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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO. REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO OMITE REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA EN LA DEMANDA POR CALIFICAR DE INOPERANTE, INSUFICIENTE O INATENDIBLE EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2007-PL. · Registro digital (IUS): 21565
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
Localización: Novena Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, , Pág. 7.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 17/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes fueron sustentados por las Salas de este Alto Tribunal.

SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo.

De acuerdo con dicho numeral, cuando se sustenten criterios contradictorios entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos que son de su competencia, la denuncia correspondiente ante este Alto Tribunal solamente puede plantearse por:

a) Cualquiera de las Salas o por los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

b) El procurador general de la República.

c) Las partes que intervinieron en los juicios en que tales criterios contradictorios se hayan sustentado.

En la especie, como se dijo, la presente denuncia de posible contradicción de tesis fue formulada por un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Segunda Sala, por lo que se reitera su legitimación para tales efectos.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la referida divergencia de criterios denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presente los criterios sustentados por las Salas que lo motivaron, por lo que a continuación se transcriben.

I. La parte considerativa de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 244/2006, es la siguiente:

"Corresponde ocuparnos del agravio sintetizado con el número 2), en el considerando anterior, en el que la quejosa recurrente asevera que la sentencia impugnada es ilegal, porque el Tribunal Colegiado declaró inoperante su argumento relativo a que el artículo 9o., párrafo quinto, de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, violaba la garantía de proporcionalidad tributaria, al estimar que no especificó cuáles fueron sus razonamientos y porqué dicho precepto legal es violatorio de la garantía que invoca, lo cual asevera es erróneo, porque ella sí expresó razonamientos tendientes a sostener que dicho precepto legal es inconstitucional. El agravio antes referido deviene inoperante, en atención a que el quinto párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, no se le aplicó a la quejosa, hoy recurrente, y por ende, su contenido no le depara perjuicio jurídico alguno ... Del oficio número 330-SAT-III-4-a-04-08107, de fecha veintisiete de julio de dos mil cuatro, emitido por el Subadministrador de Servicios ‘4’ de la Administración de Servicios ‘B’, de la Administración Central de Recaudación de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual, se autorizó en una parte y negó en otra, la devolución del importe solicitado por la hoy quejosa recurrente, por concepto de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio de dos mil tres (oficio cuya nulidad demandó en el juicio fiscal del que derivó el amparo en revisión que nos ocupa) (fojas de la 48 a 54 del expediente del juicio de nulidad número 36241/04-17-10-5); se advierte que la autoridad administrativa citada no aplicó ningún precepto legal de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres ... Por otra parte, la Sala responsable al emitir la sentencia reclamada en el juicio de amparo del que deriva esta instancia, tampoco aplicó a la quejosa recurrente el artículo 9o., párrafo quinto, de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, toda vez que de su contenido íntegro, se desprende que su análisis se basó fundamentalmente en el artículo 17, fracciones VI, último párrafo y VII, de la Ley de Ingresos vigente en dos mil tres, por haber sido planteada la litis en torno a ese numeral, y si bien hizo mención a la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, fue respecto al artículo 9o., primer párrafo y fracción I, al contestar un agravio propuesto por la promovente de ese juicio de nulidad (hoy quejosa recurrente), pero no se refirió al párrafo quinto del numeral 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, que la quejosa tilda de inconstitucional en su demanda de garantías. Por consiguiente, como se aprecia de lo reseñado, no se le aplicó a la quejosa recurrente el contenido del quinto párrafo de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, puesto que la negativa para devolverle el impuesto sobre la renta enterado en el ejercicio de dos mil tres, se basó en el artículo 17, fracciones VII, inciso a), segundo párrafo, de la Ley de Ingresos vigente en dos mil tres, al estimar la autoridad administrativa y la Sala responsable, que el estímulo fiscal previsto en dicha norma se actualizó al acreditar el impuesto especial sobre producción y servicios contra los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, por lo que la promovente, hoy quejosa recurrente, ya no tenía derecho a la devolución solicitada... En esas condiciones, el contenido del quinto párrafo del artículo 9o. de la Ley del Impuesto al Activo, vigente en dos mil tres, no le fue aplicado a la quejosa recurrente, y por ende, no le deparó perjuicio jurídico alguno, deviniendo en inoperantes sus argumentos en los que combate su inconstitucionalidad, tal como lo estimó el Tribunal Colegiado, aunque por diversas razones a las expuestas por éste."

