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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AMPARO CONTRA LEYES. SUS DIFERENCIAS CUANDO SE TRAMITA EN LAS VÍAS INDIRECTA Y DIRECTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2003-PL. · Registro digital (IUS): 18670
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 6.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2003-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

TERCERO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 138/2002, en la materia de la presente contradicción, estimó en lo conducente:

"TERCERO. En primer lugar, el quejoso recurrente sostiene que el Tribunal Colegiado debió de estudiar el concepto de violación en el que propone la inconstitucionalidad del artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, ya que en la sentencia reclamada se le condenó con apoyo en ese dispositivo legal. Posteriormente, como agravios, propone las razones contenidas en sus conceptos de violación, por las que estima que ese precepto legal es inconstitucional. Suplida en su deficiencia es fundada la primera parte de los agravios propuestos, en atención a las siguientes consideraciones: En la sentencia reclamada, el Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito señaló lo siguiente: ‘... En las relacionadas consideraciones, estando acreditado el cuerpo del delito contra la salud, previsto en el artículo 197, fracción V, del Código Penal Federal vigente en la época de los hechos y actualmente previsto en el artículo 195, primer párrafo, del citado código, y también la plena responsabilidad de ... lo procedente es confirmar esta parte de la sentencia apelada.’. Siguió diciendo la autoridad responsable: ‘... Como el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal establece de cinco a quince años de prisión y de cien a trescientos cincuenta días multa, sumadas la mínima y la máxima de prisión nos da veinte años y dividida entre dos resulta una media de diez años de prisión, entonces la de once años y dos mil ochocientos dieciséis nuevos pesos, se ubica ligeramente arriba de ésta y, en consecuencia, resulta condigna con la temibilidad en que lo ubicó el juzgador, por lo que se impone confirmar también esta parte de la sentencia apelada.’. De las anteriores transcripciones se obtiene que al quejoso se le consideró penalmente responsable del delito contra la salud, previsto en el artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, que tilda de inconstitucional, como también se advierte que se le aplicó la pena que ese precepto legal establece. Ahora bien, en la sentencia recurrida, el Tribunal Colegiado señaló que era innecesario ocuparse de las consideraciones del acto reclamado así como de los conceptos de violación, pues advirtió una violación procesal que afectó las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo reclamado, consistente en que a la audiencia de vista del recurso de apelación, celebrada el veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, no compareció el agente del Ministerio Público de la Federación, por lo que determinó otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y reponga el procedimiento a partir de la audiencia de vista. Tal determinación la apoyó en la jurisprudencia de esta Primera Sala, que a continuación se transcribe: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, noviembre de 2000. Tesis 1a./J. 22/2000. Página 114. ‘AUDIENCIA DE VISTA EN LA APELACIÓN. LA INASISTENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 160, FRACCIONES X Y XVII DE LA LEY DE AMPARO).’ (se transcribe). Con objeto de pronunciarse sobre si fue correcto que el Tribunal Colegiado omitiera el estudio del concepto de violación en que se propuso la inconstitucionalidad del artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, por haber encontrado una violación procesal que justifica la concesión del amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir del momento en que se cometió esa violación, esta Primera Sala estima necesario tener en cuenta los efectos de la concesión del amparo en caso de que se estime fundado el concepto de violación en que se propone la inconstitucionalidad del artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal. Con ese propósito, se estima necesario recordar que en el juicio de amparo directo, el quejoso puede proponer la inconstitucionalidad de una norma legal, como un concepto de violación, para que se le otorgue la protección que solicita contra el acto que reclama y si el Tribunal Colegiado de Circuito