN DE LA.’ (se transcribe). Quinta Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XC. Página 2090. ‘CONTRATOS, INTERPRETACIÓN DE LOS (LEGISLACIÓN DE JALISCO).’ (se transcribe). No se omite hacer mención a la recomendación que sobre estos aspectos realiza este Supremo Tribunal, cuando refiere que en toda interpretación literal de un precepto legal no debe desvincularse, en términos generales, del análisis sistemático del ordenamiento legal del que forma parte integrante, a fin de que sea congruente con el propósito u objetivo lato sensu perseguido por este último con su expedición. Lo que significa que el intérprete de la ley no debe sólo atender en puridad al significado de la letra, vocablos o frases utilizados por el legislador en el precepto, sino que -como quedó anunciado-, también debe observar y respetar a ese fin último perseguido por el legislador que subyace en la legislación de que se trate, es decir, deberá tener presente la finalidad o propósito latente y genérico que se encuentra inmerso en el corpus iuris del que es parte integrante. Sin embargo, sin que ello signifique contradecir a dicha recomendación y, en estricto apego al mandato constitucional aludido, se estima que cuando de la expresión literal del precepto se advierte con claridad lo que se sigue con su promulgación, no existe ya tal obligación de búsqueda del fin último que motivó la expedición de la legislación jurídica de la que forma parte, dado que ese objetivo genérico de que se habla también subyace y es coincidente con el específico del normativo sobre el cual recae dicho análisis particularizado, pues -como se dijo- no puede ni debe presumirse que el legislador, para expresar tal propósito, se hubiese apartado de las reglas normales y usuales del lenguaje. Asimismo, cabe advertir que una interpretación en estos términos concebida, de ninguna manera significa facultar u otorgar potestad al intérprete para que pueda rebasar los alcances del texto normativo o ese fin último que subyace genéricamente en la ley sujeta a análisis, pues ello no implica revestirlo de atribuciones legislativas, sino únicamente se le faculta a desentrañar y determinar el sentido de la ley mediante el método o sistema de interpretación jurídica autorizado. Luego, tratándose de asuntos de carácter civil, por disposición constitucional, el intérprete se encuentra obligado a estar -como ya se dijo en líneas anteriores-, en principio, al sentido literal de las palabras, vocablos o frases empleadas por el legislador en el normativo a estudio y sólo cuando la ley sea oscura o defectuosa en su redacción y no pueda mediante ese método advertirse o desentrañarse su sentido, sólo entonces estará facultado para acudir a la aplicación de otros métodos o sistema de interpretación legal o, en su defecto, a los principios generales del derecho. Por otro lado, cabe también señalar que toda interpretación que realice un juzgador debe recaer sobre normativos vigentes que tengan aplicación al caso en concreto sometido a su potestad jurisdiccional, pues sería ilógico pretender juzgar y aplicar cuestiones ya superadas o que quedaron en desuso por haber sido abrogadas o derogadas por posteriores legislaciones que rijan directa o indirectamente sobre esos mismos aspectos, y que aún sin ser constitutivos ni formar parte esencial del objetivo o propósito perseguido por la legislación arancelaria sometida a análisis, es inconcuso que al encontrarse estrechamente vinculados o relacionados con dicho ordenamiento, por regir algunos aspectos en aquél contemplados, también deben ser observados y aplicados por el juzgador y no omitir su observancia como así indebidamente se hizo por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, pues es incuestionable que se trata también de un derecho positivo y vigente de observancia obligatoria que responde a otros fines, propósitos o necesidades perseguidos por la misma sociedad a la cual se encuentra dirigida. Sirven de apoyo a esta consideración, en lo conducente, las tesis cuyos rubros, textos y demás datos de identificación son del tenor siguiente: Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XLIV, Segunda Parte. Página 86. ‘JURISPRUDENCIA, NATURALEZA.’ (se transcribe). Sexta Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen XLIX, Segunda Parte. Página 58. ‘INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.’ (se transcribe). En mérito de lo expuesto, es por lo que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coincide en este asunto, sustancialmente, con el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito pues, si bien es cierto, como se dice en el estudio efectuado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de ese mismo circuito, con base en un análisis histórico progresivo de los artículos primero y noveno transitorio del Decreto que reforma la Ley Monetaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, y utilizando parámetros comparativos pretendió precisar los alcances y efectos del término ‘inflación’ y, con apoyo además en la exposición de motivos de ese mismo ordenamiento, arribó a la conclusión de que en la especie deben actualizarse el monto de las tarifas al tipo de cambio actual. Esto, en razón de estimar que es contrario a los principios de justicia y equidad, así como al espíritu de la Ley Arancelaria en comento, la aplicación letrista de los aranceles de honorarios ahí establecidos y hacer su conversión automática a la moneda actual cumpliendo así, según refiere, con los motivos perseguidos con el establecimiento de tales tarifas arancelarias. Sin embargo, es de advertirse que tal consideración carece del debido sustento legal, en razón de haberse inobservado el mandato constitucional consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, así como también los principios de validez que rigen a los ámbitos de aplicación y observancia de una ley, como lo constituye el ámbito temporal de la vigencia de los aranceles para abogados del Estado de Jalisco. Esto es así, pues como se advierte de la narrativa anterior, previamente a la aplicación de cualesquier sistema o método de interpretación de leyes o resoluciones judiciales civiles, la norma constitucional antes citada exige que debe acudirse en principio al sistema gramatical o literal para desentrañar el contenido de sus textos, lo que en la especie no sucedió así, sin que se justifique dicha inobservancia, pues en el caso la literalidad de los preceptos de la Ley Monetaria en comento no representan ninguna oscuridad o impedimento para conocer y precisar su sentido, lo que sería la única razón aceptable para que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se hubiese visto obligado a desentrañar su significado acudiendo a cualesquiera otros métodos de interpretación jurídica, entre ellos, desde luego, el método histórico progresivo empleado. En efecto, los artículos 1o. y 3o., primero, tercero, quinto, séptimo y noveno transitorios del Decreto de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, en su literalidad establecen: (se transcriben). Con el texto de los anteriores artículos, sin duda, se corrobora lo antes dicho y, por ende, es de estimarse inadmisible la propuesta realizada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con base en la aplicación de otro método de interpretación distinto al literal o gramatical. Ello es así, pues de apartarse de los lineamientos establecidos en el párrafo cuarto del artículo 14 constitucional que consagra las garantías de legalidad y seguridad jurídicas, en relación con el tópico que nos ocupa, tal desacato arrojaría como consecuencia no deseada el revestir indebidamente al juzgador del papel de legislador, pues ante la claridad manifiesta de la ley, al utilizar esa clase de interpretación histórica progresiva, lo que realmente está creando es una nueva normatividad y, por ende, indebidamente asume facultades legislativas que no le son propias, lo que de suyo es inadmisible por las razones expuestas con saciedad. Cobra vigencia en esta consideración, la tesis cuyos rubro, texto y demás características de identificación son del tenor literal siguiente: Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXXVI. Página 73. ‘INTERPRETACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe). Por otro lado, también cabe recordar que por la expresión ámbitos de validez de una norma, debe entenderse el alcance, la dimensión o la esfera de validez de las normas jurídicas, esto es, las normas jurídicas se manifiestan valiendo en cierto tiempo, pues una norma comienza a tener vigencia en un momento y acaba en otro. De lo que se deduce que las normas jurídicas están referidas a procesos y tienen un carácter espacio-temporal, por tanto, cuando se afirma que una norma legal vale, significa que vale para un cierto espacio y para cierto tiempo, y es precisamente la relación de esa norma con el espacio y con el tiempo, lo que constituye el ámbito de validez espacial y temporal a que hemos hecho referencia en líneas anteriores. Ahora bien, en relación con lo que aquí interesa, conviene hacer referencia a la temporalidad que sigue a la vigencia de una ley y a la que precede a ese momento. Esto, en razón de que si bien generalmente las leyes sólo regulan comportamientos futuros, también puede darse el caso que regulen comportamientos ya ocurridos, lo que significa que se esté en presencia de normas con efectos retroactivos, las cuales excepcionalmente pueden ser aplicadas en nuestro país, directamente, en lo que corresponde a la materia penal y siempre que sea en beneficio del reo, tal y como así lo consagra el primer párrafo del artículo constitucional supracitado. Sin embargo, y fuera de este caso de excepción consagrado en nuestra Ley Fundamental, en general se puede afirmar que en nuestro sistema jurídico nacional un ordenamiento legal sólo tiene vigencia como derecho positivo durante el tiempo que se encuentren reguladas las conductas contenidas en las normas que lo constituyen. De ahí que salvo contadas excepciones a un ordenamiento jurídico no se le pueda ni deba otorgar mayor vigencia temporal que la que se encuentre en él expresamente establecida, a no ser que se trate de la que tenga una duración indefinida y la extinción de las consecuencias de derecho que consagran dependa de la realización de ciertos supuestos, o bien, cuando dicha legislación se vea sustituida parcial o totalmente por otra normatividad que la venga a abrogar o derogar, lo que significa que, en tales casos, ya no se estaría ante la presencia de un derecho positivo, vigente y de observancia obligatoria. Por tanto, es válido arribar a la conclusión de que las normas jurídicas, en principio, rigen todos los hechos ocurridos durante el lapso de su vigencia y siempre que éstos sean concordantes con los supuestos normativos en ellas contenidos. Puntualizado lo anterior, y retomando el tópico central que nos ocupa, al constituir ese ámbito temporal de validez de una ley, el periodo durante el cual tiene vigencia, es inconcuso que el juzgador en tales casos sólo debe aplicarla durante ese lapso de tiempo que rige como derecho positivo y vigente. En ese contexto, no se justifica que en este asunto y en aras de otorgar al gremio de la abogacía honorarios justos y equitativos, se pretenda actualizar los montos de las tarifas contenidas en un ordenamiento legal arancelario que aún continúa vigente y, por ende, se trata de un