Al resolver el amparo directo en revisión 1092/2006, la Primera Sala sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Como cuestión previa es necesario determinar si en el caso se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuarto transitorio del decreto de reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve, en vigor a partir del día doce siguiente; 83, fracción V y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21 fracciones III, incisos a) y b), y XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos de lo previsto en el Acuerdo General 5/1999, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en especial en el punto primero, fracciones I y II. El artículo 107, fracción IX de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: (se transcribe). La exposición de motivos de la reforma constitucional a la disposición transcrita, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que el Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en congruencia del carácter uni-instancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia sólo en aquellos casos que resulte imprescindible la intervención del Alto Tribunal. Con base en lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión, en amparo directo, se requiere que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la sentencia de amparo se haya omitido su estudio, y que el problema de constitucionalidad pudiera entrañar la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. En relación con el segundo requisito el propio punto primero del mismo acuerdo señala que por regla general se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el problema de constitucionalidad hecho valer en la demanda de garantías, y cuando no se hayan expresado agravios o, en su caso, cuando éstos resulten ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes y no haya que suplir la deficiencia de la queja, o en casos análogos. En el orden expuesto debe examinarse si el presente recurso de revisión reúne los requisitos de procedibilidad antes especificados, debiendo hacer notar que los recurrentes alegan que en la demanda de amparo directo se cuestionó al artículo 410 del Código Procesal Civil del Estado de Coahuila -respecto del que no existe pronunciamiento de este Alto Tribunal respecto de su constitucionalidad- y que en la sentencia recurrida no existe decisión sobre esa cuestión, siendo esa precisamente la materia de la revisión. En tal virtud debe concluirse que el recurso de revisión es procedente y que su materia consistirá en determinar si en sus conceptos de violación el quejoso realizó un planteamiento de inconstitucionalidad para, en su caso, hacer el análisis respectivo. QUINTO. Los agravios esgrimidos por el quejoso ahora recurrente, son infundados y la determinación del Tribunal Colegiado que conoció el asunto en la primera instancia, en el sentido de que no existe un verdadero planteamiento de constitucionalidad que deba ser abordado por un Tribunal Federal debe confirmarse, conclusión a la que se arriba en atención a las consideraciones que a continuación se expondrán. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que los impetrantes de garantías argumentaron exclusivamente cuestiones de legalidad relativas a distintas supuestas violaciones procesales narradas en forma reiterada en quince conceptos de violación que se expusieron con argumentos amplísimos que se hicieron a lo largo de ciento ochenta páginas, sin que hubieran realizado un solo razonamiento que contuviera propiamente un planteamiento de inconstitucionalidad que deba analizarse en la vía constitucional directa, pues para ello forzosamente deben satisfacerse ciertas reglas esenciales y mínimas que no se cumplieron en el presente caso. Así las cosas, el Cuarto Tribunal Colegiado del Octavo Circuito atinadamente resolvió que el planteamiento de la supuesta inconstitucionalidad resultó inoperante, bajo la consideración esencial de que lo que los quejosos hacen valer en realidad es la aplicación indebida de la norma en cuestión, lo que hace imposible abordar su análisis a la luz del artículo 14 constitucional, que es el que supuestamente se hubiera vulnerado de haberse aplicado correctamente la norma en cuestión."