estima fundado tal concepto de violación, la declaratoria de inconstitucionalidad que se hará en la parte considerativa de la sentencia, será la razón que motive la concesión del amparo en contra de la sentencia, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio, reclamado. Ahora bien, el efecto de una ejecutoria que concede el amparo en contra de una sentencia, laudo o resolución que ha puesto fin a un juicio, por estimar que en éste se aplicó una norma legal que es contraria a la Constitución Federal, será que se deje insubsistente la sentencia reclamada y que en el juicio del que deriva no se pueda volver a aplicar el precepto que se ha declarado inconstitucional. De las anteriores precisiones, podemos derivar que de estimar fundado el concepto de violación, en el que el quejoso propone la inconstitucionalidad del artículo 195, párrafo primero, del Código Penal Federal, el efecto del amparo que con este motivo se llegara a otorgar sería que la autoridad responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y que estuviera impedida para aplicar ese precepto al quejoso en el juicio en el que se dictó ésta. Entonces, si tomamos en consideración que con apoyo en el precepto legal que se tilda de inconstitucional, se sujetó al quejoso a un proceso penal y se le dictó sentencia condenatoria, nos resultará evidente que el beneficio derivado de una ejecutoria de amparo, en cuyas consideraciones se declarara la inconstitucionalidad de un precepto penal sustantivo es mucho mayor al obtenido con la reposición del procedimiento a partir de la audiencia de vista del recurso de apelación, ordenada en la sentencia que se revisa, lo anterior es así, porque en el primer caso, en el juicio penal en el que se dictó la sentencia reclamada no podría volver a aplicarse el precepto del Código Penal Federal que fundó la sujeción del quejoso al mismo y la condena que combate. De todo lo que se lleva dicho, podemos concluir que tratándose de juicios de amparo directo en materia penal, en los que se propone, como concepto de violación, la inconstitucionalidad del precepto penal sustantivo que fundó la sujeción del quejoso al proceso penal y la sentencia reclamada, ese argumento es de estudio preferente frente a los que se refieran a violaciones cometidas durante el procedimiento o al dictar sentencia, ya que el beneficio de la sentencia que otorgue el amparo por tal motivo es mucho mayor al que deriva de la ejecutoria que otorga la protección por violaciones procesales o de fondo, pues en el primer caso, la autoridad responsable, además de estar obligada a dejar insubsistente la sentencia reclamada, estará impedida para volver a aplicar en el juicio en que se dictó ésta, el precepto penal sustantivo que se declaró inconstitucional. No pasa inadvertido que en otras materias como son la civil, administrativa o laboral, es aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, consistente en que las violaciones procesales son de estudio preferente al examen de la constitucionalidad de un precepto legal aplicado en la sentencia reclamada, pues ésta se deja insubsistente en virtud de la concesión del amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento; sin embargo, en materia penal queda subsistente la aplicación en perjuicio del quejoso del precepto penal sustantivo que tilda de inconstitucional, ya que en base a éste se le sujetó al proceso penal en que se dictó la sentencia reclamada y aunque ésta se deje insubsistente, sigue sujeto al juicio penal, en el que se deberá dictar una nueva sentencia con apoyo en la misma norma legal que estima violatoria de sus garantías, de ahí que esta Primera Sala concluya que tratándose de la materia penal no es aplicable el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado a quo, ya que se priva al quejoso de la oportunidad de obtener un beneficio mayor. Encuentra apoyo la conclusión a la que se llegó en las consideraciones sustentadas por el Tribunal Pleno, al resolver el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, bajo la ponencia de la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, el amparo directo en revisión 3242/98, por unanimidad de nueve votos, cuya parte conducente a continuación se transcribe: ‘TERCERO. El quejoso sostiene en esencia que el Tribunal Colegiado en su sentencia con fundamento en el artículo 183, en relación con el artículo 76 de la Ley de Amparo, antes de proceder a analizar si en la especie hubo o no violaciones a las normas del procedimiento que hayan trascendido al resultado del fallo, debió haber