Corpus
Modo: Corpus Pro

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2003-PL. · Registro digital (IUS): 18030
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si en el caso se da la contradicción de tesis denunciada, es menester atender a las consideraciones que se sustentaron en las resoluciones de las que emanan los criterios que se estima son opositores y que, a saber, son las siguientes:

A) Al resolver el amparo en revisión 482/2001, interpuesto por Alberto Bazbaz Sacal, en su sesión celebrada el veintiuno de mayo de dos mil tres, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el auto de veintiuno de mayo de dos mil uno, por el que el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por el aludido quejoso en contra de la resolución de nueve de abril anterior, mediante la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal le negó la información solicitada respecto del número de asuntos resueltos por los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios, pertenecientes a los circuitos primero, segundo y tercero. Las consideraciones respectivas, en su parte conducente, a la letra se leen:

"QUINTO. Previamente al análisis de la cuestión fundamental, es menester dirigir la atención a los antecedentes que arrojan las constancias de autos:

"a) Mediante escrito presentado en fecha diecinueve de enero de dos mil, Alberto Bazbaz Sacal, solicitó -con fundamento en lo previsto por los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, al Consejo de la Judicatura Federal, le proporcionara información relativa a los juicios de amparo -del conocimiento de los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, pertenecientes a los circuitos primero, segundo y tercero-, en los cuales se hubiera concedido o negado la protección constitucional, así como aquellos cuyas sentencias se recurrieron, habiendo sido modificadas o revocadas.

"b) En la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, señalada como acto reclamado -transcrita-, se determinó fundamentalmente que ... no puede acordarse de conformidad lo solicitado, porque la información requerida no se encuentra incorporada a un programa estadístico sistematizado que permita desahogar, en forma inmediata y confiable, lo peticionado.

"...

"c) En contra de la determinación que antecede, el solicitante ocurrió en demanda de protección constitucional, considerando violadas, en su perjuicio, las garantías de derecho a la información, seguridad jurídica y legalidad, consagradas en los artículos 6o., 14 y 16 de la Constitución General de la República.

"Es importante destacar que, en su demanda, concretamente en el apartado denominado ‘Capítulo especial de procedencia del juicio de amparo, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, cuando afecta la esfera jurídica de particulares y que tal afectación no constituye imposición de multa al promovente de una queja’, a fin de sustentar el medio extraordinario de defensa, la parte quejosa reprodujo -casi en su integridad-, el voto de minoría formulado por los señores Ministros Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Juventino V. Castro y Castro, al resolverse por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en fecha veinticinco de mayo de dos mil ... el expediente relativo al amparo en revisión número 1040/1999, promovido por Miguel Solórzano Albores.

"...

"d) La Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda interpuesta, en auto dictado el veintiuno de mayo de dos mil uno, resolvió desechar, por notoriamente improcedente, el juicio de amparo intentado.

"Para resolver en ese sentido, la Juez de origen consideró sustancialmente que el acto reclamado en el juicio de garantías lo constituye una resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la que negó al quejoso accesar a la información estadística solicitada. De ahí que en el caso concreto se advierta la causal inobjetable de improcedencia, en términos de lo previsto por el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de la materia, relacionado con el numeral 100 de la Constitución General de la República, el cual dispone expresamente la inatacabilidad de las resoluciones de dicho órgano del Poder Judicial de la Federación, con la única excepción cuando aquellas se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces; situación en la que no se ubica el impetrante de la protección constitucional. Afirmación que apoyó invocando el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, identificado con el número XIX.2o.28 K, de rubro: ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS DETERMINACIONES.’