Al resolver el amparo directo en revisión 1228/2006, la misma Sala señaló lo que a continuación se transcribe:

"Los agravios de la quejosa recurrente sintetizados en el punto 3 del considerando tercero de la presente ejecutoria, en los que medularmente aduce que el Tribunal Colegiado resolvió negar el amparo a partir de argumentos irrelevantes, como el supuesto consentimiento, sin entrar al análisis de la constitucional propuesta del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, y que no se trata de un acto consentido, son sustancialmente fundados y suficientes para revocar la sentencia recurrida por lo siguiente: Conforme a los artículos 107, fracción IX, constitucional y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Punto Primero del Acuerdo Plenario 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, tratándose de sentencias dictadas en amparos directos por los Tribunales Colegiados de Circuito, por regla general, no procede el recurso de revisión, y sólo por excepción éste será procedente: 1. Cuando habiéndose impugnado en la demanda de garantías la inconstitucionalidad de una Ley Federal, Local, del Distrito Federal o de un Tratado Internacional, la sentencia decida u omita decidir sobre tales materias. 2. Cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en las sentencias se decida u omita decidir sobre esta cuestión. Resulta aplicable a lo antes considerado la jurisprudencia del Tribunal Pleno siguiente: (se transcribe). En consecuencia, es procedente el presente recurso de revisión, toda vez que en la demanda de amparo se observa que la parte quejosa planteó la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, cuyo estudio omitió el Tribunal Colegiado del conocimiento por considerar inoperantes los conceptos de violación, con base en el argumento de que la parte quejosa lo consintió al no haberlo combatido dentro de los plazos legales cuando llevó a cabo los diversos pagos por concepto de trámite aduanero a que se refiere dicho artículo, ya que la invocación del mismo en el oficio por el que se le negó la devolución del pago de lo indebido, no constituyó aplicación en su perjuicio. Sin embargo, contrario a lo aducido por el Tribunal Colegiado, de acuerdo con los diferentes criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte ha sostenido, cuando las autoridades fiscales resuelven las consultas que les formulen los particulares y a éstas les recae un oficio por medio del cual se desahoga una consulta y concluye que el quejoso se encuentra dentro de la hipótesis legal que prevé el precepto tildado de inconstitucional en el juicio de amparo, o como en el caso, se solicitó la devolución de los pagos realizados por concepto de derechos de trámite aduanero durante el período comprendido de enero de mil novecientos noventa y siete a noviembre de dos mil dos, tal respuesta negativa, constituye acto de aplicación de dicha norma, luego entonces es suficiente la presentación del oficio que responde a la consulta o negativa a devolver la cantidad solicitada para tener por acreditado el acto de aplicación y el interés jurídico para reclamar la resolución y la ley aplicada. Por lo tanto, con la finalidad de no violar el principio de supremacía constitucional y aplicar los criterios jurisprudenciales que declaran la inconstitucionalidad de preceptos legales, el Tribunal Colegiado debió suplir la deficiencia de la queja, en términos de la fracción I del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, lo que implica que la jurisprudencia por la que se declara inconstitucional una ley o norma general pueda tener aplicación a casos diversos a los que motivaron su emisión, aun cuando no se haya invocado por la quejosa. En efecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de tres de mayo de dos mil seis, aprobó la jurisprudencia número 1a./J. 33/2006, en la que ya se pronunció en relación con el numeral de referencia, declarando su inconstitucionalidad, por violar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, misma que es del tenor literal siguiente: (se transcribe). En el caso es aplicable dicha tesis de jurisprudencia, porque de las constancias de autos se advierte que el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos, declarado inconstitucional en la jurisprudencia de mérito fue aplicado a la quejosa recurrente en el acto de origen, consistente en el oficio número 330-SAT-III-4-001659, de fecha tres de marzo de dos mil tres, por el que se le negó la devolución de la cantidad solicitada el diecinueve de diciembre de dos mil dos, por concepto de derechos de trámite aduanero durante el período comprendido del primero de enero de mil novecientos noventa y siete a noviembre de dos mil dos ... En consecuencia, en el caso se satisface el presupuesto necesario para que proceda la aplicación de la jurisprudencia de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se declaró inconstitucional el artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente desde el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, por contravenir las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, por haberse acreditado en autos su aplicación en perjuicio de la quejosa, en la resolución recaída a solicitud de devolución de cantidades pagadas con anterioridad ... En ese orden de ideas, en suplencia de la queja deficiente, lo procedente es aplicar al caso la tesis de jurisprudencia transcrita previamente, en la cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 49, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente desde el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve al treinta uno de diciembre de dos mil cuatro, y, en consecuencia, se concede a la quejosa la protección de la Justicia Federal solicitada, a fin de que el Pleno de la Sala Superior responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y emita una nueva en la que, atendiendo a los lineamientos de este fallo, declare la nulidad de la resolución recaída a la solicitud de devolución formulada por la quejosa, en la que se aplicó el precepto cuestionado."