analizado el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad del artículo 272 del código punitivo del Estado y posteriormente ocuparse de los agravios esgrimidos por lo que al fondo del negocio se refiere. Es fundado el agravio transcrito. De la sentencia recurrida se advierte que el Tribunal Colegiado determinó que respecto del acto de aplicación, consistente en el fallo combatido de diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y ocho, dictado dentro de la causa penal 84/97, no se ocupa de su estudio, en virtud de que supliendo la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, advirtió una violación a las leyes que rigen el procedimiento en el juicio del acto reclamado, que afectó las defensas del quejoso en términos del artículo 160, fracciones III, VI y XVII, de la misma Ley de Amparo, motivo por el cual concedió el amparo solicitado, para el efecto de que se subsanaran las violaciones procesales cometidas por el juzgador y posteriormente emitiese la resolución que conforme a derecho correspondiese. Sin embargo, en el cuarto concepto de violación de la demanda de garantías, el quejoso controvirtió la inconstitucionalidad del artículo 272 del Código Penal del Estado de Michoacán, sin que el Tribunal Colegiado se hubiese pronunciado, siendo que en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo, su análisis era preferente, en virtud de que de ser fundado, el quejoso podría obtener mayores beneficios que con la concesión para efectos, por la violación procesal cometida por la responsable y en caso de no prosperar, en nada le afectaría, pues queda intocado el amparo para efectos. El artículo 183 de la Ley de Amparo preceptúa: (se transcribe). Además, no hay que olvidar que al tratarse de la materia penal, y la libertad del quejoso se ve afectada en el juicio penal correspondiente, de prosperar el planteamiento de inconstitucionalidad obtendría la protección más amplia de la Justicia Federal y, por ende, alcanzaría más pronto su libertad, de conformidad con el imperativo contenido en el artículo 17 constitucional que ordena que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoyan a la anterior consideración las tesis del Tribunal Pleno y de la actual Segunda Sala que se transcriben a continuación, con sus respectivos datos de identificación: «AMPARO CONTRA LEYES. EN LA REVISIÓN, EL QUEJOSO CONSERVA INTERÉS JURÍDICO PARA OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO EN CUANTO A SU INCONSTITUCIONALIDAD, AUNQUE SE LE HAYA OTORGADO EL AMPARO POR LOS ACTOS DE APLICACIÓN, DADO QUE LOS EFECTOS QUE PRETENDE PUEDEN BENEFICIARLO EN MAYOR GRADO.» (se transcribe). «REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS CONSIDERACIONES PARA NO ESTUDIAR LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL O SOBRE INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN, DEBEN CONSIDERARSE COMO CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES Y, POR TANTO, PROPIAS DE ESTUDIO EN ESE RECURSO.» (se transcribe). «REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE DICHO RECURSO SI SE IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, DESESTIMANDO EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.» (se transcribe). En virtud de lo anterior, y con apoyo en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia que a continuación se transcribe con sus datos de identificación, este órgano colegiado se avoca al estudio del concepto de violación omitido respecto de la inconstitucionalidad del artículo 272 del Código Penal del Estado de Michoacán. «ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN O EL INDEBIDO ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD A LA LUZ DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, PUEDE SER SUBSANADA POR EL TRIBUNAL REVISOR.» (se transcribe). Igualmente apoya la conclusión alcanzada la tesis de la Primera Sala, la que a continuación se transcribe: Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, junio de 2002. Tesis 1a. XXV/2002. Página 142. «CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA PENAL. SU ESTUDIO ES PREFERENTE CUANDO SE ALEGUEN VIOLACIONES DE FONDO, INCLUYENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, QUE TENGAN POR OBJETO EXTINGUIR LA ACCIÓN PERSECUTORIA.» (se transcribe). Al ser fundado el agravio examinado, resulta innecesario el estudio de los demás propuestos por el quejoso, siendo procedente entrar al estudio del concepto de violación en el que se propone la inconstitucionalidad del artículo 195, párrafo primero, el Código Penal Federal. ...’."