"e) Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, aduciendo, en vía de agravios, que la tesis invocada por la Juez a quo ha sido superada por los criterios recientes del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; que la intención del Constituyente, cuando estableció la inatacabilidad de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, fue refiriéndose, exclusivamente, a las cuestiones administrativas e internas de la judicatura y, por ende, a sus funcionarios, pero no a aquellas que afecten la esfera jurídica de los particulares, quienes son ajenos a la institución; por ello, el carácter terminal y definitivo de sus resoluciones sólo opera en lo tocante a sus atribuciones de administración, supervisión, vigilancia, nombramientos y carrera judicial. Así las cosas, y toda vez que lo concerniente al otorgamiento de información estadística y a la confidencialidad del funcionamiento interno de los tribunales federales es un planteamiento diverso de tales facultades conferidas al consejo, es por lo que sí resulta procedente el medio extraordinario de defensa.

"Nuevamente, el ahora recurrente transcribe el voto minoritario formulado por los señores Ministros Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Juventino V. Castro y Castro, al resolverse por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fecha veinticinco de mayo de dos mil, el expediente relativo al amparo en revisión número 1040/1999, promovido por Miguel Solórzano Albores.

"...

"SEXTO. En principio, es importante precisar que la materia que se sustentará en la presente resolución la constituye únicamente el análisis de procedencia o no del juicio de amparo respecto del acto que se reclama.

"Dicho lo anterior, debe decirse, que a juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los agravios que sustentan el presente recurso de revisión resultan sustancialmente fundados; lo que en consecuencia, obliga a revocar, en sus términos, el auto de fecha veintiuno de mayo de dos mil uno, emitido por la Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a través del cual desechó por improcedente el juicio de amparo interpuesto, ordenándole admitir la demanda de garantías hecha valer por Alberto Bazbaz Sacal.

"Lo anterior es así, con apoyo en los razonamientos siguientes:

"En principio, conviene destacar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, en fecha once de agosto de mil novecientos noventa y ocho, los expedientes relativos a los amparos en revisión 1218/98 y 3263/97, promovidos respectivamente por Arturo Villegas Márquez y Maribel García García ... sostuvo, en lo conducente, las consideraciones que a continuación se reproducen: (se transcriben).

"Como se advierte de la transcripción que antecede, el Tribunal Pleno ha establecido que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación de naturaleza administrativa y no jurisdiccional, surgido de la intención del Constituyente Permanente, de liberar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las cargas de trabajo administrativo y darle más tiempo para el desahogo de sus funciones jurisdiccionales, pero sin que ésta perdiera su carácter de cabeza del sistema judicial.

"De ahí que se dotara al Consejo de la Judicatura Federal de diversas atribuciones relacionadas con la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial -pero, se insiste, en el ámbito administrativo del Poder Judicial de la Federación-, otorgándole a las resoluciones que emita la característica de ser definitivas e inatacables, es decir, de naturaleza terminal -salvo por lo que toca a la designación, adscripción y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito-.

"Por tanto, no es factible interpretar literalmente la expresión enunciativa contenida en el octavo párrafo del artículo 100 constitucional, en cuanto a que la regla general de inimpugnabilidad rija en modo absoluto en todos y cada uno de los actos que desarrolle dicho órgano del Poder Judicial de la Federación porque, por una parte, pudiera llegarse al extremo de estimar que ese medio de defensa se encuentra reservado para los funcionarios de este Poder de la Unión y, por la otra, se dejaría en estado de indefensión a los particulares que no guardan ninguna relación con el mismo, pero que pudieran resultar afectados en su esfera jurídica con motivo de alguna resolución emitida por el Consejo de la Judicatura Federal.

"Ello es así, habida cuenta que como esas resoluciones están revestidas de las características de ser definitivas e inatacables, luego entonces, el medio de defensa extraordinario, que es el juicio de amparo, tampoco procedería en su contra; lo cual resulta incongruente con nuestro sistema jurídico, salvaguardado por los numerales 103 y 107 de la Carta Fundamental, encargados de la institución del juicio de garantías contra todo acto de autoridad, como en el caso lo es el Consejo de la Judicatura Federal, al actuar dentro de un marco legal y específico de atribuciones y cuyos actos deben estar debidamente fundados y motivados. Precisamente aquí es donde se abre la posibilidad para sustentar la procedencia del juicio constitucional en contra de ese tipo de determinaciones, pues de lo contrario se romperían las reglas que lo sustentan, una vez que las autoridades lesionen derechos públicos subjetivos de los gobernados; sostener lo contrario, sería tanto como aceptar, inclusive, que éste órgano con facultades administrativas se encuentra por encima de la propia Constitución General de la República.