derecho positivo de observancia obligatoria en esa entidad federativa. Interpretación que a todas luces resulta ser contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídicas consagradas en el artículo 14 constitucional, pues no es dable que el intérprete basado en un sistema de interpretación jurídica que, como ya quedó anotado en líneas anteriores, en el caso resulta inaplicable, pretenda actualizar los montos de honorarios que fueron establecidos conforme al valor de unidad monetaria circulante en la fecha de su promulgación, inobservando lo que al respecto se establece en la reforma de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, cuya publicación es de fecha posterior a la de aquélla, pues data del veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, y mediante la cual fue creada la nueva unidad del sistema monetario del país, en comento. Por tanto, la actualización de los montos arancelarios a que arriba el Tercer Tribunal Colegiado, además de carecer del debido sustento legal con base en lo antes dicho, es de verse que tal tarea compete única y exclusivamente al Poder Legislativo Local a iniciativa de los órganos facultados para ello. Luego, la conclusión de ese órgano colegiado es inadmisible. Esto es así, pues no obstante que condicionantes de índole económica, política y social, imperantes en nuestro país, hubiesen influido significativamente en el titular del Poder Ejecutivo Federal para que enviara al Congreso de la Unión, en fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, la iniciativa de ley mediante la cual fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, lo que originó la creación de una nueva unidad del sistema monetario del país, que si bien conservaría el nombre de ‘peso’, y su símbolo representativo $, equivaldría a mil pesos de los que en aquel entonces oficialmente se encontraban en circulación; ello de ninguna manera significa que, por ese simple hecho, los montos de las tarifas contenidas en la disposición arancelaria local supracitada, automáticamente estuvieran actualizados pues, incluso, en forma diáfana se estableció en el decreto reformatorio por el que se crea una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, directamente en los artículos séptimo y noveno transitorios, lo siguiente: (se transcriben). Luego, es de concluirse que si la unidad de medida pecuniaria cambiaria vigente al momento de la promulgación de dicho ordenamiento arancelario, no obstante haber desaparecido hoy en día como unidad de medida de cambio al haber sido sustituida por esa nueva unidad monetaria, los montos de tarifas ahí establecidas son los aplicables y, por ende, deben someterse a la conversión monetaria ordenada en la reforma a la ley ordinaria aludida; esto es así, pues si bien la nueva unidad monetaria recibe la misma denominación y símbolo distintivo (peso $), es incuestionable que no se trata de la misma unidad de cambio que regía al momento de haber iniciado su vigencia la disposición arancelaria controvertida. Ello, en razón de haber sido sustituida aquella unidad de cambio por una nueva, cuya conversión en relación con aquélla es de un peso ($1.00) por cada mil viejos pesos ($1,000.00), lo que implica que no obstante haber desaparecido como dinero circulante, en la nueva legislación ordinaria se prevé la forma de actualizar los montos contenidos en las leyes, reglamentos, circulares u otras disposiciones que hubiesen entrado en vigor con anterioridad al primero de enero de mil novecientos noventa y tres; hipótesis dentro de la cual es inobjetable que queda comprendido el arancel para abogados de esa entidad federativa. De ahí que si esta disposición arancelaria permanece hasta la fecha incólume y, por ende, conforme a su texto se encuentran vigentes las tarifas en ella contenidas, dada la fecha de su expedición, es inconcuso que toda relación o vínculo profesional que se actualice entre abogado-patrono y cliente, ante la falta de un acuerdo de voluntades sobre los honorarios devengados, debe aplicarse en sus términos y atenderse a la conversión ordenada por la nueva Ley Monetaria. Tal conclusión responde y es acorde al ámbito temporal de validez del ordenamiento arancelario en comento, pues al tener hasta hoy en día vigencia, su observancia deviene obligatoria para las autoridades jurisdiccionales competentes. Consecuentemente, en tanto no se promulgue una nueva ley o se realice la reforma arancelaria correspondiente, lo que -como ya se dijo- sólo compete al Congreso Local hacerlo a iniciativa de las autoridades estatales facultadas constitucionalmente para ello, dicho ordenamiento en la hipótesis que nos ocupa, es y debe ser aplicado en sus términos. En las relatadas condiciones y atento a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es de resolverse que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, en esencia, es coincidente con el propuesto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y que se contiene en la tesis de jurisprudencia cuyos rubro y literalidad son del tenor siguiente: HONORARIOS DE ABOGADOS. EN SU CUANTIFICACIÓN, CONFORME AL ARANCEL QUE LOS RIGE Y ANTE LA FALTA DE CONVENIO ENTRE EL ABOGADO POSTULANTE Y SU CLIENTE, DEBE APLICARSE EL DECRETO QUE CREÓ UNA NUEVA UNIDAD DEL SISTEMA MONETARIO NACIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). (se transcribe). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Tercero en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, al resolver los tocas correspondientes a los amparos en revisión 19/2002 y 2273/1999, respectivamente. SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis precisada en el considerando último de esta resolución." (fojas de la 30 vuelta a la 43).