II. Por su parte la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el amparo directo en revisión número 511/2007, adujo lo siguiente:

"PRIMERO. Debe examinarse como problema fundamental, si el presente recurso es procedente. Para ello, se toma en consideración que el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: (se transcribe). La exposición de motivos de la reforma constitucional al artículo 107, fracción IX, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, señala que las facultades discrecionales que se otorgan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver sobre su competencia o sobre la procedencia de las instancias planteadas ante ella dentro del juicio de amparo, entre otras respecto del recurso de revisión interpuesto contra sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, tiene por objeto que este Alto Tribunal deje de conocer de aquellos asuntos en los que no deba entrar al fondo para fijar, sobre el problema constitucional que se debate, un criterio de importancia y trascendencia, con lo cual la reforma pretende fortalecer el carácter de máximo órgano jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en congruencia del carácter uni-instancial del amparo directo, a fin de que por excepción se abra y resuelva la segunda instancia, sólo en los asuntos que resulte imprescindible la intervención de este Alto Tribunal. Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo se requiere que se reúnan los siguientes supuestos: a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio, y b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva. El primero de los requisitos de procedencia del recurso de revisión, establece tres hipótesis por las cuales se puede permitir la impugnación de una resolución emitida en un juicio de garantías directo: 1) Cuando se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley. 2) Cuando se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, y 3) Cuando en el amparo se omita el estudio de constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional, que se haya propuesto. En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que la empresa quejosa, ahora recurrente, en su demanda de garantías planteó la inconstitucionalidad del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación. Sobre el tema, el Tribunal Colegiado que conoció del juicio de garantías, determinó, en esencia, considerar ineficaz el único argumento de violación que opuso la quejosa para demostrar la inconstitucionalidad del precepto citado, dado que no precisó cuáles son los procedimientos y formalidades que, según su dicho, se incumplen, con lo que faltó a su obligación de precisar la lesión o agravio que le causa la norma. De lo anterior se advierte que el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró ineficaz el concepto de violación que hizo valer la empresa quejosa respecto de la inconstitucionalidad que planteó, en razón de que, es de estricto derecho el amparo contra leyes fiscales y, por tanto, no estuvo en aptitud de entrar al estudio de constitucionalidad del mismo. Ahora bien, la anterior determinación no constituye un pronunciamiento de constitucionalidad respecto del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que únicamente se refiere a los razonamientos jurídicos que le impidieron entrar al estudio del tema, es decir, son argumentos por los cuales dicho órgano jurisdiccional justificó su decisión de no examinar la constitucionalidad de la ley combatida, determinación que no es susceptible de ser impugnada a través de recurso alguno, pues es una sentencia definitiva, emitida por un órgano terminal. Lo anterior, se justifica en razón de que el recurso de revisión contra las ejecutorias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados es procedente únicamente cuando en ellas se realizó un pronunciamiento de constitucionalidad, no así para recurrir las determinaciones por las cuales dicho órgano jurisdiccional se declaró impedido para hacerlo. En similares términos se pronunció esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver, por unanimidad de cinco votos, el amparo directo en revisión 81/2007, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil siete, en la que se determinó lo siguiente: (se transcribe). A mayor abundamiento, no pasa inadvertido para esta Sala que la parte recurrente controvirtió la decisión del Tribunal Colegiado de considerar ineficaz el argumento tendente a demostrar la inconstitucionalidad del artículo reclamado, señalando en sus razonamientos de agravio que sí expresó en qué consistían las violaciones de formalidad, esto es, porque existen algunos contribuyentes que se encuentran obligados a dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales; por ello, las autoridades están obligadas a revisarlos previo al inicio de cualquiera de las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, lo que pudiera ser fundado; sin embargo, realizar su estudio sería violar el artículo 107, fracción IX, de la Constitución, en cuanto establece que cuando proceda la revisión en amparo directo la materia del recurso deberá limitarse ‘exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente de constitucionalidad’, lo que no ocurre sobre un pronunciamiento de ineficacia de conceptos de violación. En consecuencia, al no existir en la sentencia recurrida pronunciamiento alguno de inconstitucionalidad o interpretación directa de un precepto constitucional, procede desechar el presente recurso de revisión."