"Sobre el particular, es menester reproducir la parte conducente de la intervención que, en uso de la palabra, tuvo el senador Amador Rodríguez Lozano en la sesión que tuvo lugar en el recinto parlamentario, el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en la que, al referirse al Poder Judicial de la Federación como organismo de impartición de justicia, lo describió en la siguiente forma:

"‘Un Poder Judicial efectivo, eficiente, al alcance de todos, es la única garantía para que los ciudadanos se sometan a la ley, conscientes de que sus intereses legítimos son respetados ...’

"Así las cosas, deviene inobjetable concluir que el Poder Revisor de la Constitución jamás pensó que el Consejo de la Judicatura Federal pudiera tener un rango igual o superior al de la Suprema Corte de Justicia, sino que su intención estuvo dirigida a crear un órgano que le estuviera jerárquicamente subordinado, de carácter eminentemente administrativo, mas cuando sus actos trascienden a la esfera jurídica de los gobernados esos actos administrativos se convierten en actos de autoridad y, por ende, susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo; por lo que, consecuentemente, ingresan al campo jurisdiccional que le toca a este Alto Tribunal decidir, conforme a la reglas de competencia establecidas por la ley, tratándose de la vía indirecta, a los Jueces de Distrito.

"Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso específico la causal de improcedencia del juicio de amparo, invocada por la Juez Federal en el auto que se revisa, no es notoria y manifiesta.

"Es cierto que, como lo determinó la Juez a quo, conforme al octavo párrafo del artículo 100 constitucional, las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, salvo ciertas excepciones, entre las que no se encuentra el acto reclamado, pues éste se refiere a la negativa de proporcionar al quejoso información estadística relacionada con el funcionamiento de los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de los Circuitos Primero, Segundo y Tercero.

"Empero, tomando en consideración que, como en el caso, el acto reclamado consiste en la respuesta que se da a un particular respecto de una solicitud formulada por él, no se da el supuesto de la notoria improcedencia del juicio de amparo, pues como se señaló, ésta se actualiza cuando se surte uno de los supuestos respecto de resoluciones estrictamente administrativas, de carácter interno y en relación con Jueces y Magistrados, pero en modo alguno puede llegar al grado en que resolvió la Juez de Distrito al dejar en completo estado de indefensión a un particular que se siente afectado por una resolución de ese órgano administrativo.

"En ese orden de ideas, lo que procede es revocar en sus términos, el auto desechatorio que se revisa, ordenando a la Juez de Distrito del conocimiento la admisión de la demanda de garantías interpuesta."

Ahora bien, de la transcripción que antecede se advierte que al narrar los hechos que dieron origen al recurso de revisión del cual emana el criterio sustentado por la Primera Sala, expresamente se señaló que para demostrar la procedencia del juicio de amparo, tanto en su demanda de garantías como en su escrito de expresión de agravios, el quejoso Alberto Bazbaz Sacal aludió al voto de minoría formulado por los señores Ministros Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Juventino V. Castro y Castro, al resolverse por este Tribunal Pleno el amparo en revisión número 1040/1999, promovido por Miguel Solórzano Albores, y toda vez que es un hecho notorio que los señores Ministros antes referidos integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con excepción del último en cita, por haberse jubilado en el mes de diciembre de dos mil tres), se estima necesario transcribir, en su parte que interesa, las consideraciones que en torno a la procedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal se sustentaron en dicho voto minoritario, en tanto que éste es el tema que se abordó en la resolución antes transcrita, mismas que son del siguiente tenor:

"En torno al tema de discusión, relativo a la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra de las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Pleno, en sesión correspondiente al día 11 de agosto de 1998, al resolver los juicios de amparo en revisión 3263/97 y 1218/98, promovidos, respectivamente, por Maribel García García y Arturo Villegas Márquez, en esencia se consideró que si bien de conformidad con el artículo 100 constitucional las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal serían definitivas e inatacables, salvo ciertas excepciones, como lo eran las relativas a la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, dentro de las que no se encontraba el acto reclamado en la demanda de amparo que se desechó en el auto materia del recurso de revisión que se resolvía, por referirse a la destitución del cargo de secretarios de Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, dado que el Consejo de la Judicatura se había constituido como un órgano que asumió funciones que con anterioridad habían correspondido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no tenía facultades para conocer y resolver acerca de procedimientos y resoluciones concernientes a imputación de responsabilidad oficial por cuanto a servidores públicos pertenecientes a Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ni se le confirieron tales facultades al consejo, pues las atribuciones que le fueron otorgadas se circunscribieron a conocer de imputación de responsabilidad en el servicio público de Magistrados y Jueces de Distrito, conservándose en los titulares de los órganos el conocimiento de las responsabilidades de los servidores públicos a su cargo, en términos del artículo 97, cuarto párrafo, constitucional, debía considerarse que las resoluciones emitidas por el consejo respecto de servidores públicos diversas a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, en primera fase, no se encontraban dentro del ámbito de su competencia y que, por tanto, no revestían las características de tenerse como de naturaleza terminal e inimpugnables. Se determinó, por tanto, que la expresión de resolución definitiva e inatacable utilizada por el artículo 100 constitucional no podría hacerse extensiva a resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal concernientes a servidores públicos de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, porque dicho precepto era limitativo en cuanto a su referencia exclusiva a los titulares de los órganos de impartición de justicia y no de los servidores públicos de su adscripción.

"La conclusión anterior derivó, entre otros, del análisis a la iniciativa del presidente de la República relativa a la reforma de 1994 al artículo 100 constitucional, que dio origen a la creación del Consejo de la Judicatura Federal; iniciativa en cuya parte conducente se expresó: (se transcribe).

"Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor al día siguiente de su publicación, el artículo 100 constitucional fue modificado, entre otros, en su penúltimo párrafo, para especificar que no procede en contra de las decisiones del consejo ni juicio ni recurso alguno, quedando dicho párrafo en los siguientes términos: (se transcribe).

"En la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo, relativa a la reforma constitucional de que se trata, en lo conducente, se expresó: (se transcribe).

"Ahora, de acuerdo con lo anterior, al no existir duda de que el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano de naturaleza exclusivamente administrativa y que, por tanto, su competencia se limita al orden administrativo, resulta imposible otorgar la calidad de inimpugnable a cualquier tipo de determinación que emita, como se determinó en las ejecutorias referidas.

"Ciertamente, del proceso de reforma al artículo 100 constitucional se desprende que el Poder Revisor en ningún momento tuvo la intención de crear un órgano igual o superior en jerarquía a la Suprema Corte, sino uno que estuviese encargado de la parte administrativa del Poder Judicial Federal, a excepción del propio Alto Tribunal, además de que expresamente se dijo que el consejo estaría sometido, como cualquier otra autoridad, a los principios constitucionales y a la garantía de legalidad en cuanto a sus decisiones, lo cual hace suponer que la idea del Reformador Constitucional no era declarar improcedente el juicio de amparo en contra de tales determinaciones, sino solamente tratándose de aquellas relacionadas con Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, para quienes reservó el medio de impugnación consistente en el recurso de revisión administrativa que, al ser de la competencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, conforme a la letra del precepto invocado y por el diverso 122 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es evidente que contra una resolución de esa naturaleza ya no procede recurso alguno, ni el juicio de amparo mismo, acorde con la fracción I del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