La ejecutoria referida dio origen a la siguiente tesis:

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVI, diciembre de 2002

"Tesis: 1a. LXXXII/2002

"Página: 223

"AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN QUE SE PROPONE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO QUE FUNDÓ LA SUJECIÓN DEL QUEJOSO AL PROCESO Y LA SENTENCIA RECLAMADA, SON DE ESTUDIO PREFERENTE. En los juicios de amparo directo en materia penal, los conceptos de violación que se proponen respecto de la inconstitucionalidad del precepto penal sustantivo que fundó la sujeción del quejoso al proceso penal y la sentencia reclamada, son de estudio preferente frente a los que se refieran a violaciones cometidas durante el procedimiento o al dictarse sentencia, toda vez que el beneficio que genere al quejoso la sentencia que otorgue el amparo por tal motivo, es mucho mayor al que deriva de la ejecutoria que concede la protección por violaciones procesales o legales de fondo, pues, en el primer caso, la autoridad responsable, además de estar obligada a dejar insubsistente la sentencia reclamada, estará impedida para volver a aplicar en el juicio en que se dictó ésta el precepto penal sustantivo que se declaró inconstitucional. No pasa inadvertido para esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en otras materias, como la civil, la administrativa o la laboral, es aplicable el criterio consistente en que las violaciones procesales son de estudio preferente al examen de la constitucionalidad de un precepto legal aplicado en la sentencia reclamada, pues ésta se deja insubsistente en virtud de la concesión del amparo para el efecto de que se reponga el procedimiento; sin embargo, en la materia penal queda subsistente la aplicación, en perjuicio del quejoso, del precepto penal sustantivo que impugne como inconstitucional, ya que con base en éste se le sujetó al proceso en que se dictó la sentencia reclamada y aunque ésta se deje insubsistente, aquél continuará sujeto al juicio penal, en el que deberá dictarse una nueva sentencia con apoyo en la misma norma impugnada, por lo que tratándose de la materia penal no es aplicable el aludido criterio, ya que se priva al quejoso de la oportunidad de obtener un beneficio mayor.

"Amparo directo en revisión 138/2002. 14 de agosto de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata."

CUARTO. Las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de este Alto Tribunal al resolver los amparos directos en revisión 1055/2000, 360/2001, 1572/2001 y 989/2001, consistieron en lo siguiente:

Amparo directo en revisión número 1055/2000

"TERCERO. El presente recurso resulta improcedente y, por tanto, debe desecharse, ya que con su estudio no se fijaría un criterio de importancia y trascendencia como se exige en el artículo 107, fracción IX, constitucional. Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que en la fracción II, incisos a), b) y c), del Acuerdo General Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, se establece que por regla general se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia a que se condiciona la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; cuando no se hayan expresado agravios o cuando habiéndose expresado sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir; o en los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente. Ahora bien, de la exposición de motivos en que se sustentó el texto de la norma constitucional antes mencionada, se advierte que las facultades discrecionales que se otorgaron a esta Suprema Corte de Justicia para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella, dentro del juicio de amparo, entre otras, respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tienen por objeto que este órgano colegiado deje de conocer de aquellos asuntos en los que no se tengan que abordar cuestiones estrictamente constitucionales o en los que ya haya emitido un pronunciamiento sobre tales cuestiones, porque resulta imprescindible permitir a la Suprema Corte concentrar todos sus esfuerzos en el conocimiento y resolución de aquellos asuntos inéditos o que comprenden un alto nivel de importancia y transcendencia y que, por tal razón, impactan en la interpretación y aplicación del orden jurídico nacional. En esa medida resulta inconcuso que entre los fines de la reforma constitucional en comento, se ubica el de evitar que este Alto Tribunal se avoque al conocimiento de recursos en los que no se tenga que abordar cuestiones estrictamente constitucionales o ya haya emitido un pronunciamiento al respecto, como sucederá cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado; cuando no se hayan expresado agravios o cuando habiéndose expresado sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir. Bajo esos presupuestos, debe decirse que el recurso de revisión que se estudia es improcedente y debe desecharse, en razón de que los agravios son inoperantes e ineficaces. En efecto, los agravios relativos a la inconstitucionalidad del artículo 245 del Código Fiscal de la Federación en vigor hasta el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y seis, son inoperantes en atención a que los conceptos de violación con los que guardan relación, aunque fueron estudiados en cuanto a sus planteamientos de fondo por el Tribunal Colegiado, igualmente son inoperantes. Para explicar lo anterior debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, en el amparo directo se puede alegar la inconstitucionalidad de una ley dentro de los conceptos de violación de la demanda, siempre que se haya aplicado en el procedimiento o en la sentencia. Por tanto, la oportunidad para reclamar esa ley mediante el amparo directo se presenta cuando se pide amparo contra la sentencia que culminó con el procedimiento en el que se aplicó dicha ley o cuando por primera ocasión se aplicó en la sentencia reclamada. De lo anterior se sigue que si la ley aplicada en el procedimiento o en la sentencia, se impugna en el segundo o ulterior juicio de amparo que se promueva, el concepto de violación será inoperante, por haberse consentido la ley. En este sentido se pronunció ya esta Sala en la tesis 2a. CII/97, visible en la página 408 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, que es del tenor siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON EN AMPARO DIRECTO LOS QUE PLANTEAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY QUE PUDO SER COMBATIDA EN UN AMPARO DIRECTO ANTERIOR PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO.’ (se transcribe). En el caso concreto, de los autos que integran el expediente 100(A)-I-1242/96/969/95, se advierte que en el juicio de amparo DA. 3153/98, que promovió la quejosa y aquí recurrente, también ante el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Administrativa, contra la sentencia que dictó la Sala Superior, Primera Sección del Tribunal Fiscal de la Federación, en ese expediente, el cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, que es la primera que pronunció, planteó la inconstitucionalidad del artículo 245 del Código Fiscal de la Federación, en el séptimo de los conceptos de violación que en esa ocasión expresó, sólo que el Tribunal Colegiado no se pronunció en cuanto a su validez, pues si bien declaró infundados otros, consideró fundado el concepto de violación en el que se expuso que se alteró indebidamente la litis y no se examinó la cuestión debatida, esto es, la validez de la resolución por la cual se negó a la quejosa la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que pagó, por lo que concedió el amparo para que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y dictara otra siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. La relación anterior pone en claro que los conceptos de violación en los que se sostuvo la inconstitucionalidad del artículo 245 del Código Fiscal de la Federación, fueron materia de un amparo anterior, por lo que los que se adujeron en el mismo sentido en este amparo, son inoperantes. De ningún modo pasa inadvertido a esta Sala que el Tribunal Colegiado no examinó al resolver el amparo DA. 3153/98, esos conceptos de violación, pues aún así son inoperantes los que se plantearon en el mismo sentido en el juicio de amparo directo que aquí se revisa, debido a que el sistema que se sigue para reclamar en amparo directo la constitucionalidad de una ley, obliga a hacerlo en el primer amparo que se promueva contra la sentencia o resolución que culmine el procedimiento en el que se aplicó, o contra la primera sentencia o resolución que ponga fin al juicio en que igualmente se aplique. Esto da pie para precisar que si el Tribunal Colegiado no examinó la constitucionalidad de la norma que se impugnó en el primer amparo que se promovió contra la sentencia en que se aplicó, y concedió la protección federal por una cuestión de legalidad, pero para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se pronunciara; a fin de evitar los efectos que ahora se concretan con el reconocimiento de que los conceptos de violación de que se trata son inoperantes, la quejosa debió interponer el recurso de revisión, el cual, de proceder y resultar fundados