QUINTO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el veintiocho de junio de dos mil dos la contradicción de tesis 15/2001-PL, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Octavo en Materia Civil del Primer Circuito, y Segundo y Cuarto en Materia Administrativa del Primer Circuito, respecto del tema materia de contradicción, sostuvo:

"OCTAVO. La presente contradicción ha de resolverse en el sentido de que sobre el tema a debate debe prevalecer el criterio que sienta esta Segunda Sala al tenor de las consideraciones que enseguida se anotan: De acuerdo con la materia de la contradicción de tesis precisada en el considerando que antecede, debe tenerse en cuenta que el artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria al juicio de garantías, en términos del numeral 2o. de la Ley de Amparo, establece: (se transcribe). También debe ponderarse que el decreto por el que se creó una nueva unidad del Sistema Monetario de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de junio de mil novecientos noventa y dos, y que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y tres, dispone, en su parte conducente: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Transitorio Primero.’ (se transcribe). ‘Transitorio Noveno.’ (se transcribe). De las anteriores transcripciones se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente desde el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, en caso de desacato a una orden judicial, los tribunales pueden imponer a discreción, diversos medios de apremio, entre otros, multa hasta de un mil pesos. Sin embargo, las disposiciones del citado decreto sólo deben entenderse aplicables para los casos en que con anterioridad a su entrada en vigor se hubieran contraído obligaciones monetarias, ya sea por convenio o por disposiciones legales o reglamentarias, puesto que no sería admisible que éstas se pagaran con base en la nueva unidad monetaria. Además, las multas a que alude el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles deben fijarse de acuerdo al valor que tenga la moneda al momento de imponerse la sanción, dado que el valor adquisitivo de la moneda va modificándose. En efecto, no existe razón alguna para sostener que al imponerse una multa por incumplimiento a un mandato judicial deban aplicarse las disposiciones transcritas del decreto referido, sólo porque el Código Federal de Procedimientos Civiles entró en vigor antes del decreto mismo, pues la sanción prevista en el artículo 59, fracción I, de ese ordenamiento legal, no se refiere a una determinada unidad monetaria, dado que la multa de un mil pesos debe fijarse con base en la unidad monetaria vigente cuando se incurra en desacato a un mandato judicial, que en la actualidad es de un mil nuevos pesos, pues de lo contrario, equivaldría a sostener que por el hecho de haber entrado en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles, antes que el decreto que creó una nueva unidad monetaria, quienes en este momento no den cumplimiento a una orden judicial tienen adquirido el derecho de que las multas que les sean impuestas se impongan con base en la Ley Monetaria aplicable al momento en que entró en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles que las establece, lo cual carece de sentido jurídico y lógico, puesto que la medida de apremio que regula el precepto legal de que se trata, no está referida a ningún ordenamiento monetario vigente en una época determinada, sino que la multa debe imponerse con base en la unidad monetaria vigente cuando se incurra en desacato al mandamiento judicial. Corrobora lo anterior, el hecho de que el Código Federal de Procedimientos Civiles se publicó en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres, fecha en que el peso como unidad monetaria tenía mayor valor adquisitivo que en la actualidad, de ahí que no sea válido sostener que un mil viejos pesos se consideren en la actualidad como un nuevo peso, sino como un mil nuevos pesos, pues como se mencionó, las multas previstas en ese ordenamiento legal, en caso de no cumplir con una orden judicial, deben fijarse de acuerdo al momento actual y al valor de la moneda. De lo anterior se infiere que la aplicación del artícu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18668-f5d779d8/ley-monetaria-la-expresion-en-moneda-nacional-contenida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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