"Resulta innecesario aclarar que si bien los razonamientos anteriores se formularon haciendo referencia a los servidores públicos del propio Poder Judicial de la Federación, como posibles afectados por las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, no excluye y resulta aplicable en relación con cualquier gobernado; por un lado, porque las características que deben reunir los actos de las autoridades administrativas para que puedan considerárseles válidos, en cuanto a que deban estar sujetos a un marco constitucional y legal de atribuciones, fundados y motivados, y ajustados por ello al principio de legalidad y de debido proceso legal, no depende de la calidad de los sujetos a quienes van dirigidos, sino del sólo hecho de que el emisor del acto tenga, por disposición legal, la calidad de autoridad; por otro, porque el interés para impugnar no deriva de la calidad del sujeto que resienta un agravio con las resoluciones del órgano en cuestión, sino de la afectación a sus derechos sustantivos, como en el caso en el que se impone una multa al quejoso, que no tiene el carácter de servidor público en el Poder Judicial de la Federación.

"En este contexto, la disposición constitucional que califica como definitivas e inatacables las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal no debe interpretarse de manera aislada, sino como parte integrante de un sistema conformado, en este caso, por toda la Carta Magna y, en la especie dentro de ese sistema, en los artículos 103 y 107 se contempla el juicio de amparo como el medio de control de los actos de las autoridades que lesionen derechos públicos subjetivos de los gobernados, que a su vez se encuentran tutelados en la llamada parte dogmática de la Constitución.

"Luego, de interpretar literalmente la expresión enunciativa del párrafo octavo del artículo 100 constitucional, en cuanto a que las decisiones del consejo serán definitivas e inatacables, bajo la excepción que ahí mismo se refiere, enfocada a la procedencia del recurso de revisión administrativa contra las resoluciones de dicho órgano colegiado relativas a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, nos conduciría a estimar que única y exclusivamente ese medio de defensa está circunscrito para esos funcionarios, y qué ocurre entonces con los demás servidores públicos o particulares que pueden ser sancionados, como aconteció con el quejoso, a quien se le impuso una multa por una falta administrativa.

"En atención a ello, una interpretación letrista del citado precepto nos llevaría, sin duda, a sostener que como esas resoluciones están revestidas de esas características de ser definitivas e inatacables, el medio de defensa extraordinario que es el juicio de amparo tampoco procedería en su contra, lo cual resulta incongruente con nuestro sistema jurídico, salvaguardado por los numerales 103 y 107 de la Carta Fundamental, encargados de la institución del juicio de amparo contra todo acto de autoridad.

"Por tanto, cuando el octavo párrafo del artículo 100 de la Constitución General de la República, en su parte inicial establece como decisiones del Consejo de la Judicatura Federal definitivas e inatacables, debe entenderse que se refiere aquellas determinaciones concernientes a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que no constituyen designación, adscripción, ratificación o remoción de tales servidores públicos y, como por vía de consecuencia, basada en el principio de exclusión, resulta que acudiendo a lo que establece el artículo 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación deberán tenerse como inimpugnables las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal que en relación con los Magistrados y Jueces mencionados les impongan sanciones consistentes en apercibimiento privado o público; amonestación privada o publica; sanción económica o suspensión temporal del encargo, precisamente de esos titulares de las respectivas unidades de impartición de justicia.

"No obsta el que, de acuerdo con la exposición de motivos transcrita, relacionada con la última reforma, se haya considerado que: ‘En cuanto a las facultades específicas del Pleno del Consejo de la Judicatura se considera necesario que, además de resolver sobre la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, también le corresponda decidir sobre la ratificación de los mismos, por tratarse de una decisión que tiene que ver con la permanencia de dichos funcionarios en la carrera judicial. Congruente con lo anterior, también se procede a realizar el ajuste correspondiente a fin de hacer extensivo el recurso de revisión administrativa a las inconformidades que en materia de ratificación interpongan los propios Magistrados y Jueces. Respecto del citado sistema de impugnación de las resoluciones del consejo, resulta conveniente clarificar, conforme al principio de definitividad vigente, la regla general según la cual en contra de las resoluciones del consejo no procede recurso o juicio alguno, incluido el juicio de amparo. Por excepción, el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia procede en los casos expresamente indicados en el propio texto.’