los agravios esgrimidos, habría originado un beneficio mayor que la concesión del amparo para efectos, puesto que se habría reconocido la inconstitucionalidad de la norma reclamada y, por tanto, la de la instancia originada por el recurso de apelación que interpuso, con la consiguiente firmeza de la sentencia de primer grado que le fue favorable; y de no prosperar, en nada le afectaría porque quedaría intocado el amparo para efectos que obtuvo. Así lo tiene reconocido en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 64/99 esta Sala, visible en la página 283 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época, que es del tenor siguiente: ‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE SI SE IMPUGNÓ ALGÚN PRECEPTO LEGAL Y EL TRIBUNAL COLEGIADO CONCEDIÓ EL AMPARO PARA EFECTOS, DESESTIMANDO EL PLANTEAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). Por otro lado, los agravios expuestos en relación con la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 2o., fracciones I, inciso i) y II, inciso c), 8o., 17, fracción II y 18 de la Ley Especial del Impuesto sobre Producción y Servicios, son inoperantes porque los conceptos de violación con los que guardan relación, igualmente son inoperantes. Al respecto debe tenerse en cuenta que esta Segunda Sala sostiene el criterio de que son inoperantes los conceptos de violación invocados en contra de una ley aplicada en la sentencia reclamada, si se consintió con anterioridad, en la tesis 2a. XIV/2000, visible en la página 371 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, que es del tenor siguiente: ‘AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INVOCADOS EN CONTRA DE LA LEY APLICADA EN LA SENTENCIA RECLAMADA, SI AQUÉLLA FUE CONSENTIDA CON ANTERIORIDAD.’ (se transcribe). Ahora bien, de las constancias que integran el juicio en el que se dictó la sentencia reclamada, se aprecia que la quejosa demandó la nulidad del oficio 322-A-II-1-3540 de veintiséis de junio de mil novecientos noventa y cinco, en el que la Administración Local de Recaudación número 13 de Saltillo, le negó la devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que pagó durante el periodo comprendido de enero de mil novecientos ochenta y cinco a julio de mil novecientos noventa y dos. Esto significa que si pagó sin oposición ese impuesto y dejó transcurrir los plazos de impugnación, no es jurídico estimar que puede enjuiciarse la constitucionalidad de todo el sistema tributario que rige ese impuesto a través del juicio de amparo directo, porque aunque en la sentencia reclamada se haya aplicado esa ley, no se trata de su primer acto de aplicación, ni tampoco lo fue la resolución en que se negó a la quejosa la devolución que solicitó. En consecuencia, si no se impugnó la ley en los plazos que señala la Ley de Amparo, los conceptos de violación formulados en el amparo directo son inoperantes. Con independencia de lo anterior, también son ineficaces los agravios que se dirigieron a combatir las consideraciones en las que el Tribunal Colegido sostuvo que son inoperantes los conceptos de violación expuestos en relación con la inconstitucionalidad de los artículos 1o., 2o., fracciones I, inciso i) y II, inciso c), 8o., 17, fracción II y 18 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, porque la quejosa no hizo valer la inconstitucionalidad de esos preceptos cuando promovió el juicio de amparo DA. 3153/98, contra la primera sentencia que dictó la responsable; pues como ya se vio, la oportunidad para reclamar una ley en el amparo directo, se presenta cuando por primera ocasión se pide la protección federal contra la sentencia o resolución que puso fin al juicio, por lo que si esto se pretende hacer en el segundo o ulterior juicio de amparo que se promueva, el concepto de violación será inoperante, por haberse consentido la ley. En este sentido se pronunció ya esta Sala en la tesis 2a. CII/97, visible en la página 408 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, que se citó con anterioridad. No impide así considerarlo, el señalamiento del recurrente en el sentido de que para reclamar cualquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional, la demanda de amparo puede interponerse en cualquier tiempo, con lo que señala que no consintió las normas que se mencionaron, porque puede impugnarlas en todo tiempo; en atención a que esa posibilidad está referida a actos y no a leyes respecto de las cuales la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales tiene una especial regulación en cuanto a la oportunidad para reclamarlas en amparo. Además, la sola afirmación del quejoso de que las normas que reclamó pueden generar actos confiscatorios, no basta para considerar que son actos de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Por otro lado, aunque la quejosa en el primer amparo que promovió obtuvo la protección federal y se dejó sin efecto la sentencia en que se aplicaron las normas que reclamó, no se está en el caso de considerar que está en condiciones de impugnarlas en los subsecuentes amparos, porque en el caso no se decidió de manera firme su constitucionalidad. Cuando se opta por combatir el primer acto de aplicación de una ley, a través de un medio ordinario de defensa y se obtiene resolución favorable que anula el acto de aplicación, es posible que reclamara esa misma ley con motivo de su segundo acto de aplicación, porque será éste el que por primera ocasión agravie al quejoso, dado que el primero se anuló a través de un medio ordinario de defensa. Sin embargo, éste no es el caso en el amparo directo que se revisa, puesto que no hay una resolución firme, dictada después de seguir un medio ordinario de defensa, en la que se haya invalidado el primer acto de las normas impugnadas. Por tanto, es inaplicable la primera de las tesis que el recurrente citó en sus agravios. Asimismo, si bien en la jurisprudencia se ha considerado que por la sistemática del juicio de amparo directo se pueden reclamar los posteriores actos de aplicación de una ley, debido a que el pronunciamiento que se haga estará referido a la sentencia en que se aplicó esa ley; no puede estimarse que se está en presencia de un acto posterior de aplicación de las normas reclamadas, puesto que la sentencia que se reclamó, al igual que la que se reclamó en el amparo en el que la quejosa tuvo oportunidad de plantear la inconstitucionali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18670-aec0dc9c/conceptos-de-violacion-en-amparo-directo-el-estudio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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