CUARTO. En forma previa al estudio de fondo del asunto, es necesario determinar si entre los criterios sustentados por las Salas de este Tribunal Pleno existe contradicción. Para ello, debe tenerse presente el contenido de la siguiente tesis jurisprudencial, emitida por el Pleno de este Máximo Tribunal, que en este caso es aplicable por identidad de razón.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Según se advierte de la jurisprudencia transcrita, para que exista contradicción de tesis deben reunirse los siguientes elementos:

a) Que al resolver los planteamientos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes.

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, en los razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias.

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Ahora bien, de las ejecutorias pronunciadas por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente se advierte que la Primera Sala al resolver los amparos directos en revisión números 244/2006, 1092/2006 y 1228/2006, consideró procedente el recurso de revisión en amparo directo, al considerar que se reunían los requisitos establecidos en los artículos 107, fracción IX y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto primero del Acuerdo Plenario 5/1999, pues al haberse declarado inoperantes los conceptos de violación que en materia de constitucionalidad se plantearon se omitió su estudio.

Derivado de lo anterior, la Primera Sala determinó entrar al estudio de los agravios en los que se combatieron las consideraciones de los cuerpos colegiados correspondientes, por medio de las cuales declararon inoperantes o ineficaces los conceptos de violación que hicieron valer las quejosas en cada caso, respecto de la inconstitucionalidad que plantearon.

Por otra parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 511/2007, consideró que es improcedente el recurso de revisión en amparo directo, tratándose de agravios por medio de los que se combate la inoperancia o ineficacia declarada por el cuerpo colegiado correspondiente, en relación con un concepto de violación de constitucionalidad que hizo valer la parte quejosa, toda vez que de lo contrario se estaría violando el artículo 107, fracción IX, de la Constitución, en cuanto establece que cuando proceda la revisión en amparo directo la materia del recurso deberá limitarse "exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente de constitucionalidad", lo que no ocurre sobre un pronunciamiento de ineficacia de conceptos de violación.

En tales condiciones, resulta manifiesta la divergencia de criterios denunciada, en virtud de que ambos órganos colegiados se pronunciaron en torno a la procedencia o no del recurso de revisión en amparo directo, ante una calificativa de inoperancia, ineficacia o insuficiencia realizada por el Tribunal Colegiado de los conceptos de violación en los que se hubiere efectuado un planteamiento de constitucionalidad.

Sobre el referido tópico, las Salas de este Alto Tribunal arribaron a conclusiones diversas, pues mientras que la primera determinó que el recurso de revisión en amparo directo es procedente al actualizarse uno de los supuestos previstos en el artículo 107, fracción IX, de la Carta Magna, para analizar si se hubiera omitido o no correctamente el estudio de la constitucionalidad planteada; la segunda consideró que no era así, al estarse ante un estudio de legalidad, lo que violaría lo dispuesto por el artículo constitucional referido.

Lo anterior pone de manifiesto la existencia de la contradicción de tesis denunciada en los términos que han quedado precisados.

QUINTO. Con la finalidad de establecer el criterio de este Tribunal Pleno, en primer término es preciso considerar lo señalado en la exposición de motivos de la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional, para posteriormente analizar los preceptos aplicables.

En la iniciativa presentada por el presidente de la República, el once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se señaló:

"La Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucional. ... Por otra parte, con el mismo espíritu se somete a su alta consideración la reforma a la fracción IX del artículo 107 constitucional. En este caso, se trata de que la Suprema Corte de Justicia conozca de la revisión en amparo directo únicamente cuando las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados decidan sobre la inconstitucionalidad de una l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21565-6ae9eaaf/revision-en-amparo-directo-procede-cuando-el-tribunal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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