"Ello, porque de acuerdo al sentido y alcance de tal exposición, al incluirse como facultad específica del Pleno del Consejo de la Judicatura para resolver no sólo respecto de la designación, adscripción y remoción de Magistrados y Jueces, sino también sobre la ratificación de los mismos, sólo se hace extensivo el recurso de revisión administrativa a las inconformidades en materia de ratificación; lo cual se ve reflejado en el nuevo texto del artículo 100, conforme al cual sólo se está ampliando la procedencia de la revisión administrativa que como medio de defensa tienen los Magistrados y Jueces, tratándose de actos relacionados con la ratificación.

"Además, la circunstancia de que en la propia exposición de motivos se haya señalado que contra las resoluciones del Consejo de la Judicatura ‘no procede recurso o juicio alguno incluido el de amparo’, y que esto aparece reflejado en el texto vigente del precepto constitucional en comento, en el que se establece que las del consejo serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieren a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, como se dijo, sólo se refieren a aquellas decisiones del Consejo de la Judicatura concernientes a tales Magistrados y Jueces que no constituyan designación, adscripción, ratificación o remoción de tales servidores públicos; es decir, aquellas determinaciones que les impongan sanciones consistentes en apercibimiento privado o público; amonestación privada o pública; sanción económica o suspensión temporal del encargo precisamente de esos titulares; por todo lo cual se estima que dicha adición resulta ociosa, si se toma en cuenta que lo definitivo es inatacable y como tal no procede recurso ni juicio.

"Otro punto que es importante destacar radica en que la procedencia del amparo no pugna con la intención del Poder Revisor de la Constitución de dividir las funciones administrativas y las jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, ni tampoco limita las facultades del Consejo de la Judicatura Federal; por el contrario, se abre la posibilidad para el afectado de acudir al medio extraordinario en defensa de sus derechos, ante la falta de recursos ordinarios, estimación que es congruente con lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo 100 constitucional, que limita a regular las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal en materia de responsabilidad en el servicio público, únicamente en torno a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, a quienes inclusive otorgó la posibilidad de contar con el recurso administrativo de revisión para ser del conocimiento del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la inteligencia de que tratándose de otros servidores públicos o de otros actos decretados en contra de personas no relacionados con la actuación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito no los incluyó dentro de los supuestos del precepto 100 de la citada Ley Fundamental, con el significado de que su situación dentro de sus derechos, obligaciones y responsabilidades deban estimarse con una regulación diversa, prevista además con el resto de las normas fundamentales que rigen el juicio de garantías, así como las específicas que salvaguardan esos derechos supremos.

"A mayor abundamiento, el artículo 17 de nuestra Ley Fundamental previene varias garantías específicas del gobernado, entre las que destaca la prohibición de hacerse justicia por propia mano, el derecho a recibir justicia, la independencia de los tribunales instituidos, su imparcialidad y la ejecución de sus resoluciones. Así, lo podemos deducir de su contenido: (se transcribe y analiza).

"Bajo este contexto, desde luego, no puede quedar al margen la situación que guardan aquellas personas que son sancionadas por el Consejo de la Judicatura ante la imputación de hechos relacionados con la comisión de alguna falta administrativa relacionada con la falta al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la Federación en las promociones que se hagan ante dicho consejo, en términos de la fracción XXVIII del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues se hace patente que, de no admitir la procedencia del juicio de amparo contra esa clase de determinaciones, el afectado por ese acto de autoridad quedaría en completo estado de indefensión, al cerrársele la posibilidad de que alguno de los tribunales instituidos tramitara y resolviera el juicio de garantías con base en una interpretación restringida, aislada y letrista, además de perjudicial para los gobernados y contraria al demás entorno normativo constitucional; interpretar de manera distinta el octavo párrafo del numeral 100 del Pacto Federal choca abiertamente con el ánimo que debe conducir a todo impartidor de justicia y, con mayor razón, tratándose del Máximo Tribunal del país; por tanto, más

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18030-fe9cc710/consejo-de-la-judicatura-federal-en-contra-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.